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Sentencia de unificación: CE SIII E 19933 DE 2013

31-12-1969
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La documentación producida en el exterior y aportada para acreditar la experiencia de una sociedad extranjera dentro de una licitación pública, debe estar legalizada o apostillada -- (Unificación jurisprudencial: Los consorcios y uniones temporales están legalmente facultados para concurrir a los procesos judiciales)

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19933 DE 2013

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 19933 DE 2013

Caso

CONSORCIO GLONMAREX VS. CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Hechos relevantes

El 1º de noviembre de 1996, mediante Resolución No. 1276, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial declaró abierta la licitación pública No. 25 de 1996, cuyo objeto era el de contratar la construcción, por el sistema de administración delegada, de los bloques A, B, C y E, así como los acabados de los bloques A, B, C, D y E de los Tribunales Superior y Contencioso Administrativo en la ciudad de Bogotá.   La propuesta presentada por el Consorcio GLONMAREX obtuvo 975 sobre 1000 puntos posibles tras la evaluación técnica; sin embargo, en la audiencia de adjudicación, la propuesta del Consorcio GLONMAREX fue calificada en noveno lugar, con un puntaje de apenas 830 puntos.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública, dentro una licitación, no reconocer valor probatorio a la documentación producida en el exterior y aportada para acreditar la experiencia de una sociedad extranjera, cuando no se allega con la respectiva legalización o apostilla?

Regla ampliada

Unificación jurisprudencial sobre la capacidad de consorcios y uniones temporales para comparecer en procesos judiciales. «(…)En consecuencia, a partir del presente proveído se concluye que tanto los consorcios como las uniones temporales sí se encuentran legalmente facultados para concurrir, por conducto de su representante, a los procesos judiciales que pudieren tener origen en controversias surgidas del procedimiento administrativo de selección de contratistas o de la celebración y ejecución de los contratos estatales en relación con los cuales tengan algún interés, cuestión que de ninguna manera excluye la opción, que naturalmente continúa vigente, de que los integrantes de tales consorcios o uniones temporales también puedan, si así lo deciden y siempre que para ello satisfagan los requisitos y presupuestos exigidos en las normas vigentes para el efecto, comparecer a los procesos judiciales –bien como demandantes, bien como demandados, bien como terceros legitimados o incluso en la condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda–, opción que de ser ejercida deberá consultar, como resulta apenas natural, las exigencias relacionadas con la debida integración del contradictorio, por manera que, en aquellos eventos en que varios o uno solo de los integrantes de un consorcio o de una unión temporal concurran a un proceso judicial, en su condición individual e independiente, deberán satisfacerse las reglas que deban aplicarse, según las particularidades de cada caso específico, para que los demás integrantes del correspondiente consorcio o unión temporal deban o puedan ser vinculados en condición de litisconsortes, facultativos o necesarios, según corresponda. (…)»


Nota del Editor: Esta sentencia es una sentencia de unificación, que abarca el tema de la capacidad de consorcios y uniones temporales para comparecer como parte en los procesos judiciales.    

Parámetros para reclamar la reparación del daño producido por el acto administrativo que adjudica un contrato estatal «(…) Esta Corporación ha precisado que se requieren dos condiciones para que salga adelante la pretensión de declaratoria de nulidad y restablecimiento del derecho respecto del acto de adjudicación de un contrato estatal: i) que se pruebe la ilegalidad de la decisión adoptada por la Administración y ii) que la parte actora demuestre que su oferta era la mejor y que de no haberse presentado el vicio de ilegalidad habría sido la ganadora de la licitación o del correspondiente procedimiento administrativo de selección contractual. En este sentido se ha señalado: 

 

“… el éxito de la prosperidad de la pretensión de nulidad del acto de adjudicación, depende fundamentalmente, del acreditamiento del vicio de ilegalidad de este y de la prueba que permita inferir que la propuesta del demandante, estaba emplazada y merecía ser, de acuerdo con los criterios objetivos de selección, la adjudicataria, por cumplir con todos los requisitos de los pliegos de condiciones, que para el efecto se consideran ley del procedimiento de selección …”[1].(…)»  


[1] CE SIII E 12344 DE 1999

Razones de la decisión

 «(…) Por lo tanto, el incumplimiento de la administración pública, en aras de que se genere el resarcimiento de los daños irrogados al contratista, requiere que se acredite, en primer lugar, la configuración de un daño (afectación o alteración negativa a un interés legítimo o situación jurídicamente protegida) que sea personal, cierto, determinado o determinable, y que no se esté en la obligación jurídica de soportar, es decir, que sea antijurídico.

 

De igual forma, la imputación o atribución de esa lesión –la imputación– tendrá que verificarse en dos planos: i) el fáctico, comoquiera que el daño tiene que tener origen en un comportamiento activo u omisivo de la administración contratante en la celebración o ejecución del negocio, y ii) el jurídico, que supone la verificación de un fundamento normativo de la responsabilidad, el cual, tratándose de la responsabilidad precontractual del Estado puede hallarse en el desconocimiento de los principios de buena fe y de legalidad.

 

En ese orden de ideas, para que opere la responsabilidad precontractual del Estado es imprescindible que se constate o verifique la existencia de un daño antijurídico por parte del contratista –el cual puede estar referido al interés que se ve lesionado al truncarse el proceso contractual– y la imputación fáctica y jurídica del mismo a la administración contratante, por medio de la acreditación del desconocimiento de los principios de buena fe y de legalidad .    

 

 

(…)

 

En síntesis, lo que se sanciona en la etapa precontractual es la violación a los postulados legales, concretamente, al principio de planeación contractual que opera con especial rigor en la etapa de selección del contratista, así como el principio de buena fe que constituye un megaprincipio que contiene un haz de garantías y deberes como los de lealtad, información, diligencia, probidad y la prohibición de atentar contra los actos propios (venire contra factum proprium).

 

 

(…)

 

Ahora bien, de las pruebas que integran el acervo probatorio no es posible concluir que la propuesta presentada por José Luis Londoño Urrego fuera la mejor y, por lo tanto, aquél tuviera el derecho cierto a ser el adjudicatario del contrato, circunstancia por la que corresponde advertir la existencia de múltiples escenarios de responsabilidad patrimonial precontractual del Estado, entre los que se enumeran –sin ningún ánimo o finalidad de taxatividad– los siguientes: i) la violación al derecho a participar en el proceso de selección, ii) la vulneración al derecho a que la oferta sea evaluado, iii) la afectación al derecho a ser adjudicatario del contrato, y iv) la renuencia de la administración pública a suscribir y perfeccionar el contrato estatal.

 

Los anteriores supuestos son constitutivos de daños in contrahendo, bien por el desconocimiento del principio de legalidad, o por desconocimiento de los subprincipios y reglas que orientan el postulado de la buena fe en la etapa preliminar del negocio jurídico; es posible que se identifiquen más escenarios, debido a la fuerte reglamentación que existe y opera en materia precontractual, lo que no permite efectuar un listado taxativo de hipótesis que darían lugar a declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en la etapa precontractual..(…)»

Regla

Una entidad pública no puede reconocer dentro una licitación valor probatorio a la documentación producida en el exterior y aportada para acreditar la experiencia de una sociedad extranjera cuando no se allega con la respectiva legalización o apostilla porque:   1. El artículo 480 del Código de Comercio, cuya aplicación en materia de contratación estatal se abre paso por la vía de lo normado en el inciso primero del artículo 13 de la Ley 80 de 1993, con toda claridad preceptúa, que para que los documentos otorgados en el extranjero cuenten con eficacia probatoria en Colombia, deben satisfacer la exigencia de autenticación.   2. Se exige a quien pretenda obtener que un documento de cualquier índole –público o privado– tenga efectos probatorios en territorio colombiano, observar unos presupuestos que no constituyen meros formalismos, sino que se trata del procedimiento que el Legislador ha consagrado para que una pieza documental que no ha sido producida u otorgada en Colombia, pueda ser valorada en este país con un mínimo de garantías para la seguridad jurídica y para los derechos e intereses de los intervinientes en el tráfico jurídico; se trata, por lo demás, de una norma que impacta el régimen de valoración de los medios de prueba, que mal podría ser desconocida en las actuaciones administrativas de naturaleza contractual    3. La Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros, prevé la posibilidad de sustituir el procedimiento de legalización por el de apostille del documento respectivo.

Decisión

PRIMERO: UNIFICAR la Jurisprudencia en relación con la capacidad procesal que legalmente les asiste a los consorcios y a las uniones temporales para comparecer como sujetos –en condición de partes, terceros interesados o litisconsortes– en los procesos judiciales en los cuales se debatan asuntos relacionados con los derechos o intereses de los que son titulares o que discuten o que de alguna otra manera les conciernen con ocasión o por causa de la actividad contractual de las entidades estatales.    SEGUNDO: NEGAR la solicitud de nulidad procesal elevada por la Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.    TERCERO: REVOCAR la sentencia apelada, esto es la proferida el 31 de enero de 2001 por el Tribunal Administrativo de Descongestión con sede en Bogotá D.C., Sección Tercera, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído y, por consiguiente, NEGAR las súplicas de la demanda.   CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 12344 DE 1999

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 13 y 77. 

Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio). Artículo 480.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 19933 DE 2013
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Pliego de condiciones
  • Licitación pública
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Legalidad
  • Etapa precontractual
  • Legalidad
  • Contratación estatal
  • Pliego de condiciones
  • Licitación pública
  • Normativa
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