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Una entidad pública no debe reconocer a un contratista, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, los gastos en los que incurrió en la realización de una obra, cuando no aportó al proceso el contrato en copia original.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 26812 DE 2013

Identificadores

Contratación estatal
Contrato de obra pública
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Carga de la prueba
Contratación estatal
Contrato de obra pública
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Carga de la prueba

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 26812 DE 2013

Caso

WILMAN QUINTERO GONZÁLEZ VS NACION – CÁMARA DE REPRESENTANTES

Hechos relevantes

El 28 de diciembre de 1999 la Nación – Cámara de Representantes  y el señor Wilman Quintero González celebraron el contrato No. 2015 con el objeto de adecuar las oficinas de los asesores presidenciales, secretarías y salas de espera de la Presidencia de esa Corporación. El valor se convino en la suma de $80’928.700, por un plazo de 45 días. 

 

El 30 de diciembre de 1999 las mismas partes suscribieron el contrato No. 2042 para la adecuación y mantenimiento de la oficina de control interno, planeación y sistema de la Cámara de Representantes, por valor $90’000.000 y un plazo de 45 días.

 

Las partes acordaron que la entidad entregaría el 50% del valor del contrato como anticipo y el 50% restante se pagaría una vez culminado su objeto.

 

Como consecuencia de irregularidades presentadas en el año 2000 en la celebración de contratos, en los cuales la Cámara de Representantes era contratante, la Fiscalía Primera – Unidad Anticorrupción ordenó la suspensión temporal de los pagos pendientes de varios negocios jurídicos. Sin embargo el demandante no fue vinculado a la investigación adelantada por el ente instructor, pues los contratos con él celebrados no eran materia de averiguación.

 

No obstante, tanto la Fiscalía como la Contraloría en respuesta a la petición formulada por el actor, manifestaron que era a la Cámara de Representantes a la que le competía recibir las obras contratadas y pagar los saldos adeudados por las mismas.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública reconocer a un contratista, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, los gastos en los que incurrió en la realización de una obra, cuando no aportó al proceso el contrato en copia original?

Regla ampliada

Los contratos que celebren las entidades estatales deberán instrumentarse mediante un documento escrito. «(...) En este orden de ideas, resulta claro que los contratos que celebren las entidades estatales deberán instrumentarse mediante un documento escrito, pues sólo así podrá entenderse que el negocio jurídico se encuentra perfeccionado, es decir que existe y, en consecuencia, que está llamado a producir sus efectos.

 

La Sala, en jurisprudencia[1] que hoy reitera, ha determinado que la solemnidad del escrito para instrumentar la relación jurídico-contractual de carácter estatal constituye requisito ad substantiam actus, lo cual imposibilita acreditar la existencia misma del contrato con cualquier otro medio probatorio previsto en la ley procesal; en otras palabras, para acreditar la existencia del contrato se requiere del documento escrito debidamente suscrito por las partes, aportado en la forma prevista por la ley procesal, para que el mismo preste mérito probatorio, aserto que encuentra sólido apoyo en el ordenamiento positivo según lo evidencia el texto del artículo 187 del C. de P. C.. (...)»  


[1] Al respecto consultar las sentencias de 29 de noviembre de 2006, Exp. 16855, M.P. Fredy Ibarra Martínez y de 2 de mayo de 2007, Exp. 14464, actor: Sociedad Inversiones Luis Alfredo García, demandado: Ferrovial.

Razones de la decisión

«(…)    Como es bien sabido, el ejercicio de la acción contractual exige como presupuesto indispensable la existencia de un contrato cuya acreditación, como resulta apenas natural, debe realizarse de manera regular y oportuna dentro del proceso, con la excepción que cabe predicar respecto de los eventos en los cuales se discuta o se pretenda la declaratoria de la existencia misma del vínculo contractual.


Ocurre que en el asunto que ha sido sometido a revisión de la Sala, los documentos allegados al plenario, correspondientes a algunos antecedentes y a los propios contratos 2015 y 2042 de 1999, se encuentran aportados al expediente en copia simple, razón por la cual carecen de valor probatorio, según los dictados de las normas procesales que fueron analizadas y, por tanto, no pueden ser apreciados como si se tratase de los originales.

 

Y sucede entonces que la ausencia de prueba en relación con el contrato escrito resulta relevante para el caso que se estudia, dada la exigencia de esta formalidad como prueba de la existencia en todos los contratos celebrados por las entidades del Estado, regidos por el Estatuto de Contratación Estatal.

 

Así debe entenderse el contenido de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, Estatuto Contractual vigente para la fecha en la cual aparentemente habrían sido suscritos los contratos Nos. 2015 y 2042 de 1999.

  

En el presente caso el actor, a quien correspondía la carga de demostrar la existencia de los contratos cuyo incumplimiento se demanda y de sus antecedentes, no acreditó con documento idóneo tales hechos, pues además de no aportarlos en copia auténtica, se abstuvo de elevar en el libelo introductorio solicitud probatoria con el fin de que se ordenara a la entidad aportarlos al proceso, omisión que imposibilita a la Sala determinar si en realidad las partes celebraron los mencionados contratos, así como las prestaciones convenidas, su alcance y la determinación de aquellas ejecutadas.

Ante la ausencia de prueba acerca de la existencia de los contratos que debió servir de presupuesto, fuente y fundamento para el ejercicio de la correspondiente acción contractual, resulta jurídicamente imposible examinar si la Nación – Cámara de Representantes habría celebrado los negocios  jurídicos en cuestión y menos si habría cumplido o incumplido con sus obligaciones contractuales.

 

Ahora bien, como resulta imposible adelantar este tipo de análisis debido a la carencia de las pruebas referidas, la Sala revocará la sentencia impugnada, con fundamento en las razones expuestas y denegará las pretensiones de la demanda (…)» 

Regla

Una entidad pública no debe reconocer a un contratista, en ejercicio de la acción de controversias contractuales, los gastos en los que incurrió en la realización de una obra, cuando no aportó al proceso el contrato en copia original, porque:

  1. Los documentos allegados al plenario, correspondientes a algunos antecedentes y a los propios contratos, se encuentran aportados en copia simple, razón por la cual carecen de valor probatorio y no pueden ser apreciados como si se trata de los originales. 
  2. No acreditó con documento idóneo la celebración y la ejecución del contrato, pues además de no aportarlos en copia auténtica, se abstuvo de elevar en el libelo introductorio solicitud probatoria con el fin de que se ordenara a la entidad aportarlos al proceso, omisión que imposibilita determinar si en realidad las partes celebraron un contrato, así como las prestaciones convenidas, su alcance y la determinación de aquellas ejecutadas. 
  3. El ejercicio de la acción contractual exige como presupuesto indispensable la existencia de un contrato cuya acreditación, como resulta apenas natural, debe realizarse de manera regular y oportuna dentro del proceso. 
  4. La ausencia de prueba en relación con el contrato escrito resulta relevante para el caso que se estudia, dado que resulta jurídicamente imposible examinar si la entidad habría celebrado los negocios jurídicos en cuestión y, consecuentemente, si habría cumplido o incumplido con sus obligaciones contractuales.

Decisión

PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de diciembre de 2003, dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Sala de Descongestión y en su lugar resuelve: “PRIMERO: DENEGAR las pretensiones de la demanda.” 

SEGUNDO: En firme esta providencia DEVUELVASE el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Artículos 39 y 41

Conceptualizaciones

Ad substantiam actus. «(...)Un contrato es ad solemnitatem cuando la exteriorización es requerida bajo sanción de nulidad. Omitida la forma, el negocio queda privado de sus efectos propios, sin perjuicio de producir otros efectos diferentes. La forma es entonces exigida ad substantiam actus, es decir, que tiene valor constitutivo (...)»

 

Ad probationem. «(...)Un contrato que requiere una forma impuesta para su demostración en juicio, es ad probationem, cuando no obstante ser jurídicamente relevante, cualquiera haya sido la exteriorización elegida por las partes a los fines de su celebración, no pueda ser probado en juicio, si se lo contesta, a no ser exhibiendo aquella determinada forma”.(...)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 26812 DE 2013
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Contrato de obra pública
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Carga de la prueba
  • Contratación estatal
  • Contrato de obra pública
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Carga de la prueba
  • Normativa
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