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Ecopetrol y un contratista pueden acordar contractualmente la ocurrencia de un desequilibrio económico y su tasación o valoración

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20031111

Identificadores

Etapa postcontractual
Etapa contractual
Equilibrio económico
Contrato de obra pública
Contratación estatal
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Equilibrio económico
Contrato de obra pública
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

MONTECZ LTDA. DRAGADOS INTERNACIONAL DE PIPELINES “DAIP S.A.” Y CONSTRUCCIONES INGENIERÍA Y EQUIPOS “CONEQUIPOS ING. LTDA.” VS. EMPRESA COLOMBIANA DE PETRÓLEOS “ECOPETROL”

Hechos relevantes

Montecz, sociedad comercial legalmente constituida con domicilio principal en Bogotá, el 20 de julio de 1997 conformó con DAIP S.A. y Conequipos la Unión Temporal denominada DMC con la cual Ecopetrol celebró el 24 de diciembre de 1997 el contrato VIT-021-97, cuyo objeto fue la “construcción, instalación y pruebas de aproximadamente 263 Km. de la línea de tubería del Poliducto de Oriente: Sebastopol — Santafé de Bogotá”, correspondiéndole ejecutar los trabajos de construcción de la línea del Poliducto de Oriente desde el kilómetro 0 hasta el kilómetro 51, tramo comprendido dentro de la jurisdicción del municipio de Cimitarra (Santander) y estando a cargo del Consorcio CEISMA la interventoría, según contrato VIT-022-97 (Hechos 1, 2, 3, 4 y 5).   El 22 de julio de 2000, Ecopetrol y la U.T. DMC suscribieron acta de liquidación del contrato VIT-021-97 en la que Montecz, reservó sus reclamaciones por “la paralización presentada en el tramo A del sector I, ocasionada por los conductores al servicio del contratista”, encontrándose legitimada para tal efecto en virtud de la disolución de la Unión Temporal y la consecuente radicación de la titularidad, derechos sustanciales y procesales de cada uno de sus miembros en cabeza de cada uno de ellos.

Problema Jurídico

¿Puede Ecopetrol suscribir válidamente con un contratista en el marco de un contrato de obra, un acuerdo en el que definan la ocurrencia de un desequilibrio económico y su tasación o valoración, en razón a la paralización de los trabajos y la alteración del orden público?

Razones de la decisión

«(...) “Para el tribunal, el acuerdo celebrado conjuntamente por las partes y presentado el 20 de agosto de 2002, produce plenos efectos y alcances respecto de las materias a que concierne y en particular en cuanto se refiere a la existencia del cese de actividades, a la presencia —que ambas admiten—, de un desequilibrio económico en el contrato y a su tasación o valoración, pues, fueron las mismas partes quienes sustentadas en sus propios estudios, exámenes, análisis, evaluaciones y conclusiones, de manera expresa, libre, espontánea y vinculante, así lo acordaron.
Para el tribunal, en efecto, al margen de la abundante prueba que existe en el expediente acerca de la ocurrencia del ‘paro’ o ‘cese de actividades’ entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre de 1998, la definición de ese tema quedó excluida de su competencia por razón de los acuerdos que al respecto concluyeron expresamente las partes mediante el citado documento de agosto 20 de 2002, como también resulta claro que dichas partes sustrajeron del ámbito de su competencia cualquier definición que hubiere podido realizar y que en principio le fue solicitada acerca tanto de la configuración del ‘stand by’ de los equipos y del personal vinculado al contrato VIT-921-97, como del ‘quántum’ al cual ascendieron los costos ocasionados —básicamente por dicho ‘stand by’ durante la ocurrencia del referido ‘paro’—, por manera que las mismas partes se encargaron de reducir o precisar los temas que debe decidir el tribunal, tanto a la previsibilidad o imprevisibilidad de las causas del ‘paro’ y la consiguiente imputabilidad o inimputabilidad de esas causas a los integrantes de la respectiva unión temporal contratista, como acerca del señalamiento respecto de “cuál de ellas [las partes] debe asumir el valor total de los recursos efectivamente afectados” y ya cuantificados por acuerdo entre las partes (…)
El tribunal estima necesario insistir en la plenitud de los efectos jurídicos, de carácter vinculante y transaccional, que acompañan los acuerdos concluidos mediante el documento presentado conjuntamente en agosto 20 de 2002. Ciertamente, las controversias contractuales de carácter patrimonial —como la que dio origen al presente trámite arbitral—, son susceptibles de solución por las mismas partes mediante renuncia, desistimiento, allanamiento, aceptación de pretensión o excepción, conciliación, transacción (autocomposición) o por terceros, juez, árbitro o compromisario (heterocomposición). Oportuno resulta insistir en que las personas naturales que concurrieron a la celebración de los acuerdos plasmados en el memorial conjunto que presentaron las partes ante el tribunal el día 20 de agosto de 2002, contaban con facultades suficientes para disponer de los derechos de las partes en cuyo nombre y representación manifestaron actuar.
De conformidad con las disposiciones jurídicas y la jurisprudencia, el principio de equilibrio económico supone una equivalencia entre derechos y obligaciones que derivan del contrato. En este caso por virtud de la cesación ilegal de actividades acontecida entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre de 1998, se habría presentado un stand by de equipos y de personal vinculado al contrato, cuestión que fue admitida por consenso entre las partes, las cuales, además, estimaron, evaluaron y acordaron expresamente el monto del mismo, según consta en el documento auténtico suscrito y presentado por ellas el 20 de agosto de 2002. Por las razones ya expresadas, las mismas partes admitieron y convinieron la ocurrencia tanto del paro acaecido entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre de 1998 como del desequilibrio económico que dicho paro generó respecto de la ecuación del Contrato VIT-021-97, cuestión que si bien impide al tribunal pronunciarse expresamente al respecto por cuanto dicho acuerdo significó excluir ese tema de la competencia con que las partes lo habilitaron para proferir el presente laudo, ello no constituye óbice para que se pueda considera y entender —como el tribunal considera y entiende—, que ese acuerdo entre las partes significó una solución anticipada, consensuada y parcial de prosperidad respecto de la pretensión en estudio a propósito de la cual ha de agregarse entonces que el paro en cuestión obedeció a circunstancias imprevistas e imprevisibles y, en todo caso, no imputables al contratista particular.” (...)»

Regla

Ecopetrol puede suscribir válidamente con un contratista en el marco de un contrato de obra, un acuerdo en el que definan la ocurrencia de un desequilibrio económico y su tasación o valoración, en razón a la paralización de los trabajos y la alteración del orden público, porque:  
  1. Fueron las mismas partes quienes sustentadas en sus propios estudios, exámenes, análisis, evaluaciones y conclusiones, de manera expresa, libre, espontánea y vinculante, lo acordaron.
  2. Las controversias contractuales de carácter patrimonial son susceptibles de solución por las mismas partes mediante renuncia, desistimiento, allanamiento, aceptación de pretensión o excepción, conciliación, transacción (autocomposición) o por terceros, juez, árbitro o compromisario (heterocomposición).
  3. Las personas naturales que concurrieron a la celebración de los acuerdos contaban con facultades suficientes para disponer de los derechos de las partes en cuyo nombre y representación manifestaron actuar.

Decisión

Primero. Declarar que no prospera la objeción por error grave formulada contra el dictamen pericial financiero, de conformidad con las consideraciones de la parte motiva de este laudo.   Segundo. Declarar no probadas las excepciones perentorias interpuestas por la parte convocada, por las razones expuestas en la parte motiva.   Tercero. Declarar que el desequilibrio económico que alteró la ecuación del Contrato VIT-021-97 celebrado el 24 de diciembre de 1997 entre Ecopetrol, hoy Ecopetrol S.A., y la UT DMC, conformada por Dragados Internacional de Pipelines DAIP S.A, Montecz Ltda., e Ingeniería Construcciones y Equipos - Conequipos ING. Ltda., desequilibrio económico cuya ocurrencia fue admitida y convenida por las partes mediante el documento conjunto de agosto 20 de 2002, con ocasión del paro de actividades verificado entre el 25 de agosto y el 7 de septiembre de 1998, obedeció a situaciones y causas imprevistas e imprevisibles, no imputables a Montecz Ltda., de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.   Cuarto. Con sujeción a los conceptos, sumas definidas y demás acuerdos celebrados expresamente por las partes mediante el documento auténtico presentado al tribunal el 20 de agosto de 2002 (fls. 153 a 163 cdno. 1), se condena a Ecopetrol S.A., a pagar a Montecz Ltda., la cantidad de quinientos treinta y un millones doscientos setenta y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos ($ 531’279.884) a precios de septiembre 7 de 1998, que actualizada con base en el índice de precios al consumidor desde esa fecha hasta la más cercana al laudo, 31 de octubre de 2003, asciende a la suma de setecientos ochenta millones treinta y tres mil ciento tres pesos ($ 780’033.103), de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.   Quinto. La anterior condena causará intereses a partir de la ejecutoria del laudo en los términos y con las exigencias del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo y la Sentencia C-189 de 1999, de la Corte Constitucional.   Sexto. Se condena a Ecopetrol S.A., a pagar a Montecz Ltda., la cantidad de veintiun millones setecientos dos mil ciento setenta y nueve pesos ($ 21.702.179) a título de costas, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.   Séptimo. Negar las demás pretensiones de la convocante.   Octavo. Ordenar la expedición de copias auténticas del presente laudo con destino a cada una de las partes y al señor agente del Ministerio Público, con las constancias de ley (CPC, art. 115-2).   Noveno. Disponer que se protocolice, por la presidente del tribunal, el expediente contentivo de este laudo o de las piezas más importantes, ante una de las notarías del círculo de Bogotá, D.C., con cargo al rubro de protocolizaciones, efecto para el cual se previene a las partes sobre la obligación de cubrir lo que faltare, si la suma decretada y recibida para este fin resultare insuficiente.   Décimo. Compulsar copias de los testimonios rendidos por Javier Chacón Vergara y Henry Camargo González el 23 de septiembre de 2002, del acta N° 6 del 23 de septiembre de 2002, de los documentos denominados “paz y salvo por prestación de servicios” de fechas 24 de agosto de 1998 (fl. 182 cdno. de pbas. N° 1), 18 de septiembre de 1998 (fl. 186 cdno. de pbas. N° 1), 3 de agosto de 1998 (fl. 187 cdno. de pbas. N° 1), 16 de agosto de 1998 (fl. 181 y 193 cdno. de pbas. N° 1), del dictamen pericial grafológico (fl. 433 a 450 cdno. ppal.), de las aclaraciones y complementaciones al dictamen (fls. 529 a 531 cdno. ppal.) y de los documentos adicionales que le sirvieron de análisis al perito (fl. 451 a 459 cdno. ppal.) a la Fiscalía General de la Nación para que, si a ello hubiere lugar, se inicien las investigaciones penales pertinentes por la probable comisión de hechos punibles, en la forma solicitada por las partes y detallada en la parte motiva de la presente providencia.   Notifíquese y cúmplase.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 4, 5 y 27.

Conceptualizaciones

Transacción. «(...) “La transacción se define como un negocio jurídico “en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, pudiendo recaer sobre la totalidad o sobre una parte del conflicto, de la disparidad, de la controversia o de la litis con función de certeza, dirimente y definitiva.  Por definición presupone litis, res dubia, conflicto, controversia, litigio y su solución y, para su validez, es menester la observancia de sus presupuestos en torno de la capacidad de las partes, la legitimación dispositiva y la idoneidad del objeto.
La transacción, como todo contrato (C. de Co., art. 864 y C.C., art. 1495), obliga a todo cuanto le corresponde por definición ( esentialia negotia ), por ley, uso, costumbre o equidad (naturalia negotia) y a lo expresamente pactado ( accidentalia negotia ); genera, prima facie, el efecto primario o inicial propio de su naturaleza vinculante proyectada en la atadura, vínculo u obligatoriedad de su cumplimiento íntegro, efectivo y oportuno de “la totalidad de la prestación debida, hecho o cosa” en la forma y oportunidad pactada por las partes, para quienes constituye una norma contractual obligatoria (pacta sunt servanda, lex privatta, lex contractus)  con alcances de cosa juzgada, definitiva e inmutable respecto de las materias transigidas y debe cumplirse de buena fe (C. Co., arts. 864, 871 1501, 1601 y C.C., art. 1602) .” (...)»

Laudo

TA-CCB-20031111

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TA-CCB-20031111
Síntesis
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