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Tipo de Documento

Sentencia

Documento

11001-03-06-000-2016-00221-00(2319)

Identificadores

Contrato de apoyo a la gestión
Convenios de asociación
Decreto

Persona y cargo

Consejero Ponente: Edgar González Lopez 

Hechos reelevantes

El Ministro del Interior formula a la Sala una consulta acerca de “la viabilidad jurídica de realizar convenios de asociación y contratos de apoyo e impulso de actividades de interés social”, con base en lo preceptuado por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 para los primeros, y el Decreto 777 de 1992 para los segundos. Las preguntas y las respuestas se encuentran en el apartado de decisión.

Razones de la decisión

“1ª) El inciso segundo del artículo 355 de la Constitución colombiana de 1991 le otorga al Gobierno Nacional un espacio para dictar un reglamento autónomo, atendiendo el criterio de especificidad y con interpretación restrictiva, que regule todo lo concerniente a la modalidad contractual prevista en dicha norma, esto es, la celebración por parte de las entidades estatales, con recursos de los respectivos presupuestos, de “contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo”. El Gobierno Nacional ha ejercido la mencionada facultad mediante la expedición de los Decretos 777 y 1403 de 1992 y 2459 de 1993, y más recientemente, el Decreto 92 de 2017, que constituyen entonces, una clase de estos reglamentos autónomos. 2ª) En los demás espacios no regulados expresamente por el mencionado reglamento autónomo de contratación, le corresponde la regulación al Congreso de la República, en virtud de su competencia general para “hacer las leyes”, y más concretamente, para “expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional”, de conformidad con lo dispuesto por los incisos primero y último del artículo 150 de la Constitución.”se advierte que en el primer inciso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 se fijaron legalmente dos variantes, consistentes en que la norma dice expresamente que se podrán celebrar convenios de asociación “con personas jurídicas particulares”, lo cual significa que se refiere tanto a las personas jurídicas privadas con ánimo de lucro, vale decir, las sociedades comerciales, como a las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro, y dispone que tales convenios se realizan “para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas (se alude a las entidades estatales) la ley”, de forma que el ámbito de aplicación legal de los mencionados convenios de asociación es más amplio que el establecido por el artículo 355 de la Constitución y reglamentado por el Decreto 777 de 1992 y sus decretos modificatorios. En una necesaria interpretación de la norma, habrá que entender que el segundo inciso cuando alude al artículo 355 de la Carta, está regulando los convenios de asociación celebrados con las entidades privadas sin ánimo de lucro, en los términos y con los requisitos descritos en ella. Por lo tanto, los convenios o contratos de asociación celebrados con otros contratistas diferentes a los previstos en la norma constitucional se regularán, como regla general, por lo dispuesto en el primer inciso de este artículo 96, y por el Estatuto General de Contratación de la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, salvo norma legal especial en contrario. No hay que olvidar que según los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993, esta regula todos los contratos estatales, típicos, atípicos, nominados o innominados, que surjan de la autonomía de la voluntad, salvo que tengan un régimen especial consagrado en la Constitución o en la ley. Los elementos de los convenios de asociación que son objeto de consulta, son fijados por las partes, de acuerdo con lo establecido por el inciso segundo del citado artículo 96, pues este señala que “en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes”.”Se trata de dos modalidades especiales de contratos estatales: los contratos de apoyo reglamentados por el Decreto 777 de 1992 y sus decretos modificatorios y los convenios de asociación regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, sin que la diferencia sea por el origen de sus normas, sino por sus características y elementos normativos, debiéndose entender que las exclusiones (que no prohibiciones, como dice la cuarta pregunta) mencionadas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º del Decreto 777 de 1992, son para los contratos que este reglamenta: los contratos de apoyo.” “Se inquiere si los requisitos de idoneidad establecidos por el Decreto 777 de 1992 son aplicables a estos convenios, debiéndose contestar afirmativamente, en el evento de que se trate de un convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, pues así lo ordena la remisión que hace el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, al artículo 355 de la Carta. Este requisito aparece definido en el inciso tercero del artículo 1º del Decreto 777 de 1992, modificado por el artículo 1º del Decreto 1403 de 1992: “Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La entidad facultada para celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito debidamente motivado”. Se pregunta sobre los vacíos de las normas citadas para la presentación de las propuestas por parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro para los contratos de apoyo y los convenios de asociación. Al respecto debe señalarse que en aquellos espacios distintos a los otorgados por la Constitución al reglamento autónomo del Gobierno y también para vacíos en las normas que regulen estos contratos, se dará aplicación y prevalecerán las normas de superior jerarquía, en este caso, las establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas complementarias.”

Decisión

“1. A sabiendas de que ambas figuras tienen el mismo postulado general del artículo 355 de la Constitución Política, ¿Existe diferencia legal y contractual entre los convenios de asociación (artículo 96 de la Ley 489 de 1998) y los contratos de apoyo e impulso a actividades de interés social (Decreto 777 de 1992)?”.   Existen diferencias entre los contratos de apoyo a programas y actividades de interés público, reglamentados por el Decreto 777 de 1992 y a partir del 1º de junio de 2017, por el Decreto 92 de 2017, y los convenios de asociación previstos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, como son las siguientes:  

1ª) Los contratos de apoyo se celebran con personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro. Los contratos de asociación se celebran con personas jurídicas privadas con o sin ánimo de lucro.

 

2ª) Los contratos de apoyo se celebran para impulsar programas y actividades de interés público acordes con los planes de desarrollo. Los contratos de asociación se pueden celebrar con esa finalidad, pero también para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones asignadas legalmente a las entidades estatales y además, para la creación de personas jurídicas.

 

3ª) Los contratos de apoyo se celebran con cargo al respectivo presupuesto de la entidad pública. En los contratos de asociación se deben determinar, como señala el inciso segundo del citado artículo 96, los “aportes” tanto de la entidad pública como de la persona jurídica particular.  

2. ¿El Decreto 777 de 1992 guarda relación con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998? En caso afirmativo, debe considerarse un solo tipo de modalidad contractual especial y no dos, como lo establecen las normas?”.   El Decreto 777 de 1992 no guarda relación con lo previsto en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, porque el primero reglamenta los contratos de apoyo y la segunda norma regula los convenios de asociación, que constituyen dos modalidades distintas de la contratación estatal.   El Decreto 92 de 2017 sí guarda relación con el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, ya que en su artículo 5º reglamenta los convenios de asociación de que trata dicho artículo 96, en el caso específico de la celebración de estos con entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo conjunto de actividades propias de las entidades estatales.    

“3. En el entendido que el Decreto 777 de 1992 nace de la voluntad del ejecutivo, mientras que la Ley 489 de 1998 nace de la voluntad del legislador, ¿las modalidades contractuales contenidas en las normas son especiales o diferentes? Existe dependencia de una con la otra?”.

  Las modalidades contractuales establecidas por las normas mencionadas, se diferencian no solo por su origen, sino por sus características y elementos normativos. No existe dependencia de una norma con la otra.   En el caso del Decreto 92 de 2017, este contempla en el artículo 5º, los convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo conjunto de actividades propias de las entidades estatales, y dispone expresamente en el último inciso de dicho artículo que “Estos convenios de asociación son distintos a los contratos a los que hace referencia el artículo 2º y están regidos por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 5º, 6º, 7º y 8º del presente decreto”.  

“4. ¿Los postulados de prohibiciones de los contratos de apoyo e impulso a actividades de interés social, contenidos en el Decreto 777 de 1992 artículo 2, especialmente los numerales 1 y 5, son aplicables a los convenios de asociación?”.   Las exclusiones (que no prohibiciones) mencionadas en el artículo 2º, especialmente en sus numerales 1 y 5, del Decreto 777 de 1992, se refieren únicamente a casos en los cuales no se tipifican los contratos de apoyo que este reglamenta y, por tanto, no son aplicables a los convenios de asociación.   El Decreto 92 de 2017 señala en el literal b) del artículo 2º, como condición del contrato de apoyo, que “el contrato no comporte una relación conmutativa en el cual haya una contraprestación directa a favor de la Entidad Estatal, ni instrucciones precisas dadas por esta al contratista para cumplir con el objeto del contrato”.  

“5. ¿En qué consiste la ‘contraprestación directa’, de que trata el numeral 1 del artículo 2 del Decreto 777 de 1992? ¿El cumplimiento de una meta del plan de desarrollo de una entidad podría considerarse como una contraprestación directa? ¿El pago o remuneración de personal podría estimarse como contraprestación directa?”.

  La contraprestación directa de que trata el numeral 1 del artículo 2º del Decreto 777 de 1992, y también el literal b) del artículo 2º del Decreto 92 de 2017, consiste en el bien, obra o servicio que recibe directamente la entidad pública, por causa de un contrato celebrado con una persona privada sin ánimo de lucro, lo cual significa que dicho contrato se encuentra excluido del régimen de los contratos de apoyo, establecido por el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución y reglamentado por el Decreto 777 de 1992 y sus decretos modificatorios, y a partir del 1º de junio de 2017, por el Decreto 92 de 2017.   El cumplimiento de una meta del plan de desarrollo de una entidad pública, puede considerarse como una contraprestación directa, en la medida en que se beneficia directamente la entidad pública con dicha prestación realizada por la entidad privada sin ánimo de lucro.   En cuanto a si el pago o remuneración de personal podría estimarse como una contraprestación directa, se observa que la pregunta no aclara a qué personal se refiere. Para la Sala es claro que el objeto y característica de estos contratos no puede ser el de pagar el personal vinculado, en sus diferentes modalidades, a la entidad pública o a la entidad privada sin ánimo de lucro, sino los señalados en los apartes anteriores de este concepto. Por lo tanto, la respuesta es negativa.

 

 “6. ¿Los requisitos sobre idoneidad exigidos en el Decreto 777 de 1992 para los contratos de apoyo, son aplicables de manera integral a los convenios de asociación de la Ley 489 de 1998? En caso negativo ¿qué requisitos se aplican a los convenios de asociación y cuál es su fundamento legal? En lo no regulado por las normas citadas para los contratos de apoyo y convenios de asociación, ¿cuáles deben ser los requisitos para la presentación de la propuesta por parte de la entidad sin ánimo de lucro? ¿Debe hacer la solicitud la entidad estatal?”.

  El requisito de la calificación de “reconocida idoneidad” atribuida a la entidad privada sin ánimo de lucro, establecida para los contratos de apoyo en el inciso tercero del artículo 1º del Decreto 777 de 1992, modificado por el artículo 1º del Decreto 1403 de 1992, y a partir del 1º de junio de 2017 por el artículo 3º del Decreto 92 de 2017, es aplicable a los convenios de asociación del artículo 96 de la Ley 489 de 1998, según las consideraciones expuestas.   En cuanto a los vacíos de las normas citadas para la presentación de las propuestas por parte de las entidades privadas sin ánimo de lucro para los contratos de apoyo y los convenios de asociación, debe señalarse que en aquellos espacios distintos a los otorgados por la Constitución al reglamento autónomo del Gobierno y también para vacíos en las normas que regulen estos contratos, se dará aplicación y prevalecerán las normas de superior jerarquía, en este caso, las establecidas en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y demás normas complementarias.   Es importante señalar que bajo la vigencia del Decreto 777 de 1992 y la del Decreto 92 de 2017, los “contratos de apoyo” y los convenios de asociación que tienen su fundamento en el artículo 355 de la C.P., deben sujetarse a los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, por tratarse de contratos estatales y porque así lo ratifica el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 para estos últimos.   A partir del 1º de junio de 2017, el Decreto 92 de 2017 establece en los artículos 6º, 7º y 8º, que las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades de la contratación estatal, los principios de esta y las normas generales del sistema de contratación pública, excepto en lo reglamentado en dicho decreto, son aplicables a los contratos de apoyo. Tales artículos son también aplicables a los convenios de asociación con entidades privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo conjunto de actividades propias de las entidades estatales, por expresa remisión del artículo 5º del mismo decreto.  

 “7. ¿Es viable legalmente realizar convenios de asociación cuyos rubros presupuestales están determinados como funcionamiento? O tan solo podrán hacerse bajo el rubro de inversión? O podría realizarse sin análisis de dichos rubros?”.

  Los convenios de asociación se deben celebrar con cargo a los rubros de inversión por los conceptos a los cuales están destinados: sea para impulsar programas del respectivo plan de desarrollo, sea para desarrollar conjuntamente actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la entidad pública.  

 

“8. ¿Qué tipo de objetos contractuales no serían viable (sic) jurídicamente realizar a través de convenios de asociación?”.

  Las entidades públicas no pueden celebrar convenios de asociación cuyo objeto no esté relacionado con los programas del respectivo plan de desarrollo o con los cometidos y funciones legales de la entidad, y que no cumplan los demás requisitos establecidos en el artículo 355 de la Carta.    

“9. ¿Es viable que un ente nacional, departamental, distrital o municipal se asocie a través de convenio de asociación con una organización privada sin ánimo de lucro, para realizar actividades deportivas, o ejercicios pedagógicos de cultura ciudadana, o actividades que servirán a la comunidad?”

  En este caso, la respuesta es afirmativa si tales actividades se encuentran dentro de los programas del respectivo plan de desarrollo o dentro de los cometidos y funciones legales de la entidad y además de si se cumplen los requisitos establecidos en la norma constitucional y en el reglamento de los convenios de asociación.   Por último, la Sala desea destacar que, de acuerdo con el artículo 11 del Decreto 92 del 23 de enero de 2017, “Por el cual se reglamenta la contratación con entidades privadas sin ánimo de lucro a la que hace referencia el inciso 2º del artículo 355 de la Constitución Política”, este, conforme se explicó, empieza a regir el 1º de junio de 2017 y deroga los Decretos 777 de 1992, 1403 de 1992 y 2459 de 1993, pero se debe tener en cuenta que dicho artículo dispone expresamente que los contratos suscritos antes de la mencionada entrada en vigencia, “continuarán ejecutándose de acuerdo con las normas vigentes en el momento en que fueron suscritos”.  

Citas de precedentes en ratio decidendi

·         Sección Tercera, sentencia de 15 de abril de 2010, exp.18014, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

·         Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de febrero de 2001, exp. 12848, M.P. María Elena Giraldo Gómez. 

·         Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 12 de julio de 2012, expediente 15024, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

·         Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia de 28 de agosto de 2003, exp.17554, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2011, exp. 20811, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

Problema Jurídico

¿Existe diferencia entre los convenios de asociación, establecidos en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, y los contratos de apoyo e impulso a actividades de interés social, antes regulados por el Decreto 777 de 1992 y hoy regulados por el artículo 2 de Decreto 92 de 2017?

Regla ampliada

El artículo 355 de la Constitución de 1991 suprimió los auxilios parlamentarios, es decir los auxilios o donaciones estatales a personas naturales o jurídicas privadas, pero otorgó la facultad a las entidades públicas de celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas y actividades de interés público, conforme a los planes de desarrollo, y le confirió al Gobierno nacional la potestad de reglamentar directamente dicha contratación. La propia constitución le otorgó al Gobierno Nacional un espacio para dictar un reglamento autónomo, atendiendo el criterio de especificidad y con interpretación restrictiva, que regule todo lo concerniente a la modalidad contractual prevista en dicha norma, El Gobierno ha ejercido la mencionada facultad mediante la expedición de los Decretos 777 y 1403 de 1992 y 2459 de 1993, y más recientemente, el Decreto 92 de 2017, que constituyen entonces, una clase de estos reglamentos autónomos. En los demás espacios no regulados expresamente por el mencionado reglamento autónomo le corresponde la regulación al Congreso de la República, en virtud de su competencia general para “hacer las leyes”, y más concretamente, para “expedir el estatuto general de contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional”, de conformidad con lo dispuesto por los incisos primero y último del artículo 150 de la Constitución. En virtud de la autorización constitucional y del reglamento autónomo, las entidades públicas pueden celebrar contratos con personas privadas sin ánimo de lucro, sin que ello implique una prestación en favor de la entidad, estos contratos tienen por objeto beneficiar a la comunidad, pues deben estar enderezados a impulsar programas y actividades de interés público, acordes con el Plan de Desarrollo. El término “recursos”, de que trata el artículo 355, no tiene un sentido restrictivo, sino que concuerda con el concepto de bien público que, como tal, es el que se daría mediante contrato de comodato a una entidad privada sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad para impulsar programas de interés. Este término se puede entender como: “Conjunto de elementos disponibles para resolver una necesidad o llevar a cabo una empresa” e incluso “Bienes de toda índole” En síntesis, los organismos y entidades públicos de los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podían celebrar los denominados contratos de apoyo de programas y actividades de interés público, establecidos por el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución y reglamentados en su momento por el Decreto 777 de 1992 los cuales tenían las siguientes características generales:
  1. Deben constar por escrito (art. 1º Decreto 777/92).
  2. Se deben sujetar a los requisitos y formalidades que exige la ley para la contratación entre particulares, y la normativa del citado decreto (art. 1º ib.).
  3. Pueden incluir las cláusulas exorbitantes o mejor, excepcionales previstas en la Ley 80 de 1993 y normas complementarias (art. 1º ib.).
  4. Se deben celebrar con recursos de los respectivos presupuestos, y por tanto, deben contar con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal antes de la celebración del contrato, y después, con el Registro Presupuestal (arts. 7º y 14 ib.).
  5. Se deben celebrar con entidades privadas sin ánimo de lucro, de reconocida idoneidad, entendida esta como “la experiencia con resultados satisfactorios que acreditan la capacidad técnica y administrativa de las entidades sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato” (art. 1º inciso tercero ib., modificado por el art. 1º Decreto 1403/92). Entidades constituidas por lo menos con seis (6) meses de antelación a la celebración del contrato, con su personería jurídica vigente y cuya duración no sea inferior al término del contrato y un (1) año más (arts. 12 y 13 ib.).
  6. Se deben realizar con la finalidad de impulsar programas y actividades de interés público (art. 1º ib.).
  7. Tales programas y actividades deben estar acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo (art. 355 Constitución).
  8. Si el contrato es celebrado por una entidad descentralizada, debe contar con la autorización del representante legal de la entidad territorial respectiva o su delegatario en materia contractual (art. 4º ib., modificado por el art. 4º Decreto 1403/92). La misma autorización se requiere cuando una entidad fiduciaria deba celebrar el contrato por cuenta de una entidad pública (art. 5º Decreto 1403/92).
  9. Se deben pactar garantías adecuadas de manejo y cumplimiento (art. 5º ib.).
  10. Un interventor debe verificar la ejecución y cumplimiento del contrato (art. 6º ib.).
  11. No hay vínculo laboral entre la entidad pública y el personal del contratista (art. 8º ib.).
  12. En caso de incumplimiento del contratista, la entidad pública puede dar por terminado unilateralmente el contrato y exigir el pago de los perjuicios (art. 15 ib.).
Algunos de estas características, se eliminaron o se modificaron con el Decreto 92 de 2017 Con respecto a los convenios de asociación que establece el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, la corte constitucional observa que el legislador autoriza la asociación de entidades estatales con personas jurídicas particulares y estableció que dichos convenios sean celebrados ‘de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política’, lo que significa que no podrá, en ningún caso pretextarse la celebración de los mismos para otorgar o decretar auxilios o donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, de una parte; y, de otra, el acatamiento a la disposición constitucional mencionada, impone la celebración de contratos con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, pero ‘con el fin de impulsar programas y actividades de interés público acordes con el Plan Nacional y los Planes Seccionales de Desarrollo’, tal cual lo ordena el citado artículo 355 de la Carta Política” El primer inciso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 dice expresamente que se podrán celebrar convenios de asociación “con personas jurídicas particulares”, lo cual significa que se refiere tanto a las personas jurídicas privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, y dispone que tales convenios se realizan “para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas (se alude a las entidades estatales) la ley”, de forma que el ámbito de aplicación legal de los mencionados convenios de asociación es más amplio que el establecido por el artículo 355 de la Constitución y reglamentado por el Decreto 777 de 1992 y sus decretos modificatorios, De lo anterior hay que entender que el segundo inciso cuando alude al artículo 355 de la Carta, está regulando los convenios de asociación celebrados con las entidades privadas sin ánimo de lucro. Por lo tanto, los convenios de asociación celebrados con otros contratistas diferentes se regularán por lo dispuesto en el primer inciso del artículo 96 y por el Estatuto General de Contratación de la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones, salvo norma legal especial en contrario, estos convenios serán de los que hablan los artículos 32 y 40 de la Ley 80 de 1993. Los elementos de los convenios de asociación son fijados por las partes pues la norma señala que “en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes”. Se trata de dos modalidades especiales de contratos estatales: los contratos de apoyo reglamentados por el Decreto 777 de 1992 y sus decretos modificatorios y los convenios de asociación regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, sin que la diferencia sea por el origen de sus normas, sino por sus características y elementos normativos, debiéndose entender que las exclusiones mencionadas en los numerales 1º y 5º del artículo 2º del Decreto 777 de 1992 y hoy en el artículo 2 del Decreto 92 de 2017 son para los contratos que este reglamenta: los contratos de apoyo. Para los convenios de apoyo el cumplimiento de una meta del plan de desarrollo de una entidad pública podría considerarse como una contraprestación directa, sin embargo, la contraprestación directa a la cual aludía el numeral 1 del artículo 2º del Decreto 777 de 1992, implica que la beneficiaria de la prestación a cargo de la entidad privada sin ánimo de lucro sea la entidad pública y no la comunidad. Por otra parte, el objeto y característica de estos contratos no puede ser el de pagar el personal vinculado, en sus diferentes modalidades, a la entidad pública o a la entidad privada sin ánimo de lucro, sino pues deben estar enderezados a impulsar programas y actividades de interés público. En el evento de que se trate de un convenio de asociación con una entidad privada sin ánimo de lucro de reconocida idoneidad, Los requisitos de idoneidad establecidos por el Decreto 777 de 1992 son aplicables pues así lo ordena la remisión al artículo 355 de la Carta. Los convenios de asociación se deben celebrar con cargo a los rubros de inversión por los conceptos a los cuales están destinados: sea para impulsar programas del respectivo plan de desarrollo, sea para desarrollar conjuntamente actividades relacionadas con los cometidos y funciones de la entidad pública. Las entidades públicas no pueden celebrar convenios de asociación cuyo objeto no esté relacionado con los programas del respectivo plan de desarrollo o con los cometidos y funciones legales de la entidad, y que no cumplan los demás requisitos establecidos en el artículo 355 de la Carta El ámbito de aplicación del régimen de los contratos del artículo 355 de la Constitución es para personas jurídicas sin ánimo de lucro y por ende, no sería aplicable, ni por acción, ni por exclusión, a las personas naturales, a que se refiere el inciso tercero del artículo 4 del Decreto 92 de 2017. El Decreto 092 de 2017 constituye una nueva reglamentación de los llamados contratos de apoyo y desarrolla los ámbitos de autonomía atribuidos por la Constitución bajo una interpretación restrictiva. En cuanto a los demás aspectos, este reglamento estará sujeto al principio de jerarquía normativa, en este caso, a las normas legales del Estatuto de Contratación.  

Regla

Se trata de dos modalidades especiales de contratos estatales: 1) los contratos de apoyo antes reglamentados por el Decreto 777 de 1992 y hoy por el articulo 2 del Decreto 92 de 2017 y 2) los convenios de asociación regulados por el artículo 96 de la Ley 489 de 1998. En cuanto a los convenios de asociación para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones de las entidades estatales, tienen a su vez dos tipos: 1) los que se celebran con entidades sin animo de lucro, las cuales deben cumplir las condiciones de idoneidad y los requisitos del artículo 355 de la constitución y su reglamento autónomo, y 2) los que se celebran con otros particulares, los cuales se regularán, como regla general, por lo dispuesto en el primer inciso del artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y por la Ley 80 de 1993 y sus modificaciones. los elementos de los convenios de asociación, son fijados por las partes.  

Citas de precedentes en obiter dictum

·         Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 416 del 18 de diciembre de 1991

·         Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 962 del 3 de abril de 1997

·         Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 504 del 22 de abril de 1993

·         Corte Constitucional, Sentencia C-021 del 28 de enero de 1993.

·         Corte Constitucional, sentencia C-1250 de 28 de noviembre de 2001

·         Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1129 del 16 de septiembre de 1998.

·         Corte Constitucional, Sentencia C-671 del 9 de septiembre de 1999

Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1710 del 23 de febrero de 2006

Marco jurídico

·         Constitución Política de Colombia, artículos 150 y 355.

·         Estatuto Orgánico del Presupuesto - Decreto 111 de 1996, artículo 42

·         Decreto 777 de 1992

·         Decreto 1403 de 1992

·         Decreto 2459 de 1993 Decreto 92 de 2017

Doctrina relacionada

·         Muñoz Machado, Santiago: Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público General. Tomo II. El Ordenamiento Jurídico. Iustel Portal Derecho S.A., Madrid, 2006, pág. 989.

·         Santamaría, Juan Alfonso: Principios de Derecho Administrativo General. Volumen Primero. Segunda edición, Iustel Portal Derecho S.A., Madrid, 2009, pág 146 y 149. Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico. Dirección General del Presupuesto Público Nacional. “Aspectos Generales del Proceso Presupuestal Colombiano”, Bogotá D.C., 2011

Fecha ejemplo

2019-12-13 14:30:00

Caso

Consulta Ministerio del Interior sobre Decreto 777 de 1992 y artículo 96 de la Ley 489 de 1998

Aclaración de voto

No

Salvamento de voto

No

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