A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

El corretaje puede ser  un contrato estatal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 9840 DE 2001

Identificadores

Contratación directa
Potestad reglamentaria
Concurso público
Contratación estatal
Etapa contractual
Etapa precontractual
Precio
Corredor de seguros
Contratación directa
Potestad reglamentaria
Concurso público
Contratación estatal
Etapa contractual
Etapa precontractual
Precio
Corredor de seguros
Contratación estatal
Etapa contractual
Concurso público
Etapa precontractual
Precio
Corredor de seguros
Potestad reglamentaria
Contratación directa

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 9840 DE 2001

Caso

  ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 9º DEL DECRETO 855 DEL 28 DE ABRIL DE 1994

Disposición Jurídica

DECRETO 855 DE 1994

“Artículo 9º: Las entidades públicas podrán emplear intermediarios de seguros, los cuales, cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, se seleccionarán mediante concurso.”

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establecer que los contratista en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar los límites de la potestad reglamentaria del Presidente referida a la reglamentación de contratos estatales?

Razones de la decisión

«(...) No comparte la Sala estos argumentos.  En primer lugar, debe recordarse que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales como "todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades  a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad..." (se subraya), así como los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, los encargos fiduciarios y la fiducia pública, que se mencionan y regulan en la misma norma, a título enunciativo. 

(…)

Así las cosas, es evidente que la actuación del corredor de seguros supone la celebración previa de sendos contratos por parte de éste con el asegurador y el tomador del seguro, y si bien éste último, en la práctica, no está obligado, en ningún caso, a pagarle el valor de la comisión, sí adquiere otra serie de obligaciones en relación con él, como lo es la de poner a su disposición oportunamente la información que requiera para el cabal ejercicio de sus funciones.  A su vez, los corredores pueden comprometer su responsabilidad ante el tomador, por no cumplir debidamente y de buena fe la labor de intermediación.

Cuando el tomador del seguro sea una de las entidades a que se refiere el estatuto de la contratación administrativa, el contrato celebrado con el corredor será un contrato estatal, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y se perfeccionará cuando las partes del mismo, esto es, tomador y corredor, celebren el acuerdo respectivo, generador de obligaciones, y éste se haga constar por escrito. (...)»

   

Regla

El Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puede establecer que los contratistas en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar los límites de la potestad reglamentaria del Presidente, porque:

  1.  Cuando dicho contrato es celebrado entre una entidad estatal y una sociedad corredora de seguros, tiene el carácter de contrato estatal toda vez que el artículo 32 de la Ley 80 de 1993 define los contratos estatales como "todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad", así como los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, los encargos fiduciarios y la fiducia pública, que se mencionan y regulan en la misma norma, a título enunciativo.
  2.  El corretaje de seguros es de naturaleza contractual porque la actuación del corredor de seguros supone la celebración previa de sendos contratos por parte de éste con el asegurador y el tomador del seguro, y si bien éste último, en la práctica, no está obligado, en ningún caso, a pagarle el valor de la comisión, sí adquiere otra serie de obligaciones en relación con él, como lo es la de poner a su disposición oportunamente la información que requiera para el cabal ejercicio de sus funciones.  A su vez, los corredores pueden comprometer su responsabilidad ante el tomador, por no cumplir debidamente y de buena fe la labor de intermediación.
  3.  Cuando el tomador del seguro sea una de las entidades a que se refiere el estatuto de la contratación administrativa, el contrato celebrado con el corredor será un contrato estatal, en los términos del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y se perfeccionará cuando las partes del mismo, esto es, tomador y corredor, celebren el acuerdo respectivo, generador de obligaciones, y éste se haga constar por escrito.

Decisión

 DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda

Marco jurídico

Artículo 24 de la Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Gratuidad no es menor cuantía 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 9840 DE 2001

Identificadores

Concurso público
Contratación estatal
Contratación directa
Potestad reglamentaria
Corredor de seguros
Precio
Etapa precontractual
Concurso público
Contratación estatal
Contratación directa
Potestad reglamentaria
Corredor de seguros
Precio
Etapa precontractual
Concurso público
Contratación estatal
Contratación directa
Potestad reglamentaria
Corredor de seguros
Precio
Etapa precontractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 9840 DE 2001

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 9º DEL DECRETO 855 DEL 28 DE ABRIL DE 1994

Disposición Jurídica

DECRETO 855 DE 1994


“Artículo 9º: Las entidades públicas podrán emplear intermediarios de seguros, los cuales, cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, se seleccionarán mediante concurso.”

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establecer que los contratistas en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar los límites de la potestad reglamentaria del Presidente referida a la reglamentación de contratos estatales?

Razones de la decisión

 

«(...)Para la Sala resulta evidente que esta norma se refiere a los contratos de cualquier tipo que tienen alguna cuantía y, por lo tanto, no es posible entender que en ella quedan comprendidos aquéllos que carecen de cuantía.  En ese sentido, debe anotarse que este literal encuentra su justificación –sin duda– en el primero de los factores antes citados, esto es, en el menor riesgo que asume la entidad estatal con la celebración del contrato, dado su valor.

Y es evidente que esta consideración no podría hacerse, de plano, respecto de los contratos que no implican erogación para la entidad estatal, dado que la gratuidad no constituye, por sí misma, elemento suficiente para concluir que aquélla asume un riesgo menor con su celebración.  Frente a tales contratos, entonces, serán otros los elementos que justifiquen el establecimiento de procedimientos especiales para la selección del contratista, o la exoneración de los mismos.   Y esto resulta muy claro en el caso de los contratos de intermediación de seguros.  En efecto, dado el carácter altamente técnico de los seguros, su contratación aconseja, en la mayor parte de los casos, el recurso a intermediarios especializados y experimentados, que faciliten la importante y cuidadosa labor de selección de los aseguradores, lo cual, a su vez, parece suficiente para justificar la necesidad de escoger a dichos intermediarios mediante concurso. 

(…)

Ahora bien, no se advierte que los contratos de intermediación de seguros celebrados por las entidades estatales, como tomadores o futuros tomadores del seguro, estén comprendidos dentro de aquéllos a que se refieren  los literales b) a m) del numeral 1º del citado artículo 24 (aunque un análisis más profundo sobre la situación que se presenta respecto del literal d) se efectuará en el acápite siguiente), razón por la cual se impone concluir que su contratación directa no se encuentra autorizada por la Ley 80 de 1993, y  dada la naturaleza de las actividades que constituyen el objeto de la intermediación de seguros, la selección del contratista debe realizarse siempre mediante concurso, conforme a lo dispuesto en el parágrafo del artículo 30 de la mencionada ley. No prospera, en consecuencia, el cargo formulado por el demandante (...)»

Regla

El Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puede establecer que los contratistas en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar los límites de la potestad reglamentaria del Presidente referida a la reglamentación de contratos estatales, porque:

  1.   La Ley 80 de 1993 contempla como excepción a la licitación o al concurso público a los contratos de cualquier tipo que tienen alguna cuantía y, por lo tanto, no es posible entender que en ella quedan comprendidos aquellos que carecen de cuantía.  Dicha excepción encuentra su justificación en el menor riesgo que asume la entidad estatal con la celebración del contrato, dado su valor. Esta consideración no puede hacerse, de plano, respecto de los contratos que no implican erogación para la entidad estatal, dado que la gratuidad no constituye, por sí misma, elemento suficiente para concluir que aquélla asume un riesgo menor con su celebración.  Frente a tales contratos, entonces, serán otros los elementos que justifiquen el establecimiento de procedimientos especiales para la selección del contratista, o la exoneración de los mismos.   Y esto resulta muy claro en el caso de los contratos de intermediación de seguros.  En efecto, dado el carácter altamente técnico de los seguros, su contratación aconseja, en la mayor parte de los casos, el recurso a intermediarios especializados y experimentados, que faciliten la importante y cuidadosa labor de selección de los aseguradores, lo cual, a su vez, parece suficiente para justificar la necesidad de escoger a dichos intermediarios mediante concurso.
  2.  Los contratos de intermediación de seguros celebrados por las entidades estatales, como tomadores o futuros tomadores del seguro, no están comprendidos dentro de aquéllos a que se refieren las excepciones al principio de transparencia, razón por la cual se impone concluir que su contratación directa no se encuentra autorizada por la Ley 80 de 1993, y  dada la naturaleza de las actividades que constituyen el objeto de la intermediación de seguros, la selección del contratista debe realizarse siempre mediante concurso.

 

Decisión

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda

Marco jurídico

Artículo 24 de la Ley 80 de 1993

Conceptualizaciones

Excepciones a la licitación o concurso públicos en contratos estatales.  «(...)Las excepciones obedecen, en algunos eventos, al menor riesgo que asume la entidad estatal con la celebración del contrato, o a razones de urgencia y de seguridad nacional, o a la necesidad de escoger directamente al contratista, dadas sus calidades personales o las condiciones especiales de las actividades a realizar; en otros, a la imposibilidad de finalizar con éxito los procedimientos licitatorios o concursales, y en otros a la necesidad de desarrollar con agilidad los procesos de selección, dado el objeto mismo de la contratación y la inconveniencia de exigir que se adelanten trámites o procedimientos largos, que –por las vicisitudes a que normalmente están sometidos– pueden poner en peligro el cumplimiento de los fines del Estado. (...)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Los contratos de corretaje de seguros no son de prestación de servicios

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 9840 DE 2001

Identificadores

Concurso público
Corredor de seguros
Precio
Contrato de prestación de servicios
Potestad reglamentaria
Contratación directa
Contratación estatal
Etapa precontractual
Concurso público
Corredor de seguros
Precio
Contrato de prestación de servicios
Potestad reglamentaria
Contratación directa
Contratación estatal
Etapa precontractual
Concurso público
Corredor de seguros
Precio
Contrato de prestación de servicios
Potestad reglamentaria
Contratación directa
Contratación estatal
Etapa precontractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 9840 DE 2001

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 9º DEL DECRETO 855 DEL 28 DE ABRIL DE 1994

Disposición Jurídica

DECRETO 855 DE 1994

“Artículo 9º: Las entidades públicas podrán emplear intermediarios de seguros, los cuales, cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, se seleccionarán mediante concurso.”

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establecer que los contratistas en los corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar el literal d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en cuanto establece que los contratos de prestación de servicios pueden celebrarse directamente?

Razones de la decisión

«(...)Por una parte, de la sola lectura de la norma resulta claro que ella no autoriza la contratación directa en todos los casos en que se requiera la prestación de servicios profesionales, sino sólo en aquéllos en que dicha labor sólo pueda encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas.  Se trata, evidentemente, de los denominados contratos intuito personae, que se celebran tomando en consideración las calidades personales del contratista, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3º del Decreto 855 de 1994.

(…) 

Así las cosas, considera la Sala que los contratos de intermediación de seguros constituyen un tipo específico de contratos, cuyo objeto está claramente determinado y delimitado en las normas especiales que los regulan y, por lo tanto, no pueden confundirse con el de prestación de servicios profesionales a que se refiere la norma citada.  Además, la incompatibilidad entre las dos figuras puede resultar evidente, si se tiene en cuenta que en los contratos de prestación de servicios, la remuneración se causa por la realización de las actividades que constituyen el servicio específico, mientras que en los contratos de intermediación de seguros, como se ha visto, el cumplimiento de las obligaciones del contratista no le garantiza la obtención de la comisión, que sólo recibirá si se celebra el contrato de seguro entre las partes. (...)»

Regla

El Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puede establecer que los contratistas en los contratos de corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin violar el literal d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993 en cuanto establece que los contratos de prestación de servicios pueden celebrarse directamente, porque:

 

  1. El artículo 24 de la Ley 80 de 1993 no autoriza la contratación directa en todos los casos en que se requiera la prestación de servicios profesionales, sino sólo en aquéllos en que dicha labor sólo pueda encomendarse a determinadas personas naturales o jurídicas.  Se trata de los denominados contratos intuito personae, que se celebran tomando en consideración las calidades personales del contratista, según lo dispuesto en el parágrafo del artículo 3º del Decreto 855 de 1994.
  2.  Los contratos de intermediación de seguros constituyen un tipo específico de contratos, cuyo objeto está claramente determinado y delimitado en las normas especiales que los regulan y, por lo tanto, no pueden confundirse con el de prestación de servicios profesionales a que se refiere la norma citada. 
  3.  En los contratos de prestación de servicios, la remuneración se causa por la realización de las actividades que constituyen el servicio específico, mientras que en los contratos de intermediación de seguros, como se ha visto, el cumplimiento de las obligaciones del contratista no le garantiza la obtención de la comisión, que sólo recibirá si se celebra el contrato de seguro entre las partes.

Decisión

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda

Marco jurídico

Artículo 24 de la Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

 

El concurso público no desvirtúa los contratos de corretaje de seguros

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 9840 DE 2001

Identificadores

Concurso público
Potestad reglamentaria
Contratación directa
Licitación pública
Corredor de seguros
Precio
Contratación estatal
Etapa precontractual
Concurso público
Potestad reglamentaria
Contratación directa
Licitación pública
Corredor de seguros
Precio
Contratación estatal
Etapa precontractual
Concurso público
Potestad reglamentaria
Contratación directa
Licitación pública
Corredor de seguros
Precio
Contratación estatal
Etapa precontractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 9840 DE 2001

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE NULIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 9º DEL DECRETO 855 DEL 28 DE ABRIL DE 1994

Disposición Jurídica

DECRETO 855 DE 1994

“Artículo 9º: Las entidades públicas podrán emplear intermediarios de seguros, los cuales, cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, se seleccionarán mediante concurso.”

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, establecer que los contratistas en los contratos de corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin desvirtuar el objetivo principal de la intermediación toda vez que el corredor, el agente o la agencia no tendrían injerencia alguna en la contratación del asegurador, en la medida en que su selección se lleva a cabo mediante licitación?

Razones de la decisión

«(...)Sin embargo, debe advertirse que no son pocos los casos en que la labor de los intermediarios se realiza con posterioridad al proceso licitatorio por el cual se adjudica el contrato al asegurador, y tiene por objeto acercar a las partes para facilitar la suscripción y ejecución del contrato, así como para desarrollar otras labores de intermediación dirigidas a facilitar su cumplimiento y, eventualmente, su renovación, si ella se ha previsto.

 Ahora bien, si se piensa en la labor que puede realizarse, en tales casos, con anterioridad a la celebración del contrato, para asesorar a la entidad estatal en la elaboración del pliego de condiciones de la licitación respectiva, es claro que ella no podría tener por objeto la intermediación –que resultaría perjudicial e impropia frente a la necesidad de dar cumplimiento al principio de transparencia–, sino la asesoría pura y simple, que, por lo expresado anteriormente, no constituye el objeto de un contrato de corretaje o agencia, sino de prestación de servicios, u otro similar, y el procedimiento para la escogencia del contratista estaría regulado por los literales a) y d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.

Así las cosas y teniendo en cuenta que el último inciso del artículo 9º del Decreto 855 de 1994 hace referencia específicamente a la contratación de intermediarios de seguros, es claro para la Sala que dicha norma sólo puede entenderse aplicable a aquellos casos en que el objeto del contrato constituye el acercamiento entre tomador y asegurador, para los efectos ya indicados.  La exigencia del procedimiento del concurso no constituye, entonces, sino reiteración de la imposición que, en tal sentido, está contenida en la norma reglamentada, la cual, por la misma razón, no resulta vulnerada. (...)»

 

Regla

El Presidente de la República, al reglamentar la contratación directa de conformidad con el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, puede establecer que los contratistas en los contratos de corretajes de seguros se seleccionarán mediante concurso cuando no impliquen erogación a cargo de la entidad estatal y a favor del intermediario, sin desvirtuar el objetivo principal de la intermediación, porque:

  1. Comúnmente la labor de los intermediarios se realiza con posterioridad al proceso licitatorio por el cual se adjudica el contrato al asegurador, y tiene por objeto acercar a las partes para facilitar la suscripción y ejecución del contrato, así como para desarrollar otras labores de intermediación dirigidas a facilitar su cumplimiento y, eventualmente, su renovación, si ella se ha previsto.
  2. En lo que tiene que ver con los actos que pueden realizarse con anterioridad a la celebración del contrato, para asesorar a la entidad estatal en la elaboración del pliego de condiciones de la licitación respectiva, no podrían tener por objeto la intermediación, sino la asesoría pura y simple, que no constituye el objeto de un contrato de corretaje o agencia, sino de prestación de servicios, u otro similar, y el procedimiento para la escogencia del contratista estaría regulado por los literales a) y d) del numeral 1º del artículo 24 de la Ley 80 de 1993.
  3.  De acuerdo el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 9º del Decreto 855 de 1994 la contratación de intermediarios de seguros sólo puede entenderse aplicable a aquellos casos en que el objeto del contrato constituye el acercamiento entre tomador y asegurador, para los efectos ya indicados.

Decisión

 

DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda

Marco jurídico

Artículo 24 de la Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 9840 DE 2001
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Contratación directa
  • Potestad reglamentaria
  • Concurso público
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Precio
  • Corredor de seguros
  • Contratación directa
  • Potestad reglamentaria
  • Concurso público
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Precio
  • Corredor de seguros
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Concurso público
  • Etapa precontractual
  • Precio
  • Corredor de seguros
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Identificadores
  • Concurso público
  • Contratación estatal
  • Contratación directa
  • Potestad reglamentaria
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Etapa precontractual
  • Concurso público
  • Contratación estatal
  • Contratación directa
  • Potestad reglamentaria
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Etapa precontractual
  • Concurso público
  • Contratación estatal
  • Contratación directa
  • Potestad reglamentaria
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Etapa precontractual
  • Identificadores
  • Concurso público
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Contrato de prestación de servicios
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Concurso público
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Contrato de prestación de servicios
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Concurso público
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Contrato de prestación de servicios
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Identificadores
  • Concurso público
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Licitación pública
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Concurso público
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Licitación pública
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Concurso público
  • Potestad reglamentaria
  • Contratación directa
  • Licitación pública
  • Corredor de seguros
  • Precio
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Documentos
    Consejo de Estado - CP Alier Eduardo Hernandez- Contencioso Administrativo - sección tercera - 22 d
    Normativa
    S2 - Agente Virtual
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