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La no realización del procedimiento de licitación pública para la adjudicación de un contrato estatal será causal de nulidad del contrato celebrado siempre y cuando este requisito sea obligatorio

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19705 DE 2013

Identificadores

Contratación estatal
Etapa contractual
Contrato de arrendamiento
Contrato de concesión
Bienes públicos
Ley 80 de 1993
Contratación estatal
Etapa contractual
Contrato de arrendamiento
Contrato de concesión
Bienes públicos
Ley 80 de 1993

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19705 DE 2013

Caso

PROCESADORA DE CARNES LA SABANA LTDA. VS. MUNICIPIO DE YOPAL

Hechos relevantes

El 26 de diciembre de 1997, fue celebrado el contrato de arrendamiento 0214, entre el municipio de Yopal y la Procesadora de Carnes La Sabana Ltda.

 

En virtud del citado contrato, el municipio de Yopal entregó a la Procesadora de Carnes La Sabana Ltda. unas instalaciones, para el sacrificio de ganado, a título de arrendamiento.    

 

El 30 de enero de 1998, el Alcalde de Yopal ordenó iniciar una actuación administrativa orientada a terminar unilateralmente el contrato de arrendamiento 00214 de 1997, con fundamento en la facultad excepcional consagrada en el artículo 17 de la Ley 80 de 1993.

 

Para lo anterior, señaló que el arrendatario había incumplido las obligaciones del contrato, en la medida en que no había iniciado, oportunamente, las labores de sacrificio de animales, con lo cual resultaba gravemente afectado el servicio público y, de paso, los intereses de la comunidad.

 

Mediante escrito del 4 de febrero de 1998, la sociedad demandante expuso que el sacrificio de ganado no se pudo iniciar con anterioridad, porque las instalaciones arrendadas fueron entregadas con deficiencias estructurales que impedían el adecuado manejo ambiental y de aguas residuales.

 

El 19 de febrero siguiente, el Alcalde de Yopal expidió la Resolución 061, por medio de la cual dispuso terminar unilateralmente el precitado contrato, porque la planta de sacrificio no cumplía las condiciones de higiene necesarias para cumplir con las labores propias de su destinación. Añadió que el matadero no contaba con licencia ambiental y que la U.A.E de Aeronáutica Civil había enviado un escrito en el cual expresaba que la seguridad de las operaciones del aeropuerto del municipio podía verse afectada por la cercanía de la planta de sacrificio, pues alrededor de ésta sobrevolaban aves de rapiña que podían, eventualmente, ocasionar emergencias.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública celebrar un contrato de arrendamiento para la explotación de un bien público, cuando el contrato idóneo para este tipo de actividad es de concesión, sin contrariar el régimen de contratación pública?

Razones de la decisión

« (…)Queda claro así que la administración omitió adelantar el procedimiento administrativo que el ordenamiento jurídico prevé para la escogencia del concesionario (licitación pública) y tal inadvertencia atenta contra el orden público jurídico, pues las normas que informan y estructuran los procedimientos de selección son de carácter imperativo y, por lo mismo, de cumplimiento incondicional e irrestricto (artículo 16 del Código Civil), en la medida en que están previstas para proteger el interés implícito en la contratación estatal, que no es otro que el interés de la colectividad y la realización de los fines del Estado, según lo prevé el artículo 3 de la Ley 80 de 1993; así, el numeral 8, del artículo 24 de la misma ley dispone que “Las autoridades no actuarán con desviación o abuso de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en la ley. Igualmente, les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el presente estatuto”.


(…)


La celebración del contrato 00214 del 26 de diciembre de 1997 debió ser el resultado de una licitación pública, pues no existe disposición especial que exceptúe este tipo de concesión de la regla general prevista por el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 80 de 1993[1], vigente para la fecha de celebración del referido negocio.(…)»

   


[1] Disposición derogada por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007.

Regla

Una entidad pública no puede celebrar un contrato de arrendamiento para la explotación de un bien público, cuando el contrato idóneo para este tipo de actividad es de concesión, sin contrariar el régimen de contratación pública, porque:

  1. La administración omitió adelantar el procedimiento administrativo que el ordenamiento jurídico prevé para la escogencia del concesionario (licitación pública) y tal inadvertencia atenta contra el orden público jurídico, pues las normas que informan y estructuran los procedimientos de selección son de carácter imperativo.
  2. La celebración del contrato debió ser el resultado de una licitación pública, pues no existe disposición especial que exceptúe este tipo de concesión de la regla general.

Decisión

PRIMERO.- MODIFÍCASE la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare el 23 de noviembre de 2000, cuya parte resolutiva quedará así:

 

“Primero.- DECLÁRASE la nulidad total y absoluta del contrato 00214 del 26 de diciembre de 1997, celebrado entre el municipio de Yopal y Procesadora de Carnes La Sabana Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva.

 

“Segundo.-DECLÁRASE la nulidad de las Resoluciones 061 del 19 de febrero de 1998 y 164 del 31 de marzo del mismo año, proferidas por el Alcalde de Yopal (Casanare). 

 

“Tercero.- CONDÉNASE al municipio de Yopal a pagar a Procesadora de Carnes La Sabana Ltda. la suma de VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($22’162.159.36) M/CTE.

 

“No obstante, en caso de que la entidad demandada haya efectuado a la sociedad demandante el pago ordenado a través de la Resolución 1903 del 31 de diciembre de 1998, “Por medio de la cual se efectúa unilateral (sic) una liquidación y se toman otras decisiones”, el municipio de Yopal sólo estará obligado a pagar al contratista la suma de $9’029.715.60, actualizada con base en la fórmula indicada en la parte motiva de esta providencia, esto es, DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($19’708.591.60) M/CTE. 

 

“Cuarto.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda.

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

 

TERCERO.- Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por el artículo 178 del C.C.A.

 

CUARTO.- Expídase copia de la sentencia con destino a las partes, con las precisiones establecidas por el artículo 115 del Código de Procedimiento Civil.

 

QUINTO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 3 y 24.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 19705 DE 2013
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de arrendamiento
  • Contrato de concesión
  • Bienes públicos
  • Ley 80 de 1993
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de arrendamiento
  • Contrato de concesión
  • Bienes públicos
  • Ley 80 de 1993
  • Normativa
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