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Una entidad pública no puede negarse a  pagar las dos últimas facturas del contrato de asesoría con un particular, por considerar que hubo incumplimiento del contrato debido a que la entidad pública resultó multada en el proceso en el cual el contratista debía realizar la asesoría.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 28729 DE 2013

Identificadores

Pacta sunt servanda
Liquidación
Incumplimiento
Facturación
Contrato de prestación de servicios
Etapa postcontractual
Contratación estatal
Pacta sunt servanda
Liquidación
Incumplimiento
Facturación
Contrato de prestación de servicios
Etapa postcontractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 28729 DE 2013

Caso

PROCESOS Y DESARROLLOS TERRITORIALES Y EMPRESARIALES PRODETEM LTDA. VS.  CAJA DE PREVISION SOCIAL DE COMUNICACIONES - 

Hechos relevantes

Una entidad pública y un particular suscribieron un contrato de prestación de servicios de asesoría. El contratista afirmó haber cumplido a cabalidad con el objeto del contrato y su terminación se dio por vencimiento del plazo.

 

La entidad contratante no cumplió con el pago de las dos últimas facturas presentadas por el contratista, por considerar que tenían un valor muy elevado y que el contratista no cumplió con sus obligaciones.

 

La entidad contratante elaboró un proyecto de liquidación bilateral, donde el contratista dejó constancia de desacuerdo.

 

La entidad contratante afirmó que el contratista había incumplido con el contrato toda vez que el contratista no cumplió con su deber de entregar fórmulas de solución para los asuntos observados o glosados por la Superintendencia Bancaria, ni se siguió una metodología clara para buscar que la entidad contratante se ajustara a la Ley 100 de 1993, al paso que la entidad fue multada por la Superintendencia Bancaria cuatro meses después de la iniciación del contrato.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública negarse a pagar las dos últimas facturas del contrato de asesoría con un particular, por considerar que hubo incumplimiento del contrato debido a que la entidad pública resultó multada en el proceso en el cual el contratista debía realizar la asesoría, bajo el argumento que las facturas tenían un precio muy elevado y que de acuerdo al contrato si el contratista incumplía con sus obligaciones renunciaba previamente a pedir indemnización de perjuicios?

Regla ampliada

Incumplimiento del contrato. «(...)“La inobservancia o violación de los principios “lex contractus, pacta sunt servanda” y buena fe en la ejecución de contratos, consagrados positivamente en los artículos 1602 y 1603 del Código Civil, que suponen el carácter y la fuerza vinculante para las partes y con efectos frente a terceros de un contrato existente y válido, hace caer en responsabilidad a la parte que comete la infracción al contenido del título obligacional, y en tal caso, la ley impone el deber de reparar integralmente a la parte cumplida el daño causado, y para ello la faculta para exigir las obligaciones insatisfechas y defender los derechos que emanan del contrato en procura de satisfacer el objeto primario del mismo o, en su defecto por no ser éste posible en el tiempo (causa oportuna), su equivalente, y obtener el resarcimiento de todos los perjuicios sufridos. En tal virtud, los efectos del incumplimiento contractual por violación a la ley del contrato concretamente consisten en que, de una parte, el deudor incumplido queda expuesto a ser compelido o constreñido judicialmente a cumplir con su objeto o su equivalente y a indemnizar los daños y perjuicios y, de otra parte, surge el derecho correlativo del perjudicado a obtener ante el juez del contrato la realización de la prestación debida de ser ello posible o perseguir su subrogado y el resarcimiento por la lesión o perturbación a su derecho de crédito.”(...)»

Razones de la decisión

«(...)La Ley 80 de 1993, en su artículo 24, exige que el contrato se encuentre definido con precisión en cuanto al costo y calidad de los servicios, desde la etapa precontractual, con el fin de garantizar la transparencia en la contratación. En este caso específico se contrató la prestación de servicios de asesoría en asuntos relacionados con la actividad de vigilancia y control de la Superintendencia Bancaria, los cuales fueron determinados con base en la enumeración de los siguientes compromisos a cargo de la sociedad contratista: 1. Asesorar al Director General en la actividad de la entidad con la Superintendencia Bancaria; 2. Establecer parámetros de comunicación y colaboración con la Superintendencia Bancaria; 3. Asesorar a CAPRECOM en la elaboración de documentos a tramitar y gestiones a desarrollar ante la citada Superintendencia y 4. Asesorar a la entidad en el diseño de fórmulas de solución referidas a los asuntos observados o glosados.

 

(…)

 

i) Por otra parte, la Sala advierte que le asiste la razón a la sociedad demandante en el sentido de que tal objeto fue definido por la propia entidad contratante y se agrega que las actuaciones respectivas se encuentran amparadas por la presunción de cumplimiento de los principios de la contratación que le fijó la Ley 80 y que se encuentra probado que la sociedad contratista ejecutó el objeto contractual sin que hubiere habido reparos de CAPRECOM acerca de incumplimiento o de la forma de ejecución, mientras el contrato estuvo vigente y que habiendo trascurrido los primeros cuatro meses de prestación del servicio el propio Director de la entidad expidió una certificación acerca de su cumplimiento, la cual no se desvirtúo en esta litis.

(…)

 

se entiende que CAPRECOM tenía razones sólidas para contratar una asesoría con el fin de atender la situación que enfrentaba y que el objeto de la misma se encontró definido en el Contrato No. 004 de 1997, independientemente de cuál haya sido la suerte de la sanción impuesta, la cual como se anotó obedeció a las actividades ejecutadas por CAPRECOM en época anterior a la contratación de la sociedad contratista, las cuales precisamente se generaron por la actividad desarrollada con el personal de planta, de manera que hasta donde este aspecto fue allegado al proceso, se aprecia el ajuste del objeto contractual a los supuestos legales requeridos para el contrato de prestación de servicios.

 

Acerca del precio contratado, el cual a juicio de los funcionarios de CAPRECOM al momento de la liquidación del contrato pareció alto, no es un asunto que pueda definirse en este proceso ni menos en esta instancia, toda vez que, como advirtió la sociedad demandante, evidentemente el precio del contrato se determinó partiendo de la definición de la propia entidad contratante y de las disponibilidades presupuestales asignadas por CAPRECOM al servicio requerido, sin que se hubiera presentado pretensión ni excepción que permita entrar a valorar la complejidad ni el volumen de las materias asesoradas en relación con el precio del servicio y, por lo tanto, dado que el precio del contrato forma parte de la ley para las partes, debe ser respetado bajo el principio del “pacta sunt servanda”

 

Por otra parte, se advierte que debe tenerse por ineficaz el parágrafo de la cláusula sexta del contrato No. 004 de 1997

 

(…)

 

Lo anterior toda vez que esta cláusula dispuso la renuncia general y previa a indemnización de perjuicios en caso de incumplimiento de obligaciones por parte de la entidad contratante, frente a lo cual la Sala considera aplicable el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 que establece:

 

“Serán ineficaces de pleno derecho las estipulaciones de los pliegos o términos de referencia y de los contratos que contravengan lo dispuesto en este numeral, o dispongan renuncias a reclamaciones por la ocurrencia de los hechos aquí enunciados .”(...)»

Regla

Una entidad pública no puede negarse a  pagar las dos últimas facturas del contrato de asesoría con un particular, por considerar que hubo incumplimiento del contrato debido a que la entidad pública resultó multada en el proceso en el cual el contratista debía realizar la asesoría, bajo el argumento que las facturas tenían un precio muy elevado y que de acuerdo al contrato si el contratista incumplía con sus obligaciones renunciaba previamente a pedir indemnización de perjuicios, porque:

  1. El contrato se encuentra definido con precisión en cuanto al costo y cabalidad de los servicios desde la etapa precontractual, con el fin de garantizar la transparencia en la contratación. En este caso, se contrató la prestación de servicios de asesoría en asuntos relacionados con la actividad de vigilancia y control de la superintendencia bancaria.
  2. Se probó que mientras el contrato estuvo vigente, la sociedad contratista ejecutó el objeto contractual sin que hubieren presentado  reparos de la entidad pública acerca de incumplimiento o de la forma de ejecución. Incluso el Director de la entidad expidió una certificación acerca de su cumplimiento.
  3. La sanción impuesta a la entidad pública obedeció a las actividades ejecutadas por la entidad en época anterior a la contratación con la sociedad contratista.
  4. El precio del contrato se determinó partiendo de la definición de la propia entidad contratante y de las disponibilidades presupuestales asignadas por ésta al servicio requerido, dado que el precio del contrato forma parte de la ley para las partes, debe ser respetado bajo el principio del “pacta sunt servanda
  5. Es ineficaz de pleno derecho la cláusula donde se renuncia al derecho de pedir indemnización por perjuicios, debido a que es contraria a la ley. 

Decisión

PRIMERO: Confírmase la sentencia apelada, esto es la proferida el 23 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Sala de Descongestión, mediante la cual se declaró la existencia del contrato de asesoría No. 004 de 1997 entre la empresa Procesos y Desarrollos Territoriales y Empresariales PRODETEM LTDA., y la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM y se decretó el incumplimiento del mismo por parte de ésta última entidad, así como se decretó la nulidad de la Resolución 383 de 21 de enero de 2000 por medio de la cual se liquidó unilateralmente el contrato No. 004 de 1997 y se ordenó a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM el pago de las sumas adeudadas por razón del contrato No. 004 de 1997.

 

SEGUNDO.- Adiciónase la sentencia proferida el 23 de julio de 2004 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera Sala de Descongestión con las siguientes declaraciones y condenas

 

1. Dispóngase la liquidación del contrato No. 004 de 1997 en los términos contenidos en esta sentencia.

 

2. Condénase a la Caja de Previsión Social de Comunicaciones CAPRECOM a pagar a la sociedad Procesos y Desarrollos Territoriales PRODETEM LTDA., la suma de CIENTO TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($137’434.433,75) M/CTE.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 28729 DE 2013
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
Fichas
Identificadores
  • Pacta sunt servanda
  • Liquidación
  • Incumplimiento
  • Facturación
  • Contrato de prestación de servicios
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Pacta sunt servanda
  • Liquidación
  • Incumplimiento
  • Facturación
  • Contrato de prestación de servicios
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Normativa
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