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Una entidad pública, en el marco de un contrato de producción incremental de hidrocarburos, debe mantener el suministro suficiente para alcanzar la curva básica de producción

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20041026

Identificadores

Incumplimiento
Proyectos mineros o de hidrocarburos
Etapa contractual
Contratación estatal
Régimen especial
Incumplimiento
Proyectos mineros o de hidrocarburos
Etapa contractual
Contratación estatal
Régimen especial

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO TIBÚ VS. EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL

Hechos relevantes

Las sociedades Halliburton Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. – Petrocolombia S.A., miembros del consorcio Tibú, y la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol, suscribieron contrato de producción incremental Tibú, el 27 de febrero de 1998.

 

La Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol, incumplió las obligaciones contractuales previstas en el numeral 7.2 del contrato de producción incremental Tibú, como quiera que desde el primero de octubre de 1998 Ecopetrol no mantuvo la producción básica del campo Tibú al nivel de la curva básica de producción prevista el contrato.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública, en el marco de un contrato de producción incremental de hidrocarburos, abstenerse de suministrar los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción, según lo estipulado en el contrato, sin que se configure un incumplimiento?

Razones de la decisión

«(...) Para el tribunal en el contrato de producción incremental Tibú la obligación de Ecopetrol de mantener los recursos suficientes para alcanzar la producción básica era una obligación de resultado, pues no consistía en aportar un monto determinado de recursos, ni un número determinado de personal disponible, ni ejecutar un programa específico, sino en hacer todo lo que fuera suficiente para mantener la producción básica, fijada en el contrato, en virtud del cálculo que para el efecto realizó la propia Ecopetrol.

El término suficiente significa: Bastante para lo que se necesita. Apto o idóneo(41) .

De manera que la obligación de Ecopetrol no consistía entonces en hacer lo posible para alcanzar la producción básica, sino en hacer lo suficiente —como se dice textualmente en el contrato— para lograrlo.

Fue Ecopetrol como operador quien realizó el cálculo para fijar la curva básica de producción, a partir de la información que conocía directamente en el campo, y se comprometió con el nuevo inversionista a mantener esa producción, para calcular a partir de allí toda producción adicional como producción incremental.

Las partes no señalaron contractualmente lo que debía entenderse por recursos suficientes para alcanzar la curva básica, ni establecieron una sola regla para determinarlo, lo que demuestra que la obligación pactada no era de medios, sino de resultado.

 

(…)

El contrato de producción incremental de hidrocarburos es un acuerdo que depende enteramente del cumplimiento de una curva básica de producción a cargo del operador del campo, con el objeto de cuantificar a partir de esta los resultados de las nuevas inversiones en la producción de hidrocarburos. De allí su importancia, y la necesidad de garantizar su cumplimiento a quien realiza las inversiones para obtener producción incremental, especialmente cuando no es el mismo operador, como ocurre en el caso del contrato de producción incremental Tibú.

 

(…)

Ahora bien, en el proceso obra prueba suficiente sobre el hecho de que la producción real del campo no alcanzó durante todo el período contractual la curva básica de producción, como lo demuestra el dictamen pericial(43) . En tratándose de una obligación de resultado basta con probar que el resultado no se alcanzó para declarar el incumplimiento.

Finalmente, no sobra tener en cuenta que aún si se hubiere llegado a la conclusión de que la obligación de mantener los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción era una obligación de medios y no de resultado, en el proceso también obra plena prueba de que Ecopetrol incurrió en deficiencias operacionales (…)»

Regla

Una entidad pública, en el marco de un contrato de producción incremental de hidrocarburos, no puede abstenerse de suministrar los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción, según lo estipulado en el contrato, sin que se configure un incumplimiento, porque:  
  1. En el contrato de producción incremental la obligación de Ecopetrol de mantener los recursos suficientes para alcanzar la producción básica era una obligación de resultado, pues consistía en hacer todo lo que fuera suficiente para mantener la producción básica, fijada en el contrato, en virtud del cálculo que para el efecto realizó  Ecopetrol.
  2. El contrato de producción incremental de hidrocarburos es un acuerdo que depende enteramente del cumplimiento de una curva básica de producción a cargo del operador del campo, con el objeto de cuantificar a partir de esta los resultados de las nuevas inversiones en la producción de hidrocarburos.
  3. Aún si mantener los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción fuere una obligación de medios y no de resultado, en el proceso también obra plena prueba de que Ecopetrol incurrió en deficiencias operacionales.

Decisión

1. Declarar que la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) incumplió las obligaciones que asumió para y con las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, a que se refieren las cláusulas 1.1 parágrafo primero y 7.2 del contrato de producción incremental Tibú.   2. Declarar que la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) incumplió la obligación que contrajo para y con las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, a que se refiere la cláusula 5 del anexo B del contrato de producción incremental Tibú.   3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) a reconocer y pagar a favor de las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del presente laudo y a título de indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de producción incremental Tíbú, la suma única y total de un millón cincuenta y ocho mil trescientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América (US$1.058.336), en pesos colombianos según la tasa representativa del mercado vigente para el día del pago.   4. Declarar probadas y, por tanto prósperas, las siguientes excepciones: (a) la de fuerza normativa del contrato de producción incremental Tibú e imposibilidad de calcular la existencia de producción incremental apartándose de la metodología pactada al respecto en el referido contrato; (b) aquella conforme a la cual en desarrollo y ejecución del mencionado contrato no se generó producción incremental, en los términos pactados expresamente en el referido contrato, y (c) la consistente en que, por su calidad de esencialmente aleatorio, al referido contrato no le son aplicables la teoría de la imprevisión ni la del mantenimiento del equilibrio contractual, todo ello de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este laudo.   5. Denegar las restantes súplicas, tanto principales como subsidiarias, de la demanda promovida por las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.).   6. Declarar no probadas las demás excepciones de mérito propuestas por la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) en el escrito de contestación a la demanda arbitral.   7. Sin costas para ninguna de las partes, de conformidad con lo expuesto al respecto en la parte motiva del presente laudo.   8. Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo, con destino a cada una de las partes, así como copias simples con destino a la Procuraduría General de la Nación por conducto de su representante en el proceso, señor Procurador Judicial Primero ante lo contencioso administrativo, y al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.   9. Disponer que el presidente del tribunal proceda a protocolizar en una de las notarías del círculo de Bogotá, D.C. el proceso arbitral, una vez cobre ejecutoria el presente laudo.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 50 y 76.

Conceptualizaciones

Contratos a título oneroso: “Los contratos a título oneroso, conforme a la definición que de ellos trae el Código Civil (art. 1497), son aquellos que tienen por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.  Sabido es, también, que los contratos onerosos se subdividen, a su turno, en contratos conmutativos y en contratos aleatorios. El contrato oneroso es conmutativo —reza el artículo 1498 del Código Civil— cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.”   Contrato aleatorio: “Todo contrato de ejecución diferida en el tiempo comporta un alea; sin embargo, no por ello es siempre aleatorio. El contrato aleatorio es aquel en que la magnitud de una prestación es incierta porque depende del azar, lo que advierte el artículo 1104, inciso 2º, al precisar que el equivalente, es decir, la contraprestación, consiste en una probabilidad de ganancia o de pérdida”: las dos partes juegan. En otros términos: la pérdida fortuita de la una entraña la ganancia fortuita de la otra.    Obligaciones de medio y obligaciones de resultado: “El tratadista Fernando Hinestrosa señala que son obligaciones de medio “aquellas en las que el deudor está obligado a desplegar una actividad, con prescindencia de la obtención de determinada finalidad; obligaciones de resultado son, en cambio, aquellas en las que el deudor está obligado a alcanzar una determinada finalidad, prescindiendo de una específica actividad instrumental”  Y adelante agrega: “En ... ocasiones el deudor se compromete a obtener el resultado prevenido en favor del acreedor: la transferencia del dominio o la constitución del derecho real, el mantenimiento de la situación actual, el opus convenido. Aquí, a diferencia de lo que sucede con las obligaciones indeterminadas, en las que la diligencia constituye solo el objeto de la obligación, el deudor responde por el resultado, y su responsabilidad va hasta el elemento extraño (casus)”  

Laudo

TA-CCB-20041026

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Una entidad pública no puede abstenerse de suministrar los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción, según lo estipulado en el contrato, argumentando que la suspensión del contrato se dio por turbación de orden público.

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20041026

Identificadores

Contratación estatal
Hechos imprevisibles
Etapa contractual
Fuerza mayor y caso fortuito
Régimen especial
Contratación estatal
Hechos imprevisibles
Etapa contractual
Fuerza mayor y caso fortuito
Régimen especial

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO TIBÚ VS. EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS - ECOPETROL

Hechos relevantes

Las sociedades Halliburton Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. – Petrocolombia S.A., miembros del consorcio Tibú, y la Empresa Colombiana de Petróleos - Ecopetrol, suscribieron contrato de producción incremental Tibú, el 27 de febrero de 1998.

 

La Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol, incumplió las obligaciones contractuales previstas en el numeral 7.2 del contrato de producción incremental Tibú, como quiera que desde el primero de octubre de 1998 Ecopetrol no mantuvo la producción básica del campo Tibú al nivel de la curva básica de producción prevista el contrato.   Durante la ejecución del contrato, se presentó una turbación del orden público, un ingeniero fue secuestrado y hubo ataques de grupos armados al margen de la ley contra la infraestructura  petrolera. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública abstenerse de suministrar los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción, según lo estipulado en el contrato, argumentando que la suspensión del contrato se dio por turbación de orden público y por ende que ello es una causal de fuerza mayor que lo exime de responsabilidad?

Regla ampliada

La fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista incumplido. «(…) La fuerza mayor se produce, como se indicó, cuando el hecho exógeno a las partes es imprevisible e irresistible en las condiciones antes señaladas, con la precisión de que la irresistibilidad, en materia contractual, se traduce en la imposibilidad absoluta para el contratante o contratista de cumplir sus obligaciones en las condiciones o plazos acordados, y no simplemente que le resulte más gravoso, en cuyo caso nos encontramos frente a la teoría de la imprevisión. La fuerza mayor exime de responsabilidad al contratista incumplido, al paso que con fundamento en la teoría de la imprevisión el contratista si puede cumplir el contrato, pero lo hace con mayores dificultades, por lo que tiene derecho al restablecimiento del equilibrio económico del contrato, alterado por causa del hecho imprevisible (…)»

Razones de la decisión

«(...) Para la declaración de un hecho de fuerza mayor se debe demostrar que el fenómeno fue imprevisible y que no permitió la ejecución del contrato, pero frente a la teoría de la imprevisión debe probarse que el hecho externo e imprevisible hizo más oneroso el cumplimiento de las obligaciones para el contratista, pero no impidió la ejecución del contrato.

En el caso que nos ocupa es necesario establecer si la primera suspensión del contrato (entre el 16 de septiembre y el 4 de noviembre de 1998) causada por los trabajadores de Ecopetrol, constituyó una razón de fuerza mayor, por una parte, y así mismo, si también lo fue la alteración del orden público que motivó la segunda suspensión del contrato (entre el 12 de abril de 1999 y el 2 de julio de 2001).

 

(…)

 

Para el tribunal es claro que la turbación del orden público en la zona de ejecución del contrato quedó plenamente demostrada. En efecto, a través del dictamen pericial técnico(81) y de las declaraciones de los ingenieros Luis Javier Palacio y Nariño Monterrosa, así como las de los doctores Germán Montoya Vélez y Luis Fernando Alarcón Mantilla, entre otros, se demostró que la región del Catatumbo donde se encuentra el campo Tibú, registra graves problemas de orden público, y que durante la ejecución del contrato ocurrió el secuestro del ingeniero Palacio en el campo y se presentaron ataques de la guerrilla a la infraestructura petrolera.

 

(…)

 

La alteración de orden público en la zona del Catatumbo era de público conocimiento con anterioridad a la celebración del contrato(84) , de manera que para ninguna de las partes contratantes este era un hecho nuevo o imprevisible, y mucho menos para Ecopetrol, quien en su condición de operador del campo había sido objeto de ataques de grupos alzados en armas. Estos eventos eran frecuentes en la región, y por ende era bastante probable su ocurrencia hacia el futuro.

Es claro entonces que los problemas de orden público no fueron un hecho imprevisible para Ecopetrol, y también lo es que no fue un hecho irresistible, en tanto que si bien la empresa estatal no podía evitar la alteración del orden público, ello no significa que no estaba en condiciones de sobreponerse a ella, para evitar sus nocivas consecuencias. En efecto, siendo una situación de muy probable ocurrencia, le imponía la obligación de prepararse debidamente para superar sus efectos negativos frente a la curva básica de producción, con la cual se había comprometido.(…)»

Regla

Una entidad pública no puede abstenerse de suministrar los recursos suficientes para alcanzar la curva básica de producción, según lo estipulado en el contrato, argumentando que la suspensión del contrato se dio por turbación de orden público y por ende que ello es una causal de fuerza mayor que lo exime de responsabilidad, porque:

 

  1. Para la declaración de un hecho de fuerza mayor se debe demostrar que el fenómeno fue imprevisible y que no permitió la ejecución del contrato.
  2. Según la teoría de la imprevisión debe probarse que el hecho externo e imprevisible hizo más oneroso el cumplimiento de las obligaciones para el contratista, pero no impidió la ejecución del contrato.
  3. La alteración de orden público en la zona del Catatumbo era de público conocimiento con anterioridad a la celebración del contrato, de manera que para ninguna de las partes contratantes este era un hecho nuevo o imprevisible y mucho menos para Ecopetrol, quien en su condición de operador del campo había sido objeto de ataques de grupos alzados en armas.
  4. Siendo una situación de muy probable ocurrencia, ECOPETROL tenía  la obligación de prepararse debidamente para superar sus efectos negativos frente a la curva básica de producción, con la cual se había comprometido.

Decisión

1. Declarar que la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) incumplió las obligaciones que asumió para y con las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, a que se refieren las cláusulas 1.1 parágrafo primero y 7.2 del contrato de producción incremental Tibú.   2. Declarar que la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) incumplió la obligación que contrajo para y con las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, a que se refiere la cláusula 5 del anexo B del contrato de producción incremental Tibú.   3. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, condenar a la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) a reconocer y pagar a favor de las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha del presente laudo y a título de indemnización de los perjuicios derivados del incumplimiento del contrato de producción incremental Tíbú, la suma única y total de un millón cincuenta y ocho mil trescientos treinta y seis dólares de los Estados Unidos de América (US$1.058.336), en pesos colombianos según la tasa representativa del mercado vigente para el día del pago.   4. Declarar probadas y, por tanto prósperas, las siguientes excepciones: (a) la de fuerza normativa del contrato de producción incremental Tibú e imposibilidad de calcular la existencia de producción incremental apartándose de la metodología pactada al respecto en el referido contrato; (b) aquella conforme a la cual en desarrollo y ejecución del mencionado contrato no se generó producción incremental, en los términos pactados expresamente en el referido contrato, y (c) la consistente en que, por su calidad de esencialmente aleatorio, al referido contrato no le son aplicables la teoría de la imprevisión ni la del mantenimiento del equilibrio contractual, todo ello de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de este laudo.   5. Denegar las restantes súplicas, tanto principales como subsidiarias, de la demanda promovida por las sociedades Halliburton Energy Development Ltd. y Gas Petróleo y Derivados de Colombia S.A. Petrocolombia S.A., integrantes del consorcio Tibú, en contra de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.).   6. Declarar no probadas las demás excepciones de mérito propuestas por la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol (hoy Ecopetrol S.A.) en el escrito de contestación a la demanda arbitral.   7. Sin costas para ninguna de las partes, de conformidad con lo expuesto al respecto en la parte motiva del presente laudo.   8. Disponer que por secretaría se expidan copias auténticas del presente laudo, con destino a cada una de las partes, así como copias simples con destino a la Procuraduría General de la Nación por conducto de su representante en el proceso, señor Procurador Judicial Primero ante lo contencioso administrativo, y al Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá.   9. Disponer que el presidente del tribunal proceda a protocolizar en una de las notarías del círculo de Bogotá, D.C. el proceso arbitral, una vez cobre ejecutoria el presente laudo.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 50 y 76.

Conceptualizaciones

Fuerza mayor o caso fortuito. «(...) En términos generales, podemos identificar como elementos fundamentales para le existencia de un hecho exonerante de responsabilidad por ser constitutivo de fuerza mayor o caso fortuito, y por lo tanto de los cuales se deriva la imposibilidad de cumplir en la forma estipulada, los siguientes:

i)    Ser un hecho exógeno, no imputable al deudor por acción o por omisión, es decir que no haya ocurrido por su culpa, de donde se predica la ausencia de falta del deudor.

ii)  Ser de naturaleza irresistible, lo cual quiere decir que se trata de un acontecimiento que nadie puede evitar. Según lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, es irresistible lo que no haya podido ser impedido y haya colocado al deudor —dominado por el acontecimiento— en la imposibilidad absoluta (no simplemente en la dificultad ni en la imposibilidad relativa) de ejecutar la obligación(78) .

iii) Haber sido imprevisible, esto significa que los acontecimientos no se hayan podido prever. Este, lejos de constituir un elemento estático cuya sola ocurrencia descartaría o desvirtuaría la existencia de la fuerza mayor o el caso fortuito, ha sido entendido de tiempo atrás, tanto por la jurisprudencia como por la doctrina, como un elemento dinámico que es necesario analizar en cada caso particular (...)»  

Laudo

TA-CCB-20041026

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TA-CCB-20041026
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