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Una entidad pública no puede  expedir una Resolución declarando el incumplimiento del contrato sin notificarlo debidamente al contratista ni a la compañía aseguradora

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19480 DE 2012

Identificadores

Debido proceso
Eficacia
Contradicción
Notificación
Incumplimiento
Actos administrativos
Etapa contractual
Contratación estatal
Debido proceso
Eficacia
Contradicción
Notificación
Incumplimiento
Actos administrativos
Etapa contractual
Contratación estatal
Debido proceso
Eficacia
Contradicción
Notificación
Incumplimiento
Actos administrativos
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19480 DE 2012

Caso

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO VS INTERNACIONAL DE SEGUROS Y PROTECCIÓN LIMITADA Y SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró un contrato con un particular para la prestación de servicios de vigilancia  y su cumplimiento fue amparado por la sociedad Seguros del Estado S.A.

 

La demandante formuló continuas quejas ante la contratista por diversos asuntos relativos al cumplimiento de sus obligaciones: i) pérdida de objetos y solicitud de restitución de los mismos; ii) no utilización de espejos antiexplosivos en los parqueaderos; iii) inadecuadas requisas; iv) incumplimiento de los horarios por parte de los vigilantes; v) excesivo uso del teléfono y mal uso de los elementos de oficina de la entidad.

 

En varias ocasiones se formularon denuncias penales por la continua pérdida de objetos tanto de la entidad como de los servidores de la misma. 

 

La entidad pública expidió una Resolución mediante la cual declaró el incumplimiento parcial del contrato, sin notificársela  al contratista ni a la compañía aseguradora.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública declarar el incumplimiento de un  contrato sin notificar debidamente al contratista ni a la compañía aseguradora dicho acto administrativo?

Regla ampliada

Ineficacia e invalidez. «(…) los fenómenos de la ineficacia y el de la invalidez tienen alcances jurídicos diversos —comoquiera que mientras este último conduce a la declaratoria judicial de nulidad del acto demandado, aquél comporta la imposibilidad de materializar la decisión contenida en el mismo— sino que las irregularidades en las cuales se incurra en el procedimiento de publicitación del acto comprometen su eficacia y no su validez, bien entendido que la notificación o publicación de las determinaciones de la Administración busca concretar los postulados que se derivan de los principios de publicidad y de transparencia de la función administrativa, como presupuestos tanto de la interdicción de la arbitrariedad de unas autoridades públicas cuyas decisiones han de producirse de cara a los administrados, cuanto del ejercicio, por parte de éstos, de sus derechos de contradicción, defensa y debido proceso frente a los actos administrativos que pueden resultar lesivos de sus derechos o intereses legítimos. 

 

(...) 


Así las cosas, no obstante la trascendencia y el carácter imperativo que acompaña el deber en que se encuentra toda autoridad administrativa, de publicar o notificar los actos por ella proferidos —toda vez que “[L]a notificación o publicación de los actos administrativos tiene como finalidad producir efectos jurídicos para que dichas decisiones de la Administración, adoptadas en legal forma, sean obligatorias u oponibles frente a los administrados, esto significa, que la publicidad del acto constituye presupuesto de su eficacia”[3](…)»

 


[1] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Tercera, sentencia del 4 de agosto de 2007, expediente No. 16016.

[2] En la anotada dirección, esta Sala ha sostenido lo siguiente: “La falta de notificación o la notificación irregular de los actos administrativos (…) no es causal de nulidad de los mismos (…) [E]n otros términos, la notificación del acto administrativo no dice relación con su validez jurídica, la cual no sufre variación por el hecho de que se haya cumplido con la obligación de notificarlo legalmente o que se haya prescindido de dicha diligencia; el acto administrativo que nació viciado no se saneará porque, con posterioridad, se notifique legalmente; y al revés, el acto que nace válido no pierde validez porque se deje de notificar o porque la notificación sea irregular”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 26 de septiembre de 1996; Consejero Ponente: Juan de Dios Montes Hernández; Expediente: 2431. [3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia de agosto 25 de 2011, Expediente, 16435, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Razones de la decisión

«(…) Los actos administrativos de alcance general, impersonal y abstracto, generalmente adquieren firmeza con el cumplimiento de las exigencias que en relación con su publicación establece el ordenamiento jurídico —artículo 43 C.C.A.—; los actos administrativos de carácter individual, particular y concreto, de ordinario se encuentran sujetos a la necesidad de permitir su contradicción en sede administrativa[2].
(...) 
En cuanto a la notificación de los actos administrativos de carácter particular que se expidan con ocasión o por razón de la actividad contractual de las entidades estatales, la regla general la constituye la notificación personal y por excepción la notificación es posible surtirla por edicto o en estrados cuando el acto se hubiere proferido en audiencia o en diligencia, de conformidad con las disposiciones del C. de P. C., aplicables, de manera subsidiaria, según lo dispone el inciso primero del artículo 77 de la ley 80 de 1993[1].
Se observa en el presente caso que la entidad pública demandada, si bien intentó realizar la notificación personal de la Resolución número 4254 del 31 de octubre de 1995, ésta no cumplió con las ritualidades a las cuales se refieren los artículos 44 y 45 del C.C.A., esto es, el envío de un correo certificado o la fijación de un edicto en un lugar público de la misma entidad, toda vez que simplemente se remitió de manera directa un oficio a la sociedad contratista, en el cual se le expresó que se le comunicaba el contenido de la Resolución, en el que se estampó una firma de recibido completamente ilegible –folio 35 del segundo cuaderno-.
Se tiene entonces que el acto administrativo expedido mediante la Resolución 4254 del 31 de octubre de 1995 no resulta obligatorio para el contratista y para la compañía de seguros, en virtud de los yerros en los cuales incurrió la entidad pública demandada en su notificación, es decir, carece de eficacia, dado que, como antes se expresó, la notificación se constituye en un presupuesto de la misma.(…)»  
[1] LEY 80 DE 1993: “ARTICULO 77. DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS. En cuanto sean compatibles con la finalidad y los principios de esta ley, las normas que rigen los procedimientos y actuaciones en la función administrativa, serán aplicables en las actuaciones contractuales. A falta de estas, regirán las disposiciones del Código de Procedimiento Civil.   
Los actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual sólo serán susceptibles de recurso de reposición y del ejercicio de la acción contractual, de acuerdo con las reglas del Código Contencioso Administrativo. 
PARAGRAFO 1o. El acto de adjudicación no tendrá recursos por la vía gubernativa. Este podrá impugnarse mediante el ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, según las reglas del Código Contencioso Administrativo.  ”PARAGRAFO 2o. Para el ejercicio de las acciones contra los actos administrativos de la actividad contractual no es necesario demandar el contrato que los origina.”   
[1] Al principio de publicidad se ha referido la Jurisprudencia de la Corporación, entre otras, en la sentencia de la Sección Quinta del 3 de junio de 2010, radicación 11001-03-28-000-2009-00043-00, con ponencia de la Consejera Maria Nohemí Hernández Pinzón:   “Pues bien, el principio constitucional de la publicidad en el ejercicio de la función administrativa, es ambivalente porque puede considerarse, al mismo tiempo, como derecho y como deber. Desde la perspectiva del derecho, no hay duda que alude a los asociados, en la medida que, salvo las excepciones que imponga la reserva legal, los mismos bien pueden enterarse de las actuaciones y decisiones adoptadas por la administración pública, ya sea con un propósito de mera ilustración, o también con la intención de activar su derecho fundamental a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político para “Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley”, si consideran que el proceder de la administración se alejó de los dictados del ordenamiento jurídico (C.P. Art. 40 num. 6).   “Y desde la óptica del principio de la publicidad, como deber, corresponde a las obligaciones que surgen para la administración, a fin de que sus actuaciones y decisiones se hagan conocer del público en general, cuando ello sea procedente, empleando con tal fin las diferentes formas de notificación legalmente previstas para actos de contenido particular o general. Una de las consecuencias jurídicas por omitir la publicidad de los actos administrativos se observa en el artículo 48 del C.C.A., consistente en la ineficacia de la respectiva decisión administrativa, porque la falta de notificación o la defectuosamente realizada lleva a que no se tenga por surtida y a que no produzca efectos legales la decisión.   Para la Sala el principio de la publicidad incorpora una teleología especial y consagra una regla de actuación a ser observada por la administración. En efecto, la finalidad de ese principio es la interdicción de la arbitrariedad de la administración pública, ya que sus agentes, que deben actuar guiados también por el Principio de Legalidad, ya no lo pueden hacer a la sombra u ocultando sus actuaciones a los ojos de los asociados, puesto que por regla general han de hacerlas públicas, a efecto de que no puedan escapar al control que eventualmente pueda recaerles por una acción jurisdiccional. (…).”  

[2] “Artículo 62. Firmeza de los actos administrativos. Los actos administrativos quedarán en firme:

1. Cuando contra ellos no proceda ningún recurso.

2. Cuando los recursos interpuestos se hayan decidido.

3. Cuando no se interpongan recursos, o cuando se renuncie expresamente a ellos.

4. Cuando haya lugar a la perención, o cuando se acepten los desistimientos”.

Regla

Una entidad pública no puede declarar el incumplimiento de un  contrato sin notificar  debidamente al contratista ni a la compañía aseguradora dicho acto administrativo, porque:
  1. Los actos administrativos de carácter individual, particular y concreto se encuentran sujetos a la necesidad de permitir su contradicción en sede administrativa.
  2. La notificación de los actos administrativos en temas de contratación estatal debe hacerse de manera personal y por excepción por edicto o en estrados cuando el acto se hubiere proferido en audiencia o en diligencia.
  3. Para realizar la notificación personal se requiere del envío por correo certificado o la fijación de un edicto en un lugar público de la misma entidad, de no hacerse el acto administrativo carece de eficacia. 

Decisión

SE REVOCA la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el día 3 de octubre de 2000, de conformidad con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. En consecuencia:   PRIMERO: SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda presentada por la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.   SEGUNDO: SE DECLARA que la Resolución número 4254 del 31 de octubre de 1995, proferida por la Secretaría General del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, mediante la cual se declaró administrativamente el incumplimiento de las obligaciones del contrato estatal de prestación de servicios de código 3.2.59-94 celebrado entre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la sociedad Internacional de Seguridad y Protección Limitada, no produjo efectos legales.   TERCERO: se condena al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a pagar a la sociedad Internacional de Seguridad Limitada, la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($6’581.637,85).   CUARTO: Se deniegan las demás pretensiones de la demanda de reconvención.   QUINTO: Sin condena en costas.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 16016 DE 2007, CE SIII E 16435 DE 2011

Marco jurídico

Artículo 75 y  77 de la Ley 80 , artículos 137, 138, 139, 142, 206 y ss. del C. Contencioso Administrativo, Decreto 1651 de 1991, Decreto 171 de 1993, artículo 1602 del C.C., artículos 55, 56 y 57 del C.P.C., 1128 del C. de Co.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Satisfacción de las obligaciones en contratos cuyas prestaciones son correlativas

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 19480 DE 2012

Identificadores

Contrato unilateral
Conmutatividad
Restitución de un bien
Responsabilidad
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Contrato unilateral
Conmutatividad
Restitución de un bien
Responsabilidad
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal
Contrato unilateral
Conmutatividad
Restitución de un bien
Responsabilidad
Incumplimiento
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 19480 DE 2012

Caso

MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO VS INTERNACIONAL DE SEGUROS Y PROTECCIÓN LIMITADA Y SEGUROS DEL ESTADO S.A

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró un contrato con un particular para la prestación de servicios de vigilancia  y su cumplimiento fue amparado por la sociedad Seguros del Estado S.A.  

En una cláusula se estipuló lo siguiente: “Vigilaremos que todos los elementos de oficina no sean objeto de sustracción o daño. En caso de sustracción, los restituiremos, salvo fuerza mayor o caso fortuito, una vez haya concluidos (sic) la investigación administrativa que con el concurso de funcionarios de ambas partes se adelante y en la misma se declare la responsabilidad de nuestro empleado, por acción o por omisión. Para responder por las sustracciones que se puedan presentar, nuestra empresa mantendrá, durante la vigencia del contrato respectivo, la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual, solicitada en el Pliego de Condiciones”.

 

La demandante formuló continuas quejas ante la contratista por diversos asuntos relativos al cumplimiento de sus obligaciones: i) pérdida de objetos y solicitud de restitución de los mismos; ii) no utilización de espejos antiexplosivos en los parqueaderos; iii) inadecuadas requisas; iv) incumplimiento de los horarios por parte de los vigilantes; v) excesivo uso del teléfono y mal uso de los elementos de oficina de la entidad.

 

En varias ocasiones se formularon denuncias penales por la continua pérdida de objetos tanto de la entidad como de los servidores de la misma. 

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública declarar el incumplimiento parcial de un contrato de vigilancia y solicitar que el contratista restituya los objetos perdidos de la entidad sin que se acredite su responsabilidad en una investigación administrativa,  en virtud de la cláusula del contrato que dice “en caso de sustracción, deberán restituirlos, salvo fuerza mayor o caso fortuito”?

Regla ampliada

Un contrato del Estato que se caracterice por aleatorio está viciado de nulidad absoluta salvo que se trate de un contrato unilateral. «(...) El contrato del Estado está dominado por la regla general de la previsibilidad, lo que hace que se deba negar el paso a cualquier hipótesis de modalidad negocial aleatoria, no solo por atentatoria contra el interés público en la medida en que pone en peligro el patrimonio de la comunidad, sino en cuanto a que a partir del carácter imperativo de la planeación contractual y de la distribución de riesgos en los términos de las leyes 80 de 1 993 y 1150 de 2007, prácticamente un contrato del Estado que se caracterice por aleatorio estaría viciado de nulidad absoluta por causa ilícita puesto que desconocería el derecho público de la Nación en los términos del artículo 44 (num. 2) de la Ley 80 de 1 993 en concordancia con el 1523 del Código Civil, salvo que se trate de un contrato típicamente unilateral a la luz del artículo 1 496[2]56 de la misma codificación, en donde el riesgo absoluto del negocio sea asumido por el contratista y no por el Estado y a su vez éste no corra con pérdida alguna, pero sí participe de las ganancias, y sea el Estado titular tan solo de utilidades, esto es, bajo hipótesis y escenarios negociales absolutamente excepcionales.(...)»    No es procedente la declaratoria del incumplimiento del contrato sin antes haber acreditado el cumplimiento propio de quien lo alega. «(...)tratándose de contratos sinalagmáticos, no se hacen exigibles para una parte, hasta tanto la otra no cumpla la que le corresponde (Art. 1609 C.C.). Desde ésta perspectiva, para la Sala es evidente que para poder solicitar ante el juez la declaratoria de incumplimiento, de una parte o de la totalidad del contrato por parte del contratista, es indispensable que éste, a su vez, acredite que satisfizo todas y cada una de sus obligaciones contractuales, de manera tal que hace exigibles las de su co-contratante.

 

En este sentido, no resulta procedente solicitar solamente la declaratoria de incumplimiento del contrato (…), sin antes haber acreditado plenamente el cumplimiento propio de quien lo alega, pues ello constituiría una pretensión incongruente, donde una eventual condena devendría en injusta e irregular, en tanto no está plenamente establecido que el incumplimiento del co-contratante obedeció a mora en el pago de la obligación, que sería, en el presente caso, la única situación que justificaría la condena solicitada…” [1] (Negrilla ajena al texto original) (...)»   


  [1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia de 24 de febrero de 2005, Exp. No.  14.937. C.P., Germán Rodríguez Villamizar.    
[1]  Código Civil. “Artículo 1 496. El contrato es unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no contrae obligación alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente.” [2] Ibíd., artículo 1497: “El contrato es gratuito o de beneficencia cuando sólo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio del otro.” 

Razones de la decisión

«(...) En el presente caso es necesario acudir a una de las llamadas reglas subjetivas, cual es la prevista en el artículo 1618 del Código Civil, según la cual una vez conocida la intención de los contratantes ha de estarse más a ella que a la literalidad de las palabras y esta intención, normalmente, se puede desentrañar tanto de la solicitud de cotización realizada por la entidad como de la propuesta formulada.


(...)


De conformidad con esta transcripción se puede concluir que la sociedad contratista no propuso responder objetiva y automáticamente por cualquier bien que se perdiera o se dañara sino que éste sujetó la restitución de los bienes a una previa declaración de responsabilidad del empleado respectivo, después de haberse adelantado un proceso de investigación administrativa conjunta.


Así pues, no podría interpretarse la expresión de que  “en caso de sustracción, deberán restituirlos, salvo fuerza mayor o caso fortuito”, de manera literal y aislada en el entendido de que en cualquier evento de pérdida de objetos la sociedad contratista debía restituirlos, por cuanto ello privaría de sentido el objeto, en virtud del llamado principio de conservación del contrato, según el cual su interpretación debe conducir a lograr que el contrato o algunas de sus estipulaciones resulten eficaces, es decir, en términos del artículo 1620 del Código Civil debe preferirse el “efecto útil” de las cláusulas del contrato; asimismo, de conformidad con las previsiones del artículo 1622 de la misma codificación “las cláusulas de un contrato se interpretarán unas por otras, dándosele a cada una el sentido que mejor convenga al contrato en su totalidad”, en virtud de lo cual no puede atribuirse sentido a una de sus estipulaciones, de forma inconexa respecto de las demás cláusulas, en este caso de la prevista en la propuesta presentada, la cual se encontraba incorporada al contrato celebrado.


(...)


De otro lado, es necesario tener en cuenta que para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato, es necesario acreditar: (i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento[1].


(...)


En los contratos cuyas prestaciones son correlativas, como cada parte se compromete en consideración a la prestación que la otra le promete, se presenta una relación de interdependencia de las obligaciones recíprocas, razón por la cual del artículo 1609 del C.C. se extrae la regla según la cual no es permitido ni admisible que una de las partes del contrato exija a la otra que satisfaga sus obligaciones, mientras ella misma no lo haya hecho.


(...)


En este caso encuentra la Sala que si bien la entidad adelantó un procedimiento administrativo de investigación conjunta, éste no culminó con una declaratoria de responsabilidad de empleado alguno, toda vez que en el acta de reunión de los integrantes de la comisión de investigación administrativa conjunta, celebrada el día 13 de junio de 1995, cada una de las partes consignó sus conclusiones, la entidad en relación con la ocurrencia de fallas en la vigilancia y la sociedad contratista expresó que no existía claridad respecto de la responsabilidad. (...)»


[1] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.  
[1] Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992, M.P. José Fernando Ramírez Gómez.

Regla

Una entidad pública no puede solicitar que se declare el incumplimiento de algunas de las obligaciones del contratista y solicitar que éste devuelva los objetos perdidos de la entidad, que se encontraban bajo la vigilancia del contratista sin que se acredite su responsabilidad, en virtud de la cláusula del contrato que dice “en caso de sustracción, deberán restituirlos, salvo fuerza mayor o caso fortuito” porque:
  1.  Cuando se conoce la intención de los contratantes debe estarse más a ella que a la literalidad de las palabras.
  2.  La entidad contratista sujetó la restitución de los bienes a una previa declaración de responsabilidad.
  3.  No puede atribuirse sentido a una de las estipulaciones de un contrato sin tener en cuenta las demás.
  4. Para que se estructure la responsabilidad contractual por infracción a la ley del contrato se requiere acreditar: i) el incumplimiento del deber u obligación contractual, bien porque no se ejecutó o lo fue parcialmente o en forma defectuosa o tardía; (ii) que ese incumplimiento produjo un daño o lesión al patrimonio de la parte que exige esa responsabilidad y, obviamente, (iii) que existe un nexo de causalidad entre el daño y el incumplimiento.
  5. En los contratos cuyas prestaciones son correlativas no es permitido que una de las partes exija a la otra que se satisfagan obligaciones mientras ella misma no lo haga.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Exp. 6461 de 4 de julio de 1992

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 14.937 DE 2005

Marco jurídico

Artículo 75 y  77 de la Ley 80 , artículos 137, 138, 139, 142, 206 y ss. del C. Contencioso Administrativo, Decreto 1651 de 1991, Decreto 171 de 1993, artículo 1602 del C.C., artículos 55, 56 y 57 del C.P.C., 1128 del C. de Co.

Conceptualizaciones

Conmutividad del contrato.  «(...) Se destacan del concepto propuesto [conmutatividad del contrato estatal] otros dos elementos fundamentales para su conformación, cuales son el de su carácter, por regla general, de recíproco en las prestaciones[4].   “Bajo las exigencias del régimen positivo del contrato del Estado, y de su principio rector del interés público y general, la conmutatividad se da sobre la base de referentes objetivos que nos aproximen a puntos reales de equilibrio económico y no de supuestos convencionales, derivados de la autonomía de la voluntad y que adquieren fuerza no por su real equivalencia, sino en la medida en que el artículo 1498[7] (...) »    Contrato bilateral.  «(...)En virtud del contrato bilateral cada una de las partes se obliga para con la otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa inmediatamente, al vencerse un plazo o al ocurrir alguna condición, de conformidad con los términos de la estipulación (arts. 1494, 1495, 1530 y ss. 1551 y ss. Código Civil). Por él cada contratante acude a prestar su consentimiento en la confianza en que la otra ejecutará las obligaciones recíprocas acordadas al tenor del contrato y en el tiempo debido. (…)»    
[1] Ariño Ortiz. Teoría del equivalente económico en los contratos administrativos, cit., pp. 241 y ss. [2]  Corte Constitucional, Sentencia C-892 del 22 de agosto de 2001. M. P. Rodrigo Escobar Gil: “El principio de reciprocidad de prestaciones encuentra su fuente de inspiración en los contratos que la doctrina suele definir como sinalagmáticos o bilaterales, caracterizados por prever el surgimiento de prestaciones mutuas o correlativas a cargo de los sujetos que integran la relación jurídico negocial. Bajo este criterio, y por efecto directo del sinalagma, las partes quedan obligadas recíprocamente a cumplir los compromisos surgidos del contrato, los cuales se estiman como equivalentes y que pueden llegar a concretarse en una contraprestación, en un valor recíproco, en un acontecimiento previsible o en una cooperación asociativa.” [3] Gabriel Escobar Sanín. Negocios civiles y comerciales, t. ii, Contratos, Medellín, Dike, 1 994, p.200: “Es de destacar que, en el ámbito del derecho privado, la equivalencia de las cargas mutuas tiene un efecto meramente subjetivo en cuanto que, lo determinante de la figura, es que cada una de las partes, según su libre y voluntaria apreciación, acepte que la prestación a la que se obliga es similar o directamente proporcional a la que recibe a título de retribución, sin que tengan ninguna incidencia aquellos elementos de carácter objetivo que establece o fija el mercado […]” [4] Ídem: “[…] No ocurre lo mismo en el derecho público donde es evidente que las prestaciones correlativas de las partes, en virtud del principio de la justicia conmutativa, tienen que mantener una equivalencia siguiendo el criterio objetivo de proporción o simetría en el costo económico de las prestaciones, lo que exige que el valor a recibir por el contratista, en razón de los bienes, obras o servicios que le entrega al Estado, deba corresponder al justo precio imperante en el mercado. Con ello, se fija un límite al ejercicio del principio de la autonomía de la voluntad, en aras de racionalizar la posición dominante de la administración, mantener el equilibrio del contrato y, de este modo, garantizar los derechos del contratista que se constituye en la parte débil de la relación contractual.” [5]  Código Civil. “Artículo 1498. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte debe dar o hacer a su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, se llama aleatorio.” [6] Antonio Manuel da Rocha e Meneses Cordeiro. Da boa fé no direito civil, Coimbra, Almedina, 2007, pp. 853 y ss. [7] Escobar Gil. Teoría general de los contratos de la administración pública, cit., pp. 447 y ss.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 19480 DE 2012
Síntesis
 1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Debido proceso
  • Eficacia
  • Contradicción
  • Notificación
  • Incumplimiento
  • Actos administrativos
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Debido proceso
  • Eficacia
  • Contradicción
  • Notificación
  • Incumplimiento
  • Actos administrativos
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Debido proceso
  • Eficacia
  • Contradicción
  • Notificación
  • Incumplimiento
  • Actos administrativos
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Contrato unilateral
  • Conmutatividad
  • Restitución de un bien
  • Responsabilidad
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Contrato unilateral
  • Conmutatividad
  • Restitución de un bien
  • Responsabilidad
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Contrato unilateral
  • Conmutatividad
  • Restitución de un bien
  • Responsabilidad
  • Incumplimiento
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Subsección A. C.P. Hern
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