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No se puede declarar el incumplimiento del contrato sin acreditar antes el cumplimiento por parte del contratista el cual se hace a través del contrato escrito 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 27719 DE 2013

Identificadores

Contratación estatal
Entidades estatales
Incumplimiento
Pruebas
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Entidades estatales
Incumplimiento
Pruebas
Solemnidad del contrato
Etapa contractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 27719 DE 2013

Caso

AEROSERVICIOS TECNICOS DE COLOMBIA LIMITADA VS. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES

Hechos relevantes

El día 23 de enero de 1996, la Sociedad Aeroservicios Técnicos de Colombia Ltda., y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–, suscribieron un contrato de prestación de servicios cuyo objeto consistía en el parqueo de la aeronave PIPER SENECA III, PA-34-220T en las instalaciones de la primera de las entidades mencionadas, incluyendo corrida mensual de motores, por un canon mensual.

 

La entidad demandada, a partir del 21 de enero de 1997, cesó en el pago mensual de sus obligaciones permaneciendo la aeronave hasta la fecha de la demanda bajo cuidado y responsabilidad en las instalaciones de Aeroservicios Técnicos De Colombia Ltda.

 

Sin embargo, al interponer demanda por incumplimiento del contrato, la entidad demandante no pudo comprobar la existencia del contrato, por lo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales argumenta que no existe tal pretensión.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública reconocer a un contratista indemnización alguna por supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando dentro del proceso no se allega el contrato estatal o prueba de este?

Razones de la decisión

«(…) En los procesos referentes a los contratos celebrados por las entidades públicas de los cuales conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, procesalmente no hay particularidades en torno a la carga de la prueba diferentes a las que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. Lo anterior encuentra confirmación en algunas sentencias  de esta misma Sección, en las cuales se hace referencia al tema de la carga de la prueba.

 

 (…)

 

La jurisprudencia de la Sala  ha concluido, en relación con la prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, que en la generalidad de los casos su existencia depende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulaciones contractuales, así: artículo 18 del Decreto-ley 150 de 1976, artículo 26 del Decreto-ley 222 de 1983 y los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993.

 

Igualmente, ha señalado la Sala que constituye presupuesto para el perfeccionamiento de todo contrato celebrado por el Estado y regido por el Estatuto de Contratación Estatal, la formalidad del escrito, exigencia consagrada también en los estatutos contractuales que antecedieron al actualmente vigente, normas en las cuales se exigía el cumplimiento de varios requisitos que sólo podían satisfacerse si el contrato constaba por escrito. Esta formalidad de la instrumentación escrita para que el contrato alcance su perfeccionamiento –conviene reiterarlo- la exigen la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 679 de 1994, normativa que en la actualidad rige de manera general la actividad contractual de la gran mayoría de las entidades públicas.

 

(…)

 

“En este orden de ideas, el criterio que ha orientado la calificación de la acción es la existencia de un contrato, así se haya frustrado su perfeccionamiento para ejecutarlo válidamente. De tal manera que aquellas actividades que realizan los particulares para la administración pública y que debieron enmarcarse en una relación contractual pero que no se hicieron, pueden orientarse por la vía de la reparación directa siempre y cuando se den los presupuestos de la teoría del enriquecimiento sin causa: un enriquecimiento de la parte beneficiada; un correlativo empobrecimiento de la parte afectada; una relación de causalidad y la ausencia de causa jurídica.

 

“En tanto que cuando el contrato existió así no se haya perfeccionado, ese acuerdo de voluntades como convenio jurídico celebrado, puede derivar responsabilidad de la administración por la vía de la acción de controversias contractuales, la cual como se sabe puede dirigirse a que se declare la existencia, nulidad o incumplimiento de un contrato, las declaraciones, condenas o restituciones consecuenciales, su revisión y al pago de perjuicios y condenas de todo orden derivadas de la ejecución de un contrato estatal (art. 87 C.C.A)…”. 

 

(…)

 

Si bien es cierto, el Tribunal a quo como parte del deber del Juez de interpretar la demanda y garantizar el derecho a la administración de justicia, privilegiando lo sustancial sobre lo formal resolvió el asunto desde la perspectiva del enriquecimiento sin causal, al no encontrar demostrada la existencia del contrato; empero, en cuanto la parte actora precisa e insiste en sostener que la fuente del daño reclamado la constituye un contrato estatal, debe la Sala revocar la decisión de primera instancia y negar las pretensiones de la demanda comoquiera que no se probó la existencia del mencionado contrato. En efecto, como se indicó en el acápite de pruebas, el Contrato de Prestación de Servicios No. 0332 del 7 de febrero de 1996 debió aportarse en original o en copia auténtica, de conformidad con las exigencias procesales e imperativas que consagra el Código de Procedimiento Civil.

 

(…)

 

Ante la ausencia de prueba acerca de la existencia del contrato que debió servir de presupuesto, fuente y fundamento para el ejercicio de la correspondiente acción contractual, resulta jurídicamente imposible examinar si la Dirección Nacional de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-, habría celebrado el contrato en cuestión; si además habría cumplido o incumplido con sus obligaciones contractuales.

 

Como ya lo explicó la Sala, la carga de la prueba expresa las ideas de libertad, de autorresponsabilidad, de diligencia y de cuidado sumo en la ejecución de una determinada conducta procesal a cargo de cualquiera de las partes. El contenido material que comporta la carga de la prueba está determinado por la posibilidad que tienen las partes de obrar libremente para conseguir el resultado jurídico (constitutivo, declarativo o de condena) esperado de un proceso, aparte de indicarle al juez cómo debe fallar frente a la ausencia de pruebas que le confieran certeza respecto de los asuntos sometidos a su conocimiento. Por lo tanto, en los procesos referentes a los contratos celebrados por las entidades públicas de los cuales conoce la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, procesalmente no hay particularidades en torno a la carga de la prueba diferentes a las que consagra el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. (…)»

Regla

Una entidad pública no debe reconocer a un contratista indemnización alguna por supuesto incumplimiento de sus obligaciones contractuales cuando dentro del proceso no se allega el contrato estatal o prueba de este, en razón a que:

 

  1. No se puede declarar el incumplimiento del contrato sin acreditar antes el cumplimiento por parte del contratista.
  2. El contrato es la prueba válida para certificar las obligaciones que allí se estipularon fueron ejecutadas o no.
  3. En contratación estatal, se entiende como perfeccionado el contrato cuando este se encuentre por escrito, sin embargo, cuando no se realiza de esta manera, es deber del demandante acreditar que hubo voluntad de las partes para llevar a cabo obligaciones entorno a un mismo objeto contractual.
  4. La prueba de la existencia de los contratos celebrados por el Estado, depende y se acredita mediante el documento escrito, razón por la cual se reputan solemnes, tal como lo han dispuesto las distintas regulaciones contractuales.
  5. Ante la ausencia de prueba acerca de la existencia del contrato que debió servir de presupuesto, fuente y fundamento para el ejercicio de la correspondiente acción contractual, resulta jurídicamente imposible examinar si la entidad pública habría celebrado el contrato en cuestión y si además habría cumplido o incumplido con sus obligaciones contractuales. 

Decisión

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Descongestión, Sección Tercera, del Tribunal Administrativo del Cundinamarca, el diecisiete (17) de marzo de dos mil cuatro (2004), por las razones expuestas.

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

 

TERCERO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Decreto 1400 de 1970. Artículos 117 y 174. Ley 57 de 1887. Artículos 1602, 1494 y 1609. Decreto 1 de 1984. Artículos 87 y 167. Decreto-ley 150 de 1976. Artículo 18. Decreto-ley 222 de 1983. Artículo 26. Ley 80 de 1993. Artículos 39 y 41. Decreto Reglamentario 679 de 1994.

Conceptualizaciones

Carga de la prueba. « (…) La carga de la prueba es “una noción procesal que consiste en una regla de juicio, que le indica a las partes la autorresponsabilidad que tienen para que los hechos que sirven de sustento a las normas jurídicas cuya aplicación reclaman aparezcan demostrados y que, además, le indica al juez cómo debe fallar cuando no aparezcan probados tales hechos”. (…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 27719 DE 2013
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Incumplimiento
  • Pruebas
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Incumplimiento
  • Pruebas
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Normativa
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