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Sentencia de unificación: CE SIII E 17560 DE 2011

31-12-1969
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Cuando se exige la materialización de un derecho deben probarse las circunstancias y  los elementos esenciales que acreditan a la persona como poseedor de dicha facultad -- (Unificación jurisprudencial: La Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer de las controversias en las que sea parte una entidad pública)

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 17560 DE 2011

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 17560 DE 2011

Caso

ALEJANDO ZABALA RIVAS VS. UNIVERSIDAD DEL VALLE

Hechos relevantes

En 1993, la Universidad del Valle abrió una convocatoria para dar en arrendamiento, durante un año, varias cafeterías, ubicadas en distintos lugares de la institución.

 

Entre varios participantes, el señor ALEJANDRO ZABALA RIVAS presentó oferta, y se le adjudicó uno de los locales, el cual ocupó desde el 12 de abril de 1993.Este contrato se prorrogó, en 1994, por un año más, manteniendo las demás estipulaciones, entre ellas la necesidad de publicarlo, lo cual cumplió el contratista.

 

El año siguiente se prorrogó de nuevo, por el mismo lapso.

 

En 1996 se prorrogó el contrato, pero esta vez se contó el plazo –también de 12 de meses- a partir del 1 de febrero de 1996 y se estableció un texto con algunas estipulaciones diferente, entre ellas que no era necesario publicarlo. Luego, el 5 de diciembre de ese año, el Rector de la Universidad le comunicó al arrendatario que lo daría por terminado, a partir del 1 de febrero de 1997.

 

Finalmente, el 24 de febrero de 1997, el Rector expidió una resolución, dando por terminado el contrato de arrendamiento. El contratista interpuso recurso de reposición, que resolvió la Universidad mediante la resolución confirmando la decisión.

 

El actor agregó que permaneció en el local arrendado, y que consignó en el Banco Popular los cánones de arrendamiento correspondientes a los meses de marzo, abril, mayo y junio de 1997.

Problema Jurídico

¿Puede un arrendatario de un local que pertenece a una institución educativa  pública,  exigir la renovación automática de su contrato de arrendamiento, contemplada en el Código de Comercio, el cual se dio por terminado mediante resolución, sin haber presentado las pruebas necesarias que le acrediten tal derecho? 

Regla ampliada

Jurisdicción a la que deben acudir las entidades estatales: «(…) El régimen sustantivo de un contrato del Estado no predetermina el juez de sus controversias, ya que perfectamente el legislador puede combinar o unificar estos aspectos, de manera que el negocio jurídico podría regirse por el derecho privado y su juez ser el ordinario; o a la inversa. Es decir, en la tercera hipótesis, que por cierto constituye -en la práctica- la regla general, es posible que el legislador establezca que el régimen de un contrato del Estado sea el derecho privado, pero que su juez sea la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) las universidades públicas se rigen, en materia contractual –a partir de la ley 30 de 1992-, por el derecho privado -según lo disponen los arts. 93 y 94-, de allí que no hay discusión a este respecto. No obstante, el legislador no estableció a continuación que el juez de las controversias sea el ordinario. Por el contrario, se han mantenido, desde 1993 –y aún antes-, las normas que definen el juez de las controversias donde es parte un ente autónomo universitario; lo cual se ratificó con la expedición de la ley 1.107 de 2006, según la cual toda entidad estatal, sin importar el régimen jurídico u organizacional especial que le aplique, tiene por juez a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. (…) la Sala no admitirá esta otra excepción, porque es incorrecto el razonamiento de la entidad, según el cual la demanda contra los actos administrativos contractuales -como los del caso concreto- debe tramitarse por una acción distinta a la de controversias contractuales, concretamente la de nulidad y restablecimiento del derecho. Por el contrario, la acción correcta fue la que ejerció el actor, porque es claro, según el artículo 87 CCA., que esta acción se debe emplear para atacar cualquier decisión contractual, sin importar que conste o no en un acto administrativo. (…) los contratos de las universidades públicas se rige por el derecho privado: “Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos” (…) Atendiendo a esta disposición se tiene, entonces, que en este régimen jurídico los contratos son consensuales, por regla general, excepto aquellos en los cuales la ley prescribe la necesidad de observar ciertas formalidades especiales. (…)»

 

Naturaleza jurídica de los contratos celebrados por universidades públicas. «(…) En el caso concreto se sabe que las universidades públicas se rigen, en materia contractual –a partir de la ley 30 de 1992-, por el derecho privado -según lo disponen los arts. 93 y 94[2]. (…)»


Nota del editor: De acuerdo a información solicitada por la Secretaría de la Sección Tercera, esta sentencia es de unificación, y  la unificación versa sobre la jurisdicción a la que deben acudir las entidades estatales en materia de contratación.

 


[1] Art. 93. Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos.

 

“PARÁGRAFO. Se exceptúan de lo anterior los contratos de empréstito, los cuales se someterán a las reglas previstas para ellos por el Decreto 222 de 1983 y demás disposiciones que lo modifiquen, complementen o sustituyan.”  

“Art. 94. Para su validez, los contratos que celebren las universidades estatales u oficiales, además del cumplimiento de los requisitos propios de la contratación entre particulares, estarán sujetos a los requisitos de aprobación y registro presupuestal, a la sujeción de los pagos según la suficiencia de las respectivas apropiaciones, publicación en el Diario Oficial y pago del impuesto de timbre nacional cuando a este haya lugar.”  

[2] En una ocasión -analizando su competencia- dispuso esta Sección, en la sentencia de junio 18 de 2008 –exp. 34.949-, al resolver sobre la situación de una entidad bancaria que no se rige por la ley 80, que: “Además del anterior criterio, y en segundo lugar, no debe olvidarse que el contrato de seguro contenido en la póliza No. 20110000023, es de naturaleza estatal, en los términos del artículo 32 de la ley 80 de 1993, porque fue celebrado por una entidad estatal –el banco-, lo cual ratifica la aludida competencia para conocer del presente recurso.  

“En tercer lugar, esta misma conclusión se ratifica con la ley 1.107 de 2006, en virtud de la cual esta jurisdicción conoce de las controversias donde sea parte una entidad estatal, de modo que, aplicado al caso concreto, resulta claro que por el sólo hecho de ser la CAJA AGRARIA EN LIQUIDACION una entidad estatal, y parte en el proceso, la competencia queda asignada a esta jurisdicción.”

Razones de la decisión

«(…) La Sala advierte que la providencia se confirmará, pero por razones distintas a las expuestas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. No se trajo la prueba del contenido de las demandadas cláusulas del contrato, ni copia auténtica de los actos administrativos demandados, de manera que no se demostraron aspectos esenciales para el proceso, como son las obligaciones que adquirieron los suscriptores del negocio, sin las cuales es imposible definir la validez de las decisiones administrativas cuestionadas, y menos aún la de las cláusulas del contrato demandas.


(…)


Si bien se acepta que por cualquier medio probatorio se puede acreditar la existencia misma del negocio regido por el derecho privado –incluso, al contestar la demanda, la entidad acepta los hechos que se refieren a ello. Además, de varias comunicaciones entre las partes, que se encuentran en original, se infiere que los contratos se celebraron (fls. 24, 26 y 28)-, lo que ocurre en el caso concreto es que no está probado el contenido de las estipulaciones pactadas.


(…)


Por estas mismas razones la pretensión tercera de la demanda tampoco prosperará, porque la definición del derecho a continuar ocupando un local comercial, en este caso particular, requería la remoción previa de los actos administrativos que terminaron el contrato de arrendamiento, que se encuentran amparados por la presunción de legalidad y que la parte actora reconoce como causa del daño. Por tanto, como no se desvirtuó su legalidad, no es posible analizar esa solicitud.(…)»

Regla

Un arrendatario de un local que pertenece a  una institución educativa  pública no puede exigir la renovación automática de su contrato de arrendamiento, contemplada en el Código de Comercio, el cual se dio por terminado mediante resolución, sin haber presentado las pruebas necesarias que le acrediten tal derecho, porque:

  1. No se incorporó la prueba del contenido de las cláusulas demandadas del contrato, ni copia auténtica de los actos administrativos demandados, de manera que no se demostraron aspectos esenciales para el proceso, como son las obligaciones que adquirieron los suscriptores del negocio, sin las cuales es imposible definir la validez de las decisiones administrativas cuestionadas.
  2. Se requería la remoción previa de los actos administrativos que terminaron el contrato de arrendamiento, que se encuentran amparados por la presunción de legalidad y que la parte actora reconoce como causa del daño.

Decisión

PRIMERO: Decláranse no probadas las excepciones propuestas en la contestación de la demanda.

 

SEGUNDO: Confírmase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle, el 10 de septiembre de 1999, que negó las pretensiones de la demanda.

Marco jurídico

Código de Procedimiento Civil. Artículo 254.

Ley 446 de 1996. Artículo 11.

Código Contencioso Administrativo. Artículo 87. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 17560 DE 2011
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Contratación
  • Universidades
  • Terminación del contrato
  • Contrato de arrendamiento
  • Normativa
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