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Una entidad pública debe restablecer el equilibrio económico del contrato de obra celebrado bajo el sistema de precios unitarios cuando no realiza un adecuado diseño de planos

Tipo de Documento

Laudo

Documento

TA-CCB-20061205

Identificadores

Principio de planeación
Etapa precontractual
Precio
Contrato de obra pública
Equilibrio económico
Contratación estatal
Principio de planeación
Etapa precontractual
Precio
Contrato de obra pública
Equilibrio económico
Contratación estatal
Principio de planeación
Etapa precontractual
Precio
Contrato de obra pública
Equilibrio económico
Contratación estatal

Entidad

Tribunal de Arbitramento

Caso

C&G CONSULTORÍA Y GERENCIA DE PROYECTOS LTDA. Y OTRAS VS. INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO, IDU

Hechos relevantes

Una entidad pública adjudicó una licitación por el sistema de precios unitarios,  cuyo objeto fue realizar las obras requeridas para la construcción de la fase II del Parque Tercer Milenio en Bogotá, D.C.  La entidad pública le  entregó al contratista un total de 96 planos arquitectónicos, 74 durante el proceso licitatorio y 22 durante la ejecución del contrato de obra, de los cuales 73 no sirvieron para ejecutarla debido a inconsistencias entre ellos o frente a los planos técnicos, por deficiencias relacionadas con la topografía, en cuanto no ofrecían el nivel de detalle requerido, o por cambios en el proyecto introducidos por el IDU. De los 74 planos correspondientes a los pliegos de condiciones, el diseñador de la entidad pública revisó 7 y como resultado de esta revisión los reemplazó por 5 nuevos, después de 3 meses del acta de iniciación de los trabajos. Dentro de los nuevos planos se encuentran las resultantes de la revisión hecha por la entidad pública sobre los que no sirvieron, todo lo cual afectó el plazo estipulado en el contrato para la ejecución de las obras en detrimento del contratista. A causa de lo anterior, el contratista tuvo que ejecutar el diseño arquitectónico de detalle del proyecto y elaborar  los 255 planos indispensables para acometer las actividades

 

Así al Consorcio le correspondió a) la realización de un alto volumen de trabajo de diseño; b) Tuvo que aumentar su estructura administrativa y de soporte; c) Asumió la necesidad de reprogramar la obra para ejecutarla en solo 7 meses, no en los 10 previstos como plazo inicial, y la realización de diseños arquitectónicos y técnicos sobre la marcha del contrato con intensificación de las comisiones derivadas de la topografía; d) La ampliación del plazo contractual, por lo cual estuvo obligado obligó a mantener durante cuatro meses más el plan ambiental y la implementación de las medidas contempladas en el manual de respeto al ciudadano, con sobrecostos que no está en la obligación de asumir; e) La conformación de la obra, que sobre la marcha soportó cambios significativos en cuanto a cantidad, obras adicionales y complementarias, supresión de otras contempladas en la licitación, materiales, etc. El contrato inicial fue objeto de cuatro adiciones y la Interventoría pagó una cantidad de obra menor.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública restablecer el equilibrio económico del contrato de obra celebrado bajo el sistema de precios unitarios cuando no realiza un adecuado diseño de los planos para la construcción de una obra y esto le provoca al contratista obras adicionales y complementarias?

Razones de la decisión

«(...)Al respecto considera el tribunal que no puede considerarse que el tema del incumplimiento imputado a la administración en la ejecución de los contratos estatales sea completamente ajeno al concepto del desequilibrio económico y financiero del mismo causado al contratista. En ese sentido la ley la jurisprudencia han dejado claramente establecido que la ruptura del equilibrio económico y financiero de los contratos estatales puede originarse tanto por la ocurrencia de hechos ajenos a la administración y en general a las partes propios de la teoría de la imprevisión, como en causas lícitas pero atribuibles a la administración, como ocurre con el jus variarsdi y el hecho del príncipe, pero, de igual manera puede originarse por causas contrarias a la ley, como el incumple de la administración de sus obligaciones contractuales.


(...)


La tarea de diseño que muestran las actas, el número de planos elaborados por los arquitectos del consorcio, la cantidad de ítems nuevos que tuvo el contrato (42%) y los cuatro meses de adición para adelantar obras no previstas, muestran sin duda alguna que el trabajo de diseño a cargo del arquitecto Camilo Santamaría y el grupo de diseño, constituye labor no contemplada como función del contratista, ni del arquitecto diseñador, en el pliego de condiciones.


Para el tribunal resulta claro que la entidad convocada no cumplió con su obligación de suministrar los planos necesarios para acometer las obras con los presupuestos y especificaciones estimados con motivo de la licitación y la propuesta del contratista, con lo cual transgredió no solo las estipulaciones contractuales sino también las normas legales. En cuanto a las primeras resulta evidente que la labor a que se obligó el Consorcio Urbano 090 era realizar las obras requeridas para la construcción de la fase II del Parque Tercer Milenio de Bogotá, con base en los planos claros y suficientes que suministraría el IDU; pero no a diseñar o ajustar de manera sustancial los diseños, como en efecto ocurrió. En cuanto a las segundas, encuentra el tribunal que la entidad convocada desconoció lo previsto en los artículos 3°, 4°, 5°, 25, 26, 27, 28 y 30 de la Ley 80 de 1993, algunos mencionados al comienzo de estas consideraciones.


(...)


Aparece claro para el tribunal que no eran de cargo del contratista la elaboración de los diseños y, entonces, la administración le impuso a este una carga adicional, no advertida, que desequilibró el contrato y que se ha de remunerada.
(...)
En primer lugar pone de presente la circunstancia de que los contratos adicionales que llevaron la obra a una duración superior en cuatro meses, tuvieron como causa ni más ni menos que los defectos en los diseños que originalmente le fueron entregados al contratista.
Ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia que cuando la extensión en los plazos no es imputable al contratista sino al contratante, es procedente el reajuste de los precios unitarios (...)»

Regla

Una entidad pública debe restablecer el equilibrio económico del contrato de obra celebrado bajo el sistema de precios unitarios cuando no realiza un adecuado diseño de planos para la construcción de una obra y esto le provoca al contratista obras adicionales y complementarias, porque:
  1. La ruptura del equilibrio económico y financiero del contrato puede originarse tanto por la ocurrencia de hechos ajenos a la administración y en general a las partes, propios de la imprevisión, como en causas lícitas atribuibles a la administración (ius variandi y hecho del príncipe) o causas ilícitas cuando la administración incumple sus obligaciones contractuales. 
  2. La elaboración de planos por el arquitecto del consorcio constituye una obligación no contemplada en el pliego de condiciones, lo que demuestra que la entidad demandada no cumplió con su obligación de suministrar los planos necesarios para acometer las obras con los presupuestos y especificaciones estimados con motivo de la licitación y la propuesta del contratista. 
  3. La elaboración de diseños que no estaban a cargo del contratista significa que la administración le impuso una carga adicional, no advertida que desequilibró el contrato, lo cual debe ser remunerado.
  4. El reajuste de precios es procedente cuando la extensión de los plazos no es imputable al contratista sino al contratante. 

Decisión

Declarar que el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–, incumplió el contrato 024 de 2001 suscrito entre esta entidad y el Consorcio Urbano 090, del cual forman parte las sociedades demandantes, y el deber contemplado en los artículos 3°; 4°, numerales 8° y 9°; 5°, numeral 1° y parte segunda del numeral 3°; 25 numerales 12 y 13; 26 numerales 2° y 3°; 27; 28; 40; 50 y 60 de la Ley 80 de 1993, al negarse a restablecer el equilibrio económico del mismo, afectado por una serie de situaciones y hechos sobrevinientes, no atribuibles al contratista, que le irrogaron sobrecostos que el Consorcio Urbano 090 reclamó durante la ejecución y la liquidación del contrato, sin obtener el pago.

Órdenes

Sexto. Ordenar que el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU–, efectúe a las sociedades C & G Consultoría y Gerencia de Proyectos Ltda.., Promotora Entorno 2000 Gerencia Diseño Construcción Ltda., “Entorno 2000”, Emecom Ltda., Gamboa Tillotson y Cía. Ltda., y Venezuelan Heavy Industries, C.A. (VHICOA), los siguientes reconocimientos y pagos:

 

6.1. La cantidad de cuarenta y ocho millones novecientos setenta y cinco mil catorce pesos ($48.975.014) moneda corriente, que constituye la suma correspondiente al valor del trabajo de diseño arquitectónico realizado por el Consorcio Urbano 090, sin que estuviera contemplado en el alcance de sus obligaciones contractuales, a causa del incumplimiento del IDU en la entrega de los diseños arquitectónicos necesarios para adelantar la fase II del Parque Tercer Milenio. Adicionalmente se reconocerán los intereses moratorios, liquidados en la forma indicada en la parte motiva, por valor de once millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil ochocientos ocho pesos ($11.458.808) moneda corriente.

 

6.2. La cantidad de ciento veintiocho millones ciento treinta y nueve mil ochocientos noventa y ocho pesos con setenta centavos ($128’139.898,70) moneda corriente, que constituye la suma que se debe pagar al Consorcio Urbano 090, con motivo de los mayores costos administrativos o fijos en que incurrió a causa de la reprogramación del plazo contractual exigida por el IDU para compensar las pérdidas en tiempo de ejecución de las obras ocurridas durante los tres primeros meses del contrato, por el incumplimiento del IDU en la entrega adecuada, oportuna y completa de los diseños necesarios para adelantar la construcción de la fase II del Parque Tercer Milenio, los sobrecostos administrativos causados por la mayor permanencia en obra durante la ampliación del plazo contractual en cuatro (4) meses más, equivalentes al 40% del plazo que sirvió como base para la oferta, y la utilidad correspondiente. Adicionalmente se reconocerán los intereses moratorios, liquidados en la forma indicada en la parte motiva, por valor de veintinueve millones novecientos ochenta y un mil doscientos diecisiete pesos ($29.981.217) moneda corriente.

 

6.3. La cantidad de dieciséis millones de pesos ($16’000.000.00) moneda corriente, que constituye la suma que se debe reconocer y pagar al Consorcio Urbano 090 por la implementación y sostenimiento durante cuatro (4) meses más de lo previsto al momento de licitar, del plan de manejo ambiental y de las medidas contempladas en el manual de respeto al ciudadano, por razones no imputables al contratista. Adicionalmente se reconocerán los intereses moratorios, liquidados en la forma indicada en la parte motiva, por valor de tres millones setecientos cuarenta y tres mil quinientos sesenta y un pesos ($ 3.743.561) moneda corriente.

 

6.4. La cantidad de ciento ochenta y tres millones ochocientos setenta y ocho mil trescientos ocho pesos ($183.878.308) moneda corriente, que constituye la suma que se debe reconocer y pagar al Consorcio Urbano 090 como reajuste a los precios unitarios para la obra ejecutada mas allá del 27 de enero de 2002, fecha en la que vencía el plazo inicial de ejecución del contrato. Adicionalmente se reconocerán los intereses moratorios, liquidados en la forma indicada en la parte motiva, por valor de cuarenta y tres millones veintidós mil cuatrocientos setenta y cuatro pesos ($43.022.474) moneda corriente.

En consecuencia, el valor total de la condena asciende a la suma de cuatrocientos sesenta y cinco millones ciento noventa y nueve mil doscientos ochenta pesos con setenta centavos ($465.199.280,70) moneda corriente, discriminada en trescientos setenta y seis millones novecientos noventa y tres mil doscientos veinte pesos con setenta centavos ($376’993.220,70) moneda corriente por capital, y ochenta y ocho millones doscientos seis mil sesenta pesos ($88.206.060) moneda corriente por intereses de mora causados hasta este laudo, la cual deberá pagar el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– dentro del mes siguiente a la fecha de ejecutoria de esta providencia.

 

Séptimo. Ordenar al Instituto de Desarrollo Urbano –IDU– el reembolso a la parte convocante de la suma de quince millones ciento ochenta y siete mil quinientos pesos ($15’187.500) moneda corriente, que esta pagó por aquella por concepto de honorarios y gastos de este proceso arbitral, junto con intereses de mora en los términos establecidos por el artículo 144 del Decreto 1818 de 1998 y demás normas concordantes, desde el día siguiente a dicho pago y hasta que se verifique su reembolso, sin perjuicio de las compensaciones que correspondan como consecuencia del reintegro que hará el presidente del tribunal a la parte convocante de las sumas sobrantes de la partida de gastos, si a ello hubiere lugar.

Conceptualizaciones

Equilibrio económico del contrato. «(...) en materia de responsabilidad, ha de considerarse lo concerniente con el mantenimiento del equilibrio contractual, el cual puede romperse por incumplimiento de la entidad contratante o por motivos distintos. De esta manera, el incumplimiento aparece ... desde una doble perspectiva: Como ligado a la obligación de mantener la ecuación económica del contrato o como elemento generador de la obligación de reparar un daño, independientemente de que el contratista haya obtenido la ganancia esperada al celebrar el contrato.


(...)


En tratándose del régimen contractual de las entidades estatales, esas dos manifestaciones: restablecimiento del equilibrio financiero del contrato e incumplimiento, no pueden verse como dos fuentes independientes de responsabilidad o de resarcimiento de los perjuicios sufridos por el contratista, toda vez que en el estado actual de la normatividad y de la jurisprudencia, ambas nociones quedan comprendidas dentro del principio del mantenimiento del equilibrio económico del contrato.


(...)

 

Lo hasta aquí expuesto permite inferir que la ruptura del principio del equilibrio financiero o económico de los denominados contratos administrativos puede tener origen no solo en causas legales atribuibles a la administración, como acontece en eljus variandi y el factum principis, sino también por la ocurrencia de hechos ajenos a la misma o a las partes y tipificadores de la doctrina de la imprevisión, que hoy encuentra fundamento legal (...)»

Laudo

TA-CCB-20061205

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: TA-CCB-20061205
Síntesis
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
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