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El Estado puede establecer convenios para fijar la tarifa de remuneración del servicio de alumbrado público, sin que se vulnere algún derecho colectivo. 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP00689 DE 2007

Identificadores

Tarifa
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Moralidad pública
Contratación estatal
Tarifa
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Moralidad pública
Contratación estatal
Tarifa
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Moralidad pública
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP00689 DE 2007

Caso

HENRY ANTONIO PATIÑO POVEDA Y OTROS VS. DISTRITO CAPITAL Y OTROS.

Hechos relevantes

Entre el Distrito Capital y la Empresa de Energia de Bogota S.A E.S.P. se suscribió el Convenio No. 766, cuyo objeto era el suministro y pago del servicio de alumbrado público en la ciudad de Bogotá. Posteriormente en virtud del mencionado convenio se suscribió un “Acuerdo entre el Distrito Capital – Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos –UESP- y CODENSA S.A. E. S. P.”, con el objeto de establecer la metodología para calcular la remuneración del prestador del servicio de alumbrado público de Bogotá y convenir la forma de pago y la ejecución de otras actividades tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio. Finalmente entre el Distrito Capital y CODENSA S. A. E. S. P., se celebró un contrato de transacción  con el fin de solucionar las diferencias en la facturación y pago del servicio de alumbrado público, durante los años 1998, 1999 y 2000, surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución del Convenio.  

Por lo anteriormente descrito, el demandante considera que el Distrito Capital vulneró el derecho colectivo a la moralidad administrativa, por cuanto en el Acuerdo celebrado en virtud del Convenio 766 se estableció una tarifa ilegal y excesiva para la remuneración del servicio de alumbrado público en el Distrito Capital.

Problema Jurídico

¿Vulnera la administración del Distrito Capital el derecho a la moralidad administrativa al suscribir un Convenio con un particular en el que se establece una tarifa para la remuneración del servicio de alumbrado público?

Razones de la decisión

«(...)El acervo probatorio recaudado no le permite establecer a la Sala la trasgresión a la moralidad administrativa pues no se demostró conducta inmoral alguna endilgable a los accionados con la suscripción de este acuerdo, que pueda enmarcarse en un evento de violación o amenaza del derecho antes mencionado, toda vez que del mismo per se no se colige una conducta lesiva o capaz de generar un daño, peligro grave o amenaza de este derecho o interés colectivo, o configurativa de un comportamiento inmoral o falto de ética de un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

 

Además, tal y como ya se expuso, este tipo de contratos no están sometidos una tarifa regulada por la CREG, sino que ésta –cuando el municipio no lo presta directamente- queda sometida a la libre negociación entre éste y la empresa, con la sola limitante regulatoria para el ente territorial en el sentido de no puede recuperar más de lo que por la prestación del servicio incluyendo expansión y mantenimiento.(...)»

Regla

La administración del Distrito Capital no vulnera el derecho a la moralidad administrativa al suscribir un Convenio con un particular en el que se establece una tarifa para la remuneración del servicio de alumbrado público, porque:

  1. Este tipo de contratos no está sometido a una tarifa regulada por la CREG sino que está –cuando el municipio no lo presta directamente- queda sometida a la libre negociación entre el municipio y la empresa, con la sola limitante regulatoria para el ente territorial en el sentido de no puede recuperar más de lo que por la prestación del servicio incluyendo expansión y mantenimiento.
  2. La suscripción de este tipo de acuerdos no se enmarcan dentro de una violación al derecho colectivo de la moralidad administrativa toda vez que del mismo no se colige una conducta lesiva o capaz de generar un daño, peligro grave o amenaza del derecho o interés colectivo mencionado, o la configuración de un comportamiento inmoral o falto de ética de un funcionario en el ejercicio de sus funciones.

Decisión

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, aquella dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de marzo de 2006.

Conceptualizaciones

Moralidad administrativa. «(...) La moral administrativa consiste en la justificación de la conducta de quien ejerce función pública, frente a la colectividad, no con fundamento en una óptica individual y subjetiva que inspire al juez en cada caso particular y concreto, sino en la norma jurídica determinadora de los procedimientos y trámites que debe seguir éste en el cumplimiento de la función pública que le ha sido encomendada.   Por contera la vulneración a la moral administrativa no se colige de la apreciación individual y subjetiva del juez en relación con la conducta de quien ejerce función pública; tal inferencia, como lo ha concluido la Sala, surge cuando se advierte la inobservancia grosera, arbitraria y alejada de todo fundamento legal, de las normas a las cuales debe atenerse el administrador en el cumplimiento de la función pública. Cabe agregar que la sola desatención de los trámites, procedimientos y reglamentos establecidos normativamente para el ejercicio de la función pública, en que el encargado de la misma incurra, no lleva a concluir automáticamente y sin fórmula de juicio, la vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa; es necesario además, que de la conducta transgresora del ordenamiento establecido pueda predicarse antijuridicidad, entendido este elemento como la intención manifiesta del funcionario de vulnerar los deberes que debe observar en los procedimientos a su cargo.   Así, se concluye que la moralidad administrativa está inescindiblemente vinculada al cumplimiento de las funciones que se establecen en la norma para el ejercicio de un cargo, porque es en el ordenamiento jurídico donde la actuación del encargado de la función pública encuentra su justificación frente a la colectividad y por ende está estrechamente relacionada con el principio de legalidad, cuya vulneración puede darse por extralimitación o por omisión de las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones (artículo 6 de la C.N.), comprometiendo la responsabilidad del agente causante de la vulneración, no sólo frente al Estado y los directamente afectados en un derecho subjetivo amparado en una norma, sino frente a la colectividad interesada en que se mantenga la moralidad administrativa, derecho cuyo disfrute no corresponde a un titular determinado y concreto sino a toda la comunidad”.(...)»

  Características de la moralidad administrativa. «(…) “a) es un principio que debe ser concretado en cada caso; b) al realizar el juicio de moralidad de las actuaciones, deben deslindarse las valoraciones sobre conveniencia y oportunidad que corresponde realizar al administrador de aquellas en las que se desconozcan las finalidades que debe perseguir con su actuación; c) en la práctica, la violación de este derecho colectivo implica la vulneración de otros derechos de la misma naturaleza.”[1].(…)»    


[1] Sentencia proferida por la Sección Tercera el 31 de octubre de 2002, Exp. AP-059. En el mismo sentido ver sentencias AP-166 y Ap-170 de 2001.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

El contrato de transacción como figura para precaver un litigio no vulnera  el derecho colectivo al patrimonio público

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E AP00689 DE 2007

Identificadores

Etapa contractual
Acción popular
Etapa contractual
Acción popular
Etapa contractual
Acción popular

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E AP00689 DE 2007

Caso

HENRY ANTONIO PATIÑO POVEDA Y OTROS VS. DISTRITO CAPITAL Y OTROS.

Hechos relevantes

Entre el Distrito Capital y la Empresa de Energia de Bogota S.A E.S.P. se suscribió el Convenio No. 766, cuyo objeto era el suministro y pago del servicio de alumbrado público en la ciudad de Bogotá. Posteriormente en virtud del mencionado convenio se suscribió un “Acuerdo entre el Distrito Capital – Unidad Ejecutiva de Servicios Públicos –UESP- y CODENSA S.A. E. S. P.”, con el objeto de establecer la metodología para calcular la remuneración del prestador del servicio de alumbrado público de Bogotá y convenir la forma de pago y la ejecución de otras actividades tendientes al mejoramiento de la calidad del servicio. Finalmente entre el Distrito Capital y CODENSA S. A. E. S. P., se celebró un contrato de transacción  con el fin de solucionar las diferencias en la facturación y pago del servicio de alumbrado público, durante los años 1998, 1999 y 2000, surgidas entre las partes con ocasión de la ejecución del Convenio.  

Por lo anteriormente descrito, el demandante considera que el Distrito Capital vulneró el derechos colectivo a la defensa del patrimonio público,  al celebrar un contrato de transacción en el que a su parecer el Estado no solo se abstuvo de pactar una tarifa más favorable para el pago de la energía eléctrica en su condición de gran consumidor sino que pactó y pagó una tarifa superior a la máxima permitida. 

Problema Jurídico

¿Puede la administración del Distrito Capital celebrar un contrato de transacción con un particular para precaver un litigio sin violar el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público?

Razones de la decisión

«(...) Frente a la violación de este derecho, la Sala encuentra que el comportamiento desplegado por los demandados con la suscripción del Acuerdo de 25 de enero de 2002 y la transacción celebrada el 9 de abril de 2002 tampoco se acreditó que uno y otro acuerdos acarreen afectación al patrimonio público, y - por el contrario- según la prueba documental aportada –en particular con el segundo acuerdo celebrado- evitaron un litigio inminente, que bien podría haber resultado más oneroso para el Distrito Capital. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 68 de la ley 80, la transacción es uno de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales, aunque regido por el derecho privado, en particular por el artículo 2469 del Código Civil (norma aplicable por virtud de lo dispuesto por los artículos 13 y  23 de la ley 80 y art. 8º del decreto reglamentario 679 de 1994), figura que a juicio de la Sala –a diferencia de lo que sucede con la conciliación- reviste el carácter de convención o acuerdo generador de obligaciones. (...)»

Regla

La administración del Distrito Capital si puede celebrar un contrato de transacción con un particular para precaver un litigio sin vulnerar el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, porque, siendo la transacción uno de los mecanismos de solución directa de las controversias contractuales lo que se pretende es evitar un litigio que puede resultar más oneroso para los intereses del Estado. 

Decisión

PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, esto es, aquella dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el 17 de marzo de 2006.

Conceptualizaciones

Patrimonio público. «(...)  Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales”.[1](...)»  

Naturaleza jurídica de la transacción. «(...) La transacción, como lo tiene dicho la Corte (XLVIII, 268), no es un contrato solemne, sino simplemente consensual, salvo que afecte bienes raíces. Se perfecciona por el solo consentimiento de las partes y puede ser comprobado por cualquier medio probatorio, con la única restricción de la prueba testimonial cuando el valor del convenio excede de quinientos pesos. Teniendo carácter consensual y no solemne, puede celebrarse verbalmente o por documento privado o público, de modo que ningún precepto legal se quebranta cuando se lo consigna por escritura pública. Además y según el tenor del artículo 2469 del Código Civil, la transacción es un negocio extrajudicial, o sea una convención regulada por el derecho sustancial y que entre las partes produce los efectos extintivos que le son inherentes desde el momento mismo en que se perfecciona.

 

‘Cuando existe pleito pendiente entre dichas partes, genera también el efecto procesal de poner término a esa litis, para lo cual se requiere incorporar la transacción en el proceso mediante la prueba de su celebración, a fin de que el juez pueda decretar el fenecimiento del juicio. Este efecto doble y la circunstancia de que por lo regular se asienta el pacto dentro del litigio en curso, le dan a la transacción la apariencia de un simple acto procesal, pero no lo es en realidad, porque ella se encamina principalmente a disipar la duda y a regular y dar certeza a la relación sustancial que la motiva y porque, en razón de esta finalidad primordial, la ley la considera y trata como una convención y como un modo de extinguir obligaciones, es decir, como una convención liberatoria (Código Civil 1625 y 2469). (...)»

 


[1] Sentencia de la Sección Cuarta del 31 de mayo de 2002, exp: 25000-23-24-000-1999-9001-01.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E AP00689 DE 2007
Síntesis
1. ACCIONES POPULARES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Tarifa
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Tarifa
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Tarifa
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Moralidad pública
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Etapa contractual
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  • Etapa contractual
  • Acción popular
  • Documentos
    Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrtaivo - Sección Tercera, C.P. Ruth Stella
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