A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Una entidad pública puede terminar unilateralmente un  contrato y expedir la resolución después de dos años contados a partir de los cuatro meses siguientes al vencimiento de la ejecución del mismo

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22507 DE 2012

Identificadores

Liquidación
Plazo
Vencimiento del contrato
Ejecución del contrato
Terminación unilateral
Etapa postcontractual
Contratación estatal
Liquidación
Plazo
Vencimiento del contrato
Ejecución del contrato
Terminación unilateral
Etapa postcontractual
Contratación estatal
Liquidación
Plazo
Vencimiento del contrato
Ejecución del contrato
Terminación unilateral
Etapa postcontractual
Contratación estatal

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22507 DE 2012

Caso

INDUMEZCLAS LIMITADA VS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un particular un contrato para ejecutar  obras necesarias para la conservación de una carretera. Durante la ejecución del contrato se presentó un otrosí al contrato, una adición y una prórroga. Posteriormente la entidad pública mediante una resolución efectuó la liquidación unilateral del contrato ya que no fue posible llegar a un acuerdo con el contratista.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública liquidar un contrato de forma unilateral un contrato dos años después de los seis meses siguientes a su terminación?

Regla ampliada

La entidad estatal tiene 4 meses para liquidar el contrato. «(...) La jurisprudencia de la Sala se había encargado de señalar como término plausible para que la administración liquidara el contrato el de cuatro meses: dos meses a partir del vencimiento del contrato para que el contratista aportara la documentación requerida para la liquidación y dos para que el trabajo se realizara por mutuo acuerdo. Vencido el último, la administración debía proceder a la liquidación unilateralmente mediante resolución debidamente motivada (sentencia del 29 de enero de 1988, expediente 3615)[1].

 

También ha precisado la Sala que dicho término no es perentorio, vale decir, que pasados ahora 6 meses de haberse vencido el plazo del contrato sin que éste se haya liquidado no se pierde competencia para hacerla. Pueden practicarla los contratantes por mutuo acuerdo o la administración unilateralmente, ya que el fin último es que el contrato se liquide y se definan las prestaciones a cargo de las partes...[2]

 

Aplicada la anterior posición jurisprudencial al caso concreto, encuentra la Sala que se debe confirmar la sentencia de primera instancia, pero con la precisión que pasa a hacerse.

 

Para el Tribunal el cómputo de los términos que hizo para llegar a la conclusión de que había caducado la acción fue el siguiente: A partir de la fecha del recibo de las obras se deben contar 2 meses para intentar la liquidación bilateral del contrato, 2 meses para realizar la liquidación unilateral del contrato y si no se hizo la liquidación en esos plazos, entonces se deben contar desde allí los 2 años para presentar la demanda. En otras palabras, para el Tribunal el plazo para intentar la liquidación del contrato es de  4 meses.

 

Para la Sala se debe corregir este aspecto de la sentencia, para indicar, en su lugar, que el plazo que estableció la jurisprudencia, para liquidar un contrato regido por el Decreto-Ley 222 de 1983, es de 4 meses para intentar la liquidación bilateral, si lo anterior no se hace la administración cuenta con un plazo de 2 meses para que realice la liquidación unilateral -para un total de 6 meses-, y si esto tampoco se realiza a partir de allí se cuentan  los 2 años de caducidad de la acción.[3] (...)»    


[1] Original de la Sentencia en cita: “La ley 80 de 1993 recogió esta pauta jurisprudencial al establecer en el artículo 60 que el término para liquidar el contrato debe fijarse ‘en el pliego de condiciones o términos de referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación,  o la fecha del acuerdo que la disponga’”.   [2] Original de la Sentencia en cita: “Sentencia de 16 de agosto de 2001. Rad. No. 25000-23-26-000-1996-4384-01(14384).”    [3] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de noviembre 10 de 2005, Radicado 13.748, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Razones de la decisión

«(…) Comoquiera que no fue posible la liquidación del contrato en mención por mutuo acuerdo, debía proceder entonces el INVIAS a la liquidación unilateral, según lo pactado en el contrato. Aunque en la cláusula no se estipuló un plazo para efectuarla resulta aplicable el criterio que esta Corporación sostenía desde la vigencia del Decreto-ley 222 de 1983, es decir, dos (2) meses contados a partir del vencimiento de los cuatro (4) meses inicialmente convenidos para la liquidación bilateral, aceptando el argumento de la parte actora, según el cual, tanto para la época de celebración del contrato como para la época en que debía iniciarse la liquidación del mismo no estaba vigente, porque no había sido expedida siquiera, la Ley 446 de 1998. Es así como el INVIAS podía liquidar el contrato unilateralmente entre el 7 de enero y el 7 de marzo de 1997. Una vez fenecido este último plazo comenzaba a contarse el término de dos (2) años para que la entidad demandada mantuviera la competencia para liquidar el contrato, en el caso concreto, entre el 7 de marzo de 1997 y el 7 de marzo de 1999, por tanto ha de precisarse que la Resolución No. 006626 del 15 de diciembre de 1998 fue proferida en término. En este sentido, incurre en un error la sociedad demandante al contabilizar el término de dos (2) años desde el vencimiento del plazo convenido para la ejecución del contrato(…)»

Regla

Una entidad pública puede liquidar un contrato estatal después de dos años contados a partir de los cuatro meses siguientes al vencimiento de la ejecución del contrato. En efecto, cuando no es posible la terminación por mutuo acuerdo, la entidad pública tiene dos meses contados a partir del vencimiento de los cuatro meses inicialmente convenidos para la terminación bilateral, y una vez fenecido este último plazo comienza a contarse el término de dos (2) años para que la entidad demandada mantenga la competencia para liquidar el contrato.

Decisión

PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil dos (2002), por el Tribunal Administrativo de Nariño.   SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 006626 del 15 de diciembre de 1998 y 001217 del 5 de abril de 1999 en cuanto en dichos actos se tasaron los “daños presentados en obra, según Memor. SCT-24474 del 10 de Septiembre/98, suscrito por la Subdirectora de Construcción”, por valor de $2.608’662.383,24.   TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.   CUARTO.- Sin condena en costas.    QUINTO.- En firme esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Citas de precedentes en obiter dictum

CE E 14384 DE 2001, CE E 13.748 DE 2005

Marco jurídico

Artículo 32 Le 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Una entidad pública no podía incluir en la resolución de liquidación del contrato el cobro de perjuicios derivados de incumplimiento de la calidad de la obra

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 22507 DE 2012

Identificadores

Cláusula penal
Multas
Incumplimiento
Contratación estatal
Perjuicios
Etapa postcontractual
Cláusula penal
Multas
Incumplimiento
Contratación estatal
Perjuicios
Etapa postcontractual
Cláusula penal
Multas
Incumplimiento
Contratación estatal
Perjuicios
Etapa postcontractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 22507 DE 2012

Caso

INDUMEZCLAS LIMITADA VS INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con un particular un contrato para ejecutar  obras necesarias para la conservación de una carretera. Durante la ejecución del contrato se presentó un otrosí al contrato, una adición y una prórroga. Posteriormente la entidad pública mediante una resolución efectuó la liquidación unilateral del contrato.

Problema Jurídico

¿Podía una entidad pública incluir en la resolución de liquidación del contrato el cobro de perjuicios derivados del incumplimiento de la calidad de la obra?

Regla ampliada

Una entidad pública asegurada puede declarar unilateralmente unilateralmente la ocurrencia del siniestro. «(…) La situación se torna diferente en tratándose de garantías de cumplimiento constituidas en favor de entidades públicas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el contratista, así que el citado artículo 1077 no es de aplicación estricta, puesto que no es ante la compañía aseguradora que el asegurado o beneficiario de la póliza -entidad estatal- discute la existencia del siniestro y el monto del perjuicio o daño causado, tal como quedó ampliamente expuesto en el acápite anterior, sino que la entidad pública asegurada a términos del artículo 68, numerales 4º) y 5º) del C.C.A., tiene la potestad de declarar unilateralmente la existencia de la obligación derivada del contrato de seguro, declaratoria que necesariamente involucra o versa sobre la ocurrencia del siniestro y la cuantía del daño, ya que de lo contrario no surge la obligación a cargo de la aseguradora, pues como ya se anotó, para que ello ocurra, según lo dispone el artículo 1077 del C. de Co, deberá establecerse la ocurrencia del siniestro y la cuantía del daño, en tratándose de seguros de daños.   Cabe agregar que el artículo 68 del C.C.A., define las obligaciones a favor del Estado que prestan mérito ejecutivo, es decir que reúnen las características de ser claras, expresas y exigibles, entre las cuales se encuentran las que se derivan de las garantías que otorgan los contratistas en favor de las entidades públicas, una vez que mediante acto administrativo se declare la existencia de la obligación, declaratoria que necesariamente debe versar sobre el monto de la obligación, pues de lo contrario no podría conformarse el título ejecutivo con las características que debe revestir la obligación que presta mérito ejecutivo.   Es decir que la entidad pública asegurada, tiene la potestad de declarar unilateralmente la ocurrencia del siniestro mediante acto administrativo en el cual, conforme a la norma en cita, deberá determinarse la cuantía del daño causado, al margen, incluso, de que la compañía de seguros no comparta su decisión, inconformidad que puede hacer manifiesta mediante los recursos previstos en la ley y posteriormente, si es del caso, por vía judicial[1] (…)»   
[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 22 de abril de 2009, exp. 14.667, C.P. Myriam Guerrero de Escobar.

Razones de la decisión

«(…) Ahora bien, tal como lo puso de presente la Jurisprudencia de la Sala, Ley 80 de 1993 no otorgaba competencia a las Entidades Estatales Contratantes para declarar el incumplimiento del contratista particular, cuestión que, según las normas legales antes referidas tampoco podía realizarse en el acto administrativo de liquidación unilateral.   En efecto, sobre este asunto la Sala tuvo oportunidad de precisar que, salvo en el supuesto de caducidad del contrato, las entidades estatales carecían de competencia para declarar unilateralmente el incumplimiento del contrato y ordenar el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías, debiendo en tal evento acudir forzosamente al Juez del contrato estatal (…) En consecuencia, en el asunto que centra la atención de la Sala resulta evidente que los actos administrativos que contienen la liquidación unilateral del contrato de obra celebrado con INDUMEZCLAS LTDA., se encuentran parcialmente viciados de nulidad en cuanto para ese momento la entidad demandada se atribuyó equivocadamente la facultad de establecer unilateralmente la responsabilidad de su contratista y adicionalmente tasar los perjuicios sin que se trate del ejercicio de la potestad excepcional consistente en la declaratoria de caducidad administrativa del contrato.   En este punto debe aclarar la Sala que el marco jurídico señalado era el que se encontraba vigente al momento de la celebración, ejecución y liquidación del contrato objeto de juzgamiento, de conformidad con los dictados del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, por tanto, con las determinaciones que mediante este fallo se han de adoptar no se desconoce la modificación hoy vigente que introdujo en el régimen legal el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, por cuya virtud se facultó nuevamente a las Entidades Estatales para imponer multas y declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria[1] (...)»
[1] Ley 1150 de 2007, artículo 17: “El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y el deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, tendrán la facultad de imponer multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus obligaciones (…) Así mismo, podrá declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato.” (Se subraya)

Regla

Una entidad pública no podía incluir en la resolución de liquidación del contrato el cobro de perjuicios derivados del incumplimiento de la calidad de la obra, porque:
  1. La Ley 80 de 1993 no otorgaba competencia a las entidades estatales contratantes para declarar el incumplimiento del contratista y éste no podía realizarse en el acto administrativo de liquidación unilateral.
  2. Las entidades estatales debían acudir al juez del contrato estatal para que se declarara unilateralmente el incumplimiento del contrato y para que se ordenara el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías.
  3. Con la modificación introducida en el régimen legal del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se facultó nuevamente a las Entidades Estatales para imponer multas y declarar el incumplimiento con el propósito de hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria. 

Decisión

PRIMERO.- REVOCAR la Sentencia proferida el quince (15) de febrero de dos mil dos (2002), por el Tribunal Administrativo de Nariño.   SEGUNDO.- DECLARAR la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. 006626 del 15 de diciembre de 1998 y 001217 del 5 de abril de 1999 en cuanto en dichos actos se tasaron los “daños presentados en obra, según Memor. SCT-24474 del 10 de Septiembre/98, suscrito por la Subdirectora de Construcción”, por valor de $2.608’662.383,24.   TERCERO.- NEGAR las demás pretensiones de la demanda.   CUARTO.- Sin condena en costas. 

Citas de precedentes en obiter dictum

CE SIII E 14667 DE 2009

Marco jurídico

Artículo 4-2, 60 y 61 de la Ley 80 de 1993

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 22507 DE 2012
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
SÍNTESIS ETAPA POSTCONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Liquidación
  • Plazo
  • Vencimiento del contrato
  • Ejecución del contrato
  • Terminación unilateral
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Liquidación
  • Plazo
  • Vencimiento del contrato
  • Ejecución del contrato
  • Terminación unilateral
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Liquidación
  • Plazo
  • Vencimiento del contrato
  • Ejecución del contrato
  • Terminación unilateral
  • Etapa postcontractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Cláusula penal
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Perjuicios
  • Etapa postcontractual
  • Cláusula penal
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Perjuicios
  • Etapa postcontractual
  • Cláusula penal
  • Multas
  • Incumplimiento
  • Contratación estatal
  • Perjuicios
  • Etapa postcontractual
  • Documentos
    Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Subsección A.
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