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El Estado puede explotar reservas mineras y petroleras en tanto no se acredite que un tercero haya hecho descubierto tales yacimientos antes del 22 de Diciembre de 1969 y por lo tanto, se encuentren a nombre suyo

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19269 DE 2012

Identificadores

Régimen especial
Explotación minera
Providencias judiciales
Terceros interesados
Acción de controversias contractuales
Régimen especial
Explotación minera
Providencias judiciales
Terceros interesados
Acción de controversias contractuales

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19269 DE 2012

Caso

COMUNIDAD DE HEREDEROS DE LAS HACIENDAS SANTA BÁRBARA DE LAS CABEZAS, SAN JOSÉ DE MATA DE INDIOS O LA EMBOCADA Y OTRAS VS. ECOPETROL Y COPLEX COLOMBIA LTDA

Hechos relevantes

Afirma la demandante que es propietaria del petróleo y demás hidrocarburos que existen en el subsuelo del globo de terreno comprendido por las haciendas Santa Bárbara de las Cabezas, San José de Mata de Indios o La Embocada y otras incluidas en el área total cuyos linderos se refirieron en las pretensiones, en donde se localizan también los municipios de Valledupar, Chiriguaná y el Paso en el Departamento del Cesar, por lo que no es procedente la perforación que Ecopetrol pretende hacer en dichos terrenos teniendo como base que:

 

 

En sentencia del 15 de diciembre de 1962, la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia declaró que, por haber salido del patrimonio del Estado antes del 28 de octubre de 1873, los petróleos y demás hidrocarburos que se encontraren en el área determinda, eran de propiedad privada de las sucesiones ilíquidas de Francisco de la Cruz Trespalacios y Oscar Adolfo Cabrales y hoy lo son de la comunidad demandante.

 

Por otro lado,  en 1969, se promulgó la Ley 20 que creó un nuevo régimen jurídico de propiedad sobre las minas y que en su artículo 1º dispuso que todas las minas pertenecen a la Nación sin perjuicio de los derechos constituidos a favor de terceros, excepción que -a partir de la vigencia de esa ley- sólo comprendería las situaciones jurídicas subjetivas y concretas debidamente perfeccionadas y vinculadas a yacimientos descubiertos.

 

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 35 del Código de Petróleos y el artículo 28 del decreto 1895 de 1973, en septiembre de 1987 la comunidad demandante dio el correspondiente aviso para la perforación de un pozo, a lo cual se opuso Ecopetrol al estimar que el derecho de propiedad privada de la comunidad sobre el petróleo se había extinguido, en razón a que el artículo 1º de la Ley 20 de 1969 exigía un requisito adicional para constituirla, consistente en la demostración de la existencia de un yacimiento descubierto con anterioridad a la vigencia de dicha ley, a pesar de que la sentencia de la Corte Suprema quedó ejecutoriada e hizo tránsito a cosa juzgada siete años antes.

 

A pesar de ello, el Ministerio de Minas después de admitir expresamente la propiedad privada de la comunidad sobre el petróleo a explotar, procedió a autorizar la perforación del pozo Mata de Indios el 28 de diciembre de 1987. Sin embargo, por razones técnicas y de grave alteración del orden público se suspendió dicha perforación. Una vez superadas esas circunstancias el 22 de marzo de 1991, la comunidad comunicó al Ministerio de Minas la reiniciación de los trabajos técnicos de verificación del yacimiento descubierto, incluyendo la perforación con taladro.

 

Los demandantes alegan que el Ministerio ignoró su previa aceptación del dominio de la comunidad sobre el petróleo pues además, dispuso que la comunidad sólo podía disponer del objeto de su dominio si además del título de propiedad acreditaba su vinculación  a uno o varios yacimientos de hidrocarburos, a más tardar el 22 de diciembre de 1969.

 

La comunidad demandó dichos actos administrativos pero el Consejo de Estado denegó las pretensiones. Manifiestan, que el Ministerio de Minas entendió que con este fallo se declaró extinguido el derecho de propiedad de la comunidad sobre el petróleo y así, Ecopetrol y la compañía británica Coplex Colombia Ltd. celebraron el 2 de febrero de 1996 un contrato para la exploración y explotación de hidrocarburos de propiedad de la comunidad demandante, contrato respecto del cual, el actor sólo tuvo conocimiento en 1998, cuando avanzaron los trabajos de exploración.

Problema Jurídico

¿Puede ECOPETROL celebrar un contrato con una sociedad cuyo objeto recaía sobre los hidrocarburos existentes en el subsuelo del sector denominado "Maracas" donde un particular afirma que dichos hidrocarburos eran de su propiedad con base en una decisión judicial que así lo dispuso?

Razones de la decisión

«(…) Ninguno de los medios de prueba obrantes en el plenario da cuenta de un descubrimiento de hidrocarburos por parte de la comunidad actora en dicha área donde se lleva a cabo el contrato de asociación (sector denominado “Maracas”). Contrario sensu, de acuerdo con lo expuesto en el acápite anterior de esta providencia, el contrato demandado se acompasa con lo prescrito por el artículo 332 superior (que corresponde en esencia al artículo 202 de la Constitución de 1886), la Ley 20 de 1969 interpretada con autoridad por la Ley 97 de 1993, así como al decreto 1994 de 1989.

 

Con arreglo al marco jurídico esbozado el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. Y no basta con esgrimir una decisión judicial en apoyo del derecho particular, sino que era menester acreditar una vinculación a un yacimiento en los términos ya enunciados, lo cual no ocurrió en el sub lite.   (...)  

En tales condiciones se tiene que si bien la Corte Suprema de Justicia, en sentencia de 15 diciembre de 1962, resolvió que el petróleo y demás hidrocarburos que existieran en el terreno de las haciendas ubicadas en los predios donde se adelanta el objeto del contrato de asociación demandado, salieron de propiedad de la Nación antes de octubre de 1873 y pertenecían a las sucesiones ilíquidas de los señores Cruz Trespalacios y Trespalacios Cabrales, la comunidad demandante no acreditó que la propiedad reconocida hubiese estado vinculada a la explotación de uno o varios yacimientos petrolíferos antes de la expedición de la Ley 20 de 1969.

 

No bastaba, al tenor del marco jurídico antes esbozado, invocar como título una sentencia judicial. Se imponía la vinculación a ella de uno o varios yacimientos petrolíferos antes del 22 de diciembre de 1969, presupuesto éste último que no sólo no se acreditó en este caso ser la comunidad demandante, sino que –además- alegó que no se debía reunir, en contravía del marco jurídico aplicable. Por manera que, la comunidad actora sólo contaba con una mera expectativa, más no con un derecho constituido a su favor, para así reclamar la propiedad del subsuelo de los terrenos cuya titularidad alega.

 

Ante la falta de demostración de este especial requisito en los términos exigidos por la ley 20 de 1969, mal puede alegar ahora que el contrato que impugna versa sobre dominios que son de su propiedad; por consiguiente, no hay lugar a declarar la nulidad del negocio jurídico enjuiciado. (…)»

Regla

ECOPETROL  puede celebrar un contrato con una sociedad cuyo objeto recaía sobre los hidrocarburos existentes en el subsuelo del sector denominado "Maracas" donde un particular afirma que dichos hidrocarburos eran de su propiedad con base en una decisión judicial que así lo dispuso, porque el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes preexistentes. No basta con esgrimir una decisión judicial en apoyo del derecho particular, sino que era menester acreditar una vinculación a un yacimiento petrolíferos antes del 22 de diciembre de 1969, según la ley 20 de 1969. 

Decisión

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, la proferida el 19 de septiembre de 2000, por el Tribunal Administrativo Cesar.

 

SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente al tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta providencia.

Marco jurídico

Ley 20 de 1969. Artículos 1 y 13. Ley 97 de 1993. Decreto 1994 de 1989.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 19269 DE 2012
Síntesis
RÉGIMEN ESPECIAL
Fichas
Identificadores
  • Régimen especial
  • Explotación minera
  • Providencias judiciales
  • Terceros interesados
  • Acción de controversias contractuales
  • Régimen especial
  • Explotación minera
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