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La buena fe se debe presumir de todas las actuaciones hechas por los participantes de un proceso de selección  sin perjuicio de los recursos legales para desvirtuarlo  

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19117 DE 2011

Identificadores

Contratación estatal
Etapa precontractual
Criterios de evaluación de las propuestas
Objeciones
Buena fe
Contratación estatal
Etapa precontractual
Criterios de evaluación de las propuestas
Objeciones
Buena fe
Contratación estatal
Etapa precontractual
Criterios de evaluación de las propuestas
Objeciones
Buena fe

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19117 DE 2011

Caso

HORACIO MENDOZA MARTÍNEZ Y OTRO VS. MUNICIPIO DE MONTERÍA

Hechos relevantes

Una entidad pública mediante licitación pública realizó convocatoria para la adjudicación de un contrato de obra. Tras hacer el estudio de las propuestas, la entidad puso a disposición de los oferentes el informe de evaluación. El oferente en segundo puesto objetó la propuesta del oferente en primer lugar aduciendo una indebida calificación del factor económico para lo cual allegó declaración de renta del oferente beneficiado.

 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública tener en cuenta en las objeciones hechas por un oferente a los informes de evaluación de las propuestas  elementos que orbitan en la privacidad de otro  y  que son obtenidos de manera irregular?

Regla ampliada

Selección objetiva. «(…)cuando se escoge la oferta más favorable para la entidad y los fines que ella busca, sin considerar factores o motivaciones subjetivas, esto es la que le resulta más ventajosa teniendo en cuenta el cumplimiento, experiencia, organización, equipos, plazo y precio, entre otros elementos y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenida en los pliegos de condiciones o términos de referencia o en el análisis previo a la suscripción del contrato. .(…)»


Precio no es el único elemento relevante en un proceso de selección «(…) el precio es un elemento objetivo que se debe considerar, no se le puede atribuir un valor absoluto de preferencia, dado el riesgo que entraña para el interés público que la administración desconozca los demás principios legales a que debe sujetarse en la selección objetiva del contratista[1]..(…)»

 


[1] Así, por ejemplo, en sentencia del 19 de junio de 1996, la Sección Tercera señaló: “[e]s cierto que el valor de la oferta es, en principio, factor de preferencia para la adjudicación del contrato; pero de ahí a considerar, con carácter absoluto, que la propuesta más baja debe en todos los casos resultar beneficiada con la adjudicación, es tanto como volver la espalda ante el riesgo que implica, para el interés público, no atender los demás principios que informan la licitación, entre ellos el de la conveniencia ‘... pues le bastaría a un proponente salirse de la lógica de lo razonable, para cotizar bien bajo, con el fin de ‘barrer’ en la licitación, y luego, recién iniciada la ejecución del contrato, solicitar de la administración la revisión alegando importantes teorías sobre el restablecimiento del equilibrio contractual..’ como se dijo en sentencia dictada en el expediente 8030 con ponencia del Doctor Uribe Acosta” (consejero ponente Jesús María Carrillo Ballesteros; expediente 9868).

Razones de la decisión

«(…) para la Sala tenía que ser así, porque, sin perjuicio de que definitivamente los señores Mendoza Martínez y Ardila León dijeron poseer una información reservada a la que no tenían porqué acceder, i) el postulado de la buena fe impone a las autoridades públicas presumir que las actuaciones de los particulares consultan el ordenamiento, sin perjuicio del uso de sus facultades legales y constitucionales para desvirtuarlo; ii) porque la inocencia se presume en tanto, el sindicado no resulta vencido en juicio  y iii) dado que la falsedad documental produce efectos a partir de su declaración, al tenor del artículo 291 del Código de Procedimiento Civil[1].

(…)

Siendo así la entidad contratante actuó como debía cuando hizo caso omiso de la constancia dejada por el apoderado de los demandantes y, en lugar de atender la objeción siguió adelante con la adjudicación, si se considera que la presentación de un documento espurio, no resulta idóneo para desvirtuar la buena fe y la presunción de inocencia que acompañaba al proponente que a la postre resultó privilegiado con la adjudicación.

(…)

Sin dejar de lado que, en este caso, la copia de la declaración de renta que figura entre los documentos en custodia en la personería municipal, coincide con el facsímile que dicen los demandantes les habría sido remitido por la administración de impuestos, como se demuestra con las pruebas recabadas durante la inspección judicial practicada en las instalaciones de ese órgano del ministerio público. .(…)»   


[1] “ARTÍCULO 291. EFECTOS DE LA DECLARACIÓN DE FALSEDAD. Cuando se declare total o parcialmente falso un documento, el juez lo hará constar así al margen o a continuación de él, en nota debidamente especificada. Si la falsedad recae sobre el original de un documento público, el juez la comunicará con los datos necesarios a la oficina donde se encuentre, para que allí se ponga la correspondiente nota. En todo caso, dará aviso al juez penal competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación.

El proceso penal sobre falsedad no suspenderá el incidente de tacha, pero la providencia con que termine aquél surtirá efectos en el proceso civil, siempre que el juez penal se hubiere pronunciado sobre la existencia del delito y se allegue copia de su decisión en cualquiera de las instancias, con anterioridad a la sentencia –se destaca-.”

Regla

Una entidad pública no debe tener en cuenta en las objeciones hechas a los informes de evaluación de las propuestas  elementos que orbitan en la privacidad del oferente y  que son obtenidos de manera irregular porque:
  1. Las autoridades públicas deben presumir la buena fe de los particulares en sus actuaciones sin perjuicio de las facultades legales y constitucionales para desvirtuarlos.
  2. Las pruebas obtenidas de forma ilegal no deben tenerse en cuenta al momento de realizar una valoración probatoria por parte de la entidad.

Decisión

CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba el 29 de junio de 2000.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 8071 DE 1994 CE SIII E 9724 DE 1994 CE SIII E 8858 DE 1995 CE SIII E 12344 DE 2006 CE SIII E 17783 DE 2008

Marco jurídico

Artículo 29 de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 19117 DE 2011
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Objeciones
  • Buena fe
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Objeciones
  • Buena fe
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Objeciones
  • Buena fe
  • Documentos
    Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B.
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