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Un funcionario público no puede celebrar contrato de prestación de servicios con un particular, el cual no reúne las cualidades necesarias para entrar a suplir  la deficiencia que se presenta en la entidad, sin incurrir en el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-18135-2008

Identificadores

Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Etapa contractual
Etapa precontractual
Contratista
Servidor público
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Etapa contractual
Etapa precontractual
Contratista
Servidor público

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-18135-2008

Caso

BERNABÉ CELIS CARRILLO, PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE SANTANDER

Hechos relevantes

Bernabé Celis Carrillo presidente de la Asamblea Departamental de Santander, celebro contrato de prestación de servicios con el abogado Pedro Gerardo Tabares Correa, el objeto del contrato era la realización por parte de este  de estudios de las diversas situaciones laborales en que se hallaban los Diputados para el reconocimiento y pago de sus cesantías.

 

El contratista escogido para desarrollar el objeto contractual del convenio que para tal efecto celebró el Presidente Asamblea en este caso Pedro Gerardo Tabares Correa, conservaba una amistad especial y de años con el funcionario público, además   como abogado no ha realizado ninguna especialización en alguna de las ramas del derecho,  sólo contaba con una inclinación por el derecho administrativo y experiencia  de 19 años como empleado y funcionario de la rama judicial, en  su larga trayectoria en el ejercicio de la profesión, se había desempeñado, como asesor del representante del Ministerio de Educación Nacional para colaborar en asuntos relacionados con el fondo prestacional, y  como asesor jurídico de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga.

Problema Jurídico

¿Puede un funcionario público celebrar contrato de prestación de servicios con un particular, el cual no reúne las cualidades necesarias para entrar a suplir  la deficiencia que se presenta en la entidad, entorno a conceptos de jubilación y pensión de diputados, sin incurrir en el delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales?

Regla ampliada

Las reglas del principio de legalidad en materia de contratación pública «(…)y que conforman el núcleo esencial de la antijuridicidad material (…) dada la naturaleza funcional del bien jurídico de la administración pública. Por eso es que, poco importa que la administración no se haya visto perjudicada económicamente, o que sus objetivos se hayan cumplido, pues lo que el tipo penal protege no son los bienes materiales de la administración, sino los principios y fundamentos de la administración pública (…)”; tesis que posteriormente reiteró la Sala cuando advirtió que “la ausencia de intención de obtener provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, que consagraba el artículo 146 del Código Penal en vigencia del cual sucedieron lo hechos y que suprimió por innecesario el 410 del actual, se derivaba del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal aplicables a la contratación administrativa, en consideración a que el objeto de protección del tipo penal es el principio de legalidad en la contratación estatal, cuyo quebrantamiento por el servidor público estructura objetivamente la conducta así el resultado práctico del convenio sea beneficioso para la administración (…)»

Razones de la decisión

«(…) En relación con la ilicitud en mención, tiene dicho la jurisprudencia de la Corte que en ella incurre el servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin la observancia de los requisitos legales esenciales, lo celebre o lo liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos; ello implica que en la función administrativa contractual todos los procedimientos que deban desarrollarse con ocasión del contrato -preparación, celebración, ejecución y liquidación- han de cumplirse con estricto apego a la Carta Política y a las normas legales que la rigen, en cuanto uno de los principios que gobierna la contratación de la administración pública es el de legalidad. 


(…)


Los contratos de prestación de servicios profesionales, como en el asunto a examen, son de carácter restrictivo en cuanto obedecen a situaciones de la administración que merecen especial atención; es un contrato con el Estado “a través del cual se vincula una persona natural el forma excepcional, para suplir actividades o labores relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar actividades especializadas que no puede asumir el personal de planta (…)”

Es práctica recurrente -ha advertido un sector de la doctrina- acudir a esa modalidad contractual a través del mecanismo excepcional de la escogencia del contratista conforme a los parámetros procedimentales del parágrafo del Art. 3° del Dto. 855 de 1994, lo cual no significa que el contrato de prestación de servicios profesionales por su misma naturaleza -excepcional y restrictiva- no se encuentre sujeto plenamente a los principios de economía y transparencia y, primordialmente, al deber de selección objetiva; una tal situación conlleva a la demostración fehaciente de las especiales calidades personales y/o profesionales del contratista que sirvieron de fundamento para su escogencia, las cuales deben colocarlo “en una posición de superioridad en conocimientos, técnicas, destrezas, experiencia, etc., respecto de otros sujetos similares del mercado.”

De ese contenido testimonial claro se ve que la selección del contratista, contrariamente a lo sostenido por el defensor, no se hizo de manera objetiva, escogencia que obedeció más bien a un criterio de subjetividad, a los lazos de amistad existentes entre Tabares Correa y el representante legal para ese momento de la entidad pública contratante, CELIS CARRILLO. En este concreto evento, por parte alguna sostiene el procesado que hubiese acudido a otras fuentes con el fin de examinar diferentes propuestas de profesionales expertos en la labor a desarrollar.(…)»  

Regla

Un funcionario público no puede celebrar contrato de prestación de servicios con un particular, el cual no reúne las cualidades necesarias para entrar a suplir  la deficiencia que se presenta en la entidad ,entorno a conceptos de jubilación y pensión de diputados, sin incurrir en el delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales porque:

  1. Los contratos de prestación de servicios profesionales, son de carácter restrictivo en cuanto obedecen a situaciones de la administración que merecen especial atención.
  2. Es un contrato con el Estado a través del cual se vincula a un particular, para que supla actividades relacionadas con la administración o con el funcionamiento de la entidad, que no pueden asumir el personal de planta.

Decisión

NO REPONER la providencia del 6 de marzo del año en curso, por cuyo medio la Sala calificó el mérito sumarial en este asunto con resolución acusatoria en contra del hoy Senador BERNABÉ CELIS CARRILLO, conforme a las motivaciones plasmadas en el cuerpo de este pronunciamiento.

Marco jurídico

Ley  80 de 1993. Decreto ley 100 de 1980. Artículo 146.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CSJ-SPENAL-18135-2008
Fichas
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  • Contrato sin el lleno de los requisitos legales
  • Etapa contractual
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