A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Excepciones a la prohibición de vinculación que afecte la nómina estatal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-1153-2005

Identificadores

Gestión fiscal
Crédito público
Interés general
Equidad
Urgencia manifiesta
Electoral
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación estatal
Gestión fiscal
Crédito público
Interés general
Equidad
Urgencia manifiesta
Electoral
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación estatal
Gestión fiscal
Crédito público
Interés general
Equidad
Urgencia manifiesta
Electoral
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-1153-2005

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 32 DEL ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005

Disposición Jurídica

ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005   Articulo 32. Vinculación a la nómina estatal. Se suspenderá cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso. Se exceptúan de la presente disposición, los casos a que se refiere el inciso segundo del artículo siguiente.   Parágrafo. Para efectos de proveer el personal supernumerario que requiera la organización electoral, la Registraduría organizará los procesos de selección y vinculación de manera objetiva a través de concursos públicos de méritos.   Parágrafo transitorio. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, adoptará el procedimiento descrito en el parágrafo que antecede, durante la realización del censo poblacional, para efectos del personal supernumerario que se contrate para estos efectos.   Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.   Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.”

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que queda suspendida cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, y, al mismo tiempo, prever excepciones frente dicha limitación en los contratos de crédito público y en aquellos contratos requeridos para cubrir diversos tipos de urgencias de defensa, salud, educación, infraestructura vial y de servicios públicos y ecológicas? 

Razones de la decisión

«(…) De otra parte, para la Sala el inciso primero se ajusta a la Constitución, pues la suspensión de las vinculaciones que afecten a la nómina estatal durante el periodo en que el candidato Presidente puede estar en campaña electoral sí es garantía de una mayor equidad de condiciones entre este candidato y los demás aspirantes a la presidencia de la República, en cuanto a través de esas vinculaciones se pueden buscar favores políticos.   Ahora, si bien la limitación garantiza la igualdad de condiciones, también es necesario que tal limitación que pretende la igualdad no termine yendo en detrimento de intereses públicos cuya garantía está en cabeza del ejecutivo, como son los inmersos en las excepciones para la prohibición de contratación.   En efecto, las excepciones de limitación protegen diversos tipos de urgencias de defensa, salud, educación, infraestructura vial y de servicios públicos y ecológicas tienden a no limitar desproporcionadamente la acción del Estado en el cumplimiento de sus fines, en procura de la igualdad entre candidatos como garantía electoral. Por su parte, la no restricción en la celebración de contratos de crédito público es razonable, pues le permite al Estado mantener la estabilidad fiscal toda vez que tanto el endeudamiento interno como el externo permiten conseguir los recursos necesarios para el pleno cubrimiento de las previsiones presupuestales.   Ahora bien, esta Corporación considera que la prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que “afecte” la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública.   Por último, la Sala precisa que la declaratoria de exequibilidad del artículo 32 se da bajo el entendido que el Presidente o el Vicepresidente de la República se ven cubiertos con la prohibición desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º. (…)»

Regla

El Congreso de la República puede establecer que queda suspendida cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, en la Rama Ejecutiva del Poder Público, durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta, si fuere el caso, y, al mismo tiempo, prever excepciones frente dicha limitación en los contratos de crédito público y en aquellos contratos requeridos para cubrir diversos tipos de urgencias de defensa, salud, educación, infraestructura vial y de servicios públicos y ecológicas, porque: 
  1. Dicha suspensión es una garantía que permite mayor equidad de condiciones entre el candidato Presidente y los demás aspirantes a la presidencia de la República, debido a que a través de esas vinculaciones se pueden buscar favores políticos.
  2. Las excepciones previstas, en relación a la prohibición de contratación, tienden a no limitar desproporcionadamente la acción del Estado en el cumplimiento de sus fines, para así evitar un detrimento de intereses públicos cuya garantía están en cabeza del ejecutivo.
  3. La no restricción en la celebración de contratos de crédito público es razonable, pues le permite al Estado mantener la estabilidad fiscal, toda vez que tanto el endeudamiento interno como el externo permiten conseguir los recursos necesarios para el pleno cubrimiento de las previsiones presupuestales.
  4. La prohibición de suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal hace referencia a la imposibilidad de creación de nuevos cargos y a la provisión de los mismos, salvo que se trate de solventar situaciones tales como renuncia, licencia o muerte que sean indispensables para el cabal funcionamiento de la Administración Pública.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE el artículo 32, en el entendido que para el Presidente o el Vicepresidente de la República dicha restricción se aplica desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º. En cuanto al parágrafo de esta misma disposición, el mismo se declara EXEQUIBLE, en el entendido de que la Registraduría adoptará un procedimiento ágil y eficaz para la selección del personal supernumerario. En cuanto al parágrafo transitorio de la disposición, se declara INEXEQUIBLE.   Declarar EXEQUIBLE el artículo 33, CONDICIONADO a que se entienda que para el Presidente o el Vicepresidente de la República se aplique desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º salvo la expresión “Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración”, la cual se declara INEXEQUIBLE. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Prohibición para contratar directamente gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración durante elecciones presidenciales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-1153-2005

Identificadores

Función administrativa
Electoral
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación directa
Contratación estatal
Función administrativa
Electoral
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación directa
Contratación estatal
Función administrativa
Electoral
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación directa
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-1153-2005

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 33 DEL ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005

Disposición Jurídica

ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005   Artículo 33. Restricciones a la contratación pública. Durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, queda prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado.   Queda exceptuado lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, de sastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias. Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.”

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer entre las excepciones a la prohibición de contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, “los gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración”?

Razones de la decisión

«(…) No obstante, la expresión “adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración.”  es demasiado amplia y, por su considerable indeterminación semántica, termina permitiendo incluir numerosas excepciones que desdibujarían la prohibición original. En esta medida, no se conseguiría la garantía pretendida.   Lo inaplazable e imprescindible son conceptos sometidos a una indeterminación de carácter evaluativo que deriva en que aquello que es impostergable o no prescindible para un sujeto puede no serlo para otro, según su perspectiva.  Lo mismo sucede con la expresión normal funcionamiento. La determinación del estado de normalidad o anormalidad del funcionamiento de la administración puede oscilar ampliamente.   Por otra parte, para que la garantía sea plena, se hace necesario que la prohibición se aplique para el Presidente o el Vicepresidente desde que éstos manifiesten el interés previsto en el artículo 9º.   Lo anterior lleva a la Sala a declarar la exequibilidad del artículo, con el condicionamiento arriba señalado, a excepción de la expresión arriba citada de manera textual. (…)»

Regla

 El Congreso de la República puede establecer entre las excepciones a la prohibición de contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, “los gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración”. No obstante, al ser una expresión demasiado amplia, para que la garantía sea plena, se hace necesario que la prohibición se aplique para el Presidente o el Vicepresidente desde que éstos manifiesten el interés, conforme a lo previsto en el artículo 9 Acto Legislativo 216 de 2005: la declaración del Presidente que aspira ser candidato a la elección presidencial deberá ser pública y por escrito, seis (6) meses antes de la votación en primera vuelta. 

Decisión

Declarar EXEQUIBLE el artículo 33, CONDICIONADO a que se entienda que para el Presidente o el Vicepresidente de la República se aplique desde que manifiestan el interés previsto en el artículo 9º salvo la expresión “Adicionalmente se exceptúan aquellos gastos inaplazables e imprescindibles que afecten el normal funcionamiento de la administración”, la cual se declara INEXEQUIBLE. 


La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Prohibiciones de los funcionarios públicos para garantizar los principios de la función administrativa durante épocas de elecciones

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-1153-2005

Identificadores

Servidor público
Electoral
Etapa contractual
Función administrativa
Contratación estatal
Etapa postcontractual
Moralidad pública
Servidor público
Electoral
Etapa contractual
Función administrativa
Contratación estatal
Etapa postcontractual
Moralidad pública
Función administrativa
Moralidad pública
Servidor público
Electoral
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-1153-2005

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 38 DEL ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005

Disposición Jurídica

ACTO LEGISLATIVO 216 DE 2005

 

Artículo 38. Prohibiciones para los servidores públicos. A excepción de los empleados del Estado que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución, les está prohibido:

 

1. Acosar, presionar, o determinar, en cualquier forma, a subalternos para que respalden alguna causa, campaña o controversia política.

2. Difundir propaganda electoral a favor o en contra de cualquier partido, agrupación o movimiento político, a través de publicaciones, estaciones oficiales de televisión y de radio o imprenta pública, a excepción de lo autorizado en la presente ley.

3. Favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos, a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en su misma causa o campaña política, sin perjuicio de los concursos que en condiciones públicas de igualdad e imparcialidad ofrezcan tales posibilidades a los servidores públicos.

4. Ofrecer algún tipo de beneficio directo, particular, inmediato e indebido para los ciudadanos o para las comunidades, mediante obras o actuaciones de la administración pública, con el objeto de influir en la intención de voto.

5. Aducir razones de "buen servicio" para despedir funcionarios de carrera por razones políticas, durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones.

La infracción de alguna de las anteriores prohibiciones constituye falta gravísima.

Parágrafo. Los Gobernadores, Alcaldes Municipales y/o Distritales, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden Municipal, Departamental o Distrital, dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones, no podrán celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

Tampoco podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos.

No podrán autorizar la utilización de inmuebles o bienes muebles de carácter público para actividades proselitistas, ni para facilitar el alojamiento, ni el transporte de electores de candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participe n voceros de los candidatos.

La nómina del respectivo ente territorial o entidad no se podrá modificar dentro de los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, salvo que se trate de provisión de cargos por faltas definitivas, con ocasión de muerte o renuncia irrevocable del cargo correspondiente debidamente aceptada, y en los casos de aplicación de las normas de carrera administrativa.”

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República prohibir a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, celebrar convenios interadministativos para la ejecución de recursos públicos, destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales y modificar la nómina del ente territorial?

Regla ampliada

Integralidad de los fallos de control de constitucionalidad de la Corte Constitucional   «(…)  Los fallos que en ejercicio del control constitucional profiera la Corte Constitucional son, como se anotó, integrales. Por tanto, al momento de confrontar la norma revisada con la preceptiva constitucional, la Corte analiza todos y cada uno de los artículos del proyecto de ley estatutaria a la luz de todos y cada uno de los artículos del estatuto superior. En este sentido, los artículos que la Corte encuentre exequibles es porque son conformes con la totalidad del ordenamiento constitucional. Los que encuentre inexequibles son retirados del ordenamiento jurídico. Por tanto, una vez sancionado el proyecto y convertido en ley de la República, éste goza ya de un juicio de constitucionalidad favorable, constatado por medio de una sentencia. (…)»

Razones de la decisión

«(…) La Sala observa que todas las limitaciones previstas en el artículo 38 están claramente encaminadas a garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución, en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones. En esa medida, en términos generales, el artículo 38 no contraría disposición alguna de la Carta, sino que la desarrolla.


(…)

 

El inciso segundo según el cual no se podrán inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social en reuniones o eventos en los que participen candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia de la República, el Congreso de la República, Gobernaciones Departamentales, Asambleas Departamentales, Alcaldías y Concejos Municipales o Distritales o los voceros de estos candidatos, pretende no atribuir méritos de la labor de la administración en general a determinado candidato. Es decir, busca no personalizar los logros de la administración, lo cual es desarrollo del principio de moralidad administrativa. Además, el inciso tercero es desarrollo del artículo 13 de la Carta, pues al no personalizarse los logros de la administración no se genera desventaja entre los candidatos a los cuales, con la asistencia a la obra se les estaría atribuyendo tácitamente su realización, y aquellos que no asisten a las inauguraciones de obras. Por tanto, el inciso segundo del parágrafo será declarado exequible.

 

(…)

 

La Corte encuentra ajustado a la Constitución el inciso tercero, porque, como las demás previsiones del artículo 38, tiende a proteger la moralidad administrativa. Si bien el Procurador estima que se debe declarar exequible la expresión “tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos”, por estimar que puede llegar a limitar el alcance de protección de la norma, la Sala estima que tal limitación no se presenta. En efecto están prohibidas las conductas mencionadas en los numerales 1 y 2 en términos generales y no se exceptúa de tal prohibición el evento en el cual esté presente un vocero de candidato. Es lógico, a pesar de su redundancia, señalar que si está prohibido lo más también lo está lo menos.

 

Por tanto se declarará exequible el inciso tercero del parágrafo del artículo 38.

 

Por último, la Sala también encuentra ajustada a la Carta la prohibición de modificar la nómina de los entes territoriales que dirijan o en los cuales participen Gobernadores, Alcaldes, Secretarios, Gerentes y directores de Entidades Descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital durante los cuatro meses anteriores a las elecciones a cargos de elección popular, pues esto garantiza que no se utilice como medio para la campaña electoral en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Carta para actuar en política y, por tanto, promueve la transparencia del actuar administrativo.

 

Ahora bien, las excepciones a esta prohibición, consignadas en el inciso cuarto del parágrafo, respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración, a través de la autorización de vincular en nómina (a) cuando se trate de proveer cargos por faltas definitivas  derivada de muerte o renuncia y (b) los cargos de carrera administrativa. 

 

En efecto, si se trata de proveer un cargo por necesidad del servicio, toda vez que quien lo desempeñaba no está en capacidad de seguirlo haciendo, es claro que la vinculación no se tratará de un cargo creado ad hoc en épocas de campaña, sino de una necesidad permanente de la administración que no puede dejar de ser satisfecha por encontrarse en periodo de campaña. De otra parte, si con la prohibición de modificación de nómina pretende evitar la vulneración de la moralidad administrativa, las vinculaciones que se presenten aplicando las normas de carrera administrativa serán admisibles por todas las garantías de transparencia y objetividad que deben rodear el régimen de carrera.

 

Por último, el límite de tiempo para la prohibición de modificación de nómina es razonable, pues en los cuatro meses indicados, época de campaña, es que se presentan el mayor riesgo de aprovechamiento del cargo público para fines políticos.

 

Por tanto, el inciso cuarto del parágrafo del artículo 38 será declarado exequible. (…)»  

Regla

El Congreso de la República puede prohibir a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas, durante los cuatro meses previos a las elecciones presidenciales, celebrar convenios interadministativos para la ejecución de recursos públicos, destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, inaugurar obras públicas o dar inicio a programas sociales y modificar la nómina del ente territorial, porque: 
  1. Estas limitaciones están encaminadas a garantizar los principios de la función administrativa previstos en el artículo 209 de la Constitución  Política, en particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones.
  2. Evitar que puedan inaugurar obras públicas o dar inicio a programas de carácter social pretende no atribuir méritos de la labor de la administración en general a determinado candidato. Es decir, busca no personalizar los logros de la administración, lo cual es desarrollo del principio de moralidad administrativa.
  3. Impedir que puedan modificar la nómina busca garantizar que no se utilice como medio para la campaña electoral, en la cual pueden llegar a participar los funcionarios públicos autorizados por la Constitución Política para actuar en política, y así promover la transparencia del actuar administrativo. No obstante, el mismo artículo estable dos excepciones a esta prohibición: cuando se trate de proveer cargos por faltas definitivas  derivada de muerte o renuncia y en los cargos de carrera administrativa, las cuales respetan el equilibrio que debe existir entre la guarda de la moralidad administrativa y la eficacia de la administración. 
  4. El límite de tiempo de estas prohibiciones es razonable, pues en los cuatro meses indicados, época de campaña, es que se presentan el mayor riesgo de aprovechamiento del cargo público para fines políticos.

Decisión

Declarar INEXEQUIBLES las expresiones “excepción de”, “que se desempeñen en la rama judicial, en los órganos electorales, de control y de seguridad, a los demás servidores públicos autorizados por la Constitución” contenidas en el artículo 38, así como también las expresiones “por razones políticas, durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones” contenidas en el numeral 5º del artículo 38, y las expresiones “en las que participen los candidatos a cargos de elección popular. Tampoco podrán hacerlo cuando participen voceros de los candidatos” también contenidas en el inciso primero del parágrafo del artículo 38. El resto del artículo 38 se declara EXEQUIBLE.

Marco jurídico

Artículos 13 y 209 de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: C-1153-2005
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Gestión fiscal
  • Crédito público
  • Interés general
  • Equidad
  • Urgencia manifiesta
  • Electoral
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Gestión fiscal
  • Crédito público
  • Interés general
  • Equidad
  • Urgencia manifiesta
  • Electoral
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Gestión fiscal
  • Crédito público
  • Interés general
  • Equidad
  • Urgencia manifiesta
  • Electoral
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Función administrativa
  • Electoral
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación directa
  • Contratación estatal
  • Función administrativa
  • Electoral
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación directa
  • Contratación estatal
  • Función administrativa
  • Electoral
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación directa
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Servidor público
  • Electoral
  • Etapa contractual
  • Función administrativa
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Moralidad pública
  • Servidor público
  • Electoral
  • Etapa contractual
  • Función administrativa
  • Contratación estatal
  • Etapa postcontractual
  • Moralidad pública
  • Función administrativa
  • Moralidad pública
  • Servidor público
  • Electoral
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Corte Constitucional. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. C - 1153 de 2005. 11 de noviembre de 2005
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