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Una entidad estatal no puede declarar la caducidad de un contrato fuera del plazo de ejecución del contrato

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-CUN-SIII-0094-2011

Identificadores

Ejecución del contrato
Caducidad del contrato
Entidades estatales
Liquidación
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación estatal
Ejecución del contrato
Caducidad del contrato
Entidades estatales
Liquidación
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Tribunal Administrativo Cundinamarca

Sentencia

TAD-CUN-SIII-0094-2011

Caso

MIEMBROS DEL CONSORCIO FARCON VS. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO -IDU-

Hechos relevantes

El 29 de abril 1999, el IDU ordenó la apertura de una licitación pública cuyo objeto fue contratar la rehabilitación de unas vías en seis zonas de Santa Fe de Bogotá.   La referida licitación fue adjudicada al consorcio demandante, sin embargo, al poco tiempo de ejecutado el contrato, el 13 de abril de 2000, el IDU impuso una multa al contratista, la que se confirmó en Agosto del mismo año.   Para el 29 de agosto de 2001, el IDU liquidó unilateralmente el referido contrato y finalmente, el 19 de septiembre de 2000, el IDU declaró la caducidad del contrato, resolución que fue confirmada en noviembre del mismo año.   Para el consorcio demandante, no hubo incumplimiento por parte de ellos como si de la entidad pública, en tanto las vías fueron entregadas al contratista en forma tardía y dosificada, sin planeación alguna y sin estudio de suelos. Por otro lado afirma que la entidad demandada pagaba las actas de avance de obra cuando a bien lo tenía, perjudicando con ello al contratista, pues se rompía la ecuación financiera al tener correr con gastos extras para poder ejecutar a tiempo el contrato.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública declarar la caducidad de un contrato en la etapa de liquidación?

Razones de la decisión

«(…) i.) Legalmente la caducidad sólo procede en caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista & que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización .
Estos dos requisitos sustanciales que deben estar presentes en forma concurrente y que corresponde evaluar a la entidad para establecer la frustración del contrato (art. 18 de la Ley 80 de 1993), sin duda, descartan que la caducidad pueda decretarse vencido el plazo de ejecución estipulado en el contrato por las partes para cumplir oportunamente y a satisfacción el objeto contractual.
En efecto, si la declaratoria de caducidad resulta viable únicamente cuando se determina por parte de la Administración que el incumplimiento del contratista es de tal magnitud y gravedad que conducirá indefectiblemente a la paralización del contrato, o sea, que irremediablemente no se cumplirá en el tiempo esperado y requerido con el objeto contractual, ello presupone que el plazo de ejecución pactado en el mismo no se encuentre vencido, pues la lógica y dinámica jurídica de esos supuestos indica que no es posible que se afecte la ejecución del contrato y se presente su paralización cuando ya ha expirado o finalizado ese plazo para el cumplimiento regular y oportuno de las prestaciones que emanan de él. La caducidad supone, entonces, un contrato ejecutivo, en curso y de ningún modo un contrato ejecutado, cumplido o finalizado el plazo o el término fijado por las partes para llevarlo a cabo en oportunidad debida .
Esta inferencia, según la cual los supuestos materiales para el ejercicio de esta potestad exorbitante condicionan y sujetan su ejercicio a la vigencia del plazo de ejecución estipulado en el contrato para el cumplimiento en tiempo de la prestación, era igualmente predicable a propósito de la caducidad regulada en el anterior estatuto contractual, Decreto ley 222 de 1983, cuyo artículo 62 consagraba las causales para su procedencia (análogas a las que establecía el art. 49 del Decreto ley 150 de 1976). Así, el incumplimiento de las obligaciones del contratista del que se derivaran consecuencias que hicieran imposible la ejecución del contrato o causaran perjuicios a la entidad pública contratante; la muerte el contratista, siempre que no se hubiera previsto la continuación del contrato con sus sucesores; la incapacidad física permanente del mismo; su interdicción judicial declarada; la disolución de la persona jurídica; y la incapacidad financiera del contratista, eran supuestos que debían producirse durante la ejecución del contrato para darlo por terminado en forma anticipada, como lo anotó en su momento la jurisprudencia .
Por consiguiente, la declaratoria de caducidad de un contrato por fuera del plazo de ejecución pactado en el contrato resulta ilegal, porque si dicho plazo ha finalizado, en ese estado, obviamente, es imposible que se presente la afectación grave y directa a su ejecución y la paralización del mismo exigida en la ley para su procedencia. (…)»

Regla

Una entidad pública no puede declarar la caducidad de un contrato en la etapa de liquidación, porque:  
  1. La caducidad sólo procede en caso de incumplimiento de las obligaciones del contratista; que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. Estos dos requisitos sustanciales que deben estar presentes en forma concurrente y que corresponde evaluar a la entidad para establecer la frustración del contrato (art. 18 de la Ley 80 de 1993), sin duda, descartan que la caducidad pueda decretarse vencido el plazo de ejecución estipulado en el contrato por las partes para cumplir oportunamente y a satisfacción el objeto contractual.
  2. La caducidad supone un contrato ejecutivo en curso y de ningún modo un contrato ejecutado, cumplido o finalizado el plazo o el término fijado por las partes.
  3. La declaratoria de caducidad de un contrato por fuera del plazo de ejecución pactado en el contrato resulta ilegal, porque si dicho plazo ha finalizado, en ese estado, obviamente, es imposible que se presente la afectación grave y directa a su ejecución y la paralización del mismo exigida en la ley para su procedencia.

Decisión

PRIMERO: Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada. SEGUNDA: Declarar la nulidad de las resoluciones 1667 del 8 septiembre de 2000 y 2032 del 21 de noviembre de 2000, por medio de las cuales el Instituto de Desarrollo Urbano IDU declaró la caducidad del contrato 444 de 1999 suscrito con el Consorcio Farcon y se resolvió un recurso de reposición, respectivamente, en los términos de la parte considerativa de esta sentencia. TERCERA: Negar las demás pretensiones de la demanda. CUARTA: Sin costas.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TAD-CUN-SIII-0094-2011
Fichas
Identificadores
  • Ejecución del contrato
  • Caducidad del contrato
  • Entidades estatales
  • Liquidación
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Ejecución del contrato
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  • Contratación estatal
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