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Las entidades públicas deben requerir a los contratistas cuando van a declarar la caducidad de un contrato de arrendamiento

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 27246 DE 2014

Identificadores

Contratación estatal
Etapa contractual
Régimen de derecho privado
Ley 1150 de 2007
Debido proceso
Contrato de arrendamiento
Caducidad del contrato
Régimen de derecho privado
Etapa contractual
Caducidad del contrato
Ley 1150 de 2007
Contratación estatal
Debido proceso
Contrato de arrendamiento

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 27246 DE 2014

Caso

ÁNGEL ARTURO ECHEVERRY HOLGUÍN VS. BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

Hechos relevantes

La Beneficencia de Cundinamarca y el señor Ángel Arturo Echeverry Holguín celebraron contrato de arrendamiento, con cláusula de caducidad, sobre lote ubicado en la carrera 7ª calle 18-A y 19 de la ciudad de Bogotá.   El término del contrato fue de cinco años y el canon se estableció en doscientos mil pesos ($200.000, con un incremento anual determinado por el índice de inflación del año inmediatamente anterior.   La Beneficencia declaró la caducidad del contrato, por cuanto el contratista en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 1995 consignó la suma de $362.046 por concepto de canon de arrendamiento teniendo que ser $376.128.00, según la inflación del 22. 59% del año inmediatamente anterior.   La entidad pública durante todo el trámite administrativo no requirió al contratista para debatir las pruebas que sustentaban la caducidad del contrato o para que él presentara las razones de hecho y de derechos de su oposición.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública declarar la caducidad de un contrato de arrendamiento, omitiendo requerir al arrendador para que controvierta la decisión administrativa, sin violar el derecho al debido proceso administrativo?

Regla ampliada

Alcance del debido proceso como principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. «(…)de allí que su contenido no rige solamente los temas puntuales que mencionará y desarrollará a continuación –la multa y la cláusula penal-, sino todas las actuaciones sancionatorias, como por ejemplo: la declaración de caducidad, la declaración de un siniestro, la declaración de que un oferente se niega a suscribir el contrato estatal adjudicado[1], entre otras decisiones de similar naturaleza sancionadora.  

(…)

“La Sala también impondrá a esta norma una interpretación conforme a la Constitución, similar a la que se acaba de hacer, esto es, exigiendo la aplicación de estas garantías no sólo cuando se impone la multa o la cláusula penal, sino cuando se imponga cualquier otra sanción o carga derivada de la relación contractual. En este horizonte, carece de justificación que la caducidad se pudiera declarar sin audiencia del afectado, o sin adelantar un procedimiento previo, aduciendo que el art. 17 sólo alude a las multas y a la cláusula penal. El mismo razonamiento aplica a la declaración de un siniestro, o a cualquier otra decisión que imponga cargas o gravámenes a los involucrados en la contratación estatal.” (…)».   


[1] En un caso en el cual un oferente no suscribió el contrato estatal adjudicado, dando lugar a que la entidad declarara la situación -generándole la inhabilidad de 5 años que contempla la ley 80 de 1993-, expuso la Corte Constitucional lo siguiente, acerca de la necesidad de respetar el debido proceso en este ámbito: “En conclusión, tal como lo sostuvo el fallo de segunda instancia, el amparo debe concederse como medida excepcional por violación al debido proceso, producto de haber constatado que el accionante en el proceso contractual estudiado, demostró fehacientemente haber actuado en todo momento de buena fe, y con absoluta lealtad, como que en la misma diligencia de cierre del proceso, o a más tardar el día siguiente, y cuando menos 20 días antes de la audiencia de adjudicación- (27 de julio de 2004) puso en conocimiento de la entidad contratante el yerro cometido. Además de haberse constatado el perjuicio irremediable que se concreta en una inhabilidad de 5 años que le produce, sin lugar a dudas cuantiosos perjuicios a ella y a sus numerosos empleados, amén de que no podrá contratar con el Estado durante el próximo lustro y al tenor de lo previsto en el Art. 9° de la Ley 80 de 1993 debe  ceder o renunciar a todos los contratos que actualmente se encuentran en curso, los que  en realidad son innumerables como puede verse en la prueba anexa No. 21 (fs. 75 a 80 cuaderno anexo).” (Negrillas fuera de texto) –sentencia T-209 de 2006-

Razones de la decisión

«(...)la Sala ha considerado, cada vez con más decisión y argumentos, que las actuaciones administrativas sancionatorias contractuales están regidas por el derecho fundamental al debido proceso –art. 29 CP.-, en virtud del cual se debe garantizar a los afectados con una decisión el derecho a defenderse adecuadamente, es decir, en los términos de las garantías mínimas que contempla este derecho
(…)
Se considera que la actuación administrativa vulneró el derecho a presentar razones de defensa y pruebas, y a solicitar y controvertir las allegadas en su contra, porque previo a la declaratoria de caducidad la Beneficencia no le informó siquiera al demandante su intención de declarar el incumplimiento y la consecuente sanción, y menos le dio la oportunidad de escuchar al contratista para que expusiera las razones de hecho y de derecho de su defensa y las pruebas que pretendía hacer valer para impedir la actuación administrativa. Y es que el mismo acto administrativo demandado carece de sustento al respecto, porque omite referencia alguna al derecho de defensa que le asistía al arrendatario, por el contrario, se limita a señalar que su actuación fue en derecho
(…)
De acuerdo con esto, no pasará desapercibido que el desconocimiento del derecho de contradicción, merece el máximo reproche que el control judicial puede ejercer -la nulidad de la decisión-, sin que sea menester desorientarse pensando en que posiblemente la administración tenía razón en la decisión de fondo, porque es claro, desde hace siglos, que no basta tener la razón para que el Estado pueda actuar de cualquier manera cuando declara los derechos y menos si impone cargas u obligaciones. Admitirlo regresaría el sistema jurídico moderno al estado anterior al derecho, cuando el autoritarismo suponía que el funcionario oficial tenía la razón, y que no era necesario el ciudadano para hallar la verdad, porque aquél era capaz de tomar decisiones justas y equitativas. El tiempo enseñó que no era así, y que a los afectados con una decisión se les debía oír, y no sólo eso, se le debían extender todas las garantías del debido proceso, como lo viene haciendo el derecho moderno, a partir de la Constitución de 1991, en nuestro medio.(...)»

Regla

Una entidad pública no puede declarar la caducidad de un contrato de arrendamiento, omitiendo requerir al arrendador para que controvierta la decisión administrativa, sin violar el derecho al debido proceso administrativo, porque:
  1. Toda actuación administrativa debe estar regida por el respeto al derecho al debido proceso, lo cual involucra que se debe respetar al administrado su derecho a defenderse adecuadamente.
  2. No es suficiente que la administración tenga la razón cuando toma decisiones de fondo, sino que se debe oír al administrado y extenderle todas las garantías del debido proceso.
  3. La entidad tiene el deber de informarle al arrendador su intención de declarar el incumplimiento y la consecuente sanción.

Decisión

PRIMERO. Revócase la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 25 de febrero de 2004, que negó las pretensiones de la demanda. En su lugar se dispone:

 

SEGUNDO. Declárase la nulidad de las resoluciones Nos. 4127 del 26 de diciembre de 1995; 4225 del 28 de diciembre de 1995; 0965 del 3 de junio de 1996; 1225 del 17 de julio de 1996; 1300 del 6 de agosto de 1996, expedidas por la Beneficencia de Cundinamarca.

TERCERO. Niégase la pretensión SEGUNDA, literal A, de la demanda.

 

CUARTO. Declárase que ni Ángel Arturo Echeverry Holguín ni la compañía de seguros que respaldó sus obligaciones contractuales con la Beneficencia de Cundinamarca están obligados a pagar la cláusula penal pecuniaria de que trata la cláusula décima quinta del contrato de arrendamiento, ni la multa diaria de que trata la cláusula décima cuarta; y que el contratista tampoco estuvo incurso en inhabilidad para celebrar negocios jurídicos con la administración.

 

En todo caso, si Ángel Arturo Echeverry Holguín o la compañía de seguros que respaldó sus obligaciones pagaron a la Beneficencia de Cundinamarca la cláusula penal o alguna multa, ésta reintegrará el dinero a quien lo canceló, debidamente actualizado –conforma a la fórmula que usa el Consejo de Estado para estos efectos-, desde la fecha del pago –índice inicial- y hasta la fecha en que se haga la devolución efectiva –índice final-.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SIII E 16367 DE 2010

Marco jurídico

Ley 1150 de 2007, Artículo 17 Constitución Política. Artículo 29.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 27246 DE 2014
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Ley 1150 de 2007
  • Debido proceso
  • Contrato de arrendamiento
  • Caducidad del contrato
  • Régimen de derecho privado
  • Etapa contractual
  • Caducidad del contrato
  • Ley 1150 de 2007
  • Contratación estatal
  • Debido proceso
  • Contrato de arrendamiento
  • Normativa
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