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Las estipulaciones contractuales que van en contra de los derechos fundamentales son absolutamente nulas por tener objeto ilícito

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 23042 DE 2013

Identificadores

Derechos
Objeto ilícito
Salud
Etapa contractual
Contratación estatal
Principio de conservación del negocio jurídico
Derechos
Objeto ilícito
Salud
Etapa contractual
Contratación estatal
Principio de conservación del negocio jurídico
Derechos
Objeto ilícito
Salud
Etapa contractual
Contratación estatal
Principio de conservación del negocio jurídico

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 23042 DE 2013

Caso

FUNDACION CARDIO INFANTIL - INSTITUTO DE CARDIOLOGIA VS. CAJA DE PREVISION SOCIAL DE SANTA FE DE BOGOTA D.C. - EN LIQUIDACION Y OTRO

Hechos relevantes

Dos entidades públicas celebraron contrato para la prestación de los servicios médicos, quirúrgicos y hospitalarios a los afiliados, pensionados y beneficiarios de esta que le fueran remitidos.   En el contrato se estipuló que el servicio sería prestado previa exigencia de una copia del carné del afiliado para establecer esa calidad, así como de una orden de remisión suscrita por la entidad contratante o el director de la clínica o el jefe de urgencias de ésta.

Problema Jurídico

¿Pueden dos entidades estales que celebraron un contrato para la prestación de los  servicios médicos pactar una clausula en la que condicionan la prestación del servicio a la salud, o su retribución, a la existencia de una orden del director científico de la caja o del director de la clínica o del jefe de turno del departamento de urgencias? 

Regla ampliada

Nulidad del contrato por expresa prohibición legal o constitucional. «(…) Para que se configure la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, esto es que el contrato se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional es menester que haya una violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita,[1] razón por la cual no toda transgresión a una prohibición conduce a estructurar esta precisa causal aunque por supuesto habrá de configurar otra.

 

En este orden de ideas, si se desacata una prohibición genérica o una prohibición implícita del estatuto contractual, el contrato será absolutamente nulo por violar el régimen legal pero la causal no será la enlistada en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 sino una diferente según el caso.(…)» 

 

Saneación de la nulidad absoluta por prescripción. «(…) El artículo 2º de la Ley 50 de 1936, en la nueva redacción que le dio al artículo 1742 del C. C., expresa que la nulidad absoluta se sanea “en todo caso” por prescripción extraordinaria.

 

Por consiguiente, cualquiera que sea la causa que da origen a la nulidad absoluta, transcurrido el término de la prescripción extraordinaria ya no podrá ella pedirse ni decretarse, no porque el solo transcurso del tiempo torne lícito lo ilícito, sino porque el orden jurídico, en aras de la paz social y la seguridad jurídica, estima que es conveniente poner un límite temporal a la posibilidad de cuestionar los negocios jurídicos. (…)»   


[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 29 de agosto de 2007, Expediente 15324.

Razones de la decisión

«(…)3. Pues bien, nótese que de acuerdo con estos preceptos el derecho a la salud, entendido como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar el más alto nivel posible de salud, supone, entre otras medidas, el establecimiento de condiciones que aseguren que todas las personas tendrán acceso igualitario y oportuno a los correspondientes servicios médicos y hospitalarios y por consiguiente, toda decisión, disposición o acuerdo que establezca requisitos o imponga limitaciones, en uno y en otro caso, caprichosos, poco razonables, que miren más a la conveniencia del intermediario o del prestador del servicio y no al derecho del paciente, o que finalmente hagan nugatorio el derecho a la salud, debe ser tenida como una decisión, disposición o convenio que viola las normas imperativas que regulan ese derecho fundamental y por ende le debe sobrevenir el consecuencial juicio negativo de valor.

 

 Así por ejemplo, condicionar la prestación del servicio, o la retribución que debe darse por él a quien lo brinda, a una previa orden escrita del Director de uno de los intermediarios de la cadena de la salud o del Jefe de alguna de sus dependencias, son exigencias que finalmente hacen nugatorio el derecho que tiene todo paciente al fácil y oportuno acceso a la atención médica u hospitalaria.

 

Si tales exigencias, también por ejemplo, se han previsto en un contrato de prestación de servicios a la salud, es claro que la estipulación que las contiene será absolutamente nula por tener objeto ilícito ya que tal pacto contraviene normas imperativas.

(…)

4.4 Cuando el vicio de nulidad que aqueja al contrato no comprende sus elementos estructurales sino otros que se podrían llamar accidentales es evidente que el decreto de nulidad no destruye por entero el contrato sino la parte viciosa, cuestión esta que se desprende del principio de conservación del negocio jurídico.

 

En consecuencia, como se trata de un elemento accidental, la eliminación de este no comporta la desaparición de todo el contrato y consiguiente lo demás subsistirá y las relaciones jurídicas de las partes se regirán de acuerdo con  lo convenido, exceptuando por supuesto la parte cuya nulidad se decreta.

 (…)

Por estas razones, y las que atrás se expresaron, es que la cláusula segunda de los dos contratos que celebraron las partes de este litigio es absolutamente nula en cuanto condiciona la prestación del servicio a la salud, o su retribución, a la existencia de una orden del Director Científico de la Caja, o del Director de la Clínica Fray Bartolomé, o del Jefe de Turno del Departamento de Urgencias, pues, se repite, semejantes exigencias se traducen finalmente, y en la práctica, a una violación del derecho de los pacientes al acceso al servicio de la salud de manera fácil y oportuna.(…)»

Regla

Dos entidades estales que celebraron un contrato para la prestación de los servicios médicos no pueden pactar una clausula en la que condicionan la prestación del servicio a la salud, o su retribución, a la existencia de una orden del director científico de la caja o del director de la clínica o del jefe de turno del departamento de urgencias, porque: 

  1. Es una exigencia que va en contra del derecho a la salud y que hacen nugatorio el derecho que tiene todo paciente al fácil y oportuno acceso a la atención médica u hospitalaria.
  2. Al ser una disposición que establece requisitos o impone limitaciones poco razonables es absolutamente nula por tener objeto ilícito ya que viola las normas imperativas que regulan los derechos fundamentales de los pacientes. Sin embargo, por no ser un vicio de nulidad que comprenda los elementos estructurales del contrato la eliminación de este no comporta la desaparición de todo el contrato y consiguiente lo demás subsistirá y las relaciones jurídicas de las partes se regirán de acuerdo con  lo convenido, en virtud del principio de conservación del negocio jurídico. 

Decisión

REFORMAR la sentencia apelada la que queda así:  
  1. 1.    DECRETAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la cláusula segunda de los contratos G-089 de 1993 y G-078 de 1994 celebrados entre la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ y la FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL en cuanto condiciona la prestación del servicio a la salud, o su retribución, a la existencia de una orden del Director Científico de la Caja, o del Director de la Clínica Fray Bartolomé, o del Jefe de Turno del Departamento de Urgencias.
  2. 2.    DECLARAR que la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ  debe pagar a la FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL el valor de los servicios a la salud que le prestó a los afiliados Nubia Marina Rodríguez González y Helí Rodríguez Silva en ejecución de los contratos G-089 de 1993 y G-078 de 1994.
  3. 3.    CONDENAR a la CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE SANTA FE DE BOGOTÁ a pagar a la FUNDACIÓN CARDIO INFANTIL las sumas de OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS ($8.225.349) y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS ($8.465.357), las que ya actualizadas ascienden hoy, respectivamente, a DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($19.988.749.09) y VEINTE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($20.387.657.31), por concepto del valor de los servicios a la salud que la demandante le prestó a los afiliados de la demandada Nubia Marina Rodríguez González y Helí Rodríguez Silva en ejecución de los contratos G-089 de 1993 y G-078 de 1994.
  4. 4.    Sobre estas sumas de dinero se pagarán intereses a la tasa del doce por ciento (12%) anual desde el 20 de julio y el 30 de diciembre de 1994, respectivamente, esto es, a partir de los 30 días siguientes a la presentación de las facturas.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 15324 DE 2007

Marco jurídico

Artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 23042 DE 2013
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Derechos
  • Objeto ilícito
  • Salud
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Principio de conservación del negocio jurídico
  • Derechos
  • Objeto ilícito
  • Salud
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Principio de conservación del negocio jurídico
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    Consejo de Estado 
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