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Un funcionario incurre en el delito de celebración de contrato sin el lleno de los requisitos legales al celebrar convenios interadministrativos por encargo de los superiores jerárquicos, cuando es de conocimiento de las partes que las  situaciones fácticas hacen imposible la ejecución del contrato

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CSJ-SPENAL-36279-2013

Identificadores

Delegación
Convenio interadministrativo
Función pública
Causales de exoneración de responsabilidad
Contratación estatal
Etapa contractual
Responsabilidad Penal
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Asociación
Delegación
Convenio interadministrativo
Función pública
Causales de exoneración de responsabilidad
Contratación estatal
Etapa contractual
Responsabilidad Penal
Contrato sin el lleno de los requisitos legales
Asociación

Entidad

Corte Suprema de Justicia

Sentencia

CSJ-SPENAL-36279-2013

Caso

RAMIRO HERNÁN DÍAZ GARCÍA, DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SABANA CENTRO (ASOCENTRO)

Hechos relevantes

En el año de 1996, los alcaldes de los municipios de Cajicá, Chía, Zipaquirá, Cogua, Nemocón y Sopó autorizaron al director ejecutivo de la Asociación de Municipios de la Sabana Centro (Asocentro), Ramiro Hernán Díaz García, a que suscribiera un convenio interadministrativo, con el fin de adquirir un software que permitiera a los asociados actualizarse en las normas que en esa época regían la contabilidad pública.

 

Para tal efecto, el señor Díaz García suscribió un convenio interadministrativo con la señora Martha Cediel Peñuela, representante legal de la Cooperativa Interegional de Colombia Limitada (Coinco Ltda.) que a su vez, suscribió un contrato con el señor Carlos Orlando Ruiz Cerón, representante de la firma Tool Box Ingenieros Asesores Ltda. Del total de la suma por la que se pactó el contrato, se pagó un anticipo del 40%.

 

Sin embargo, por múltiples razones, el objeto del contrato no pudo ser cumplido, lo que ocasionó perjuicios a la Asociación de municipios.

  Al señor Díaz García, se le imputa entonces ser coautor del delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Sin embargo, el acusado alega que su actuación se limitó a obedecer a los alcaldes como “superiores jerárquicos” en la escogencia de la oferta más barata, según lo disponía la Ley 80 de 1993, por respeto reverencial, o temor a perder su empleo etc., lo que lo exonera de toda responsabilidad penal, pues se encuentra respaldado por la causal de justificación que reza que no habrá antijuricidad en tanto se obre en cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.

Problema Jurídico

¿Puede el director ejecutivo de una sociedad estatal celebrar convenios interadministrativos por encargo de los miembros de la asociación, cuando es de conocimiento de las partes que las  situaciones fácticas hacen imposible la ejecución del contrato, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales? 

Razones de la decisión

«(…)2. Aun cuando no hay un consecuente desarrollo desde el plano de lo teórico sobre a cuál de las hipótesis de error dentro de los supuestos del numeral 10° en cita se acompasa la conducta de Díaz García, pues la censora se detiene exclusivamente en el devenir fáctico, es manifiesto que el argumento restringe el ámbito de la responsabilidad que en su condición de servidor público correspondía al procesado al adelantar los dos actos de la administración, tanto el Convenio con Coinco Ltda., como en el contrato con Tool Box Ltda. que, conforme lo advierte el Procurador, estaba destinado exactamente a cumplir el mismo objeto, cuando lo que se ha reprochado es precisamente no haber contado con los supuestos técnicos mínimos que hicieran realizable el contrato más allá del plano meramente formal de su aparente sujeción a las normas de la contratación. 

 

Es que el argumento reiterado según el cual Díaz García cumplió estrictamente con el objeto del contrato, comporta una visión formalista sobre los presupuestos de la contratación pública. Nadie desconoce y no está puesto en discusión, que se hubiera fijado un precio y el objeto del mismo, pero sobre un supuesto material para ejecutar el contrato que era inexistente, lo cual puso en evidencia la propia incuria para contratar, como que ninguna de las alcaldías de los municipios de Cajicá, Cogua, Chía, Nemocón, Tabio, Tenjo y Zipaquirá en donde deberían instalarse los programas o software estatales, tenía los computadores e infraestructura mínima para hacerlo, es decir, que el contrato en los términos de su objeto se sabía por anticipado no podía cumplirse.

 

(…)

 

3. Ahora bien, se adujo en las instancias y ahora en casación con miras al motivo 4° de ausencia de responsabilidad, que Díaz García actuó por órdenes de los alcaldes, sus superiores, interesados en que se suscribiera el contrato No.810 a través del convenio interadministrativo No. 301 celebrado entre Asocentro y Coinco Ltda., como si tal circunstancia pudiere eximirlo de responsabilidad, cuando se le acusó por ser quien directamente suscribió el convenio con la Cooperativa Coinco Ltda., sin mediar la más mínima planeación, análisis sobre la necesidad y conveniencia de implementar el software nuevo para los municipios en mención, sin que la circunstancia de ser dependiente directo de los alcaldes en manera alguna pueda servir para exonerarlo de cumplir con el régimen para la contratación pública previsto en la Ley 80 de 1993.

 

Por lo demás, la designación de Díaz García como Director Ejecutivo de la Asociación de Municipios de la sabana Centro Asocentro, por parte de los alcaldes de los municipios que la integraban, no lo liberaba de las obligaciones que en desarrollo de sus funciones públicas realizara, ni era un simple ejecutor automatizado en el orden de esa jerarquía y por ende carente entonces de responsabilidad por sus actos pretextando dicho vínculo, pues no emerge admisible sostener que por ese motivo sus actos fueran producidos en un ámbito de simple cumplimiento de órdenes que lo liberaran de cualquier responsabilidad pública. (…)»

Regla

El director ejecutivo de una sociedad estatal no puede celebrar convenios interadministrativos por encargo de los miembros de la asociación, cuando es de conocimiento de las partes que las  situaciones fácticas hacen imposible la ejecución del contrato, sin incurrir en el delito de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, porque:

 

  1. Es deber de cualquiera que se celebre un contrato estatal la observancia de las situaciones para conocer si es viable o no la celebración de actos jurídicos, aun cuando la decisión de celebrarlo sea propia o por encargo de terceros.
  2. Aun cuando se actúa por orden de terceros jerárquicamente superiores, no se libera de las funciones públicas que todo contratante debe analizar, según los principios de la contratación estatal del Estatuto General de la Contratación.

Decisión

No casar la sentencia impugnada.

 

Contra esta decisión no procede recurso alguno.

Marco jurídico

Ley 80 de 1993. Ley 599 de 2000. Artículo 32.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CSJ-SPENAL-36279-2013
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  • Función pública
  • Causales de exoneración de responsabilidad
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Responsabilidad Penal
  • Contrato sin el lleno de los requisitos legales
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  • Delegación
  • Convenio interadministrativo
  • Función pública
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