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Un particular al cual se le adjudicó un contrato cuyo sin realizar los estudios de conveniencia por parte de la entidad, incurre en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en la modalidad de coautor

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-35121-2011

Identificadores

Principio de planeación
Etapa contractual
Etapa precontractual
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Departamento
Particular
Contratista
Contratación estatal
Contratación
Función pública
Principio de planeación
Etapa contractual
Etapa precontractual
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Departamento
Particular
Contratista
Contratación estatal
Contratación
Función pública

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-35121-2011

Caso

HUMBERTO PÁEZ REY, ROMÁN ZARATE OLAYA, PARTICULARES COMO CONTRATISTAS DEL ESTADO

Hechos relevantes

La Secretaria de Salud del departamento de Santander suscribió una serie de contratos correspondientes al Plan de Atención Básico en el área de promoción y prevención de salud, con los señores Humberto Páez Rey, Román Zarate Olaya, el objeto del contrato era la  producción de material educativo y capacitación a la comunidad en la prevención de enfermedades. Durante la etapa precontractual no se realizó estudio de conveniencia alguno en referencia al objeto contractual.

Problema Jurídico

¿Puede considerase que a un particular, al cual se le adjudicó un contrato cuyo objeto era la  producción de material educativo y capacitación a la comunidad en la prevención de enfermedades, incurre en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en la modalidad de coautor, al no cumplir este con los requisitos de que trata   el principio de transparencia y planeación, aun cuando no ejerce una función pública?

Razones de la decisión

«(…) Ahora bien, impera recordar que en no pocas providencias esta Colegiatura ha acogido el referido criterio, en punto de señalar que si bien el artículo 56 de la Ley 80 de 1993 asigna la calidad de servidor público para efectos penales al contratista, interventor, consultor y asesor en todo lo concerniente a la celebración de contratos, tal carácter se adquiere únicamente cuando en razón del contrato estatal, aquellos, quienes por regla general fungen como particulares, de manera excepcional asumen funciones públicas, esto es, cuando el contrato les transfiere una función de tal naturaleza, no cuando, como ocurre en la mayoría de situaciones, se trata de una labor simplemente material.  


En tal sentido ha dicho esta Corporación[1] refiriéndose al caso de un particular contratado por el INAT para realizar la labor netamente material de suministrar e instalar material requerido para el funcionamiento de algunas bombas utilizadas en el riego:

“El particular que contrata con la administración pública se compromete a ejecutar una labor o una prestación conforme al objeto del contrato y en virtud de ese convenio, de conformidad con los artículos 123- 3 y 210-2 de la C. P., puede ejercer funciones públicas temporalmente o en forma permanente, siendo la naturaleza de esa función la que permite determinar si puede por extensión asimilarse a un servidor público para efectos penales, ejemplo de tales eventualidades son las concesiones, la administración delegada o el manejo de bienes o recursos públicos” (subrayas fuera de texto).  


(…)


De acuerdo con los precedentes jurisprudenciales y con la referida sentencia de constitucionalidad puede concluirse que el particular asume la condición de servidor público únicamente cuando desarrolla funciones propias de las autoridades públicas, por ejemplo, al adquirir el carácter de concesionario, o administrador delegado o se le encomienda la prestación de un servicio público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o el manejo de bienes públicos, etc., situación sustancialmente diversa a cuando, como en este asunto, en los términos del Tribunal Constitucional, el particular se constituye en un colaborador o instrumento de la entidad estatal para la realización de actividades o prestaciones que interesan a los fines públicos, pero no en un delegatario o depositario de sus funciones”. (…)»

 


[1] Sentencia del 27 de abril de 2005. Rad. 19562.

Regla

No puede considerase que a un particular, al cual se le adjudicó un contrato cuyo objeto era la producción de material educativo y capacitación a la comunidad en la prevención de enfermedades, sin que la entidad pública contratante hubiere adelantado los estudios de conveniencia   incurre en el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales en la modalidad de coautor por el incumplimiento de los  principios de transparencia y planeación, aun cuando no ejerce una función pública, en razón a que:
  1. El delito en alusión requiere para que la conducta sea típica calidades especificas del sujeto activo, para el caso se requiere de un servidor público.
  2.  El contrato celebrado por el particular no tenían por objeto delegar o transferir funciones públicas al contratista, sino únicamente la realización de actividades de la entidad oficial en procura de asegurar algunos de sus objetivos públicos en beneficio de la comunidad.
  3. Al no ser confiada función pública alguna, carece de la condición de servidor público, motivo por el cual está en absoluta imposibilidad de tener la condición de coautor. No obstante puede ser copartícipe, esto es, determinador o cómplice, en la medida que tales figuras no requieren la calificación del sujeto activo exigida en los tipos penales especiales.

Nota del editor. La Corte manifestó que el contratista debía responder por el delito de celebración de contrato sin el cumplimento de los requisitos legales en la modalidad de copartícipe  y que a la fecha ya había prescrito la acción penal.

Decisión

1. CASAR PARCIALMENTE el fallo impugnado, en el sentido de cesar procedimiento por prescripción de la acción penal del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales a favor de HUMBERTO PÁEZ REY y ROMÁN ZARATE OLAYA, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. EXTENDER los efectos casacionales de la anterior decisión a los no recurrentes Elaudina Navarro Gélvez y Omar Almeida Duarte.

3. NO CASAR la sentencia impugnada respecto de los acusados ISABEL OSORIO DE MOSQUERA y FOCIÓN SOTO MÉNDEZ.

4. COMPULSAR, a través de la Secretaría, las copias dispuestas en la parte motiva de esta sentencia.

Contra este proveído no procede recurso alguno.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CSJ-SPENAL-19562-2005

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Ley 599 de 2000.Artículo 410.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CSJ-SPENAL-35121-2011
Fichas
Identificadores
  • Principio de planeación
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Contrato sin el lleno de los requisitos legales
  • Departamento
  • Particular
  • Contratista
  • Contratación estatal
  • Contratación
  • Función pública
  • Principio de planeación
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Contrato sin el lleno de los requisitos legales
  • Departamento
  • Particular
  • Contratista
  • Contratación estatal
  • Contratación
  • Función pública
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