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Una entidad pública no debe pagar los honorarios profesionales de un particular que afirma haberla asesorado cuando no existe contrato escrito sin que esto configure un enriquecimiento sin causa

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 17008 DE 2012

Identificadores

Enriquecimiento sin causa
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Enriquecimiento sin causa
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal
Enriquecimiento sin causa
Solemnidad del contrato
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 17008 DE 2012

Caso

RAÚl ALBERTO QUIJANO MELO VS FONDO DE COFINANCIACIÓN PARA LA INVERSIÓN SOCIAL 

Hechos relevantes

Ul particular afirmó que una entidad pública le propuso  asesorar a diversos municipios de dos departamentos en la formulación de proyectos para presentar ante ella, a cambio de una comisión del (4%) sobre el valor total de cada proyecto aprobado por concepto de honorarios al asesor.   El particular presentó a la entidad pública una oferta de su servicios para la asesoría técnica y capacitación para la formulación de proyectos. Dicha oferta fue aceptada por el Director de la entidad.   El contrato celebrado no se plasmó por escrito y no le fueron pagados al particular sus honorarios profesionales. 

Problema Jurídico

¿Debe una entidad pública pagar los honorarios profesionales de un particular que afirma haberla asesorado cuando no existe contrato escrito, sin configurar un enriquecimiento sin causa de ésta?

Regla ampliada

La ausencia de la totalidad de los trámites necesarios para la formalización escrita del convenio configura la ausencia de contrato. «(…) [E]l cumplimiento de la forma escrita del contrato era un requisito de necesaria observancia por parte de los interesados en la celebración del contrato, exigencia ésta que se requiere por mandato legal para las entidades distritales y sin la cual no puede afirmarse derechamente que el pretendido negocio exista en el ámbito jurídico y por ende despliegue la eficacia vinculante y final a que por naturaleza está llamado.


Sobre este punto la Sala se ha manifestado en el sentido de que la ausencia de la totalidad de los trámites necesarios para la formalización escrita del convenio y su posterior perfeccionamiento, configura ausencia del contrato, o en otros términos inexistencia del negocio jurídico, categoría ésta que se opone a la pretendida eficacia perseguida por el demandante en el presente asunto, pues se parte de la base que las disposiciones del Código Distrital, aplicables al negocio que pretendieron celebrar las partes, constituyen normas imperativas y en ellas la ausencia de suscripción por escrito del convenio, comportaban una ineficacia negocial, en el entendido de que dicha formalidad contiene la voluntad contractual de las partes y sin ella no puede hablarse, se reitera de la existencia del contrato, pues en este aspecto sabido se tiene que para las partes no opera el principio de la libertad de forma, pues la solemnidad escrituraria hace parte de la definición del tipo negocial por razones de seguridad y certeza en atención a que se trata de la disciplina normativa reguladora de la contratación de las entidades públicas[1] (...)»

 

Requisitos necesarios para que se configure el enriquecimiento sin causa. «(...) a) Un enriquecimiento que conlleva un aumento económico patrimonial en la parte enriquecida, bien porque recibe nuevos bienes o porque no tiene que gastar los que poseía. b) Por empobrecimiento, que se traduce en la disminución patrimonial del actor en cualquier forma que negativamente afecte su patrimonio económico. Precisamente por ese empobrecimiento es que puede ejercer la acción que se comenta. c) Una relación de causalidad, es decir, que el enriquecimiento de una de las partes sea consecuencia del empobrecimiento de la otra; d) Ausencia de causa, es decir, que ese enriquecimiento no tenga justificación de ninguna naturaleza, porque si la tiene, no se podría estructurar la figura; e) Que el demandante no pueda ejercer otra acción diferente[1] (...)»

 

Se debe verificar que el empobrecimiento se haya producido porque la entidad beneficiada propicie la ejecución de esas prestaciones. «(...)Es decir que debe verificarse que tal empobrecimiento se haya producido porque la entidad beneficiada hubiere propiciado la ejecución de esas prestaciones, mediante la ejecución de acciones que más allá de consistir en una simple persuasión, constriñan al particular y lo comprometan en forma tal que éste se vea imposibilitado para la negativa, como cuando se esgrimen razones de interés público; o cuando en virtud de la relación existente entre las partes -como cuando se trata de un beneficiario de adjudicación dentro de un proceso de selección de contratistas, o de un contratista o ex contratista de la Administración-, ésta suscita una confianza legítima en el particular, en el sentido de que la ejecución de las prestaciones necesitadas por la Administración contará con el debido respaldo legal y reconocimiento patrimonial; o, en fin, cualquier otra circunstancia que implique una presión por parte de la Administración, que finalmente conduzca al desarrollo de la actividad solicitada al particular, a pesar de no mediar un contrato perfeccionado y en estado de ejecución.

 

En esta forma, la Sala otorga preponderancia y actuación práctica al principio constitucional de la buena fe a favor de los administrados cuando actúan frente a la Administración estatal, dado que si bien cuando se ejecutan prestaciones a favor de una entidad pública sin existir un contrato debidamente perfeccionado no es posible enmarcar la reclamación derivada de su ejecución dentro de la órbita contractual, ni tampoco encuadra dentro de la esfera de la responsabilidad extracontractual del Estado -en tanto que la Administración Pública en estos supuestos no genera como tal un perjuicio o lesión al particular-, lo cierto es que sin que existiera una causa jurídica de por medio, la Administración generó una expectativa clara e inequívoca en el sujeto particular que desencadenó el desplazamiento patrimonial injustificado, hecho que compromete su deber de restablecer el patrimonio afectado, mediante el reembolso del monto del empobrecimiento, que resulte correlativo al aumento que se pueda predicar respecto del patrimonio de la entidad beneficiada con el mismo”[1] (énfasis añadido) (...)»  


[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 17 de marzo de 2010; Radicación número: 63001-23-31-000-1998-00164-01(16452); Actor: Sociedad Grupo Editores S.A.; Demandado: Departamento del Quindío.  


[1] Sentencia de septiembre 6 de 1991. Exp. 6306. CP. Daniel Suárez Hernández

 


[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 1998; Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación número: 11099; Actor: Sociedad OTI de Colombia Ltda.; Demandado: Fondo de Seguridad y Educación Vial ?FONDATT?.

Razones de la decisión

«(...) Similares razonamientos a los que se dejan transcritos sirven en el asunto sub examine para negar vocación de prosperidad, sin lugar a la menor hesitación, a las primeras dos pretensiones de la demanda, encaminadas ?se recuerda? a que se declare la existencia de un contrato entre el señor Raúl Quijano Melo y el FIS ?pretensión primera? y a que se declare, asimismo, que el FIS incumplió las obligaciones que habría asumido como resultado del pretendido vínculo negocial ?pretensión segunda?; no sólo la omisión de la observancia de las solemnidades exigidas en el Estatuto de Contratación Estatal impide tener por existente la relación contractual, por las razones referidas, sino que, descendiendo al presente caso concreto, brillan por su ausencia en el expediente medios acreditativos que permitan advertir la ocurrencia, por lo menos, de los mencionados “tratos preliminares” entre el aquí demandante y el FIS, pues de un lado, el documento al cual el señor Quijano Melo atribuye la calidad de oferta presentada a la entidad pública carece de valor probatorio en cuanto fue arrimada en copia simple al proceso y, de otro, resultaría sumamente discutible atribuir a las comunicaciones remitidas por el FIS al señor Quijano Melo la catalogación de aceptación de una oferta válidamente formulada de conformidad con la ley, toda vez que se limitan a manifestar complacencia por el interés del actor en apoyar a diversos municipios en la formulación de proyectos de inversión y además se refieren a una supuesto ofrecimiento cuya existencia y contenido no han sido cabalmente demostrados en el expediente.

 

(...)

 

Comoquiera que no existen en el expediente otros elementos demostrativos que permitan evidenciar que el FIS efectivamente hubiere generado en el accionante la expectativa legítima consistente en que sus labores de asesoría serían retribuidas por la entidad y mucho menos que lo hubiere presionado o coaccionado para que desplegare o asumiere la ejecución de determinadas prestaciones, como tampoco se halla probado, de un lado, que tales actividades hubieren sido efectivamente desplegadas y, de otro, que de las mismas el extremo pasivo de la litis hubiere derivado un acrecimiento patrimonial, no puede concluirse cosa distinta a que los presupuestos de la operatividad de la figura del enriquecimiento sin causa que podría dar lugar a las compensaciones correspondientes no concurren en el presente caso, circunstancia que refuerza la conclusión en el sentido de que la Sala carece de otro camino que no sea el de negar la totalidad de las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, el de confirmar el fallo de primera instancia apelado (...)»

 


[1] En relación con este extremo, se razonó en los siguientes términos en la providencia citada:

 

“En punto a la consideración de las pretensiones del demandante, la Sala en aplicación del principio constitucional de la prevalencia del derecho sustancial sobre el meramente formal, hará uso de sus facultades interpretativas de la demanda para considerar que estando probados los hechos que tipifican el derecho a la indemnización de perjuicios por un enriquecimiento injusto, ocasionado y suscitado por la conducta observada por la parte demandada, la que además se considera contraria al postulado de la buena fe, desechará las tres primeras pretensiones, por las razones arriba analizadas, como que el negocio jurídico no alcanzó existencia jurídica y por ende imposible resulta predicar cumplimiento o incumplimiento del demandante o acceder a la pretensión cuarta a título de valor del contrato tal cual fue solicitado, más sin embargo entiende, que la pretensión quinta contenida en la demanda, no depende de la prosperidad de las anteriores tal cual viene formulada y apuntando ella al reconocimiento de “el valor de los perjuicios de orden material, daño emergente y lucro cesante que le fueron ocasionados, de conformidad con lo que resulte probado en el proceso, monto que ha de ser actualizado en su valor “ (cfr. fl. 94), accederá a la condena solicitada de conformidad con lo expuesto, sin que ello implique en manera alguna sobrepasar el límite del libelo de demanda”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 29 de enero de 1998; Consejero ponente: Daniel Suárez Hernández; Radicación número: 11099; Actor: Sociedad OTI de Colombia Ltda.; Demandado: Fondo de Seguridad y Educación Vial ?FONDATT?.

Regla

Una entidad pública no debe pagar los honorarios profesionales de un particular que afirma haberla asesorado cuando no existe contrato escrito sin que ello configure un enriquecimiento sin causa, cuando:
  1. La omisión de la observancia de las solemnidades exigidas en el Estatuto de Contratación Estatal impide tener por existente la relación contractual.
  2. No se evidencie objetivamente que la entidad pública generó en el accionante la expectativa  legítima del pago de labores de asesoría, o que lo haya coaccionado a ejecutar determinadas prestaciones.
  3. No se compruebe que las prestaciones efectuadas por el particular generaron  un enriquecimiento de la entidad.

Decisión

Confírmase la sentencia apelada, esto es la proferida el 2 de julio de 1999 por el Tribunal Administrativo de Nariño y, en consecuencia, deniéganse las pretensiones de la demanda. 

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 16452 DE 2010, CE SIII E  6306 DE 1991, CE SIII E 11099 DE 1998

Conceptualizaciones

El enriquecimiento sin justa causa. «(...) constituye fuente directa de obligaciones en aquellos eventos en los cuales, sin que medie acto jurídico o hecho ilícito alguno, existe un patrimonio que se enriquece a causa de otro que en la misma proporción se empobrece de manera injustificada, razón por la cual surge el deber, a cargo del primero, de compensar el detrimento que ha tenido lugar para el segundo[1]; dicha exigencia de compensación encuentra su fundamento i) en la equidad que debe imperar entre las personas con ocasión de la adquisición de derechos y la asunción de obligaciones, actividad que debe desarrollarse armónicamente de suerte que las cargas asumidas y los beneficios obtenidos se encuentren ajustados de forma proporcionada, por manera que resulta inadmisible que una persona se empobrezca a causa de otra, sin que ésta se encuentre provista de un título suficiente que justifique su acrecimiento patrimonial y ii) en el deber constitucionalmente impuesto a todas las personas en el sentido de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios –artículo 95-1 superior- (...)»

   


[1] Al respecto ha sostenido lo siguiente la doctrina: “El enriquecimiento injusto o sin causa –términos que para los autores son indudablemente sinónimos- es fuente de obligaciones; esta fuente genera una obligación que es de reparación del perjuicio ocasionado; se reconoce como principio general del derecho; se subraya la injusticia del enriquecimiento como fundamento y, por último, al establecer los requisitos se sigue la tradición germano-italiana: un incremento patrimonial de cualquier clase, la carencia de razón jurídica que la fundamente y el correlativo enriquecimiento de otra persona. Es la falta de razón jurídica que fundamente el empobrecimiento lo que se expresa diciendo que es injusto o sin causa” Cfr. DIEZ – PICAZO, Luis y DE LA CAMARA, Manuel, Dos estudios sobre el enriquecimiento sin causa, Civitas, Madrid, 1988, p. 33. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 17008 DE 2012
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA POSTCONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Enriquecimiento sin causa
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Enriquecimiento sin causa
  • Solemnidad del contrato
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
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    Consejo de Estado, Sección Tercera
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