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Una entidad pública no puede terminar mediante acto administrativo motivado un contrato de prestación de servicios sin haberle permitido previamente el derecho a la defensa a la contratista,  aduciendo como causa que el contrato se había celebrado sin observar los requisitos de ley al no exigirse la presentación de mínimo 2 ofertas.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 30003 DE 2014

Identificadores

Entidades estatales
Terminación unilateral
Debido proceso
Etapa contractual
Contrato de prestación de servicios
Contratación estatal
Entidades estatales
Terminación unilateral
Debido proceso
Etapa contractual
Contrato de prestación de servicios
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 30003 DE 2014

Caso

MARGARITA MYRIAM SALAMANCA VARGAS VS HOSPITAL JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ

Hechos relevantes

El 5 de noviembre de 1998 se celebró entre la demandante y el demandado un contrato de prestación de servicios profesionales, en virtud del cual aquella se obligó frente a éste a realizar las gestiones necesarias e iniciar los procesos judiciales correspondientes para recaudar la cartera morosa existente en la entidad.

El término de duración del contrato se acordó en 2 años. 

 

Afirma que entre el momento de la celebración del contrato y el 11 de diciembre de 1998,  recaudó $475´654.599.00, suma ésta que entregó a la tesorería del demandado.

El 14 de diciembre de 1998 presentó ante el demandado una cuenta de cobro por un valor equivalente al 10% de lo recaudado, esto es por $47´565.460.00.

El 31 de diciembre de 1998 el representante legal del demandado otorgó poderes a favor de la demandante para que iniciara las acciones coercitivas requeridas contra algunas de las entidades que hacían parte de la cartera morosa de la entidad, diligencias que no pudo adelantar por la no entrega de los originales de las facturas y los soportes por parte de la tesorería del demandado.

 

Manifiesta que en varias oportunidades elevo escritos solicitando la entrega de los documentos requeridos para llevar a cabo su labor, solicitud que no fueron respondidas.

Mediante Resolución No. 0006 del 25 de enero de 1999 el demandado terminó unilateralmente el contrato argumentado que éste se había celebrado sin observar los requisitos de ley al no exigirse la presentación de mínimo 2 ofertas, que atentaba contra la economía del hospital generando situaciones que podrían conducir a la afectación de la prestación del servicio público, que para su celebración no existía ni existe disponibilidad presupuestal y que no se encontraba facultada para celebrar contratos con un término de duración superior a dos años.

 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública terminar mediante acto administrativo motivado un contrato de prestación de servicios sin haberle permitido previamente el derecho a la defensa a la contratista,  aduciendo como causa que el contrato se había celebrado sin observar los requisitos de ley al no exigirse la presentación de mínimo 2 ofertas, sin vulnerar el debido proceso?

Razones de la decisión

« (…) 1.   El derecho fundamental al debido proceso no sólo debe regir en todos los  procedimientos judiciales sino también en aquellos de carácter administrativo, y con mayor razón en los procesos de contratación estatal si se tiene en cuenta la finalidad que se persigue alcanzar con ellos, esto es la eficiente prestación de los servicios públicos y la satisfacción de los intereses generales.

 

En los procedimientos administrativos que se desarrollan en ejercicio de la actividad contractual también ha de hacerse efectivo el derecho al debido proceso, sobre todo cuando la administración decide dar por terminado de forma unilateral un negocio jurídico o ejerce alguna de las facultades excepcionales previstas en la ley, pues de ésta forma se le permite al contratista conocer previamente la intención decisoria de la administración con miras a que a aquel se le garantice su derecho a la defensa y a la contradicción mediante la exposición de sus razones y el aporte y petición de pruebas que considere pertinentes.

 

(…)

 

En conclusión, previamente a la imposición de una sanción o adopción de una decisión que pueda afectar al contratista, debe concedérsele la oportunidad para que exprese sus puntos de vista y ejerza su derecho de defensa y es por esta razón que no es suficiente que esas decisiones  estén  debidamente  motivadas  y  que sean  notificadas, pues hay un procedimiento de imperativo cumplimiento que debe surtirse en todas las actuaciones administrativas para garantizar el debido proceso.

 

(…)

 

 

4.2. En lo relativo a las pretensiones de nulidad se encuentra demostrado que en el presente asunto se vulneró el debido proceso de la demandante con la expedición de la Resolución No. 0006 del 25 de enero de 1999, pues por medio de ésta el demandado terminó unilateralmente el contrato sin que se hubiera agotado un procedimiento previo que le permitiera exponer a la contratista sus argumentos de defensa, solicitar y aportar pruebas y controvertir las que se allegaran en su contra.  

 

En efecto, en el expediente aparece probado que la decisión de declarar la terminación unilateral del contrato se adoptó sin que la contratista Margarita Myriam Salamanca Vargas tuviera la oportunidad de exponer sus argumentos de defensa frente a los hechos que se adujeron por la administración como motivo para adoptar ésa medida.

 

(…)

 

4.3. En cuanto al incumplimiento del contrato por el demandado, para la Sala es claro que el sólo hecho de que la administración haya decidido decretar la terminación unilateral del contrato de forma ilegal, esto es con violación del debido proceso, implica indefectiblemente afirmar el incumplimiento de la Entidad contratante, pues si se afirma que este derecho rige también en el procedimiento administrativo contractual, la sola inobservancia de las garantías que lo contienen conduce a un incumplimiento de las obligaciones adquiridas con ocasión del contrato.

 

En otras palabras, la contratante incumplió el contrato por el sólo hecho de haber ordenado su terminación unilateral con violación al debido proceso. (…)» 

Regla

Una entidad pública no puede terminar mediante acto administrativo motivado un contrato de prestación de servicios sin haberle permitido previamente el derecho a la defensa a la contratista,  aduciendo como causa que el contrato se había celebrado sin observar los requisitos de ley al no exigirse la presentación de mínimo 2 ofertas, sin vulnerar el debido proceso, porque:

  1. El derecho al debido proceso no sólo debe regir en todos los procedimientos judiciales sino también en aquellos de carácter administrativo, y con mayor razón en los procesos de contratación estatal.
  2. En los procesos administrativos que se desarrollan en ejercicio de la actividad contractual, se debe garantizar el derecho al debido proceso cuando se da por terminado de forma unilateral un negocio jurídico o ejerce alguna de las facultades excepcionales previstas en la ley, para permitirle al contratista conocer previamente la intención decisoria de la administración con miras a que aquel se le garantice su derecho a la defensa y a la contratación mediante la exposición de sus razones.
  3. Se demostró que en el presente asunto se vulneró el debido proceso de la contratista por medio de  la resolución que  terminó unilateralmente el contrato sin que se hubiera agotado un procedimiento previo que le permitiera exponer a la contratista sus argumentos de defensa, solicitar y aportar pruebas y controvertir las que se allegaran en su contra.  
  4. El hecho de que la administración haya decidido decretar la terminación unilateral del contrato de forma ilegal, esto es con violación del debido proceso, implica indefectiblemente afirmar el incumplimiento de la Entidad contratante

Decisión

PRIMERO: REVOCAR la Sentencia apelada, y en su lugar:

DECLARAR no probadas las excepciones de caducidad e indebida acumulación de pretensiones formuladas por el demandado.

DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. 0006 del 25 de enero de 1999 y No. 00210 del 26 de febrero de 1999.

DECLARAR que el demandado incumplió el contrato de prestación de servicios profesionales que celebró con la abogada Margarita Miryam Salamanca Vargas, al darlo por terminado unilateralmente con violación del derecho al debido proceso.

 CONDENAR en abstracto al demandado al pago del valor de los honorarios pactados, equivalentes al 10% de las sumas recaudadas en virtud del cobro prejurídico realizado por la contratista, todo esto de acuerdo con los parámetros ordenados en la parte motiva de ésta providencia.

Dichas sumas deberán ser actualizadas de conformidad con lo previsto en los artículos 177 y 178 del C.C.A.,

NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

 

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículo 29

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 30003 DE 2014
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Entidades estatales
  • Terminación unilateral
  • Debido proceso
  • Etapa contractual
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Entidades estatales
  • Terminación unilateral
  • Debido proceso
  • Etapa contractual
  • Contrato de prestación de servicios
  • Contratación estatal
  • Normativa
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