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El equilibrio contractual se rompe cuando, por causas atribuibles a la administración, el contratista debe permanecer más tiempo e invertir recursos adicionales en la obra

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22947 DE 2013

Identificadores

Municipio
Obras adicionales o mayor cantidad de obra
Etapa contractual
Equilibrio económico
Contratación estatal
Municipio
Obras adicionales o mayor cantidad de obra
Etapa contractual
Equilibrio económico
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22947 DE 2013

Caso

SOCIEDAD VALDIVIESO Y FRANCO ASOCIADOS Y CIA LTDA. VS. AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA

Hechos relevantes

El demandante y el Área Metropolitana de Bucaramanga suscribieron un contrato estatal con el fin de construir y pavimentar algunas valles del área metropolitana. Este contrato tuvo 7 contratos adicionales que implicaron un rango de tiempo superior al pactado inicialmente, por lo que el contratista tuvo que incurrir en costos de operación y empleo de maquinaria adicionales a los pactados.

Problema Jurídico

¿Debe un municipio restablecer el equilibrio económico de un contrato debido a los valores extraordinarios en los cuales incurrió el contratista para terminar la obra pública, cuando el municipio incurrido en faltas e impericias?

Regla ampliada

Requisitos del principio de planeación. «(...) La jurisprudencia de la Sala ha sostenido repetidamente, y así lo reitera ahora , que en materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio de planeación en virtud del cual resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis suficientemente serios y completos, antes de iniciar un procedimiento de selección, encaminados a determinar, entre muchos otros aspectos relevantes: (i) la verdadera necesidad de la celebración del respectivo contrato; (ii) las opciones o modalidades existentes para satisfacer esa necesidad y las razones que justifiquen la preferencia por la modalidad o tipo contractual que se escoja; (iii) las calidades, especificaciones, cantidades y demás características que puedan o deban reunir los bienes, las obras, los servicios, etc., cuya contratación, adquisición o disposición se haya determinado necesaria, lo cual, según el caso, deberá incluir también la elaboración de los diseños, planos, análisis técnicos, etc; (iv) los costos, valores y alternativas que, a precios de mercado reales, podría demandar la celebración y ejecución de esa clase de contrato, consultando las cantidades, especificaciones, cantidades de los bienes, obras, servicios, etc., que se pretende y requiere contratar, así como la modalidad u opciones escogidas o contempladas para el efecto; (v) la disponibilidad de recursos presupuestales o la capacidad financiera de la entidad contratante, para asumir las obligaciones de pago que se deriven de la celebración de ese pretendido contrato; (vi) la existencia y disponibilidad, en el mercado nacional o internacional, de proveedores, constructores, profesionales, etc., en condiciones de atender los requerimientos y satisfacer las necesidades de la entidad contratante; (vii) los procedimientos, trámites y requisitos de que deban satisfacerse, reunirse u obtenerse para llevar a cabo la selección del respectivo contratista y la consiguiente celebración del contrato que se pretenda celebrar. (...)»

Razones de la decisión

«(…) recuerda la Sala que uno de los puntos de discrepancia del apelante frente a la sentencia impugnada radicó en que, según su juicio, las pruebas allegadas por la actora no arrojaban elementos suficientes que sirvieran de soporte para proferir una sentencia condenatoria en su contra.             Al respecto resulta menester precisar que aun cuando al plenario se aportó la correspondencia que durante la ejecución contractual presentó la sociedad ante la entidad pública, en donde se evidenciaron los tropiezos, los retardos y pormenores acaecidos en torno al cumplimiento del contrato, lo cierto es que, en entender de esta instancia, no fue sólo a partir del contenido de los documentos de su autoría que se extrajeron las conclusiones que dieron paso a la prosperidad de sus pretensiones en primera instancia. En ese sentido, no puede perder de vista la entidad recurrente que al plenario se aportó igualmente copia auténtica del contrato principal No. 234/93, de sus adicionales, así como de las actas suscritas por ambas partes del contrato, los cuales fungían como motivación y sustento para la celebración de cada contrato adicional, documentos que apreciados en conjunto permiten corroborar la realidad de lo que manifestó la sociedad contratista en la correspondencia que reiteradamente remitía a la entidad y a la sociedad interventora, en aras de lograr la pronta culminación de la obra y evitar la prolongación de su mayor permanencia   (…)   Según se pudo establecer, el incumplimiento atribuible a la entidad, en lo que atañe a su gestión predial, entrega de diseños y pago oportuno de las obras ejecutadas, fue una constante que rigió el contrato No. 234/93, al punto que por razón de esos inconvenientes surgió la necesidad de celebrar, en su gran mayoría, los contratos adicionales, por cuya virtud se extendió el plazo contractual y se generó la mayor permanencia en obra cuya reparación ahora se reclama. (…)»

Regla

Un municipio debe restablecer el equilibrio económico de un contrato debido a los valores extraordinarios en los cuales incurrió el contratista para terminar la obra pública, cuando el municipio incurrido en faltas e impericias, dado que:  
  1. Dentro del proceso hubo oportunidad de estudiar el contrato, sus adicionales, así como las actas suscritas por ambas partes del contrato, los cuales fungían como motivación y sustento para la celebración de cada contrato adicional, documentos que apreciados en conjunto permiten corroborar la realidad de lo que manifestó el contratista en la correspondencia que reiteradamente remitía a la entidad y a la sociedad interventora, en aras de lograr la pronta culminación de la obra y evitar la prolongación de su mayor permanencia.
  2. El incumplimiento atribuible a la entidad, en lo que atañe a su gestión predial, entrega de diseños y pago oportuno de las obras ejecutadas, fue una constante que rigió el contrato, al punto que por razón de esos inconvenientes surgió la necesidad de celebrar, en su gran mayoría, los contratos adicionales, por cuya virtud se extendió el plazo contractual y se generó la mayor permanencia en obra cuya reparación se reclama.

Decisión

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia proferida el veintidós (22) de junio de dos mil uno (2001) por el Tribunal Administrativo – Sala de Descongestión –Sede Cali, y en su lugar se dispone:

 

“SEGUNDO: Declarar de oficio la nulidad absoluta del contrato de obra accesoria No.01/93 y de todos sus contratos adicionales.

 

“TERCERO: Negar las pretensiones de la demanda.”

 

SEGUNDO.- Sin condena en costas.

 

TERCERO.- En firme esta providencia DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Artículo 87. Código Contencioso Administrativo.  Artículos 5, 14, 27 y 50. Ley 80 de 1993.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 22947 DE 2013
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Municipio
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Etapa contractual
  • Equilibrio económico
  • Contratación estatal
  • Municipio
  • Obras adicionales o mayor cantidad de obra
  • Etapa contractual
  • Equilibrio económico
  • Contratación estatal
  • Normativa
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