A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

La cláusula de multa pactada en el contrato procede por incumplir la obligación de presentar informes mensuales y diarios de tránsito.

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20001030

Identificadores

Incumplimiento
Interventoría
Etapa contractual
Multas
Contratación estatal
Incumplimiento
Interventoría
Etapa contractual
Multas
Contratación estatal
Incumplimiento
Interventoría
Etapa contractual
Multas
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS "SOP" VS. EL CONSORCIO COLOMBIANO ARGENTINO CON.COL.AR.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un consorcio un contrato de consultoría para la realización de labores de interventoría en el marco del programa de recuperación y mantenimiento de la malla vial, en el que se pactó una cláusula de multas en la que se tipificaban los hechos constitutivos de las mismas y el procedimiento para su imposición. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública, previo agotamiento del trámite contractual, imponer una multa al contratista por no presentarse  el primer  informe mensual y los informes diarios de tránsito pactados en el contrato?

Razones de la decisión

«(...) Respecto del informe mensual, encuentra el tribunal que era jurídicamente viable su presentación dentro de los plazos pactados inicialmente en el contrato; toda vez que para la entidad contratante no era indispensable que la información en él incluida correspondiera a un momento preciso de la ejecución del contrato de obra. Así se desprende del texto del contrato de interventoría y de la declaración del doctor Mauricio Bustamante Pérez, que obra a folio 499 del cuaderno principal número 2 y que expresa, respecto de los mencionados informes mensuales de interventoría, tal como fueron previstos en el contrato:


“Por supuesto, el informe mensual de interventoría es un requisito formal establecido en los pliegos y en el contrato para que la administración pueda hacer un seguimiento formal del desarrollo de las obras y del desarrollo de la interventoría, prácticamente esa periodicidad se consideró adecuada para tener un informe estricto sobre el seguimiento del contrato, ya que 3 informes de interventoría deberían unirse para formar el trimestre a partir del cual se evaluaba el constructor, entonces, tener informes intermedios era bastante ilustrativo sobre el avance de las obras para que la administración pudiera tomar durante el plazo del trimestre las determinaciones que considerara convenientes en relación con el desarrollo mismo del contrato, esa es básicamente la filosofía de ese informe”.


La circunstancia de que luego se modificaron los términos de entrega no puede interpretarse como el reconocimiento de que la entrega del primer informe mensual fuera jurídicamente imposible; para el tribunal es claro que con ello se pretendió dar mayor eficacia a la gestión del interventor sin que esta conducta significara el reconocimiento de que la información que se debía suministrar en los términos inicialmente pactados fuera inútil o imposible de obtener.


(...)


Finalmente, sobre los informes diarios de que trata el numeral 4º de la sección 2.15.3 del anexo 1 de los términos de referencia del ya mencionado contrato de interventoría, encuentra el tribunal que ninguna disposición contractual había dispuesto que se elaborara el informe contentivo de la situación base para las mediciones del impacto de la intervención de la malla vial sobre el tráfico de la ciudad, con una anterioridad de quince días respecto del inicio de las obras. Al contrario, el pliego de condiciones (cdno. de pruebas 1, fls. 243 y ss.) es claro en que el informe de las condiciones iniciales del contrato debía elaborarse en las primeras dos semanas de ejecución del contrato de interventoría, condiciones iniciales que, por lo demás, no condicionan jurídicamente la elaboración de los informes diarios de tránsito.


Adicionalmente no existe disposición contractual alguna que determine que el informe de las condiciones iniciales haya debido elaborarse con datos de primera mano. De esta manera, concluye el tribunal que la pretendida imposibilidad jurídica de elaborar los informes diarios a que se refieren los términos del concurso que dio lugar a la celebración del contrato de interventoría no existe, como lo pretende la demandante.


De otra parte, con el fin de aclarar lo concerniente a la supuesta imposibilidad técnica para elaborar los informes diarios, y proceder a redactar el presente laudo, recuerda el tribunal que se decretó el dictamen pericial que obra en el expediente, donde consta que si bien el informe de la situación base no era indispensable para la elaboración de los informes diarios y que el contratista había podido emplear información secundaria disponible, de ser ello necesario, para cumplir con esta obligación contractual. (...)»

Regla

Una entidad pública sí puede, previo agotamiento del trámite contractual, imponer una multa al contratista por no presentarse el primer informe mensual y los informes diarios de tránsito pactados en el contrato, porque:
  1. La presentación del informe mensual era jurídicamente viable dentro de los plazos pactados inicialmente en el contrato, ya que para la entidad contratante no era indispensable que la información en él incluida correspondiera a un momento preciso de la ejecución del contrato de obra.
  2. El informe mensual de interventoría es un requisito formal establecido en los pliegos y en el contrato para que la administración pública pueda realizar un seguimiento formal al desarrollo de las obras y del desarrollo de la interventoría.
  3. La modificación de los términos de entrega de informe no puede interpretarse como el reconocimiento de que la entrega del primer informe mensual fuera jurídicamente imposible o inútil; ya que con ella se pretendió dar mayor eficacia a la gestión del interventor.
  4. Respecto a los informes diarios de tránsito, ninguna disposición contractual condiciona su presentación a la entrega de de otros informes, como el de condiciones iniciales, por lo que no era imposible jurídicamente su presentación. Debe tenerse en cuenta que para la elaboración de los mismos el contratista había podido usar información de otras fuentes. 
Nota del editor. Debe tenerse en cuenta que el laudo fue fallado con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007 que modificó el Estatuto General de la Contratación Pública en el tema de multas.

Decisión

  1. No prosperan las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.
  2. No prospera la objeción por error grave formulada al dictamen pericial decretado de oficio por el tribunal.
  3. En cuanto a la primera pretensión de la demanda se declara que el Consorcio Colombo Argentino, CON.COL.AR, incurrió en las conductas que tipifican las causales de multa previstas en los numerales 2° y 5° de la cláusula 22 del contrato 493 del 21 de noviembre de 1997.
  4. Declarar que el valor de las multas que se han tipificado, asciende a la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000).
  5. Condenar en forma solidaria al Consorcio Colombo Argentino integrado por las sociedades Consultoría Óscar G. Grimaux y Asociados SAT, y Citeco Consultora S.A., a pagar al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Obras Públicas, SOP, la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000). De conformidad con lo previsto en las cláusulas 22 y 23 del contrato 449 de 1997 salvo en lo que concierne a los intereses de que trata la pretensión cuarta.
  6. Declarar que no prospera la pretensión cuarta de la demanda.
  7. Sin costas a cargo de las partes.

Laudo

TA-CCB-20001030

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

El cobro de intereses moratorios no procede frente a las multas que han sido objetadas por parte del contratista

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20001030

Identificadores

Intereses moratorios
Multas
Etapa contractual
Contratación estatal
Intereses moratorios
Multas
Etapa contractual
Contratación estatal
Intereses moratorios
Multas
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS "SOP" VS. EL CONSORCIO COLOMBIANO ARGENTINO CON.COL.AR.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un consorcio un contrato de consultoría para la realización de labores de interventoría en el marco del programa de recuperación y mantenimiento de la malla vial, en el que se pactó una cláusula de multas en la que se tipificaban los hechos constitutivos de las mismas y el procedimiento para su imposición. 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública cobrar intereses moratorios  por no haberse procedido al descuento  del valor de la multa debido a la objeción del documento en el que se pone en conocimiento al contratista de la ocurrencia de la misma, sin que constituya una agravación de la pena?

Razones de la decisión

«(...) Es evidente que la consagración de un sistema de multas como mecanismo para allegar recursos al erario público repugna al régimen de contratación estatal y a los fines previstos por él, así como a la lógica de todo contrato, que obedece a una dinámica de cumplimiento y no a la contraria —de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso—, como podría deducirse de una primera aproximación al problema en este proceso.

 

En efecto, dado el carácter accesorio de la pena, su finalidad es permitir que la obligación principal se cumpla y no hacer del incumplimiento de la primera un objetivo propio del contrato.


(...)


Las consideraciones doctrinarias anteriores ligadas a la normativa del Código Civil colombiano que se contiene principalmente en los artículos 1593 y 1594, impide al intérprete considerar el mecanismo de multas que se contiene en el contrato de interventoría, como un mecanismo automático de generación de recursos que surge por el retardo o el incumplimiento de las obligaciones principales del contrato, cuando el contratista hace uso de su legítimo derecho de objetar las apreciaciones que sobre generación de sanciones de apremio haga la entidad contratante.


Por las anteriores consideraciones, los llamados intereses moratorios a que se hace alusión en la pretensión de la demanda son en realidad una agravación de la sanción y están involucrados en el límite del diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato que consagra la cláusula 22 del mismo, por lo cual esta pretensión no podrá prosperar.(...)»

Regla

La entidad pública no debe cobrar los intereses moratorios por no haberse procedido al descuento del valor de la multa debido a la objeción del documento en el que se pone en conocimiento al contratista de la ocurrencia de la misma, sin que constituya una agravación de la pena, porque:

  1. La consagración de un sistema de multas como mecanismo para allegar recursos al erario público repugna al régimen de contratación estatal y a los fines previstos por él, así como a la lógica de todo contrato, que obedece a una dinámica de cumplimiento.
  2. La finalidad de la multa es permitir que la obligación principal se cumpla y no hacer del incumplimiento de la obligación principal un objetivo propio del contrato.
  3. La normatividad del Código Civil impide al intérprete considerar el mecanismo de multas que se contiene en el contrato de interventoría, como un mecanismo automático de generación de recursos que surge por el retardo o el incumplimiento de las obligaciones principales del contrato, cuando el contratista hace uso de su legítimo derecho de objetar las apreciaciones que sobre generación de sanciones de apremio haga la entidad contratante.
  4. Los intereses moratorios están involucrados en el límite del diez por ciento (10%) del valor estimado del contrato que consagra la cláusula 22 del contrato.
Nota del editor. Debe tenerse en cuenta que el laudo fue fallado con anterioridad a la ley 1150 de 2007, que modificó el Estatuto General de la Contratación Pública en el tema de multas.

Decisión

  1. No prosperan las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.
  2. No prospera la objeción por error grave formulada al dictamen pericial decretado de oficio por el tribunal.
  3. En cuanto a la primera pretensión de la demanda se declara que el Consorcio Colombo Argentino, CON.COL.AR., incurrió en las conductas que tipifican las causales de multa previstas en los numerales 2° y 5° de la cláusula 22 del contrato 493 del 21 de noviembre de 1997.
  4. Declarar que el valor de las multas que se han tipificado, asciende a la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000).
  5. Condenar en forma solidaria al Consorcio Colombo Argentino integrado por las sociedades Consultoría Óscar G. Grimaux y Asociados SAT, y Citeco Consultora S.A., a pagar al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Obras Públicas, SOP, la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000). De conformidad con lo previsto en las cláusulas 22 y 23 del contrato 449 de 1997 salvo en lo que concierne a los intereses de que trata la pretensión cuarta.
  6. Declarar que no prospera la pretensión cuarta de la demanda.
  7. Sin costas a cargo de las partes.

Conceptualizaciones

La mora.  «(...)De acuerdo con lo establecido en los artículos 1608, 1613, 1617 del Código Civil, la mora en las obligaciones dinerarias, y la de pagar una multa de apremio lo es, está ligada al retardo o al incumplimiento en el pago de una obligación. Y únicamente puede hablarse de retardo o de incumplimiento cuando el pago de una obligación cuando aquellos solo son imputables al deudor, quien de alguna manera se sitúa en un plano de ilegitimidad que genera para el acreedor un perjuicio.(...)»

Laudo

TA-CCB-20001030

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

La cláusula de multa pactada en el contrato procede por incumplir la plantilla mínima de personal

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20001030

Identificadores

Etapa contractual
Contratación estatal
Interventoría
Multas
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Interventoría
Multas
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Interventoría
Multas
Incumplimiento

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

DISTRITO CAPITAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS "SOP" VS. EL CONSORCIO COLOMBIANO ARGENTINO CON.COL.AR.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un consorcio un contrato de consultoría para la realización de labores de interventoría en el marco del programa de recuperación y mantenimiento de la malla vial, en el que se pactó una cláusula de multas en la que se tipificaban los hechos constitutivos de las mismas y el procedimiento para su imposición. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública, previo agotamiento del proceso contractual, imponer una multa al contratista que se encuentra  pactada en el contrato de interventoría, debido a que no vinculó de forma real, ni reemplazó a un integrante de la plantilla mínima de personal?

Razones de la decisión

«(...)Debe advertirse que la obligación de CON.COL.AR sobre plantilla mínima de personal tiene la modalidad de que su cumplimiento debe ser total y que la falta de cualquiera de sus integrantes produce la violación total de la obligación en comentario. O sea, en el presente caso, la falta del subdirector de tráfico implica incumplimiento total de la obligación sobre plantilla mínima.
(...)   5.2. Por tanto, como CON.COL.AR era la obligada a tener desde la iniciación de la obra un subdirector de tráfico de las características ya anotadas, no cabe considerar que la ausencia de dicho funcionario fuera ajena a las responsabilidades de la entidad que debía haberlo incluido en su plantilla mínima de personal, o sea se trataría, en el mejor de los casos, de un evento fortuito interno que no la exonera de su responsabilidad contractual.
(...)
Se trata de un caso evidente de responsabilidad directa de una persona por los hechos u omisiones propias. En efecto, CON.COL.AR no desarrolló la diligencia necesaria para subsanar la ausencia del subdirector de tráfico que ella misma había escogido, lo que implica un agravante a su incumplimiento y responsabilidad.
(...)   Además, del acervo probatorio resulta evidente que no existe más prueba de la vinculación real del ingeniero Henao al consorcio que el dicho de la parte. Como lo expresa el ingeniero Narváez, representante legal de CON.COL.AR en la actualidad, no existe en los archivos de esa entidad ningún documento donde conste que efectivamente el mencionado profesional fue vinculado de manera estable para integrar la plantilla mínima de personal en los términos previstos en el contrato.(...)»

Regla

La entidad pública sí puede, previo agotamiento del proceso contractual, imponer una multa al contratista que se encuentra  pactada en el contrato de interventoría, debido a que no vinculó de forma real, ni reemplazó a un integrante de la plantilla mínima de personal porque:
  1. Se configuró un incumplimiento de las obligaciones relativas a la plantilla mínima de personal, ya que la falta de cualquiera de sus integrantes produce la violación total de la obligación.
  2. La entidad estaba obligada desde la iniciación de la obra a tener un subdirector de tráfico, con los requisitos exigidos en el contrato.
  3. No se actuó con la diligencia necesaria para subsanar la ausencia del subdirector de tráfico que ella misma había escogido, lo que implica un agravante a su incumplimiento y responsabilidad.
  4. Del acervo probatorio no se evidencia la vinculación real del ingeniero donde conste que efectivamente el mencionado profesional fue vinculado de manera estable para integrar la plantilla mínima de personal en los términos previstos en el contrato.
Nota del editor. Debe tenerse en cuenta que el laudo fue fallado con anterioridad a la expedición de la Ley 1150 de 2007, que modificó el Estatuto General de la Contratación Pública en el tema de multas.

Decisión

  1. No prosperan las excepciones de mérito propuestas por la parte demandada.
  2. No prospera la objeción por error grave formulada al dictamen pericial decretado de oficio por el tribunal.
  3. En cuanto a la primera pretensión de la demanda se declara que el Consorcio Colombo Argentino, CON.COL.AR, incurrió en las conductas que tipifican las causales de multa previstas en los numerales 2° y 5° de la cláusula 22 del contrato 493 del 21 de noviembre de 1997.
  4. Declarar que el valor de las multas que se han tipificado, asciende a la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000).
  5. Condenar en forma solidaria al Consorcio Colombo Argentino integrado por las sociedades Consultoría Óscar G. Grimaux y Asociados SAT, y Citeco Consultora S.A., a pagar al Distrito Capital de Santafé de Bogotá, Secretaría de Obras Públicas, SOP, la suma de un mil cien millones de pesos ($ 1.100.000.000). De conformidad con lo previsto en las cláusulas 22 y 23 del contrato 449 de 1997 salvo en lo que concierne a los intereses de que trata la pretensión cuarta.
  6. Declarar que no prospera la pretensión cuarta de la demanda.
  7. Sin costas a cargo de las partes.

Conceptualizaciones

Cláusula penal. «(...)“Entendida, pues, la cláusula penal como el negocio constitutivo de una prestación penal de contenido patrimonial, fijada por los contratantes, de ordinario con la intención de indemnizar al acreedor por el incumplimiento o por el cumplimiento defectuoso de una obligación, por norma general se le aprecia a dicha prestación como compensatoria de los daños y perjuicios que sufre el contratante cumplido, los cuales, en virtud de la convención celebrada previamente entre las partes, no tienen que ser objeto de prueba dentro del juicio respectivo, toda vez que, como se dijo, la pena estipulada es una apreciación anticipada de los susodichos perjuicios, destinada en cuanto tal a facilitar su exigibilidad. Esa es la razón, entonces, para que la ley excluya la posibilidad de que se acumulen la cláusula penal y la indemnización de perjuicios, y solamente por vía de excepción, en tanto medie un pacto inequívoco sobre el particular, permita la acumulación de ambos conceptos, evento en el que, en consecuencia, el tratamiento jurídico deberá ser diferente tanto para la pena como para la indemnización, y donde, además, la primera dejará de ser observada como una liquidación pactada por anticipado del valor de la segunda, para adquirir la condición de una sanción convencional con caracterizada función compulsiva, ordenada a forzar al deudor a cumplir los compromisos por él adquiridos en determinado contrato”(...)»

Laudo

TA-CCB-20001030

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TA-CCB-20001030
Síntesis
SÍNTESIS LAUDOS - ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Incumplimiento
  • Interventoría
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Incumplimiento
  • Interventoría
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Incumplimiento
  • Interventoría
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Intereses moratorios
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Intereses moratorios
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Intereses moratorios
  • Multas
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Interventoría
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Interventoría
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Interventoría
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Documentos
    Laudo Arbitral - Octubre 30 de 2000
    Normativa
    S2 - Agente Virtual
    + - x
    Hola, soy S2, el Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. ¿En qué puedo ayudarle?

    Recomendaciones

    En la parte superior encontrará dos pestañas, una contiene una lista de temas y en la otra aquellos que son más consultados.

    Puede empezar a preguntar escribiendo su duda en el campo que está al final del chat.

    Si desea una copia de la conversación, puede enviarla a su correo electrónico. En la parte inferior izquierda de la pantalla, encontrará un ícono que le permite hacer esa operación.

    Términos y condiciones

    Estimado usuario. Bienvenido a S2, Agente Virtual de Colombia Compra Eficiente. Antes de hacer uso de esta herramienta, tenga en cuenta lo siguiente:

    a. El propósito de S2 es resolver dudas sobre la aplicación general de las normas y las herramientas que Colombia Compra Eficiente ha desarrollado para el Sistema de Compra Pública. Las respuestas incorporadas en S2 son de carácter general y se producen de manera automática. Si usted tiene dudas concretas frente a las normas del Sistema de Compra Pública o sobre la operatividad de las plataformas SECOP I y SECOP II, le recomendamos enviarnos una consulta al siguiente link: (LINK PQRS).

    b. Las respuestas de S2 tienen el alcance previsto en el numeral 5° del artículo 3° del Decreto 4170 de 2011. Los conceptos allí contenidos no son de carácter vinculante ni comprometen la responsabilidad de esta Entidad.
    escribiendo

    Accesos directos

    Compra Pública Innovadora
    Indicadores
    Manuales, Guías y Pliegos Tipo
    Mesa de Servicio
    SECOP
    Síntesis
    Tienda Virtual del Estado Colombiano

    Cargando...