A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Una entidad pública no puede exigirle al contratista que los acabados de la obra se hagan con el concreto a la vista, sin que ello haya sido previsto en el pliego de condiciones

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20040331

Identificadores

Etapa contractual
Adiciones contractuales
Pliego de condiciones
Contratación estatal
Sobrecostos
Contrato de obra pública
Etapa contractual
Adiciones contractuales
Pliego de condiciones
Contratación estatal
Sobrecostos
Contrato de obra pública
Etapa contractual
Adiciones contractuales
Pliego de condiciones
Contratación estatal
Sobrecostos
Contrato de obra pública

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO PROCAM LTDA. Y OSSA CÍA. S. EN C.VS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un particular un contrato de obra para la construcción de un centro educativo. En dicho contrato se pactó que la remuneración sería por el sistema de precios unitarios.

 

La entidad contratante impuso una carga adicional no prevista en el contrato ni en los pliegos de condiciones, consistente en la exigencia de que los acabados se hicieran con el concreto “a la vista”, lo cual terminó generando aún mayores sobrecostos a un contrato que estuvo, por culpa de la entidad contratante, con constantes problemas de liquidez. ocasionada por las demoras injustificadas de los pagos de las actas de obra.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública exigirle al contratista que los acabados de la obra se hagan con el concreto a la vista, sin que ello haya sido previsto en el pliego de condiciones ni en el contrato?

Razones de la decisión

«(...)Como se indicó ya, con antelación a la apertura de la licitación pública, además de la preexistencia de las partidas y disponibilidades presupuestales, la entidad pública elaborará los estudios necesarios acompañados, en su caso de las evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad (  163) y los pliegos de condiciones (  164) , analizará la conveniencia, oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, al presupuesto y ley de apropiaciones.

(...)

 

Para el tribunal, el artículo 24 numeral 5º, de la Ley 80 de 1993, en su texto y en su espíritu, impone una carga de claridad y precisión en los términos y condiciones que se incluyan en los pliegos de condiciones. De esta manera, la falta de esa claridad y precisión, es incumplimiento de norma legal contractual que genera responsabilidad para la administración. La carga de diligencia, que como una manifestación de prudencia y diligencia, pretende endilgar el perito técnico al contratista, según la cual, ante la manifestación de varios documentos, sobre existencia de contrato a la vista, debió preguntar, no es compartida por el tribunal, no porque ella no exista, sino porque considera que en general, su ausencia, no tiene la fuerza suficiente para relevar del deber legal de la administración de hacer sus invitaciones a contratar de manera clara y precisa, obligación que también es de carácter de obligación de comportamiento precontractual, bajo las reglas generales de la responsabilidad, en la medida en que la administración tiene las condiciones de habitualidad e intensidad ( 180) , que permiten indicar que tiene la calidad de profesional en material de la actividad precontractual.

 

(...)

 

Lo anterior para concluir que la extensión en un 80% del área en concreto, a concreto maquillado, fue una exigencia adicional a lo previsto en los planos y especificaciones del precontrato que después se vincularon como parte del contrato, y por tanto debe concederse esta pretensión y su consecuencial al convocante (...)»

Regla

Una entidad pública no puede exigirle al contratista que los acabados de la obra se hagan con el concreto a la vista, sin que ello haya sido previsto en el pliego de condiciones ni en el contrato, porque:
  1. La entidad pública, además de la preexistencia de las partidas y disponibilidades presupuestales, debe elaborar los estudios necesarios acompañados de las evaluaciones de prefactibilidad y factibilidad y los pliegos de condiciones. También, debe analizar la conveniencia, oportunidad del contrato y su adecuación a los planes de inversión, al presupuesto y ley de apropiaciones. 
  2. La falta de claridad y precisión de los términos y condiciones que se incluyan en los pliegos de condiciones conlleva el incumplimiento de la norma legal contractual que genera responsabilidad para la administración.
  3. La extensión de un 80% del área en concreto a concreto maquillado, es una exigencia adicional a lo previsto en los planos y especificaciones del precontrato.

Decisión

Décimo. Declarar que el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación, se apartó de las condiciones previstas en el pliego de condiciones y pactadas en el contrato, al exigirle al contratista que la estructura de concreto fuera entregada con acabado “a la vista” respecto de los ítems no previstos, lo cual generó para el contratista un daño antijurídico, consistente en los costos adicionales que significa elaborar una estructura de concreto a la vista, en relación con los costos que hubiera representado hacerlo en las condiciones previstas en el pliego de condiciones y en el contrato y, en consecuencia, condénase, a Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación a pagar al Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., la suma de ciento treinta y seis millones doscientos mil seiscientos trece pesos con cincuenta y seis centavos, ($ 136.200.613.56) por tal concepto, que contiene su actualización y reconocimiento del costo de oportunidad, todo de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo .

Laudo

TA-CCB-20040331

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Una entidad pública debe reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en la obra ocasionada por hechos no imputables al contratista

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20040331

Identificadores

Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
Contratación estatal
Sobrecostos
Equilibrio económico
Etapa contractual
Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
Contratación estatal
Sobrecostos
Equilibrio económico
Etapa contractual
Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
Contratación estatal
Sobrecostos
Equilibrio económico
Etapa contractual

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO PROCAM LTDA. Y OSSA CÍA. S. EN C.VS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un  particular un contrato de obra para la construcción de un centro educativo. Durante la ejecución del contrato este se tuvo que suspender y estuvo paralizado debido a la falta de presupuesto de la entidad pública. 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en obra ocasionada por hechos no imputables al contratista? 

Regla ampliada

La Administración no está eximida de pagar sobrecostos imputables a su conducta, cuando existe acuerdo entre las partes sobre la suspensión del contrato. «(...)En consonancia con lo anterior, la celebración de un acuerdo entre el contratista y la entidad estatal sobre la suspensión o la prórroga del contrato, no la exime del deber de indemnizar los posibles sobrecostos imputables a su conducta e incurridos por el contratista ni priva a este del derecho a reclamarlos cuando haya lugar a los mismos y se demuestren dentro del proceso. Luego, el acuerdo de las partes sobre la suspensión del contrato o la extensión de su plazo, simplemente constituye una herramienta para regular los efectos de la suspensión, pero no supone una renuncia tácita del derecho que le asiste al contratista respecto del reconocimiento de los sobrecostos en que haya podido incurrir como consecuencia de su mayor permanencia en obra. Cualquier renuncia en este sentido deberá ser clara y expresa (...)»

 

Requisitos que debe probar el contratista para que proceda la declaratoria de incumplimiento. «(...) Son entonces dos las condiciones que debe probar el contratista para que procedan tanto la declaratoria de incumplimiento fundada en la suspensión del contrato como la consecuente reparación de los perjuicios: La existencia de perjuicios derivados de la suspensión y El hecho determinante de la suspensión es imputable a la entidad pública, contratante (...)»

Razones de la decisión

«(...) Así las cosas, resulta claro que esta parálisis tuvo como causa la imposibilidad del contratista de proseguir la ejecución del contrato ante la falta de recursos económicos. En efecto, debido a la inyección de recursos propios para el desarrollo de las obras, al atraso de la Secretaría de Educación en el pago de las actas parciales de obra y finalmente, a las inversiones para el desarrollo y ejecución del plan de contingencia, el contratista debió suspender las obras por no disponer de los recursos económicos necesarios para la ejecución de las mismas.


Esta parálisis de las obras no resulta imputable al contratista, como quiera que ella no derivó de su conducta ni de hechos por los cuales deba responder. Por el contrario, las causas son atribuibles a la entidad estatal, específicamente en lo referente a la mora en el pago de las actas parciales de obra y al alcance y pago oportuno y completo de las obras relativas al plan de contingencia. Por lo demás, es importante resaltar que en ninguna oportunidad dicha parálisis fue vista como un incumplimiento del contrato, prueba de ello es que el contratista no fue multado ni sancionado por razón o con ocasión de la parálisis de la obra y de las demás actividades a su cargo.


(...)


La causa de esta suspensión consistió en el agotamiento del presupuesto destinado a la obra, según el testimonio rendido por el Dr. Jairo Briceño ( 121)  (  122)

Entre el 17 de enero de 2001 y el 11 de marzo de 2001, por un total de 54 días calendario, se suspendió el contrato de común acuerdo conforme consta en el acta de suspensión de enero 15 a febrero 15 de 2001 y la prórroga a dicha suspensión de febrero 14 a marzo 16 de 2001 ( 123)


La causa de esta suspensión está vinculada a la carencia del presupuesto destinado a la obra, según el testimonio rendido por el Dr. Jairo Briceño ( 124)  ( 125)  ( 126)  ( 127)

Estas dos suspensiones, tuvieron como causa la falta de recursos de la Secretaría de Educación para adelantar las mayores cantidades de obra requeridas para la terminación efectiva de la obra. Al igual que en el caso anterior, estas suspensiones no pueden ser imputables al contratista como quiera que es de cargo de la entidad estatal (Secretaría de Educación) en desarrollo del principio de planeación (L. 80/93, art. 23) prever el alcance de las obras a su cargo, así como realizar los estudios técnicos necesarios tendientes a establecer las cantidades de obra y en concordancia con ello, realizar los trámites presupuestales necesarios para disponer de los recursos económicos requeridos para la ejecución del contrato.


En efecto, la provisión suficiente de las apropiaciones presupuestales constituye un deber de la entidad estatal y no puede invocarse para justificar un pago tardío ni excluir la indemnización correspondiente (  128)
(...)

Como consecuencia de la parálisis de la obra y de las suspensiones del contrato, se generaron para el contratista sobrecostos por la mayor permanencia en obra vinculada a las deficiencias del diseño, agotamiento de los recursos y de disponibilidad presupuestal, esto es, por causas extrañas no imputables al consorcio contratista que escapan al alea o riesgo normal que se encontraba a su cargo en razón de la celebración del contrato y, que por tanto deben serle resarcidos por la Secretaría de Educación (...)»


Regla

Una entidad pública debe reconocer los sobrecostos  por mayor permanencia en la obra ocasionada por hechos no imputables al contratista, porque:  

1. La parálisis de la obra tuvo como causa la imposibilidad del contratista de proseguir la ejecución del contrato debido a la falta de recursos económicos de la entidad pública. De hecho,  la provisión de las apropiaciones constituye un deber de la entidad estatal y no puede invocarse para justificar un pago tardío ni evadir la indemnización correspondiente.

2. La parálisis de la obra y las suspensiones del contrato generaron para el contratista sobrecostos por mayor permanencia en obra vinculada a las deficiencias del diseño, agotamiento de los recursos y de disponibilidad presupuestal. Ésta representa causas extrañas no imputables al contratista y por lo tanto deben serle resarcidos por parte de la entidad pública. 

Decisión

Tercero. Declarar, que, por razones ajenas al contratista, y por las que debe responder el Distrito Capital - Secretaría de Educación, el contrato de obra 234 del 3 de noviembre de 1999 celebrado entre la Secretaría de Educación del Distrito Capital, como entidad contratante, y el Consorcio conformado por las sociedades Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., como contratista, duró varios meses más de lo previsto originalmente por las partes, generándose un daño antijurídico para el contratista por concepto de mayor permanencia en la obra, según lo expuesto en la parte motiva.   Cuarto. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase al Distrito Capital de Bogotá --Secretaría de Educación a pagar al Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., la suma de doscientos diez y ocho millones, trescientos noventa y siete mil, doscientos treinta y seis pesos con ocho centavos, ($ 218.397.236,08) por tal concepto, que contiene su actualización y el costo de oportunidad de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.

Conceptualizaciones

Imprevistos. «(...)Tal y como se ha señalado tanto la doctrina como la jurisprudencia, el rubro de Imprevistos que hace parte de lo que se ha denominado AIU corresponde a la cuantificación realizada por el contratista dentro de su oferta, de los riesgos e imprevistos que hacen parte del alea normal de ejecución de un contrato y no a aquellos que al ser extraordinarios escapan de la órbita de riesgo a cargo del contratista; en otros términos, los “Imprevistos” contemplados o presupuestados por el contratista dentro del AIU de su oferta, incorporan los riesgos y costos que hacen parte del alea normal de ejecución contractual pero no los anormales.  

(...)
Por consiguiente, el AIU no excluye el derecho a los sobrecostos generados por una mayor permanencia en obra ni la reparación del daño antijurídico por incumplimiento de las obligaciones contractuales (...)»   Daño antijurídico. «(....) a)      La concepción del daño antijurídico consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, fundamenta la responsabilidad patrimonial del Estado, cualquiera fuere la causa de imputación, sea contractual, sea extracontractual o de otra naturaleza. b)      La estructura nocional del “daño antijurídico” concierne al quebranto inmotivado de un derecho, interés o valor jurídicamente tutelado que no se está en deber de soportar. c)      Tratándose de la responsabilidad contractual es menester la plena demostración del “daño antijurídico” reparable, su imputabilidad y relación de causalidad y, por tanto, de sus elementos estructurales conforme a las normas jurídicas que la gobiernan. d)      En particular, el contratista deberá probar el daño generado por la celebración, ejecución o terminación del contrato estatal, que no tiene el deber constitucional, legal, negocial o extracontractual de soportarlo ( 37) , que es imputable a la esfera normativa del Estado y tiene una relación de causalidad con la acción u omisión   (....)   En conclusión, y como marco teórico de la controversia que se somete a consideración de este tribunal arbitral:

a)      El daño antijurídico, como fuente de reparación patrimonial, comporta la demostración por el actor de su existencia, el nexo de causalidad entre este y la conducta de la administración, así como el título por cuya inteligencia deviene antijurídico o lo que es lo mismo que no debe soportar ni asumir.

b)      El incumplimiento de un contrato es fuente de reparación patrimonial, una de las causas de ruptura del equilibrio económico y título de imputación del daño antijurídico, por mandato legal.

c)      Tanto el daño antijurídico, cuanto el incumplimiento contractual y el rompimiento del equilibrio económico consecuente, requieren que el demandante demuestre la existencia o configuración del título de imputación.

d)      El juicio del daño en cuanto antijurídico no se predica, en rigor, de la conducta de la administración. Se trata de un juicio que lleva al juzgador a considerar que el daño no debe ser asumido por el demandante, con independencia de la calificación en lícita o ilícita de la conducta de la administración.

e)      La demostración de cada título de imputación, está sujeta a las reglas legales (...)»

Laudo

TA-CCB-20040331

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Una entidad pública  debe reajustar el valor del anticipo entregado al contratista en virtud de una adición que se hizo al contrato

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20040331

Identificadores

Anticipo
Etapa contractual
Contratación estatal
Anticipo
Etapa contractual
Contratación estatal
Anticipo
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO PROCAM LTDA. Y OSSA CÍA. S. EN C.VS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un particular un contrato de obra para la construcción de un centro educativo. En dicho contrato se pactó que la remuneración sería por el sistema de precios unitarios. Aproximadamente un año después pactaron un contrato adicional que se fijó con los mismos precios unitarios de la propuesta y estipularon en la cláusula segunda de dicha adición el pago de cuantías concretas “excluido el valor de los reajustes”.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública  reajustar el valor del anticipo entregado al contratista en virtud de una adición que se hizo al contrato?

Regla ampliada

La entidad pública tiene la obligación de entregar al contratista determinada suma de dinero con el objeto de financiar al contratista en las prestaciones a su cargo. «(...) En una primera instancia es obligación del contratante y derecho del contratista, de entregar y recibir —previa constitución de la garantía —respectivamente, una suma determinada de dinero, con cargo a los recursos del contrato, con el objeto financiar al contratista en las prestaciones a su cargo (adquisición de bienes, servicios, obras etc).


En segunda instancia el anticipo, en su resultado, constituye una obligación del contratista y un derecho del contratante, en los siguientes aspectos: —De inversión en los objetos determinados en el contrato y de pago por amortización, por parte del contratista. —De recibir, por amortización, y/o hacer efectiva la garantía de anticipo, o de cumplimiento, según el estatuto de contratación vigente, por parte del contratante, por hechos del contratista que impliquen mal manejo o incorrecta inversión de los dineros de propiedad pública. (...). La obligación de entrega del anticipo está a cargo del contratante, la cual precede a la ejecución del objeto contractual, propio de los negocios jurídicos bilaterales, en los cuales se impone el cumplimiento de las obligaciones a cargo de uno de los cocontratantes para que el otro pueda ejecutar la prestación subsiguiente..(...). Con el objeto de reconocer al contratista lo dejado de percibir con ocasión de la pérdida de poder adquisitivo del dinero que se le entregó en forma tardía, se procede: a determinar el daño emergente: —Se actualizará la suma pactada de anticipo, desde la fecha en que se hizo exigible su entrega hasta la fecha en que efectivamente se entregó; y —se extraerá la diferencia entre el valor actualizado del anticipo y el valor histórico (convenido en el contrato); después —esa diferencia será actualizada desde la fecha en que se realizó el pago hasta la fecha de esta sentencia, para compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda; luego se procederá a —Determinar el lucro cesante: Se obtendrá de liquidar intereses corrientes del 6% anual sobre el valor histórico del anticipo, durante el tiempo que transcurrió entre la fecha en que se le debió entregar ese valor y la fecha en que realmente se entregó (...)»

Razones de la decisión

«(...) Tal y como se señaló anteriormente, hay lugar a la actualización del anticipo cuando quiera que exista mora o retardo en su pago, ello como simple manifestación del principio de equidad y equilibrio económico del contrato, en virtud de los cuales el contratista tiene derecho a recibir esta suma de dinero por el valor intrínseco que al mismo le correspondía para la fecha prevista de pago.
También habrá lugar al pago de reajustes sobre el valor del anticipo, cuando quiera que entre la fecha de cálculo y cuantificación de los precios y la fecha de pactó de adición, o la fecha que se convenga, según las circunstancias, haya mediado un lapso que afecte el valor que por este concepto debe recibir el contratista.


En el presente caso, la propuesta presentada por el contratista para la firma del adicional 2 se realizó tal y como se mencionó anteriormente, con los precios de la oferta inicial, es decir, con base en los precios del año 1999, de manera tal que al momento de acordarse y también de efectuarse los pagos derivados del mismo había transcurrido aproximadamente un año y por tanto era necesario acceder al reajuste de los valores acordados (...)»

Regla

Una entidad pública  debe reajustar el valor del anticipo entregado al contratista en virtud de una adición que se hizo al contrato, si
  1. La propuesta presentada por el contratista para la firma del contrato adicional se realizó con los precios de la oferta inicial, presentada casi un año después, en efecto hay lugar al reajuste cuando existe retardo o mora en su pago, con lo cual se da aplicación a los principios de equidad y conservación de la intangibilidad de la remuneración del contratista y al equilibrio económico del contrato a favor de éste.
  2. cuando entre la fecha de cálculo y cuantificación de los precios y la fecha del pacto de adición, medie un lapso que afecte el valor que por este concepto debe recibir el contratista.

Decisión

Quinto. Declarar que el Distrito Capital De Bogotá - Secretaría De Educación estaba obligado a reajustar el valor del anticipo, acordado en el contrato adicional 2 de 18 de octubre de 2000 en los términos establecidos en el contrato original, en las condiciones y por las razones que se han expuesto en la parte motiva del presente laudo.   Sexto. Como consecuencia de la declaración anterior, condénase a Distrito Capital De Bogotá - Secretaría De Educación a pagar al Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., la suma de cuarenta y seis millones, quinientos sesenta y siete mil doscientos diez y ocho pesos con siete centavos ($ 46.567.218.07) por tal concepto, que contiene su actualización y el costo de oportunidad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente laudo.

Conceptualizaciones

Anticipo. «(...)En los contratos de obra pública, el anticipo ostenta una particular relevancia en la ejecución del objeto contractual, sirve de mecanismo financiero idóneo y dota de recursos al contratista para tal efecto, constituye una inversión, tiene una destinación específica, se amortiza gradualmente con el valor ejecutado y debe cancelarse en la oportunidad acordada


(...)


El anticipo es pacto en el contrato regulado por la ley, que proviene de la autonomía de la voluntad, que genera obligaciones y derechos recíprocos entre las partes, en momentos diferentes(...)»

Laudo

TA-CCB-20040331

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Una entidad pública debe pagar los intereses de mora por incumplir en repetidas ocasiones su obligación de pagar oportunamente las actas presentadas por el contratista

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20040331

Identificadores

Contratación estatal
Etapa contractual
Intereses moratorios
Contratación estatal
Etapa contractual
Intereses moratorios
Contratación estatal
Etapa contractual
Intereses moratorios

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

CONSORCIO PROCAM LTDA. Y OSSA CÍA. S. EN C.VS. SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE BOGOTÁ

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un particular un contrato de obra para la construcción de un centro educativo. En dicho contrato se pactó que la remuneración sería por el sistema de precios unitarios y que  la administración debía cancelar las facturas de las actas de obra, dentro de los treinta (30) días calendario posteriores a su presentación.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública pagar los intereses de mora por incumplir en repetidas ocasiones su obligación de pagar oportunamente las actas presentadas por el contratista?

Regla ampliada

La entidad pública tiene la obligación de pagar en el tiempo y oportunidad convenidos. «(...)En este sentido, según ha puesto de de presente el Consejo de Estado, la entidad estatal tiene la obligación de pagar en el tiempo y oportunidad debidos (  149) , so pena de comprometer su responsabilidad por los daños causados, sin que, en su caso, el “reajuste posterior que se haga teniendo en cuenta el valor de los costos de construcción a la fecha de su ejecución” cubra “la mora que empieza a causarse luego de realizada el acta de recibo parcial. Ese reajuste simplemente cubre la diferencia de precios entre el momento en que ellos fueron calculados y aquel en que la obra se realiza” ( 150)151) , ni la ausencia o carencia de presupuesto para atender los pagos justifique la tardanza ni exonere los intereses moratorios y demás consecuencias nocivas  

(...) 

 

Es sabido que la obligación más corriente de la administración pública en los contratos que suscribe para cumplir sus fines próximos, es la de pagar una específica suma de dinero, sea a título de precio como ocurre en los contratos de obra pública o suministro, o a título de subvención tal como sucede en las concesiones de servicios públicos.

Pues bien, la inobservancia, el incumplimiento o el retraso de esta obligación, otorga un derecho irrenunciable a favor del contratista que se presenta en la forma de mora, con la que se persigue que la administración satisfaga o restablezca la prestación que ha sido afectada.(...) Bajo el actual esquema, a partir de la consagración constitucional del principio de responsabilidad patrimonial del Estado (C.P., art. 90), la obligación de pagar intereses de mora encontró un evidente respaldo jurídico (...)»

Razones de la decisión

«(...) El tribunal accederá al reconocimiento de los intereses moratorios, única y exclusivamente, respecto de las obligaciones relativas al pago tardío de las actas 7, de reajuste 2, 4, 5, 8 y 12, presentadas por el consorcio contratista entre las fechas en el pago debía efectuarse y el día en que se efectúo, porque en efecto la mora en su pago está debidamente comprobada y se reúnen las exigencias normativas prevenidas en los artículos 1615 y 1617 en consonancia con el artículo 1608 del Código Civil al tratarse de una obligación clara, expresa, exigible y vencida de una cantidad líquida de dinero, estando probado el retardo injustificado en el cumplimiento de la prestación de plazo esencial o cierto y, el consorcio contratista, expresamente hizo salvedad de este reclamo en el acta de liquidación suscrita el 1° de agosto de 2001, ejerciendo la acción, pretensión y derecho dentro de la oportunidad legal para reclamarlo. En este sentido, debe indicar el tribunal que el pago como medio extintivo de las obligaciones, debe ser completo y comprender no solo el capital sino sus accesorios y que el consorcio contratista formuló reclamaciones a la entidad respecto de la mora y, por consiguiente, la aceptación de los pagos tardíos en forma alguna puede entenderse como una renuncia por conducta concluyente a los intereses causados, toda vez que durante la presencia de la mora existió reclamo específico del contratista, en el acta de liquidación del contrato reservó los derechos, acciones y pretensiones derivados de esta conducta y los ejerció dentro de la oportunidad legal para reclamarlos, esto es, antes de la caducidad de la acción contractual (...)»

Regla

Una entidad pública debe pagar los intereses de mora por incumplir en repetidas ocasiones su obligación de pagar oportunamente las actas presentadas por el contratista, si la mora en su pago está debidamente comprobada y se reúnen las exigencias normativas previstas en el código civil, al tratarse de una obligación de plazo esencial o cierto, clara, expresa, exigible y vencida de una cantidad de líquida de dinero.  

Decisión

Séptimo. Declarar que el Distrito Capital De Bogotá-Secretaría De Educación, incumplió en repetidas ocasiones su obligación de pagar oportunamente las actas números 7, de reajuste 2, 4, 5, 8 y 12 presentadas por el Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C, tal y como se indicó en la parte motiva de este laudo. En consecuencia:

 

a)      Declarar que el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación debe pagar al Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., intereses de mora a una tasa equivalente al doble del interés legal civil (12%), sobre el monto histórico actualizado del capital, de las actas números 7, de reajuste 2, 4, 5, 8 y 12, que no fueron endosadas.

Declarar que los pagos extemporáneos de las actas números 7, de reajuste 2, 4, 5, 8 y 12 se imputan primero a intereses en las cuantías y fechas que se indican en la parte motiva de este laudo.

 

b)      Como consecuencia de la anterior condénase a el Distrito Capital de Bogotá-Secretaría de Educación a pagar al Consorcio Procam Ltda. y Ossa y Cía. S. en C., a título de capital insoluto después de realizar la imputación en los pagos, con sus respectivos intereses de mora y actualización, la suma total de cinco millones setecientos setenta y nueve mil cuatrocientos diez y seis pesos con trece centavos ($ 5.779.416.13), valor que incluye los intereses de mora y la actualización, como se indicó en la parte motiva de este laudo.

Octavo. Declarar que el incumplimiento del Distrito Capital-Secretaría de Educación, consistente en el pago extemporáneo de las actas presentadas por el contratista, generó a este perjuicios adicionales a los que resultan reparados por el pago de intereses, consistentes en costos financieros por negociación de las actas de obra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia C-892 de  2001

Laudo

TA-CCB-20040331

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TA-CCB-20040331
Síntesis
SÍNTESIS LAUDOS - ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Adiciones contractuales
  • Pliego de condiciones
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Contrato de obra pública
  • Etapa contractual
  • Adiciones contractuales
  • Pliego de condiciones
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Contrato de obra pública
  • Etapa contractual
  • Adiciones contractuales
  • Pliego de condiciones
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Contrato de obra pública
  • Identificadores
  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Equilibrio económico
  • Etapa contractual
  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Equilibrio económico
  • Etapa contractual
  • Falta de reconocimiento de reajustes, obras adicionales o mayor permanencia
  • Contratación estatal
  • Sobrecostos
  • Equilibrio económico
  • Etapa contractual
  • Identificadores
  • Anticipo
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Anticipo
  • Etapa contractual
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  • Anticipo
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Intereses moratorios
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Intereses moratorios
  • Contratación estatal
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  • Intereses moratorios
  • Documentos
    Laudo Arbitral, 31 de marzo de 2004, Arbitros: Jorge Eduardo Chemás Jaramillo, Carlos Educardo Manr
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