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Facultad del Congreso de la República para establecer el término de caducidad de la acción de repetición. 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-394-2002

Identificadores

Entidad

Sentencia

C-394-2002

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 678 DE 2001

Disposición Jurídica

LEY 678 DE 2001 "Artículo 11.- Caducidad. La acción de repetición caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha de pago total efectuado por la entidad pública.   Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse desde la fecha del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si es que se hubiere condenado a ellas.   Parágrafo. La cuantía de la pretensión de la demanda de repetición se fijará por el valor total y neto de la condena impuesta al Estado más el valor de las costas y agencias en derecho si se hubiere condenado a ellas, del acuerdo conciliatorio logrado o de la suma determinada mediante cualquier otro mecanismo de solución de conflictos, sin tomar en cuenta el valor de los intereses  que se llegaran a causar"

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer el término de caducidad de la acción de repetición sin vulnerar el deber que tiene el Estado de repetir contra sus agentes cuando sea condenado a la reparación patrimonial?

Regla ampliada

El legislador es autónomo para  establecer términos que predeterminan el normal trámite de los procesos judiciales o administrativos. «(…)El legislador, en ejercicio de su potestad de configuración normativa, es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para ejercitar sus derechos ante las autoridades tanto judiciales como administrativas competentes. En este punto, el margen de configuración del legislador es muy amplio, ya que no existe un parámetro estricto para  poder determinar la razonabilidad  de los  términos procesales. La  limitación de éstos está dada por su fin, cual es permitir la realización del derecho sustancial.  Al respecto la Corte ha señalado: ‘En virtud de la cláusula general de competencia, el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial.’[2](…)»

 

El Congreso no puede desconocer las restricciones que le ha impuesto la Constitución Política. «(…)La Constitución de 1991 ha mantenido tal cláusula general de competencia en el Congreso, por lo cual esta rama del poder tiene la facultad la desarrollar la Constitución y regular legislativamente la vida del país, no sólo en ejercicio de las atribuciones que expresamente le confiere la Carta, sino también en aquellas materias que no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos del Estado. Se trata pues de una competencia amplia pero que no por ello deja de ser reglada, porque está limitada por la Constitución. Así, el Congreso no puede vulnerar los derechos de las personas, ni los principios y valores constitucionales. Tampoco puede el Congreso  desconocer las restricciones que le ha establecido la Constitución, ya sea de manera expresa, como sucede con las prohibicione del artículo  136 superior, ya sea de manera tácita, al haber reservado ciertas materias a otras ramas del poder o a otros órganos del Estado” [3](…)»

 

Procedimiento para la acción de repetición. «(…)En la norma demandada, el pago definitivo que se haga al particular de la condena impuesta por el juez a la entidad, determina el momento a partir del cual comienza a contarse el término de dos años que el legislador ha establecido para la caducidad de la acción de repetición, toda vez que el presupuesto para iniciar la mencionada acción, es, precisamente, que se haya realizado tal pago, puesto que resultaría contrario a derecho  repetir cuando no se ha pagado.

Se tiene, pues, que uno de los requisitos de la acción de repetición es el pago de la condena que haya sufrido la Administración, y por consiguiente, resulta razonable que se haya fijado el momento en que se realiza ese acto jurídico como punto de partida para computar el término de caducidad. 

 

Por otra parte, contrariamente a lo que afirma el demandante, la entidad no puede, a su arbitrio, determinar el momento definitivo del pago, ya que el cumplimiento de esa obligación se encuentra sujeto a estrictas normas presupuestales.

 

La propia Constitución señala el procedimiento que debe seguirse  para presupuestar gastos. El artículo 346 superior, señala que no podrá incluirse partida en la ley de apropiaciones que no corresponda a un crédito judicialmente reconocido, a un gasto decretado conforme a una ley anterior, a uno propuesto por el Gobierno para atender al funcionamiento de las ramas del poder público, el servicio de la deuda o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.

(…)

Prevé también el citado artículo que dichas condenas serán ejecutables ante la justicia ordinaria dieciocho meses después de su ejecutoria, y devengarán intereses moratorios. La Corte, al examinar la constitucionalidad del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo afirmó que “[ a] menos que la sentencia que impone la condena señale un plazo para el pago – evento en el cual, dentro del mismo se pagarán intereses comerciales- , los intereses moratorios se causan a partir de la ejecutoria de la respectiva sentencia, sin perjuicio de la aplicación del término de dieciocho meses (18) que el precepto contempla para que la correspondiente condena sea ejecutable ante la justicia ordinaria” [4]

(…)

Quien fuere beneficiario de la condena, también podrá efectuar la solicitud de pago ante la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Hacienda. En concordancia con lo anterior, constituirá causal de mala conducta y dará lugar a sanciones disciplinarias, cualquier actuación negligente del servidor público que ocasione perjuicios económicos al Estado, en especial el pago de intereses.

 

De lo anterior se infiere, que como en razón del principio de legalidad del gasto público (artículos 345 y 346 de la Constitución), el Estado no puede, a diferencia de los particulares, disponer inmediatamente de sus recursos para el cumplimiento de las condenas a su cargo, la ley razonablemente  le ha  otorgado un plazo de dieciocho meses para realizar los trámites para el pago de las mismas, so pena de sanciones disciplinarias a los funcionarios que no procedan de acuerdo con el trámite anteriormente explicado.

Por lo tanto, el Estado cuenta con un término preciso  para efectuar el respectivo trámite presupuestal para efectos de cancelar el monto de la condena judicial por los perjuicios causados a los particulares.

En síntesis es viable afirmar, que el plazo con que cuenta la entidad para realizar el pago de las sentencias de condena en su contra, no es indeterminado, y por lo tanto, el funcionario presuntamente responsable, objeto de la acción de repetición, no tendrá que esperar años para poder ejercer su derecho de defensa.

Si esta fecha no fuera determinada, se estaría vulnerando el derecho al debido proceso, ya que esto implicaría una prerrogativa desproporcionada para la Administración, y las prerrogativas deben ser proporcionadas  con la finalidad que persiguen[5].(…)»  


[1] Sentencia C-652/97 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa . [2] Sentencia C-832 M.P. Rodrigo Escobar Gil. [3] Ver  l a Sentencia C-527 de 1994 M.P. Alejandro Martínez Caballero. [4] Sentencia C 188 de 1999. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. [5] C-832 de 2001

Razones de la decisión

«(…)Entonces no cabe duda que en el asunto que ocupa la atención de la Corte, el Legislador simplemente estaba haciendo uso  de su potestad de configuración al establecer un término de caducidad para la acción de repetición, y que en ejercicio de dicha potestad no desbordó en manera alguna los principios constitucionales aplicables en este campo y mucho menos el artículo 90  de la Carta  para cuyo desarrollo y eficacia fue dictado el artículo atacado. (...)

Para la Corte, como quedó claro en los considerandos preliminares de esta sentencia, no puede afirmarse que la Ley Estatutaria de Administración de Justicia haya “reglamentado de manera general” la acción de repetición, como lo afirma del demandante,  sino que ésta se  limitó a  señalar  la  posibilidad de aplicar dicha acción en relación con los  servidores judiciales.  

Ahora bien, mal puede la disposición  atacada contrariar el artículo 84  de la Carta, puesto que  en el presente caso no se está estableciendo  ningún requisito adicional  para el  ejercicio  de un derecho o una actividad que hayan sido  previamente reglamentados de manera general, sino que el Legislador en ejercicio de su potestad de configuración  ha establecido un término de caducidad para una acción, en este caso la acción de repetición.

(...)

En este sentido y para dar certeza a la fecha  a partir de la cual  se cuenta el término de caducidad de la acción de repetición, la Corte condicionó la exequibilidad de los apartes de la norma que fue sometida a su consideración[2].

Ahora bien en el  segundo inciso  del artículo 11  atacado en el presente proceso, se establece que en caso de que el pago  se haga por cuotas,  el término de caducidad comenzará a contarse  desde la fecha del último pago, incluyendo las  costas y agencias en derecho  si es que se hubiere condenado a ellas. (...) Debe en consecuencia entenderse que la expresión “Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad  comenzará a contarse  desde la fecha del último pago”, contenida en el segundo inciso del artículo 11 atacado solo es constitucional si  se  somete al mismo condicionamiento establecido por la Sentencia C-832 de 2001 para  la expresión “contados a partir del  día siguiente a la fecha del pago  total efectuado por la entidad pública” es decir que  el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir  de la fecha en que efectivamente  se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento  del plazo de  18 meses previsto  en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.(…)»


[1] Numeral  9 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo. Caducidad de las acciones (...) 9. la de repetición  caducará al vencimiento del plazo de  dos (2) años  El Congreso de la República puede establecer el término de caducidad de la acción de repetición sin vulnerar el deber que tiene el Estado de repetir contra sus agentes cuando sea condenado a la reparación patrimonial ni la prohibición que tienen las autoridades públicas de establecer requisitos adicionales a una actividad o derecho que ya haya sido reglamentado, porque:  
  1. El legislador al establecer el término de caducidad de la acción de repetición está haciendo uso de su potestad de configuración. Por lo tanto, no se está estableciendo ningún requisito adicional a un derecho o una actividad que hayan sido previamente reglamentados.
  2. La Ley Estatutaria de Administración de Justicia no reglamentó de manera general la acción de repetición, sino que se limitó a señalar la posibilidad de aplicar dicha acción en relación con los servidores judiciales.
  3. El  término de caducidad empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.
  4. La expresión “Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad  comenzará a contarse  desde la fecha del último pago”, se refiere a que el termino de caducidad empieza a correr, a partir  del último pago, incluyendo las costas y agencias en derecho si hay lugar a ellas.

Decisión

Primero.- Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados en esta Sentencia, la expresión “la acción de repetición caducará al vencimiento del  plazo de dos (2) años” contenida en el primer inciso del artículo 11 de la ley 678 de 2001.  

Segundo.-  ESTAR A LO RESUELTO en la Sentencia C-832 de 2001 en relación con la expresión “contados  a partir  del día siguiente de la fecha del pago total efectuado por la entidad” contenida en el primer inciso del artículo 11 de la ley 678 de 2001.  

Tercero.-  Declarar EXEQUIBLE por los cargos analizados en esta Sentencia, el segundo inciso  del artículo 11 de la Ley 678 de 2001, bajo el entendido que la expresión “Cuando el pago se haga en cuotas, el término de caducidad comenzará a contarse  desde la fecha del último pago” contenida en él, se somete al mismo condicionamiento establecido en la Sentencia C-832 de 2001, es decir, que el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir  de la fecha en que efectivamente  se realice el pago, o, a mas tardar, desde el vencimiento  del plazo de  18 meses previsto  en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo.   Cuarto.- INHIBIRSE para  decidir de fondo en relación con el parágrafo del artículo 11 de la ley 678 de 2001 por ineptitud sustantiva de la demanda. 

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencias C-652 de 1997, C -188 de 1999, C-832 de 2001

Marco jurídico

Artículos  84 y 90 de la Constitución Política

Conceptualizaciones

La caducidad. «(…) [E]s una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad  por parte del conglomerado social de obtener seguridad  jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general[1].(…)»  


[1] Ver Sentencia C- 832 de 2001 M.P. Rodrigo Escobar Gil.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
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