A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Los sobrecostos generados por ajustes en el precio de un contrato estatal no requieren contar con disponibilidad presupuestal, y su pago puede ser diferido a otras vigencias fiscales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP0800 DE 2002

Identificadores

Liquidación
Sobrecostos
Moralidad pública
Contratación estatal
Etapa contractual
Acción popular
Disponibilidad presupuestal
Liquidación
Sobrecostos
Moralidad pública
Contratación estatal
Etapa contractual
Acción popular
Disponibilidad presupuestal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP0800 DE 2002

Caso

LUCIA DEL ROSARIO VARGAS TRUJILLO VS. MUNICIPIO DE YAGUARÁ (HUILA), Y OTROS.

Hechos relevantes

El 8 de mayo de 2000, el municipio de Yaguará en Huila y la Cooperativa De Municipios Y Entidades Estatales Ltda. (COMENTE) celebraron un convenio interadministrativo que tuvo por objeto la construcción de viviendas de interés social en el primer sector de la ciudadela San Pedro.   Se pactó, en la cláusula novena, que “cuando a ello hubiere lugar, la Cooperativa solicitará al Municipio el ajuste de precios y el restablecimiento del equilibrio de la ecuación económica del Convenio a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas (…)”   El día 3 de agosto de 2000 se celebró un contrato adicional mediante el cual se convinieron la ejecución de mayores cantidades de obra y de obras adicionales, éstas últimas con los mismos precios acordados en el contrato principal. El 18 de diciembre de 2000 se suscribió el acta de liquidación final del convenio principal y su adicional.   En el capítulo segundo de dicha acta se reconoció al contratista el reajuste de precios, con base en la cláusula novena del contrato principal; y se ordenó pagar $102’000.000 a la Cooperativa, por concepto de reajuste de precios, que fueron pagados el día 22 de diciembre de 2000; quedando pendiente el saldo de $127’959.132,54, compromiso que se adquirió sin disponibilidad presupuestal.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública pactar un ajuste en el precio de un contrato, cuando los sobrecostos generados no cuentan con disponibilidad presupuestal, y parte de su pago se difiere para ser cancelado en la siguiente vigencia fiscal, sin vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa?

Regla ampliada

Protección del derecho a la moralidad administrativa a través de las acciones populares exige la transgresión del ordenamiento jurídico por parte del funcionario o del Estado. « (…) Que teniendo en cuenta el carácter básicamente legislado de nuestro derecho, el estudio que debe efectuarse en las acciones populares sobre la moralidad administrativa no está encaminado a hacer un juicio volitivo o de conciencia sobre la actuación del funcionario o del Estado, pues lo perseguido a través de esta acción no es otra cosa que la protección del derecho a la moralidad administrativa, donde la evaluación de la conducta de la autoridad sólo puede hacerse bajo la perspectiva de la función administrativa, enmarcada por los principios constitucionales y las normas jurídicas. Y entonces para que pueda hablarse de vulneración a tal derecho colectivo, debe existir necesariamente una transgresión al ordenamiento jurídico, además de otros elementos adicionales, porque no toda ilegalidad atenta contra dicho derecho, debiendo probarse también la mala fe de la Administración y la vulneración a otros derechos colectivos. (…)»

Razones de la decisión

« (…) Esas disposiciones, generales y particulares, dejan en claro:   • Que para los gastos derivados del contrato pero diferentes a las prestaciones adquiridas inicialmente, por la celebración, tales como imprevistos, ajustes, revisión de precios, intereses moratorios etc, no se requiere previo a su reconocimiento de la correspondiente disponibilidad presupuestal.   • Que tanto su reconocimiento como su pago puede hacerse con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente, según el caso, o a la celebración del contrato o con cargo a la siguiente vigencia fiscal, sin que pueda decirse que se está en presencia de la adquisición de compromisos con cargo a vigencias futuras.   Por lo tanto y para el caso particular el Municipio de Yaguará no incurrió en irregularidad cuando no contó con el certificado de disponibilidad presupuestal para realizar la liquidación bilateral del contrato 001 y del adicional y determinar sumas a favor del contratista, toda vez que dicho certificado no está contemplado como requisito para el reconocimiento de ese compromiso.   (…)   Por último no se advierte desacato normativo del derecho colectivo a la “moralidad Administrativa” con el hecho relativo a que parte del gasto reconocido por el Alcalde por concepto del reajuste de precios, se haya dejado para cancelar en la siguiente vigencia fiscal, situación jurídica permitida en forma expresa por el artículo 27 de la ley 80 de 1993. Por lo tanto hay lugar a desestimar la prosperidad de la pretensión anteriormente estudiada. (…)»

Regla

Una entidad pública puede pactar un ajuste en el precio de un contrato, cuando los sobrecostos generados no cuentan con disponibilidad presupuestal, y parte de su pago se difiere para ser cancelado en la siguiente vigencia fiscal, sin vulnerar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, porque: 

 

  1. Los gastos derivados del contrato pero diferentes a las prestaciones adquiridas inicialmente, por la celebración, tales ajustes, revisión de precios, intereses moratorios, imprevistos, etc, no requieren previo a su reconocimiento de la correspondiente disponibilidad presupuestal.
  2. Tanto el reconocimiento como el pago de los ajustes al precio del contrato, pueden hacerse con cargo al presupuesto de la vigencia fiscal correspondiente, según el caso, o a la celebración del contrato o con cargo a la siguiente vigencia fiscal, sin que pueda decirse que se está en presencia de la adquisición de compromisos con cargo a vigencias futuras.

Decisión

CONFÍRMASE la sentencia proferida el día 30 de abril de 2002 por el Tribunal Administrativo del Huila.   ENVÍESE copia de esta providencia con destino a los procesos 1) contractual No. 410012331002 - 0291-265-48 iniciado por el Municipio de Yaguará contra “COMENTE”, que cursa ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Huila y 2) ejecutivo contractual No. 41-001233100020010209 01 (22952) iniciado por la Constructora Vargas contra el Municipio de Yaguará el cual se encuentra actualmente en esta Corporación, quien está conociendo del recurso de apelación de la sentencia ejecutiva proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 7 de febrero de 2002.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 25 y 27. Decreto 111 de 1996. Artículo 71. Constitución Política. Artículos 345 y 353.

Conceptualizaciones

Certificado de disponibilidad presupuestal. « (…) Los requisitos anteriores están concebidos entonces el primero o “certificado de disponibilidad presupuestal” como un instrumento a través del cual se busca prevenir que se efectúen gastos por encima del monto autorizado en el correspondiente presupuesto, y el segundo requisito o “registro” como una exigencia que busca evitar que los recursos destinados a la financiación de un determinado compromiso no se desvíen a otro fin. (…)»  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E AP0800 DE 2002
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Liquidación
  • Sobrecostos
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Disponibilidad presupuestal
  • Liquidación
  • Sobrecostos
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Disponibilidad presupuestal
  • Normativa
    S2 - Agente Virtual
    + - x
    Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

    Recomendaciones

    En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

    Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

    Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

    Términos y condiciones

    Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

    a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

    b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
    escribiendo

    Accesos directos

    Compra Pública Innovadora
    Indicadores
    Manuales, Guías y Pliegos Tipo
    Mesa de Servicio
    SECOP
    Síntesis
    Tienda Virtual del Estado Colombiano

    Cargando...