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No se considera servidor público por extensión ni sujeto activo del tipo penal de peculado por apropiación al particular que contrata verbalmente con una entidad pública, pero sí como interviniente que concurrió a la realización del tipo penal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-23656-2008

Identificadores

Servidor público
CE SIII E 01577AP DE 2005Etapa precontractual
Empresas de servicios públicos
Etapa contractual
Contratación estatal
Particular
Servidor público por extensión
Servidor público
CE SIII E 01577AP DE 2005Etapa precontractual
Empresas de servicios públicos
Etapa contractual
Contratación estatal
Particular
Servidor público por extensión

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-23656-2008

Caso

HUMBERTO CASTILLO RAMÍREZ REPRESENTANTE DE RENTA ACCIONES, CONTRATISTA DE LA ALCALDÍA DE PEREIRA

Hechos relevantes

Con los recursos de la venta en 1999 del 56% de la empresa telefónica de la ciudad de Pereira y de otros activos de la ciudad, durante la administración alcalde Luis Alberto Duque Torres se constituyó un portafolio de inversiones con la finalidad de adquirir títulos valores de diversas entidades del mercado financiero, con la participación de la firmas comisionistas de bolsa Renta Acciones, representada legalmente por Humberto Castillo Ramírez.

 

Al iniciarse la nueva administración le fue entregada por parte del Tesorero de la administración del Alcalde Duque Torres, doctor Gildardo Quintero Cardona, la relación de las inversiones presuntamente realizadas por la firma Renta Acciones, apareciendo detallada la lista de seis bonos que en total sumaban $1.339.956.311 pesos y un título TES por valor de $1.497.196.611 pesos.

 

Ante una serie de inconsistencias entre las fechas de vencimiento de los títulos, la nueva administración municipal decidió solicitarle al Banco de Colombia que le remitiera la relación de títulos que el municipio poseía en ‘custodia a través de ellos, como depositantes directos en el Depósito Centralizado de Valores del Banco de la República (D.C.V.), encontrándose con la sorpresa de que allí no había ninguno. La comisionistas de bolsa Renta Acciones envió unas fotocopias falsificadas de varios títulos supuestamente en custodia de D.C.V. y DECEVAL S.A.

 

Ante la insistencia de la administración municipal para que allegara los certificados de los títulos valores, el propio genrente de Renta Acciones manifestó que no existían tales certificados, pues él, con el dinero de los inversionistas realizaba múltiples inversiones fraccionadamente. De igual modo, se estableció que por disposición del Alcalde Duque Torres, el Secretario de Hacienda, Ramón de Jesús Ossa Loaiza, fue la persona que lideró el manejo de las mesas de dinero, sin que permitiera que otros funcionarios, entre ellos, el Tesorero Municipal, Gildardo Quintero Cardona, pudieran enterarse de la manera como se realizaban las supuestas inversiones de los dineros del municipio. No obstante,  Quintero Cardona firmó los documentos mediante los cuales se protocolizaban las falsas operaciones financieras.

 

Finalmente, se demostró que no se suscribió contrato escrito entre la administración municipal y el gerente de la empresa Renta Acciones, Humberto Castillo Ramírez, a través del cual se establecieran las condiciones mínimas de la relación contractual, específicamente las obligaciones a cargo del comisionista. Sin embargo, se emitieron diversas órdenes de compra a través de las cuales se le giraron sumas de dinero para la adquisición de los títulos valores por total de dos mil ochocientos treinta y siete millones, ciento cincuenta y dos mil novecientos veintidós pesos ($2.837.152.922), dineros que finalmente se perdieron.

Problema Jurídico

¿Puede considerar como servidor público por extensión y así mismo como sujeto activo del tipo penal de peculado por apropiación al particular que contrata verbalmente con el alcalde de un municipio el manejo y administración de los recursos provenientes de la venta de una empresa de servicios públicos?

Regla ampliada

 

Razones de la decisión

«(…) En tales condiciones, surge indispensable que para que el contrato adquiera vigencia debe estar consignado por escrito. Ahora bien, la Corte no desconoce que el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, dentro la Radicación 16862, ha dicho que “sólo en casos excepcionales se permite que la contratación estatal pueda efectuarse sin el lleno de las formalidades plenas; sin embargo, debe siempre existir orden escrita en la cual conste el objeto del contrato y la contraprestación…”. Lo anterior quiere decir que constituye un presupuesto de la existencia del contrato que el mismo conste de manera escrita.

 

En el asunto que compete la atención de la Sala, resulta nítido que el acuerdo de voluntades entre el municipio de Pereira representado por su alcalde Luis Alberto Duque Torres  (fallecido) y el señor Humberto Castillo Ramírez no se plasmó en el correspondiente contrato. No obstante, se autorizó por parte de la entidad administrativa, por razón del mismo acuerdo, el giro de los dineros con el fin de que Castillo Ramírez a través de su empresa Renta Acciones los invirtiera en la compra de títulos valores, dineros, como lo destaca el Procurador, que aquél se apropió, en la medida en que al realizarse las consultas de rigor por los nuevos funcionarios del ente municipal, es decir, los del periodo siguiente al del mentado alcalde, se encontraron con la sorpresa que no existían  los títulos valores a nombre del municipio de Pereira y, por consiguiente,  el dinero entregado tampoco apareció.

 

 (…)

 

Resulta lógico advertir que en el plano de la intervención del acusado en la comisión de la conducta punible no fue a título de determinador, como lo reconoció el instructor de primera instancia, puesto que como de igual manera lo aceptó el mismo fiscal de segundo grado entre los procesados hubo un acuerdo para desfalcar las arcas de la administración municipal de Pereira y que su intervención en la delincuencia fue principal y material, puesto que también tenía el dominio del hecho y era la persona a quien se le daba los dineros públicos, erigiéndose en su depredador; empero, como no tenía la calidad de servidor público, necesariamente, para la época en que ocurrieron los hechos debía responder como se enunció, esto es, conforme al Decreto 100 de 1980.

 

(…)

 

Así, resulta claro y evidente que Castillo Ramírez tenía el dominio del hecho dentro del comportamiento delictual, puesto que perseguía el mismo fin de los autores, dado que, reitérese, el dinero del municipio le fue entregado a él con el fin de que adquiriera a través de su empresa los títulos valores aludidos.

 

Es decir, según como se desarrollaron los hechos su concurso se hacía indispensable para defraudar al municipio de Pereira, al punto que él actúo como ejecutor material de la apropiación, en tanto que con una aparente compra de títulos valores daba visos de legalidad a una transacción, acto con el cual el dinero público entraba en los caudales privados del acusado.


Expresado de otra forma, dentro de la cadena de actos materiales, la del acusado Castillo Ramírez era la última y definitiva, habida cuenta que ella culminaba con el despojo de los dineros públicos.

 

(…)

 

Por manera que la intención de todos los acusados, entre ellos el particular, fue el de apropiarse de los dineros del Estado, acto de corrupción que se perpetró a través de la empresa de Castillo Ramírez, quien presuntamente iba adquirir varios títulos valores con el objeto de incrementar el emolumento público.

 

(…)

 

Empero, el mismo legislador previó situaciones como las aquí planteadas como es el caso en que uno de los sujetos no tenga la calificación jurídica exigida en el tipo. De ahí que se haya reglado en el mentado inciso final del artículo 30 de la Ley 599 de 2000,  que el “interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte”. (…)»

Regla

No puede considerar como servidor público por extensión y así mismo como sujeto activo del tipo penal de peculado por apropiación al particular que contrata verbalmente con el alcalde de un municipio el manejo y administración de los recursos provenientes de la venta de una empresa de servicios públicos, pero sí como interviniente, porque:

  1. El particular no adquirió la calidad de servidor público, según lo reglado por el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 -el cual establece la extensión de responsabilidad penal de los servidores públicos a los contratistas que desempeñen funciones públicas-, puesto que entre la administración municipal y el particular no hubo contrato.
  2. Constituye elemento para predicar la existencia del contrato que éste conste por escrito. De ahí que si no se cumple con dicho presupuesto necesariamente no se puede aseverar la validez del negocio jurídico.
  3. Aunque no es posible predicar la circunstancia de servidor público, sí se pudo establecer qué intervención en el hecho punible fue principal y material, ya que también tenía el dominio del hecho y era la persona a quien se le daba los dineros públicos. En consecuencia, a pesar de no cumplir con la calificación jurídica exigida en el tipo, sí actuó como interviniente, por lo que se le debe aplicar el artículo 30 de la Ley 599 de 2000 -el cual señala que el interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en su realización, se le rebajará la pena en una cuarta parte-.

Decisión

PRIMERO CASAR parcialmente la sentencia impugnada respecto de los cargos  2° (de oficio) y 4° de la demanda presentada a nombre de Humberto Castillo Ramírez.

 

SEGUNDO CASAR parcialmente la sentencia impugnada en torno al cargo 3° de la demanda presentada a nombre de Ramón de Jesús Ossa Quintero.

 

TERCERO CASAR parcialmente la sentencia impugnada respecto del cargo 1° de la demanda de casación presentada a nombre de Gildardo Quintero Cardona.

 

Como consecuencia de lo anterior, se condena a los procesados de la siguiente manera:

 

a) A  Humberto Castillo Ramírez a las penas principales de  79 meses y 15 días de prisión, multa por valor de dos mil ochocientos treinta y siete millones ciento cincuenta y dos mil novecientos veintidós pesos ($2.837.152. 922.00) pesos e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la sanción privativa de la libertad como interviniente en la conducta punible de peculado por apropiación agravada.

 

b) A Ramón de Jesús Ossa Loaiza  a las penas principales de 106  meses de prisión, multa de dos mil ochocientos treinta y siete millones ciento cincuenta y dos mil novecientos veintidós pesos ($2.837.152.922.00) e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena privativa de la libertad, como autor del delito de peculado por apropiación agravado.

 

c) A Gildardo Quintero Cardona a las penas principales de multa equivalente a 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el plazo de 12 meses como autor del punible de peculado culposo.

 

d) De la misma manera, se aclara que se condena a los tres procesados a pagar, en forma solidaria, como perjuicios materiales la suma de tres mil doscientos noventa y ocho millones doscientos ochenta y siete mil pesos ($3.298.287.000.00) de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este fallo, esto es, que en cuanto a la productividad que ha dejado de percibir ese monto, se le aplicará  el interés del 6% anual establecido en el artículo 1617 del Código Civil, hasta el instante en que se realice el pago.

 

e) Por último, se aclara que la sanción a que alude el artículo 122, inciso 2°, de la Constitución Política, será de acuerdo con lo que reglaba dicha norma antes del  Acto Legislativo 01 de 2004.

 

4) En lo demás, el fallo no sufre ninguna modificación.

 

5) Contra esta decisión no procede ningún recurso.

Marco jurídico

Decreto 100 de 1980. Artículo 145. Ley 80 de 1993.  Artículo 56.

Conceptualizaciones

Cómplice. «(…) El cómplice es quien contribuye para que la acción del autor pueda ser "causa adecuada"  de la lesión típica, es decir, quien presta ayuda en la ejecución de un hecho, función accesoria que carece de relevancia por sí misma, dado que jamás el cómplice puede serlo sin que exista un autor al cual le haya colaborado. (…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CSJ-SPENAL-23656-2008
Síntesis
Fichas
Identificadores
  • Servidor público
  • CE SIII E 01577AP DE 2005
  • Etapa precontractual
  • Empresas de servicios públicos
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Particular
  • Servidor público por extensión
  • Servidor público
  • CE SIII E 01577AP DE 2005
  • Etapa precontractual
  • Empresas de servicios públicos
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Particular
  • Servidor público por extensión
  • Normativa
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