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La contratación directa también debe estar regida por los principios generales del estatuto general de la contratación estatal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19349 DE 2011

Identificadores

Responsabilidad administrativa
Contratación estatal
Etapa precontractual
Aplicación ilegal de la norma
Buena fe
Naturaleza del contrato
Contratación directa
Proponente
Responsabilidad administrativa
Contratación estatal
Etapa precontractual
Aplicación ilegal de la norma
Buena fe
Naturaleza del contrato
Contratación directa
Proponente
Responsabilidad administrativa
Contratación estatal
Etapa precontractual
Aplicación ilegal de la norma
Buena fe
Naturaleza del contrato
Contratación directa
Proponente

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19349 DE 2011

Caso

MIGUEL ANTONIO CASAS GARZON VS. DEPARTAMENTO DE RISARALDA 

Hechos relevantes

Una entidad pública abrió proceso de licitación pública para la adjudicación de un contrato de obra. Dado que al proceso no se presentaron propuestas la entidad pública declaró desierto el proceso de selección.

 

Mediante invitación, la entidad pública convocó a la recepción de propuestas para la adjudicación del contrato de obra por medio de contratación directa a la que se presentaron varias propuestas. No obstante el proceso de contratación directa ya iniciado, la entidad pública profirió acto administrativo abriendo nueva licitación pública para adjudicar el contrato en discusión. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública en búsqueda de garantizar la transparencia y objetividad en un proceso de selección abrir un nuevo proceso de licitación pública sobre una oferta  luego de abrir y no concluir un proceso de convocatoria de contratación directa? 

Regla ampliada

Contratación directa.«(…)Constituye una forma de escogencia del contratista, excepcional a la regla general de la licitación, mediante un procedimiento administrativo distinto al previsto para la referida regla general, de ordinario y en contraste con aquella, más ágil y expedito, atendiendo las circunstancias de cada caso particular según lo indicado por la ley, pero sin que ello signifique, en modo alguno, que la aplicación de este procedimiento faculte a la Administración para apartarse de los principios que orientan su actividad, en general y el régimen de contratación estatal, en particular. (…)»


La no existencia de un procedimiento expreso para la contratación directa no implica una omisión de los principios del estatuto general de contratación.  «(…) Con ello se quiere puntualizar que el hecho de que la norma legal no hubiere consagrado un procedimiento claro y preciso para la contratación directa, por parte de las entidades estatales, no constituye razón justificativa alguna para que las mismas procedan a seleccionar discrecionalmente a los contratistas, toda vez que la Constitución Política y las leyes vigentes (Ley 80 de 1993) les imponen el deber de aplicar los principios que orientan la actividad contractual y la actividad administrativa en general. (…)»


Buena fe es un principio rector de la contratación estatal. «(…)En el ámbito de la contratación se traduce en la obligación de rectitud y honradez recíproca que deben observar las partes en la celebración, interpretación y ejecución de negocios jurídicos,[2], lealtad y corrección tanto en los actos, tratos o conversaciones preliminares enderezados a preparar la producción o formación del contrato, como durante el transcurso y terminación del vínculo jurídico contractual ya establecido.

(…)


Así, en materia de contratación pública, la buena fe es considerada como un modelo o criterio de actitud y conducta, que debe preceder al contrato, permanecer durante su ejecución y perdurar luego de su cumplimiento.[3] (…)»  


[1] Vid. DÍEZ PICAZO, Luis, “La Doctrina de los Propios Actos”, Casa Editorial Bosch, 1963, págs. 137 y ss.

 

[2] Estado de entrega mutua de las partes de una relación jurídica a la conducta leal de la otra, bajo el entendido de que ella será recta y honesta.

 

[3] CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 22 de abril de 2006, Exp. 8830.  

Razones de la decisión

«(…) Le está vedado a la administración hacer cualquier cambio sobre la marcha a las reglas de juego previamente establecidas en ellos, en forma unilateral, subrepticia y oculta, tomando por sorpresa a los participantes y generando incertidumbre en la etapa de evaluación y estudio del mérito de la mejor propuesta. Al respecto, ha dicho la Sala que este comportamiento se encuentra proscrito en tanto viola los principios de la contratación y constituye un asalto a la buena fe para con los proponentes.[1]

(…)

 

Lo anterior no quiere significar, en modo alguno, que el Consejo de Estado rechace o censure la decisión que adoptó el Departamento de Risaralda en abrir una nueva licitación pública para adjudicar, como se hizo, el contrato de obra pública para la construcción del Coliseo del Municipio de Belén de Umbría, pues tal decisión, según la parte accionada, obedeció a la intención –de entrada plausible– de realizar un procedimiento transparente y objetivo de cara a la escogencia del contratista, procedimiento que con los mismos valores y características, bueno es precisarlo, debía igualmente garantizarlo en el caso de la contratación directa.

(…)


al estar completamente sentado que el Departamento de Risaralda inició un nuevo procedimiento administrativo de selección contractual después de declarar desierta la primera licitación pública y que el mismo, según los postulados de la contratación estatal –en especial el de la buena fe– sí le resultaba vinculante, debía adoptar una decisión en relación con ese procedimiento y no con otro, como lo hizo más adelante al abrir una nueva y diferente licitación pública, todo con el fin de definirle a quienes presentaron oferta, su situación frente a la contratación directa que se llevaría cabo y para cuyo efecto fueron convocados, de modo que el silencio de la entidad frente a tal actuación, constituye una omisión administrativa, por cuya virtud se abre paso la procedencia de la acción de reparación directa, en los términos en los cuales fue ejercida desde el inicio de la litis. (…)» 

   


[1] “…Los proponentes debían saber como iban a ser juzgadas sus propuestas y no podían ser asaltados en su buena fe. No estaba permitido cambiar los criterios de selección, pues en tal evento la escogencia resultaría a todas luces ilegal. Ahora, en los términos de referencia del contrato, debían establecerse claramente los parámetros sobre los cuales se iba a hacer la selección, sin que pudiera la administración modificar esas directrices. Ese procedimiento indicaba la seriedad que tenía la administración de llegar a la celebración del contrato, seriedad que comprometía su responsabilidad y paralelamente a ella se comprometían quienes se acogieran a ese llamamiento a través de la presentación de una propuesta….” CONSEJO DE ESTADO, Sección Tercera, Sentencia de 21 de abril de 2004, Exp. 12.960.

 

Regla

Una entidad pública no puede en búsqueda de garantizar la transparencia y objetividad en un proceso de selección abrir un nuevo proceso de licitación pública sobre una oferta  luego de abrir y no concluir un proceso de convocatoria de contratación directa, porque:

  1. Se le debe garantizar a los proponentes las condiciones pre establecidas en un proceso de selección so pena de violar los principios de la contratación estatal y la buena fe de los proponentes.
  2. En los procesos de contratación directa la entidad debe velar por  la garantía de los principios de transparencia y selección objetiva.
  3. Al no concluir el proceso de contratación directa, la entidad pública está en curso de una omisión administrativa  que genera la obligación de indemnizar a los proponentes dentro del proceso.

Decisión

Declárase administrativamente responsable al Departamento de Risaralda, por el daño ocasionado al demandante, de conformidad con lo expuesto dentro de esta sentencia.

Citas de precedentes en ratio decidendi

CE SIII E 12960 de 2004

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 8830 de 2006

Marco jurídico

Artículo 12 de la Ley 80 de 1993

Conceptualizaciones

Buena fe. «(…)-o bona fides- es un principio general del derecho que irradia todas las relaciones jurídicas, y significa fundamentalmente rectitud y honradez en el trato entre las personas en una determinada situación social y jurídica. Dicho de otro modo, es la ética media de comportamiento entre los particulares y entre éstos y el Estado con incidencia en el mundo del derecho, descansa en la confianza respecto de la conducta justa, recta, honesta y leal del otro, y se constituye en un comportamiento que resulta exigible a todos como un deber moral y jurídico propio de las relaciones humanas y negóciales.[1] (…)»  


[1] Ver a este respecto. GONZÁLEZ, Pérez Jesús, El Principio General de la Buena Fe en el Derecho Administrativo, Editorial Civitas, págs 44 y ss.  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 19349 DE 2011
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Responsabilidad administrativa
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Aplicación ilegal de la norma
  • Buena fe
  • Naturaleza del contrato
  • Contratación directa
  • Proponente
  • Responsabilidad administrativa
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Aplicación ilegal de la norma
  • Buena fe
  • Naturaleza del contrato
  • Contratación directa
  • Proponente
  • Responsabilidad administrativa
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Aplicación ilegal de la norma
  • Buena fe
  • Naturaleza del contrato
  • Contratación directa
  • Proponente
  • Documentos
    sección tercera
    Normativa
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