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La terminación unilateral de un contrato estatal debe estar motivada, no puede obedecer simplemente a una declaración de la voluntad de la administración sin justificación

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

TAD-ANT-SIV-00087-2013

Identificadores

Contratación estatal
Justa causa
Interventoría
Etapa contractual
Terminación unilateral
Incumplimiento
Contratación estatal
Justa causa
Interventoría
Etapa contractual
Terminación unilateral
Incumplimiento

Sentencia

TAD-ANT-SIV-00087-2013

Caso

RAFAEL ANTONIO OQUENDO MORENO VS. MUNICIPIO DE FRONTINO

Hechos relevantes

El demandante suscribió  con el Municipio de Frontino el Contrato de Interventoría Nº 110 SDS/Planeacion-2007, el cual contaba con registro presupuestal y certificado de disponibilidad presupuestal por $25’000.000, contrato que debía iniciar a mediados de enero de 2008, por lo que el 08 de febrero presentó derecho de petición de información acerca del porque no había obtenido la orden de pago de la publicación en la gaceta, recibiendo respuesta el 18 de febrero de la misma anualidad, manifestándole que el contrato no se realizaría dado que la suerte del Contrato Nº 109 SDS/Planeación principal del que pretendía llevar a cabo la labor de interventoría no se ejecutoría.

 

No obstante asevera que el contrato 109 SDS /Planeación se había perfeccionado y que era extraño que el 18 de febrero de 2008, fecha en la que se suscribió acta de terminación de mutuo acuerdo de aquel, fue la misma fecha de la respuesta al derecho de petición elevado por el actor, y que pese a tal acuerdo, nunca se le consultó acerca de la terminación al accionante, aseverando que fue sin justa causa.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública terminar de manera unilateral un contrato de interventoría cuando no existe una justa causa que motive dicha decisión?

Razones de la decisión

« (…)Al respecto se tiene que el Municipio de Frontino en su contestación afirma que se habría dado uso a la facultad exorbitante de terminación unilateral contenida en el precepto 17 de la Ley 80 de 1993, en la medida que la necesidad del servicio público así lo requería, es decir que era una justa causa, no obstante dicha manifestación, revisado el acto mediante el cual se resuelve la petición interpuesta por el señor Rafael Antonio Oquendo en el sentido de indicarle que el contrato de interventoría no se ejecutaría en razón a que el contrato de obra principal no se llevaría a cabo, en ninguno de sus apartados se menciona como motivo el esgrimido en la contestación de la demanda, ni se allega ningún medio de convicción que respalde tal afirmación.

 

Ahora, en relación con el real motivo esgrimido en la escueta comunicación DTP-2008-015, como lo es la terminación del contrato de obra 109 Nº SDS/PLANEACIÓN-2007, se tiene que el supuesto aducido en la disposición administrativa no sólo no se ajusta a lo estipulado en la regla 17 de la Ley 80 de 1993 numeral segundo como lo indicó la a quo, sino que principalmente debe tenerse en cuenta que se está ante un Contrato de Interventoría, el cual es considerado como una modalidad del contrato de consultoría de conformidad con el precepto 32 de la Ley 80, por lo que así se haya plasmado que en efecto se estaba ante un evento de terminación unilateral del artículo 17 de la Ley 80, no es procedente la aplicación de potestades exorbitantes como la citada de terminación unilateral en el contrato bajo estudio, por expresa disposición legal, así se haya pactado; por lo tanto, su utilización por parte del municipio de Frontino, transgredió el orden jurídico. 

 

En relación al restablecimiento del derecho, es claro que ante la indebida terminación, el pronunciamiento subsiguiente debió ser la declaratoria de incumplimiento y ordenar el pago de los valores dejados de pagar más los intereses moratorios, no obstante el juzgado de primer grado estimó que no existía el suficiente material probatorio para su reconocimiento, posición de la que se aparta esta Sala de Decisión, en la medida que con las probanzas obrantes en el plenario, se puede concluir sin lugar a duda alguna que las partes acordaron en la cláusula tercera del contrato Nº 110 SDS/PLANEACIÓN-2007, el valor a reconocer al demandante por la labor contratada.

Por esta razón, ante la ilegalidad de la decisión de la entidad, ésta deberá reconocer al contratista como indemnización, la totalidad del valor de los servicios contratados y que fue pactado en el contrato de interventoría, pues según se desprende del acervo probatorio arrimado al sub lite, a la fecha de la terminación de dicho acuerdo, no se le había cancelado suma alguna. Acorde con anterior, el municipio de Frontino deberá pagar al señor Rafael Antonio Oquendo Moreno, la suma de Veinticinco millones de pesos m.l. ($25’000.000), según se desprende del hecho que no se canceló ninguna suma al momento de la terminación unilateral por parte de la administración, según lo reconocen ambas partes.(…)»

Regla

Una entidad pública no puede terminar de manera unilateral un contrato de interventoría cuando no existe una justa causa que motive dicha decisión, en razón a que:

  1. Debe tenerse en cuenta que se está ante un Contrato de Interventoría, el cual es considerado como una modalidad del contrato de consultoría de conformidad con el precepto 32 de la Ley 80, por lo que así se haya plasmado que en efecto se estaba ante un evento de terminación unilateral del artículo 17 de la Ley 80, no es procedente la aplicación de potestades exorbitantes como la citada de terminación unilateral en el contrato de interventoría, por expresa disposición legal, así se haya pactado; por lo tanto, su utilización por parte de la entidad pública , transgredió el orden jurídico. 
  2. Ante la ilegalidad de la decisión de la entidad, ésta deberá reconocer al contratista como indemnización, la totalidad del valor de los servicios contratados y que fue pactado en el contrato de interventoría.

Decisión

PRIMERO. SE MODIFICA el ordinal tercero de la sentencia del 3 de noviembre de 2011, proferida por el Juzgado Séptimo Administrativo del Circuito de Medellín, y en su lugar se dispone:

 

“TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, se CONDENA a la entidad accionada a pagar al señor RAFAEL ANTONIO OQUENDO MORENO, la suma de $25.000.000 por concepto de indemnización de perjuicios, equivalente al pago del valor del contrato adeudado.

 

Así mismo, se CONDENA al municipio de Frontino, a reconocer y pagar al demandante, por los intereses de mora por el no pago oportuno de la suma debida, los cuales se liquidarán a la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado desde la fecha de su causación, el 18 de agosto de 2008, hasta la fecha de ejecutoria de esta providencia.

 

CUARTO. Dese cumplimiento a la sentencia en los términos de los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo.”

 

SEGUNDO. No se condena en costas en esta instancia como lo prevé el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, por cuanto no aparecen causadas.

 

TERCERO. En firme este proveído, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 14 y 17.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: TAD-ANT-SIV-00087-2013
Síntesis
1.  EQUILIBRIO ECONÓMICO.
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Justa causa
  • Interventoría
  • Etapa contractual
  • Terminación unilateral
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Justa causa
  • Interventoría
  • Etapa contractual
  • Terminación unilateral
  • Incumplimiento
  • Normativa
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