A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Hay deber de indemnización por parte de la entidad pública cuando priva  a la oferta más favorable del derecho a ser adjudicatario 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19216 DE 2012

Identificadores

Oferta más favorable
Lucro cesante
Principio de selección objetiva
Adjudicación del contrato
Indemnización
Etapa precontractual
Contratación estatal
Oferta más favorable
Lucro cesante
Principio de selección objetiva
Adjudicación del contrato
Indemnización
Etapa precontractual
Contratación estatal
Oferta más favorable
Lucro cesante
Principio de selección objetiva
Adjudicación del contrato
Indemnización
Etapa precontractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19216 DE 2012

Caso

SEGURIDAD DINCOLVIP LTDA. VS. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

Hechos relevantes

 Una entidad pública adjudicó un contrato para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad a una sociedad que no obtuvo la calificación más alta, pero que fue la única compañía que ofreció circuitos cerrados de televisión, sin costo adicional. Dicha adjudicación se efectuó desconociendo las sugerencias del comité de evaluación de la entidad, quien recomendó al director ejecutivo adjudicar la licitación pública a la sociedad que obtuvo la calificación más alta, por ser quien cumplía con la mayoría de criterios exigidos en el pliego de condiciones. 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública indemnizar a una sociedad que a pesar de haber presentado la oferta más favorable para los intereses de la entidad se le priva del derecho a ser adjudicatario en el proceso de selección?

Regla ampliada

La indemnización de perjuicios tomando como referente el monto del depósito o la garantía de seriedad del ofrecimiento se da cuando la propuesta presentada por el oferente no discrimina la utilidad esperada. «(…) Ahora bien, cuando la jurisprudencia de esta Sección optó por indemnizar los perjuicios tomando como referente el monto del depósito o la garantía de seriedad del ofrecimiento, no presumió el perjuicio, como lo sostuvo el a quo, porque, como se dijo, éste emerge con la vulneración del derecho o del interés tutelado por el ordenamiento jurídico; la Sala, en algunas oportunidades, ha acudido a esa solución con el único objetivo de valorar el daño causado, en aquellos casos donde, por ejemplo, la propuesta presentada por el oferente no discrimina la utilidad, por lo que, ante la ausencia de cualquier otro elemento de juicio del cual se pueda deducir el monto de la utilidad esperada, ha cuantificado el perjuicio en el equivalente al monto de la garantía de seriedad del ofrecimiento, aplicando la equidad como criterio para tasar la indemnización por el perjuicio inferido. (…)»  

Razones de la decisión

«(…) El daño antijurídico en este tipo de eventos se concreta cuando, a pesar de haber presentado la mejor, la más favorable y la más conveniente de las ofertas para los intereses de la entidad pública, se priva al oferente del derecho a ser adjudicatario del proceso de selección. Ese daño es generador de perjuicios que deben ser indemnizados y que consisten, fundamentalmente, en la pérdida de la utilidad que esperaba obtener con la ejecución del contrato; no obstante, puede suceder que el demandante no haya acreditado el quantum del perjuicio, pero ello no implica que el daño antijurídico no se haya causado o que éste no tenga vocación indemnizable.

 

En efecto, cuando las personas naturales o jurídicas, en forma individual o conjunta (consorcios o uniones temporales), presentan sus ofertas dentro de un proceso de selección que adelanta una entidad pública, los proponentes tienen la expectativa de ser escogidos para celebrar el contrato, ejecutar el objeto de las obligaciones en condiciones de normalidad y obtener una utilidad o ganancia en términos económicos. Por tal razón, no podría decirse que no se causan perjuicios cuando esa posibilidad se frustra por la ilegalidad de la actuación de la administración, porque nadie pretende celebrar y ejecutar un contrato sin procurar obtener, válidamente, un margen razonable de utilidad económica; por ello, el perjuicio inferido tiene las características de ser real y cierto, por consiguiente, indemnizable. (…)»

Regla

Una entidad pública debe indemnizar a una sociedad que a pesar de haber presentado la oferta más favorable para los intereses de la entidad se le priva del derecho a ser adjudicatario en el proceso de selección, porque: 

  1. Este daño es generador de perjuicios que deben ser indemnizados y que consisten, fundamentalmente, en la pérdida de la utilidad que esperaba obtener con la ejecución del contrato.
  2. Al proponente se le frustra la expectativa de ser escogido para celebrar el contrato y obtener un margen de utilidad debido a la ilegalidad de la actuación de la administración; por ello, el perjuicio inferido tiene las características de ser real y cierto, por consiguiente, indemnizable.

Decisión

 Primero.- CONFÍRMASE el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de junio de 2000. Segundo.- REVÓCASE el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de junio de 2000, el cual quedará así:   “SEGUNDO: CONDÉNASE en abstracto al Fondo Financiero Distrital de Salud a pagar a Seguridad Dincolvip Ltda., a título de indemnización de perjuicios materiales, el monto de la utilidad que esperaba obtener con la ejecución del contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad, materia de la licitación pública nacional FFDS-SSG-02-94. El interesado deberá promover el respectivo incidente ante el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del C.C.A. Para establecer la cuantía de la condena, se observarán estrictamente las reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia”.   Tercero.- Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del C.C.A. Cuarto.- Sin condena en costas. Quinto.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Artículo 29 de la Ley 80 de 1993.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Una entidad no puede tener en cuenta como único criterio de escogencia el precio de la oferta, apartándose de los demás criterios establecidos en el pliego de condiciones

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19216 DE 2012

Identificadores

Criterios de evaluación de las propuestas
Puntaje
Informe de evaluación
Pliego de condiciones
Etapa precontractual
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Licitación pública
Oferta más favorable
Criterios de evaluación de las propuestas
Puntaje
Informe de evaluación
Pliego de condiciones
Etapa precontractual
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Licitación pública
Oferta más favorable
Criterios de evaluación de las propuestas
Puntaje
Informe de evaluación
Pliego de condiciones
Etapa precontractual
Contratación estatal
Principio de selección objetiva
Licitación pública
Oferta más favorable

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19216 DE 2012

Caso

SEGURIDAD DINCOLVIP LTDA. VS. FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 

Hechos relevantes

Una entidad pública adjudicó un contrato para la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad a una sociedad que no obtuvo la calificación más alta, pero que fue la única compañía que ofreció circuitos cerrados de televisión, sin costo adicional. Dicha adjudicación se efectuó desconociendo las sugerencias del comité de evaluación de la entidad, quien recomendó al director ejecutivo adjudicar la licitación pública a la sociedad que obtuvo la calificación más alta, por ser quien cumplía con la mayoría de criterios exigidos en el pliego de condiciones.

Problema Jurídico

 ¿Puede una entidad pública adjudicar un contrato objeto de una licitación pública a una sociedad que obtuvo el menor puntaje, teniendo en cuenta como único criterio de escogencia el precio de la oferta, cuando el comité de evaluación de la entidad le recomendó al director ejecutivo adjudicar el contrato a la sociedad que obtuvo la calificación más alta y cumplía con la mayoría de criterios exigidos en el pliego de condiciones, sin violar el deber de selección objetiva? 

Regla ampliada

Elementos que debe probar una persona que pretende obtener tanto la declaración de nulidad del acto administrativo de adjudicación, como la indemnización de los perjuicios causados por haber sido privado del derecho de ser el adjudicatario del proceso de selección.  «(…) de una parte, demostrar que el acto administrativo efectivamente lesionó normas superiores del ordenamiento jurídico y, de otra, acreditar que, efectivamente, su propuesta era la mejor y la más conveniente para la administración -en términos del servicio público-, es decir, que su propuesta era la que debía ser favorecida con la adjudicación, por cumplir la totalidad de los requisitos legales y los contemplados en el respectivo pliego de condiciones, que es la ley del proceso de selección y la que materializa los criterios que informan el deber de selección objetiva, tal como lo dispone el artículo 29 de la Ley 80 de 1993. (…)»

Razones de la decisión

 «(…) Aunque la Sala debe precisar que el informe de evaluación constituye un acto administrativo de trámite o preparatorio (artículo 24, ordinal 7º de la Ley 80 de 1993), que no vincula, con carácter obligatorio, al jefe de la entidad, quien es el encargado de dirigir y manejar los procesos de selección, tal como lo disponen los artículos 11 (ordinal 1º) y 26 (ordinal 5º) de la Ley 80 de 1993 y, por lo mismo, no hace parte de un acto administrativo complejo o de concurrencia de voluntades que conlleve una decisión administrativa definitiva o consolide derechos o situaciones jurídicas específicas a favor de alguno de los proponentes, lo cierto es que en este caso quedó demostrada la ilegalidad del acto de adjudicación, porque el representante legal de la entidad pública se apartó en forma caprichosa de los criterios de escogencia del pliego de condiciones, de modo que la Sala no puede desconocer la importancia que reviste dicho informe de evaluación como medio de prueba proveniente de la entidad demandada, que no ha sido cuestionado o reargüido por las partes en el presente proceso y en el que aquélla acepta que, una vez ponderados los factores de escogencia contemplados en el pliego de condiciones, la propuesta presentada por la sociedad demandante era la mejor y la más favorable para los intereses de la entidad.

(…)

lo procedente es que el director del proceso de selección realice una nueva evaluación, pero con estricta sujeción a los mandatos legales y a los criterios de escogencia contemplados en el pliego de condiciones; sin embargo, en este caso, el jefe de la entidad, desconociendo las previsiones del pliego, decidió adjudicar el proceso de selección con base en uno sólo de los criterios de selección –el precio ofertado más bajo- y dentro del expediente no existe prueba, o por lo menos no fue allegada al proceso, de que la propuesta presentada por la sociedad demandante fuera inconveniente, que el comité evaluador hubiera soslayado las reglas previstas en el pliego de condiciones o simplemente que la oferta recomendada no fuera la mejor, prueba que corría a cargo de la entidad demandada, razón por la que a juicio de la Sala el derecho de ser adjudicatario fue vulnerado y merece su reivindicación a través de la indemnización de los perjuicios causados . (…)»

Regla

Una entidad pública no puede adjudicar un contrato objeto de una licitación pública a una sociedad que obtuvo el menor puntaje, teniendo en cuenta como único criterio de escogencia el precio de la oferta, cuando el comité de evaluación de la entidad le recomendó al director ejecutivo adjudicar el contrato a la sociedad que obtuvo la calificación más alta y cumplía con la mayoría de criterios exigidos en el pliego de condiciones, sin violar el deber de selección objetiva, porque: 

  1. A pesar que el informe de evaluación expedido por el comité de la entidad no vincula, con carácter obligatorio, al director o representante de la entidad para decidir sobre las situaciones jurídicas a favor de alguno de los proponentes, también es cierto que no se puede apartar de manera caprichosa de los criterios de escogencia del pliego de condiciones ni desconocer la importancia que reviste dicho informe de evaluación.
  2. El director o representante legal de la entidad al adjudicar el contrato teniendo en cuenta sólo uno de los criterios de selección –el precio ofertado más bajo-, desconoció el deber de efectuar la selección con estricta sujeción a los mandatos legales y a los criterios de escogencia contemplados en el pliego de condiciones. 

Decisión

Primero.- CONFÍRMASE el ordinal primero de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de junio de 2000. Segundo.- REVÓCASE el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 22 de junio de 2000, el cual quedará así:   “SEGUNDO: CONDÉNASE en abstracto al Fondo Financiero Distrital de Salud a pagar a Seguridad Dincolvip Ltda., a título de indemnización de perjuicios materiales, el monto de la utilidad que esperaba obtener con la ejecución del contrato de prestación de servicios de vigilancia y seguridad, materia de la licitación pública nacional FFDS-SSG-02-94. El interesado deberá promover el respectivo incidente ante el Tribunal de primera instancia, dentro de la oportunidad temporal prevista por el artículo 172 del C.C.A. Para establecer la cuantía de la condena, se observarán estrictamente las reglas fijadas en la parte motiva de esta sentencia”.   Tercero.- Para el cumplimiento del fallo se dará aplicación a lo dispuesto por los artículos 177 y 178 del C.C.A. Cuarto.- Sin condena en costas. Quinto.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Marco jurídico

Artículos 11, ordinal 1; 24, ordinal 7; 26, ordinal 5; y 29 de la Ley 80 de 1993. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 19216 DE 2012
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Oferta más favorable
  • Lucro cesante
  • Principio de selección objetiva
  • Adjudicación del contrato
  • Indemnización
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Oferta más favorable
  • Lucro cesante
  • Principio de selección objetiva
  • Adjudicación del contrato
  • Indemnización
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Oferta más favorable
  • Lucro cesante
  • Principio de selección objetiva
  • Adjudicación del contrato
  • Indemnización
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Puntaje
  • Informe de evaluación
  • Pliego de condiciones
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Licitación pública
  • Oferta más favorable
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Puntaje
  • Informe de evaluación
  • Pliego de condiciones
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Licitación pública
  • Oferta más favorable
  • Criterios de evaluación de las propuestas
  • Puntaje
  • Informe de evaluación
  • Pliego de condiciones
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Principio de selección objetiva
  • Licitación pública
  • Oferta más favorable
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. C.P.
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