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Una acción que solicita la adjudicación de un proceso licitatorio a un proponente que se considera con mejor derecho no es válida sólo por demostrar la ilegalidad del acto de adjudicación, en tanto debe acompañarse de las pruebas que acrediten que el demandante era el elegible

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-CUN-SIII-0439-2011

Identificadores

Adjudicación del contrato
Etapa precontractual
Licitación pública
Entidades estatales
Contratación estatal
Adjudicación del contrato
Etapa precontractual
Licitación pública
Entidades estatales
Contratación estatal

Entidad

Tribunal Administrativo Cundinamarca

Sentencia

TAD-CUN-SIII-0439-2011

Caso

CONSORCIO BAHIA VS. ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA

Hechos relevantes

La Directora General del IDU y el Secretario de Obras Públicas del Distrito Capital de Bogotá, el día 28 de febrero de año 2001, dictaron una resolución mediante la cual declararon la ocurrencia de un siniestro que era cubierto por el amparo de garantía única de la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. por lo que se ordena que la garantía se haga efectiva. Sin embargo, en Marzo del mismo año, se revoca parcialmente la resolución, para aumentar el monto, alegando un error en los cálculos matemáticos.   Ante el suceso, y la negativa de la aseguradora a cumplir con lo dictado en las resoluciones, se inicia un proceso ante un Tribunal de Arbitramento.   Sin embargo, la Compañía Aseguradora de Finanzas S.A. alega que el fallo del Tribunal de Arbitramento no obliga a la demandante, en razón de que no fue citada al proceso arbitral y las entidades demandadas carecen de jurisdicción para extender los efectos del mismo a terceros no intervinientes en tal procedimiento y además, acusa a las entidades demandadas de no haber demostrado el perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado.   La Compañía Aseguradora de Finanzas S.A aduce también que la entidad pública desconoció la finalidad de las actuaciones administrativas relacionadas con la vigilancia al cumplimiento de los contratos, en tanto alega que no hubo un adecuado proceso de inspección frente al desarrollo del contrato que finalmente fue incumplido.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad estatal ser sujeto de una acción que solicita la adjudicación de un proceso licitatorio a un proponente que argumenta tener mejor derecho?

Razones de la decisión

«(…) 2.3 Como cualquier acto administrativo de carácter particular, el acto de adjudicación es susceptible del control de legalidad por parte del juez en los términos del artículo 85 del c.c.a.; en consecuencia, pesa sobre la administración la obligación de motivar, en debida forma, sus decisiones, como lo exige el ordenamiento legal. En efecto, en aplicación del principio de publicidad y sobre todo el de transparencia, el ordinal 7º del art. 24 de la ley 80 de 1993 establece que las decisiones que se adopten en la actividad contractual, entre ellas la adjudicación, deben ser motivadas en forma detallada y precisa.

 

(…)

 

Así mismo, el Consejo de Estado ha sostenido que para la prosperidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el acto de adjudicación es necesario que el demandante acredite, de un lado, que se adjudicó al oferente que no formuló la mejor propuesta, pero, al mismo tiempo, que la propuesta del demandante era la mas favorable

 

(…)

 

Para tal propósito se debe indagar si la calificación final de la administración de la licitación pública sobre la que versa el debate procesal sometido a consideración, determina las anteriores circunstancias, de conformidad con los hechos aducidos en la demanda y las pruebas que sobre los mismos obran en el proceso. En conclusión, pese al evento de aplicar los criterios y adicionar los puntos en la calificación del proceso de selección con la perspectiva que define el demandante, ello no comporta que ascienda al primer lugar en el orden de elegibilidad y mérito y, por ende, que resulte ser la mejor y más ventajosa de las propuestas presentadas en la licitación pública que se estudia

 

Como ha dicho la Sala la falta de prueba de este presupuesto lleva a desestimar las súplicas de la demanda, pues no existió el supuesto que obligaba a la administración a contratar con el demandante, cual es, que hubiera presentado la propuesta más favorable a la entidad, y por ello, la legalidad del acto frente al actor no se debilitó. Lo cierto es que el demandante no probó que era la mejor oferta, y en este sentido, como lo ha dicho la Sala, no basta demostrar que la licitación no fue adjudicada al mejor proponente, sino que es requisito indispensable para que pueda prosperar la pretensión del demandante la prueba que la suya era la mejor. Además, nótese que ni siquiera existió por parte del demandante ataque alguno a la forma como se calificó a quien resultó adjudicatario en la licitación, como tampoco a los otros proponentes que se encontraban hábiles y en el orden de elegibilidad. En tal virtud, la Sala debe reiterar la jurisprudencia antes transcrita según la cual cuando se demanda la nulidad de la decisión de adjudicación de la administración y el pago de perjuicios, ésta solo puede ser planteada por el oferente que se considere con derecho a resultar adjudicatario. Para ello deberá demostrar que su oferta es más ventajosa que la adjudicada y, a su vez, que es más ventajosa que las propuestas de los restantes oferentes. Así la jurisprudencia de la sección, como se señaló, reiteradamente, ha sostenido que quien demanda la nulidad de un acto de adjudicación debe probar: i) que su propuesta es la mejor; y ii) que la del oferente beneficiado con el mismo no reúne las exigencias legales o no es la más conveniente para la administración. (subrayado fuera de texto).

 

(…)

 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la Sala evidencia que la administración distrital, en el proceso de selección del contratista para la ejecución de las obras necesarias en las instituciones educativas de la localidad de KENNEDY no transgredió normas superiores o principios de la contratación estatal, pues el trámite licitatorio y de selección se ciño a los referentes normativos aplicables para el efecto asi como a los términos de referencia.

 

(…)

 

Por tanto, estima la Sala que al no ser contradictorias la certificación del 4 de noviembre de 2003 aportada por el Consorcio HAS 242 para acreditar la experiencia en obra y aquella de fecha 1 de octubre de la misma anualidad adjuntada como sustento de la observación elevada por el Consorcio G&M, bien hizo la administración en rechazar por improcedente las observaciones presentadas por considerar innecesaria la verificación de la información allí contenida tras no encontrar configurada una duda razonable acerca de la veracidad de su contenido, máxime si dentro del curso de la audiencia de adjudicación el Consorcio HAS 242 al replicar las intervenciones del Consorcio G&M y del Consorcio Bahía, adjuntó otra certificación expedida por el INURBE cuyo contenido ratificaba la estructura de dos plantas de las viviendas del proyecto Urbanización Siglo XXI, lo cual coincidía con lo certificado por la Alcaldesa de Sativanorte en documento del 4 de noviembre de 2003.

 

Respecto a este último punto, vale advertir que aunque no reposa en el plenario el documento expedido por el INURBE, aparece constancia de haber sido aportado al proceso de selección en el desarrollo de la audiencia de adjudicación, circunstancia que no fue materia de oposición por la demandante en el trámite de la presente actuación.

 

Por otro lado, observa la Sala que a pesar de que el consorcio demandante arrimó al plenario copia auténtica del oficio No. AMSN. 023 del 25 de enero de 2005 suscrito por el Alcalde Municipal de Sativanorte, en donde informó el estado actual de la obra correspondiente a la Urbanización Siglo XXI, la estructura de una sola planta de cada unidad de vivienda, así como las inconformidades de sus propietarios respecto a su construcción, no puede perder de vista el apelante que tal documento fue expedido después de ser adjudicada la convocatoria 242 en diciembre de 2004, es decir que no fue presentado ante la Administración antes de la celebración del contrato y tampoco fue allegado al proceso de selección para ser controvertido por el adjudicatario, razón de mas para concluir que al momento de evaluar las propuestas y adjudicar la convocatoria, no existía dudas acerca de la veracidad de la experiencia en obra del consorcio HAS 242 que impidiera a administración otorgarle el respectivo puntaje y posteriormente adjudicarle el contrato.

 

De lo narrado, a juicio de la Sala no se constituye la trasgresión al ordenamiento jurídico alegada por la actora, pues la entidad se ciñó a los parámetros normativos que rigen el principio de selección objetiva.(…)»

 

Regla

Una entidad estatal si puede ser sujeto de una acción que solicita la adjudicación de un proceso licitatorio a un proponente que argumenta tener mejor derecho porque:

 

  1. Como todo acto administrativo, el acto de adjudicación puede demandarse en tanto se considere que hay un proponente con mejor derecho.
  2. Para que con la acción se logre la adjudicación del contrato al proponente que formula la demanda, además de demostrar la ilegalidad del acto de adjudicación, este debe probar que tuvo mayor derecho sobre los demás, de lo contrario no prosperará.

Decisión

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de marzo de 2010 por el Juzgado 38 Administrativo del Circuito Judicial de Bogota, por las consideraciones expuestas.

 

SRGUNDO.- Reconocer personería a la doctora Rubiela Gamez Aguas como apoderada judicial del Distrito Capital

 

Secretaría Distrital de Educación en los términos del poder conferido a folio 260 de la presente actuación.

 

TERCERO.- Una vez cumplido lo anterior, devuélvase el expediente al juzgado de origen, previas las constancias del caso.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 24. Decreto 1 de 1984. Artículo 85.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TAD-CUN-SIII-0439-2011
Síntesis
1. SOLEMNIDADES DEL CONTRATO
Fichas
Identificadores
  • Adjudicación del contrato
  • Etapa precontractual
  • Licitación pública
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Adjudicación del contrato
  • Etapa precontractual
  • Licitación pública
  • Entidades estatales
  • Contratación estatal
  • Normativa
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