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Una Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios no puede adjudicar un contrato a un contratista cuando éste estaba incurso de una inhabilidad.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP 00549 DE 2007

Identificadores

Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
Etapa contractual
Principio de selección objetiva
Inhabilidades
Adjudicación del contrato
Acción popular
Moralidad pública
Contratación estatal
Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
Etapa contractual
Principio de selección objetiva
Inhabilidades
Adjudicación del contrato
Acción popular
Moralidad pública
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP 00549 DE 2007

Caso

ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA. VS EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E E.S.P

Hechos relevantes

Emcali, empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que opera bajo la modalidad de Empresa Industrial y Comercial del orden municipal, abrió el proceso licitatorio No. GA-DS-003-2004 para contratar la prestación del servicio de vigilancia en las dependencias de la entidad. A la licitación se presentaron cuatro empresas, entre ellas, Internacional de Seguridad Ltda. y Grancolombiana de Seguridad Valle Ltda., de manera separada, a las cuales finalmente se les adjudicó el contrato a Internacional de Seguridad Ltda.

 

Dichas empresas se hallaban incursas en causales de inhabilidad para ser adjudicatarias del contrato, inhabilidades que estaban relacionadas entre los mismos oferentes, así: 1) que socios de una empresa participante y adjudicataria, lo eran también de otra sociedad comercial que a su vez era socia de otra empresa participante y adjudicataria; 2) que socios de una empresa participante y adjudicataria, eran miembros de la junta directiva de una sociedad comercial que a su vez era socia de otra empresa participante y adjudicataria; 3) que un socio de una empresa participante y adjudicataria, era representante legal de otra sociedad comercial que a su vez era socia de otra empresa participante y adjudicataria y; 4) que un socio de una empresa participante y adjudicataria tenía vínculo de primer grado de consanguinidad con socios de una sociedad comercial que a su vez era socia de otra empresa participante y adjudicataria

Problema Jurídico

¿Puede una Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios adjudicar un contrato a un contratista, cuando éste estaba incurso de una inhabilidad, consistente en relaciones de parentesco y cercanía con los oferentes al momento de efectuarse el proceso de contratación, sin violar el derecho colectivo a la moralidad administrativa?

Razones de la decisión

«(…) No existen dudas para esta Sección en que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades constituye desarrollo directo e inequívoco de la moralidad administrativa; así lo ha entendido también la Corte Constitucional[1]. Como se dijo antes, cuando esto ocurra, es decir cuando se verifique la violación de una norma (legal) que desarrolle de manera directa el principio de moralidad administrativa, no se hace necesaria una argumentación adicional por parte del juez, como sí debe hacerse cuando no sea tan evidente la afectación  a la norma legal o la relación de esta con el precepto constitucional de la moralidad administrativa como principio que orienta la función administrativa.

 

Emcali violó los bienes jurídicos relacionados con el derecho o interés colectivo  a la moralidad administrativa cuando desconoció la presencia de las inhabilidades aludidas que detentaba Internacional de seguridad Ltda y no obstante ello, adjudicó  a esta sociedad comercial el contrato y comenzó a ejecutarlo.

 

(…)

 

En el caso objeto de análisis se verificaron dos acciones voluntarias por parte de Emcali, a través de las cuales se violaron los bienes jurídicos aludidos de la moralidad administrativa. El acto de adjudicación con el que se escogió a Internacional de seguridad Ltda[3].

 

No puede concebirse de manera alguna únicamente al acto de adjudicación como la acción violadora, pues si bien éste, trajo como consecuencia la celebración del contrato, este último también violó la moralidad administrativa, pues una de sus partes terminó siendo un sujeto de derecho que no podía conforme al ordenamiento jurídico celebrar ese negocio jurídico con Emcali. Así mismo, se sustenta esta idea, en atención a que tal como obra en el expediente (folios 39 a 57), el actor de esta acción popular solicitó la revocatoria directa del acto de adjudicación poniendo en conocimiento de la administración y argumentando las inhabilidades tantas veces mencionadas, y pese a ello el contrato se perfeccionó.

 

(…)

 

Como apenas se dijo, los actos a través de los cuales se afectó el derecho colectivo a la moralidad administrativa fueron el acto de adjudicación y el contrato celebrado entre Internacional de seguridad Ltda y Emcali. Puede decirse que la conducta lesiva de la Autoridad Pública fue escoger el contratista y contratar con él; garantizar el amparo de la moralidad administrativa entonces no se puede lograr con alguna suspensión, con alguna interrupción, ni con ninguna otra decisión distinta a dejar sin efectos la adjudicación aludida y como consecuencia dejar sin efectos el contrato mencionado. (...)»  


[1] Sentencia C-179 de 2005. Magistrado Ponente: Jaime Araujo Rentería. [2] De 22 de diciembre de 2004. Licitación Pública GA-DS-003-2004. (Folios 470 y 471). [3] Contrato No. 180-GA-PS-0024-2005 de fecha 8 de enero de 2005, cuya acta de inicio se desarrolló el 1 de marzo de 2005. (Folios 461 a 469).

Regla

Una Empresa Prestadora de Servicios Públicos Domiciliarios no puede adjudicar un contrato a un contratista, cuando éste estaba incurso de una inhabilidad, consistente en relaciones de parentesco y cercanía con los oferentes al momento de efectuarse el proceso de contratación, sin violar el derecho colectivo a la moralidad administrativa, porque:

  1. La norma del régimen de inhabilidades e incompatibilidades constituye desarrollo directo e inequívoco de la moralidad administrativa.
  2. Existieron dos acciones voluntarias por parte de la Empresa Prestadora de Servicios Públicos, a través de las cuales se violaron los bienes jurídicos aludidos de la moralidad administrativa: el acto de adjudicación con el que se escogió al contratista pese a estar incurso en causales de inhabilidad y el ulterior contrato que se perfeccionó. 
  3. Al violarse el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, se debe dejar sin efectos el proceso de adjudicación y, como consecuencia, el contrato. 

Decisión

PRIMERO. REVÓCASE la sentencia No. 171 de 22 de julio de 2005, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. DECLÁRASE violado el derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa y DENIÉGANSE las pretensiones frente a los derechos o intereses colectivos al patrimonio público y la libre competencia económica.

TERCERO. DECLÁRASE la NULIDAD del acto a través del cual se le adjudicó el contrato a Internacional de seguridad Ltda. (Acta de adjudicación de la licitación pública No. GA-DS-003-2004 de 22 de diciembre e 2004). Y la NULIDAD del contrato No. 180-GA-PS-0024-2005 celebrado entre EMCALI E.I.C.E E.S.P e Internacional de seguridad Ltda. Y ORDÉNASE proceder a la liquidación del mismo.

CUARTO. CONCÉDASE el incentivo de 10 salarios mínimos legales mensuales a favor del actor, suma esta que será cancelada por EMCALI E.I.C.E E.S.P.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CORTE CONSTITUCIONAL- C 179 de 2005

Marco jurídico

Artículo 8 de la Ley 80 de 1993

Artículo 15 de la Ley 472 de 1998

Conceptualizaciones

El derecho o interés colectivo a la moralidad administrativa. «(...) Es la expectativa de la comunidad, susceptible de ser alegada por cualquiera de sus miembros, a que la función administrativa se desarrolle conforme  a ella entendida como principio.  Esta idea comporta necesariamente una consideración de la moralidad administrativa como principio orientador de la función administrativa, pero no para establecer reglas para la actuación administrativa, ni criterios de interpretación de las mismas, sino para la realización de concretas expectativas y exigencias subjetivas.


Esta atribución a su titular, que no es exclusiva de los derechos individuales, sino que se extiende también a aquellos colectivos[2] implica la concurrencia de tres elementos: 1) La existencia de unos bienes jurídicos afectados con la conducta de quien ejerce la función administrativa 2) Una forma clara de afectación y 3) una reacción jurídica necesaria frente a la lesión.(...)»  


[1] EBERHARD SCHMIDT – ASSMANN. La teoría general del derecho administrativo como sistema. Madrid – Barcelona, Inap, Marcial Pons, 2003. pp. 72-79. En la doctrina nacional puede encontrarse sustento de esta tesis en: JORGE IVÁN RINCÓN. Las generaciones de derechos fundamentales y la acción de la Administración Publica. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2004. p.p 226-246. [2] SCHMIDT – ASSMANN con una idea de derecho fundamental no limitada a las libertades individuales señala: “Es dudoso en qué medida se pueden deducir directamente derechos subjetivos administrativos a partir de los derechos fundamentales. Esto es: si los derechos fundamentales no solo dotan de sentido interno a las normas administrativas, sino que, además, esos mismos derechos fundamentales  despliegan una suerte de “eficacia externa”.
Documento: CE SIII E AP 00549 DE 2007
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
 1. GENERALIDADES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Inhabilidades
  • Adjudicación del contrato
  • Acción popular
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Inhabilidades
  • Adjudicación del contrato
  • Acción popular
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Normativa
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