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La interpretación sistemática y el principio de eficacia del contrato en los anticipos

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22714 DE 2012

Identificadores

Etapa contractual
Pago
Anticipo
Incumplimiento
Contratación estatal
Etapa contractual
Pago
Anticipo
Incumplimiento
Contratación estatal
Etapa contractual
Pago
Anticipo
Incumplimiento
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22714 DE 2012

Caso

DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA VS. LUCY ESCALONA MANUEL

Hechos relevantes

Entre una entidad estatal y un ciudadano se celebró un contrato de compraventa de material quirúrgico, pactándose el término de duración del mismo en treinta días hábiles contados a partir de su legalización sin precisarse cuál de las partes debía cumplir primero con sus obligaciones. La entidad alegó que el vendedor no hizo entrega de los materiales en el plazo contractual establecido, mientras que el vendedor se excusó afirmando que la entidad no pagó el anticipo.

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública pagar el anticipo convenido en un contrato de compraventa en el que se pactó  el término de duración en treinta días hábiles contados a partir de su legalización sin precisarse cuál de las partes debía cumplir primero con sus obligaciones?

Regla ampliada

Interpretación autentica de los contratos estatales. «(…)Una de las herramientas interpretativas consagrada en las disposiciones transcritas, de gran valía y utilidad, es la denominada interpretación auténtica, la cual supone "nuevamente en claro paralelismo con la interpretación auténtica de la ley, realizada por el propio legislador" que la hermenéutica o la aplicación que las mismas partes han dado al clausulado del contrato, sobre cuyo significado o alcance controvierten con posterioridad, debe preferirse respecto de la que pueda resultar de cualesquiera otros hechos o circunstancias; así pues, si bien es verdad que la interpretación auténtica puede operar por vía de la celebración de un nuevo negocio jurídico o de la realización de una nueva declaración de voluntad encaminados expresamente a fijar o a aclarar el sentido que buscaban dar las partes a una declaración original o a algunas de las disposiciones de ésta, no es menos cierto que dicha interpretación, auténtica también, generalmente deriva del comportamiento de las partes, anterior, concomitante o posterior a la declaración de voluntad, si se tiene en cuenta que “[G]eneralmente no aparecerá esta interpretación auténtica por medio de palabras escritas, sino con la observación de lo que las partes han hecho; pero la manera como han procedido a ejecutar prácticamente el convenio determinará la inteligencia que le han dado y que deberá seguirse dándole”[1].

En ese orden de ideas, este criterio de interpretación del contrato subraya que probablemente no habrá mejor alternativa hermenéutica respecto del contenido de la declaración para escudriñar en la intención de las partes al formularla, que el comportamiento que ellas mismas hayan observado durante su ejecución  (…) Se trata, entonces, de asumir el comportamiento de las partes como criterio interpretativo o de la existencia del denominado “comportamiento interpretativo.(…)»  

 

Principio de conservación del contrato. «(…)La hermenéutica del negocio debe estar enderezada a lograr que el mismo o alguna de sus cláusulas resulten eficaces; quiere ello decir que entre una interpretación o un entendimiento que conduzca a privar al contrato o a la cláusula respectiva de la producción de efectos y una lectura de aquél o de ésta que les permita generarlos, debe preferirse la segunda, principio del “efecto útil” de las estipulaciones contractuales recogido en el artículo 1620 C.C. (…)»


Interpretación sistemática de los contratos. «(…)De igual modo, no podrá perderse de vista en el presente caso el criterio de interpretación sistemática del contrato o canon hermenéutico de la totalidad que parte de reconocer que la intención o el espíritu del contrato resulta indivisible, razón por la cual no debe atribuirse sentido a una de sus cláusulas de forma inconexa respecto de las demás, sino vinculándola con el todo orgánico en el cual se integra, luego a voces de lo preceptuado por el inciso primero del artículo 1622 C.C., “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad. (…)»


El anticipo. «(…)Esta interpretación consulta, por lo demás, el tratamiento que la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado ha dispensado a la figura del anticipo en materia de contratación estatal, para subrayar que la inclusión de tal tipo de previsión en los contratos estatales tiene por objeto asegurar que ese dinero facilitado por la entidad al contratista se destine al cubrimiento de los costos iniciales en los cuales éste debe incurrir para el inicio de la ejecución del objeto contratado, por manera que se trata de un mecanismo encaminado a facilitarle a dicho contratista la financiación de los bienes, de los servicios o de las obras que se le han encargado con ocasión de la celebración del acuerdo y se convierte así en un factor económico determinante para impulsar la ejecución del mismo. «(…)


Pago por consignación en contratos de compraventa. «(…)La inobservancia, por parte del comprador, de la aludida exigencia de recibir el objeto material de la compraventa, no exonera al vendedor del cumplimiento de su obligación de llevar a cabo la tradición del mismo, pues como lo preceptúa el artículo 1656 del Código Civil, “[P]ara que el pago sea válido no es menester que se haga con el consentimiento del acreedor; el pago es válido aún contra la voluntad del acreedor, mediante la consignación.

 Así las cosas, en caso de renuencia por parte del comprador para recibir los bienes constitutivos del objeto material de la compraventa una vez el vendedor ha empleado alguno de los mecanismos que para llevar a cabo la entrega prevén los artículos 923 C.Co., y 754 C.C., tiene este último la alternativa de utilizar el procedimiento de pago por consignación consagrado en los artículos 1657 y siguientes del Código Civil. (…)»

 

Excepción de contrato no cumplido. «(…)Para la procedencia de la excepción de contrato no cumplido “no basta con que se registre un incumplimiento cualquiera de parte de la administración para que su contratista se encuentre excusado de cumplir con sus deberes jurídicos; debe tratarse de inobservancia de tal importancia de sus obligaciones contractuales por parte de la entidad, que realmente atenten contra los principios generales que informan la contratación administrativa como el de la buena fe o el de justicia, que impiden entender que el contratista, a toda costa, debe, a pesar de tal modo de proceder de la Administración, honrar sus propios compromisos contractuales”

(…)

Y en otra ocasión la Sección Tercera del Consejo de Estado sistematizó de la siguiente manera los requisitos que deben concurrir para que resulte procedente la invocación y aplicación de la excepción de contrato no cumplido en un determinado supuesto concreto:

Esta Corporación[2] ha aceptado entonces la aplicación de la excepción de contrato no cumplido siempre condicionada a los siguientes supuestos:

i) La existencia de un contrato fuente de obligaciones recíprocas, correspondientes o correlativas[3]:

 (…)

ii)) La no ejecución de prestaciones a cargo cada una de las partes contratantes (…)[4]:

“(…)

iii) Un incumplimiento de la Administración grave, de entidad y gran significación, de manera tal que genere una razonable imposibilidad de cumplir en el contratista[5]:

La Sala[6] precisó además que a una parte contratante que incumple un deber que es primero en el tiempo, no se le puede conceder el medio defensivo de la excepción de incumplimiento, puesto que su conducta la rechaza, por ser contrario a la bona fides in solvendo (art. 83 Constitución Política).

En el evento de que se prueben las condiciones que configuran la excepción de contrato no cumplido, se desdibuja el incumplimiento del contratista, pues conforme lo establece el artículo 1609 del C.C., él no está obligado a cumplir sus obligaciones cuando la entidad contratante incumplió las propias. Así, dentro de los efectos que produce la presencia de la excepción de contrato no cumplido, está la imposibilidad para el juez o árbitro de declarar el incumplimiento del contratista”[7] (…)»   


[1] CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado, cit., p. 20.

[2] Nota original de la sentencia citada: Se destaca lo expuesto en la sentencia 13415 del 15 de marzo de 2001; Actor: Hernán Ruiz Bermúdez.

[3] Nota original de la sentencia citada: Ver sentencia de 13 de abril de 1999, Exp. 10.131.

[4] Nota original de la sentencia citada: Sentencia proferida el 21 de febrero de 1992, expediente 5857.

[5] Nota original de la sentencia citada: Sentencia del 17 de octubre de 1995, exp. 8790.

[6] Nota original de la sentencia citada: Sentencia proferida el 16 de febrero de 1984, expediente 2509. Actor: Cadavid Herrera Limitada.

[7] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 3 de diciembre de 2008; Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 11001-03-26-000-2008-00057-00(35843); Actor: Electroatlántico Limitada; Demandado: Municipio de Riohacha.

Razones de la decisión

«(…)  a. Si bien el tenor literal de la cláusula cuarta del contrato se limita a establecer que el término de duración del mismo se convino en treinta días hábiles contados a partir de su “legalización” ?la cual, de acuerdo con lo antes referido, tuvo lugar el día 30 de diciembre de 1998?, sin que llegue la estipulación mencionada a precisar, dentro de esos treinta días hábiles, cuál de las partes debía cumplir en primer lugar con alguna de las obligaciones a su cargo y con qué límite temporal, lo cierto es que los tres criterios de interpretación de los contratos a cuyo significado se hizo referencia con antelación en el presente proveído ?sistemático, de conservación del contrato o de “efecto útil” del mismo o de sus cláusulas y auténtica? conducen a concluir que era el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina el sujeto de la relación negocial que debía desplegar el primer proceder tendiente a que el contrato cumpliese su función económico-social, cual era satisfacer la exigencia de entregar el anticipo. Dicha entrega podía producirse en cualquier momento comprendido dentro del plazo de treinta días previsto en la mencionada cláusula cuarta del negocio jurídico.

 

La anterior aseveración se desprende de la aplicación tanto del criterio de interpretación sistemático como del principio de conservación del contrato y de sus cláusulas. El primero determina en el presente asunto que el sentido de la estipulación contentiva del plazo ?cláusula cuarta? mal podría establecerse con prescindencia del contexto en el cual dicha previsión se inserta, en el cual resulta trascendental la importancia del papel desempeñado por la cláusula tercera, que se ocupa de establecer la forma de pago e introduce la figura del anticipo para disponer que a manera de tal deberá entregarse al contratista el cincuenta por ciento del valor total del precio, mientras que el cincuenta por ciento restante le sería pagado contra entrega, por parte del vendedor, del objeto contractual[1]. Así pues, los alcances de la cláusula que fija el plazo del negocio jurídico no se identificarían de manera armónica con el resto del contenido del acuerdo, en busca “del sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”, si se desconociera que dentro dicho plazo una de las partes ?la entidad contratante? claramente se obligó a desplegar dos actividades o procederes en sendos momentos ontológicamente diferenciables de manera incuestionable: uno, el consistente en entregar el anticipo y otro el traducido en el deber de entregar el saldo del precio ?50% del mismo? de manera concomitante con la recepción de las mercancías de parte del vendedor. Los dos comportamientos en mención debían ser realizados por el Departamento contratante dentro del plazo de 30 días establecido en la varias veces referida cláusula cuarta del contrato.

 

Pero, adicionalmente, el principio de conservación del negocio y de sus cláusulas, llevado a la interpretación del significado de la declaración contenida en la estipulación tercera en comento a efectos de establecer si la obligación de entrega del anticipo debía ser cumplida por la entidad compradora de manera previa a la entrega de los elementos materia de la venta por parte de la contratista ?primera interpretación posible de dicha previsión contractual? o, por el contrario, si dicho deber de entrega del anticipo corría una suerte completamente autónoma respecto de la observancia de las obligaciones a su cargo por parte de la contratista, la cual se encontraba entonces compelida a entregar el material quirúrgico y los medicamentos objeto del negocio al ente público comprador con absoluta independencia de que éste hubiere acatado con antelación la exigencia de entregar el anticipo ?segunda hermenéutica factible de la misma cláusula, alegada por la entidad territorial desde la presentación de la demanda inicial?, dicho principio encaminado a atribuir un “efecto útil” a la declaración realizada por las partes fuerza necesariamente a decantarse por la primera alternativa descrita para concluir que indudablemente el Departamento tenía la obligación de entregar el anticipo dentro de los treinta días fijados en la cláusula cuarta, como también antes de que la contraparte estuviere obligada a poner a su disposición las mercancías objeto de la venta.(…   


[1] El criterio de interpretación sistemática del contrato impone, entonces, atribuir sus alcances a la mencionada cláusula cuarta del contrato interpretándola de manera armónica con lo acordado en la cláusula tercera en el sentido de que el precio del contrato sería pagado por el Departamento en dos momentos: el primero, “a manera de anticipo”, en el cual se entregaría el equivalente al 50% del precio, sin que se precisara cuándo y, el segundo 50%, “contra entrega del objeto del presente contrato”.

Regla

Una entidad debe pagar el anticipo convenido en un contrato de compraventa  en el que se pactó el término de duración en treinta días hábiles contados a partir de su legalización sin precisarse cuál de las partes debía cumplir primero con sus obligaciones, porque si bien el tenor literal de la cláusula se limita a establecer que el término de duración del mismo, sin precisar cuál de las partes debía cumplir en primer lugar con alguna de las obligaciones a su cargo y con qué límite temporal, lo cierto es que la entidad  debía entregar el anticipo. Es así como:

  1.  De acuerdo con el principio de interpretación sistemática la entidad se obligó a desplegar dos actividades: entregar el anticipo y entregar el saldo del precio de manera concomitante con la recepción de las mercancías de parte del vendedor.
  2.  De acuerdo con el principio de conservación del contrato la contratante tenía la obligación de entregar el anticipo dentro de los treinta días fijados en la cláusula cuarta, como también antes de que la contraparte estuviere obligada a poner a su disposición las mercancías objeto de la venta.

Decisión

Declárase el incumplimiento del contrato No.154 del 23 de diciembre de 1998, celebrado entre el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y la señora Lucy Escalona Manuel, por parte de la señora Lucy Escalona Manuel, por las razones expresadas en la parte motiva del presente proveído.

Marco jurídico

Artículo 28 de la Ley 80 de 1993

Conceptualizaciones

Prevalencia de la voluntad real. «(…) Toda vez que salta a la vista que las declaraciones expresamente realizadas por las partes en el contrato No. 154 del 23 de diciembre de 1998 resultan insuficientes para hallar respuesta a los cuestionamientos que se viene de plantear, debe tenerse en cuenta que el sistema jurídico colombiano, siguiendo en esta materia la tendencia generalizada en ordenamientos como el francés, el español o el chileno, ante las discrepancias que pudieren presentarse entre la voluntad real de los contratantes y su declaración vertida en el contrato mismo o, como ocurre en el sub lite, ante la insuficiencia u oscuridad de ésta ?declaración? para comprender o desentrañar los alcances de aquélla ?voluntad?, se ha decidido por conferir prevalencia al querer o a la intención real de las partes por sobre el contenido ?aunque contradictorio con dicha voluntad o eventualmente impreciso, oscuro o incompleto? de la declaración. (…)» 

 

Reglas generales de interpretación de los contratos estatales. «(…)La primacía de la intención perseguida por los sujetos contractuales respecto de su expresión material deriva directamente del postulado mismo de la autonomía de la voluntad si se tiene en cuenta que quizás la principal razón de ser de los actos jurídicos estriba en la imposibilidad, para el Legislador, de regular en su integridad todas las relaciones que se tejen en la vida social y/o en el tráfico jurídico, por manera que no le queda más remedio que exhortar a los particulares para que ellos contribuyan voluntariamente en esa función reguladora; por lo anterior se asegura que el elemento verdaderamente relevante en las actuaciones jurídicas de las personas es la voluntad real que las anima, más que la apariencia material que resulta de su exteriorización y que se plasma en el contrato, consideración ésta que justifica el aforismo en virtud del cual la voluntad es la sustancia de los actos jurídicos, de suerte que siempre que se establezca la discordancia entre el tenor literal o verbal de la declaración y la voluntad real de los sujetos en ella intervinientes, ésta última debe ser preferida por el intérprete al tratar de aplicar el acto o de deducir sus alcances o sus efectos[1].

 

La indudable acogida de este planteamiento en el Código Civil Colombiano ?C.C.? no sólo se desprende de la consagración de toda una batería de herramientas encaminadas a permitir al intérprete la identificación del querer de las partes en la relación negocial ?artículos 1618 a 1624?, sino de la importancia que se reconoce al consentimiento, a la voluntad o la intención entre los requisitos exigidos para la existencia y la validez de los actos jurídicos en general ?artículo 1502 C.C.[2]? y, muy especialmente, de la contundente afirmación y regla de hermenéutica contenida en el artículo 1618 del cuerpo normativo en cita, en el sentido de que “conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras”; de ahí que se haya subrayado que la interpretación de los contratos, aún cuando guarda innegables paralelismos con la interpretación de las leyes en la medida en que ambas apuntan a disipar dudas o a deshacer ambigüedades, difiere sustancialmente de ésta habida consideración de que debe enfocarse en la búsqueda de elementos invariablemente subjetivos como son los que conectan con la intención, el querer o la voluntad real de los contratantes.

(…)

Las reglas de interpretación de los contratos, obligatorias para el juez en la medida en que el ordenamiento jurídico pretende que la voluntad de las partes ?y no la del intérprete? sea escrupulosamente respetada al momento de aplicar o de establecer los alcances del acto o negocio del cual se trate[5].

Estima la Sala pertinente precisar que las precitadas reglas legales de interpretación de los contratos resultan válidamente aplicables en el ámbito de la contratación estatal puesto que como se explicará a continuación, los principios orientadores que recoge y consagra el artículo 28 de la Ley 80 para la correcta aplicación de las reglas de hermenéutica en materia contractual, cuando de vínculo de naturaleza estatal se trata, en realidad no se ocupan de desarrollar con detalle y de manera específica la forma en la cual han de ser interpretados los aludidos contratos estatales y, por ello mismo, no habría lugar, en los términos del artículo 13 de la citada Ley 80, a excluir por completo la aplicación de las normas legales correspondientes que sobre esas precisas materias contienen los estatutos mercantil y civil sobre la base, que obviamente resultaría equivocada, de considerar el tema en cuestión estaría debida y completamente regulado a través de la norma propia del Estatuto de Contratación Pública (Artículo 28).

(…)

De todos modos, en aquellos casos ?como el sub lite? en los cuales el Juez deba valerse de distintas herramientas interpretativas con el fin de dar claridad a pasajes oscuros en el contenido de las estipulaciones del contrato estatal o cuando se pretende desentrañar la voluntad o la intención real de los sujetos de dicho vínculo negocial, lo cierto es que los parámetros hermenéuticos provistos por el aludido artículo 28 del Estatuto de Contratación Estatal resultan insuficientes para acometer la anotada labor, pues si bien es verdad que dicho precepto consagra unos principios de interpretación que orientan, inspiran o informan la referida actividad, no es menos cierto que tales previsiones no constituyen reglas interpretativas precisas como las que sí se encuentran plasmadas en el Código Civil; esta materia, por tanto, no es desarrollada detalladamente y menos agotada, por el multicitado artículo 28 de la Ley 80 de 1993, el cual debe ser aplicado, consiguientemente, de manera complementaria con las disposiciones del Código Civil que se ocupan del tema, sin que con ello se desconozca lo normado por el artículo 13 de la Ley 80 en comento, por cuya virtud los contratos estatales se regirán exclusivamente por lo preceptuado en este último cuerpo normativo en las materias particularmente reguladas en él.

 

En ese orden de ideas, la referidas reglas de interpretación, cuya aplicación a los contratos estatales debe llevarse a cabo atendiendo a los principios enunciados en el varias veces aludido artículo 28 de la Ley 80 de 1993, son aquellas que se hallan previstas entre los artículos 1618 y 1624 del Código Civil. (…)» 

 


[1] La referida tesis de la prevalencia de la voluntad real respecto de la declaración ha desplazado en importancia, en el contexto aludido, a la que le resulta diametralmente contraria y que fue formulada originalmente por los pandectistas alemanes a fines del siglo XIX, por virtud de la cual ha de predominar la declaración sobre la voluntad real de los agentes por entender como inherente a la naturaleza de los actos jurídicos el constituir reglas o preceptos de conducta que, una vez surgidos a la vida jurídica y social, cobran entidad propia de modo que se independizan de la voluntad que les dio origen y se imponen por sí mismos en el tráfico jurídico; de acuerdo con esta comprensión, entonces, el poder normativo que el ordenamiento reconoce a los actos y negocios jurídicos conduce a que la voluntad de los agentes ceda toda importancia a partir del momento en el cual se produce su manifestación, pues dicha voluntad queda reducida “a una entidad objetiva que se proyectaría hacia el futuro en sus repercusiones sociales y jurídicas, desvinculándose de ese mundo pretérito y subjetivo en que tuvo lugar su gestación”. Cfr. OSPINA FERNÁNDEZ, Guillermo y OSPINA ACOSTA, Eduardo, Teoría general del contrato y del negocio jurídico, séptima edición, Temis, Bogotá, 2005, pp. 99-105.

[2] Precepto del siguiente tenor: “Artículo 1502. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, es necesario:

 

1o.) que sea legalmente capaz.

2o.) que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio.

3o.) que recaiga sobre un objeto lícito.

4o.) que tenga una causa lícita.

 

La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma, sin el ministerio o la autorización de otra” (se ha subrayado).

[3] A ese respecto se ha sostenido lo siguiente: “La ley quiere, pues, que la voluntad de las partes sea respetada y estrictamente observada; y por lo mismo, que las convenciones sean religiosamente cumplidas.

 

Con este fin ha dictado reglas de interpretación que el juez debe observar. No ha dejado entregada la interpretación de las convenciones a la arbitrariedad judicial; no ha dado al juez simples consejos para ilustrar su criterio en esta interpretación; sino que le ha fijado reglas que está obligado a observar y que, hallándose consignadas en preceptos legales, no pueden ser infringidas sin incurrir en una violación de ley que puede y debe ser corregida por la vía de la casación”. Cfr. CLARO SOLAR, Luis, Explicaciones de Derecho Civil chileno y comparado. XII. Obligaciones y contratos, Editorial Nascimento, Santiago, 1939, p. 16.

[4] Disposición que establece lo siguiente: “Artículo 822. Los principios que gobiernan la formación de los actos y contratos y las obligaciones de derecho civil, sus efectos, interpretación, modo de extinguirse, anularse o rescindirse, serán aplicables a las obligaciones y negocios jurídicos mercantiles, a menos que la ley establezca otra cosa.

[5] Precepto cuyo tenor literal se transcribe a continuación: “Artículo 13. De la normatividad aplicable a los contratos estatales. Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2 del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 22714 DE 2012
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Anticipo
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Anticipo
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Anticipo
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Consejo de Estado - Sección Tercera - Sala de lo Contencioso Administrtaivo, C.P. Mauricio Fajardo
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