A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Intención de participar en un Proceso Contractual dos veces por una misma persona.

Tipo de Documento

Concepto

Documento

4201814000007551 - Intención de participar en un Proceso Contractual dos veces por una misma persona

Identificadores

Entidades estatales
Participación
Personas jurídicas
Personas naturales
Principios de la contratación pública

Concepto

La Ley no regula el caso en que una misma persona presente más de una oferta en un Proceso contractual, actuando como persona natural y como persona jurídica de la cual es único accionista. Este evento puede ser configurado como un conflicto que suele expresarse en prohibiciones en el pliego de condiciones.
Cuando las Entidades no lo prevean en el pliego de condiciones, dicho conflicto será regulado de acuerdo con los principios que gobiernan la función pública y en especial a los concernientes a la actividad contractual del Estado, con el objetivo de garantizar y dar cumplimiento a los fines del Estado, relacionados con la satisfacción del interés público y colectivo.
En este sentido, el Sistema de Compra Pública en Colombia, como cuerpo normativo, está fundamentado en los principios de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y buena fe.
 LA RESPUESTA SE SUSTENTA EN LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:
1. En la práctica las situaciones de conflicto suelen expresarse en prohibiciones, al igual que ocurre con las inhabilidades y las incompatibilidades y, por ende, la jurisprudencia tiene dicho que “su consagración debe ser expresa, al tiempo que su interpretación estricta, esto es, que su deducción y aplicación siempre debe estar ajustada a los presupuestos que para cada causal haya señalado el constituyente o el legislador, dado que no es posible su aplicación extensiva o analógica
2. Al respecto, la Sección Tercera del Consejo de Estado indicó: “… la obligación por parte de la administración de fijar previamente y consignar en los pliegos de condiciones o términos de referencia los criterios de selección y la forma de evaluarlos según dimana de la Ley 80 de 1993, en condiciones de objetividad, igualdad y justicia, comporta una extraordinaria carga de corrección, claridad y precisión al momento de su redacción, para garantizar la libre concurrencia de los interesados al proceso de selección, quienes de antemano deben conocer esos criterios y reglas que regirán en el estudio de sus ofertas en caso de que decidan participar, como para su válida aplicación por parte de la entidad estatal (numeral 2 del artículo 30 y numeral 5 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, entre otras), de suerte que en el estudio de las propuestas esas reglas no se presten a confusión o dudas y permitan en condiciones de transparencia e igualdad el cotejo y la comparación de las ofertas presentadas, asegurando una escogencia objetiva.”
3. Se destacan dos elementos para la resolución de este tipo de conflictos: i) la tipicidad y ii) la objetividad, circunstancias que deben predicarse de las causales que se establezcan en cada caso particular, para preservar y hacer eficaz la selección objetiva del contratista.
4. La Ley 80 de 1993, al reglamentar los principios de la actividad contractual del Estado estableció “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.
5. El Consejo de Estado, en cuanto a la fuerza vinculante de los principios, recordó lo dicho por la Corte Constitucional señalando que “Los principios (...), consagran prescripciones jurídicas generales que suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación inmediata, tanto por el legislador como por el juez (…) Su alcance normativo no consiste en la enunciación de ideales que deben guiar los destinos institucionales y sociales con el objeto de que algún día se llegue a ellos; su valor normativo debe ser entendido de tal manera que signifiquen una definición en el presente, una base [deontológico]-jurídica sin la cual cambiaría la naturaleza misma de la Constitución y por lo tanto toda la parte organizativa perdería su significado y su razón de ser. Los principios expresan normas jurídicas para el presente; son el inicio del nuevo orden”
6. Por su parte, la jurisprudencia constitucional define el principio de buena fe, como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una “persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada”
7. En consecuencia, se entiende que cuando una misma persona presenta más de una oferta en un mismo Proceso Contractual incurre en una posible violación al principio de buena fe, ya que la finalidad del Proceso es permitir la libre competencia que se da entre personas diferentes que hacen parte de la oferta del mercado, lo cual no se cumple cuando en un actuar desleal con la administración se intenta engañar para aumentar las posibilidades de resultar adjudicatario del Proceso.

Problema Jurídico

¿Pueden una persona natural y una Sociedad por Acciones Simplificadas, conformada por un único socio, (que es la misma persona natural) presentarse en un mismo Proceso Contractual con Entidades Estatales? ¿Dónde explícitamente puedo encontrar los fundamentos legales dentro de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes?

Marco jurídico

Ley 80 de 1993, artículo 24 y s.s.
Constitución Política, artículo 83
Consejo de Estado, Sección 3ª (Subsección B), Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Número de Radicación: 25000-23-26-000-1997-03924-01(18293)
Consejo de Estado, Sección 3ª, Consejera Ponente: Ruth Stella Correa Palacio, Número de Radicados: (24715); (25206); (27834); (25410); (26105); (28244); (31447) Acumulados.
Consejo de Estado, Sala de Consulta que Servicio Civil, Consejero Ponente: Enrique José Arboleda Perdomo, Número de Radicación: 11001-03-06-000-2011-00001-00.
Corte Constitucional, Sentencia C-1194/08, Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

Fecha ejemplo

2019-01-31 20:45:00

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: 4201814000007551 - Intención de participar en un Proceso Contractual dos veces por una misma persona
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Entidades estatales
  • Participación
  • Personas jurídicas
  • Personas naturales
  • Principios de la contratación pública
  • Documentos
    Intención de participar en un Proceso Contractual dos veces por una misma persona.
    Normativa
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