A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

El peculado también se hace extensivo a los particulares 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-563-1998

Identificadores

Etapa contractual
Etapa precontractual
Bienes públicos
Contratación estatal
Peculado
Particular
Servidor público
Etapa contractual
Etapa precontractual
Bienes públicos
Contratación estatal
Peculado
Particular
Servidor público
Servidor público
Particular
Peculado
Bienes públicos
Etapa precontractual
Etapa contractual
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-563-1998

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 190 DE 1995

Disposición Jurídica

"Artículo 20. El artículo 138 del Código Penal quedará así:

 

"Artículo 138. Peculado por extensión. También incurrirá en las penas previstas en los artículos anteriores, el particular que realice cualesquiera de las conductas en ellos descritas sobre bienes:

 

"1. Que administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a empresas o instituciones en que el Estado tenga la mayor parte o recibidos a cualquier título de éste".

 

"2. Que recaude, administre o tenga bajo su custodia pertenecientes a asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, comunitarias, juveniles, benéficas o de utilidad común no gubernamentales". 

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República hacer extensivas las distintas modalidades de peculado a los particulares que administren o tengan bajo su custodia bienes pertenecientes a empresas o instituciones del Estado, sin violar los artículos 6, 123 y 124 de la Constitución Política, que establecen la responsabilidad de los servidores públicos y su diferencia con los particulares? 

Regla ampliada

El régimen disciplinario de los servidores públicos no puede ser aplicado a particulares   «(…) Es conveniente precisar y reiterar que el artículo demandado asimila la conducta del particular a la de un servidor público sólo para efectos penales; otro tipo de responsabilidad derivada de la actuación oficial, como la disciplinaria, se continúa predicando con exclusividad de los funcionarios, que tienen con el Estado una relación legal y reglamentaria. Sobre el punto la Corte ha insistido repetidamente que el régimen disciplinario no puede ser aplicado a los particulares que prestan sus servicios al Estado, pues en esos casos no se presenta una relación de sujeción o supremacía entre la Administración y la aludida persona.  Este régimen, sólo puede ser aplicado a los servidores públicos. No sucede lo mismo en materia penal, pues toda persona, sin importar si es servidor público o particular debe responder por infringir la Constitución o la ley. La competencia para establecer el grado de responsabilidad que se deriva de la conducta desplegada por los particulares o los funcionarios públicos, corresponde al legislador y mientras ésta no sea desproporcionada o exagerada en relación con el interés que se pretende proteger, válido a la luz de la Constitución, no puede existir reproche alguno de constitucionalidad.  (…)» 

Razones de la decisión

«(…) Debe tenerse en cuenta que el delito de peculado se comete no sólo por un funcionario público, sino también por un particular que administre o tenga bajo su custodia bienes del Estado o de sus empresas o instituciones y realice sobre ellos cualquiera de las conductas previstas en el tipo penal.

 

Es evidente que la finalidad de este tipo penal es la de proteger los bienes del Estado, expuestos por razón de su administración o cuidado, a la comisión de ilícitos.

(…)

Es evidente que al hacer extensivo el peculado a la protección de estos bienes el legislador, en el ejercicio de su libertad política para conformar la norma penal, tuvo en cuenta el interés general que representa la protección de dichos bienes, en razón de la naturaleza social de las organizaciones a las cuales pertenecen y a la finalidad a la cual están destinados. (…)»

Regla

El Congreso de la República puede hacer extensivas las distintas modalidades de peculado a los particulares que administren o tengan bajo su custodia bienes pertenecientes a empresas o instituciones del Estado, sin violar los artículos 6, 123 y 124 de la Constitución Política, que establecen la responsabilidad de los servidores públicos y su diferencia con los particulares, porque la finalidad de este tipo penal es proteger los bienes del Estado. Además, el peculado no sólo lo puede cometer un funcionario público, sino también un particular que administre o tenga bajo su custodia bienes del Estado.

Decisión

Declarar EXEQUIBLES  los artículos 18, 19 y 20 de la ley 190 de 1995 que, en su orden, reformaron los arts. 63, 133 y 138 del Código Penal.

Marco jurídico

Artículos 6, 123 y 124  de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Responsabilidad civil y penal de los contratistas, consultores, interventores y asesores externos

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-563-1998

Identificadores

Etapa contractual
Etapa precontractual
Responsabilidad
Contratación estatal
Servidor público
Contratista
Consultoría
Interventoría
Asesores externos
Función pública
Celebración de contrato
Ejecución del contrato
Particular
Etapa contractual
Etapa precontractual
Responsabilidad
Contratación estatal
Servidor público
Contratista
Consultoría
Interventoría
Asesores externos
Función pública
Celebración de contrato
Ejecución del contrato
Particular
Etapa contractual
Etapa precontractual
Responsabilidad
Contratación estatal
Servidor público
Contratista
Consultoría
Interventoría
Asesores externos
Función pública
Celebración de contrato
Ejecución del contrato
Particular

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-563-1998

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS ARTÍCULOS 52, 53 y 56 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

"Artículo 52. De la responsabilidad de los contratistas. Los contratistas responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los términos de la ley".

 

"Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta ley.

 

"Artículo 53. De la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores. Los consultores, interventores y asesores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría, interventoría o asesoría, como por los hechos y omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de consultoría, interventoría o asesoría".

 

"Artículo 56. De la responsabilidad penal de los particulares que intervienen en la contratación estatal. Para efectos penales, el contratista, el interventor, el consultor y el asesor se consideran particulares que cumplen funciones públicas en todo lo concerniente a la celebración, ejecución y liquidación de los contratos que celebren con las entidades estatales y, por lo tanto, estarán sujetos a la responsabilidad que en esa materia señala la ley para los servidores públicos".

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República asimilar a los contratistas, consultores, interventores y asesores externos a la categoría de servidores públicos para efectos de la responsabilidad civil y penal en el proceso de contratación estatal, sin violar los artículos 6, 123 y 124 de la Constitución Política, que establecen la responsabilidad de los servidores públicos y su diferencia con los particulares?  

Razones de la decisión

«(…) Los particulares pueden ejercer funciones públicas, en forma temporal o permanente, como se deduce de los artículos 123, inciso tercero y 210, inciso segundo. No resulta exótico, por lo tanto, que el legislador califique de servidores públicos a los particulares que desarrollan funciones públicas, aun cuando no por ello se les deba encajar necesariamente dentro de las mencionadas especies constitucionales es decir, miembro de corporación pública, empleado o trabajador oficial, porque el legislador puede establecer diferentes categorías de servidores públicos.

(…)

Realmente no encuentra la Sala que la norma del art. 53, en materia de responsabilidad de los diferentes tipos de contratistas agregue algo nuevo a la noción general de responsabilidad que para todo contratista se deriva del art. 52 de la ley 80/93, porque examinada aquélla se observa que la responsabilidad de los consultores, interventores y asesores, se deduce, como es apenas lógico y normal del cumplimiento o no de sus obligaciones contractuales y de las acciones y omisiones antijurídicas en que estos puedan haber incurrido en la celebración y ejecución de los correspondientes contratos.

(…)

En la exposición de motivos del proyecto que luego se convirtió en la ley 80/93, se justificó la responsabilidad de los particulares contratistas, asi (sic) como la de los consultores, interventores y asesores, en el sentido de que éstos "deberán responder civil y penalmente por las conductas dolosas o culposas en que incurran en su actuar contractual, tales como el participar en un proceso de selección a pesar de tener conocimiento de la inexistencia de autorizaciones para su ejecución, cuando suscriban el contrato no obstante conocer las circunstancias de inhabilidad o de incompatibilidad en que se hallan incursos; cuando no adopten las medidas o decisiones necesarias para iniciar el contrato en la época prevista o pactada; por obstaculizar las labores o actividades de vigilancia del contrato, así como cuando entregue bienes o preste servicios de calidad o especificaciones diferentes, o cuando formulen propuestas en las que se fijen condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato, entre otros casos"[1]

(…)

…en contra de lo afirmado por el demandante, es claro que a dichos sujetos no se les está elevando a la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de particulares. Simplemente el legislador, como autoridad competente para definir la política criminal, ha considerado que la responsabilidad penal de las personas con las cuales el Estado ha celebrado contratos para desarrollar una obra o cometido determinados, debe ser igual a la de los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado, o la de funcionarios al servicio de entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Tal tratamiento que, se insiste, no implica convertir al particular en un servidor público, tiene una justificación objetiva y razonable, pues pretende garantizar que los fines que se persiguen con la contratación administrativa y los principios constitucionales que rigen todos los actos de la administración, se cumplan a cabalidad, sin que sean menguados o interferidos por alguien que, en principio, no está vinculado por ellos. 

 

En otras palabras, la responsabilidad que en este caso se predica de ciertos particulares, no se deriva de la calidad del actor, sino de la especial implicación envuelta en su rol, relacionado directamente con una finalidad de interés público. (…)»  


[1] Estatuto de la Contratación Administrativa, Bogotá, Edit. Temis, 1993, pags. 57 y 58.

Regla

El Congreso de la República puede asimilar a los contratistas, consultores, interventores y asesores externos a la categoría de servidores públicos para efectos de la responsabilidad civil y penal en el proceso de contratación estatal, sin violar los artículos 6, 123 y 124 de la Constitución Política, que establecen la responsabilidad de los servidores públicos y su diferencia con los particulares, porque: 

 

  1. Los particulares también pueden ejercer funciones públicas en forma temporal o permanente aun cuando no encajen necesariamente dentro de la categoría de servidores públicos, pues el legislador tiene la facultad de establecer quiénes ostentan dicha categoría. Sin embargo, cuando al particular se le asigna el cumplimiento de una función pública adquiere la condición de un sujeto cualificado, en la medida en que se amplifica su capacidad jurídica, sin que por ello deje de ser un particular.
  2. Su responsabilidad se deduce del cumplimiento o no de sus obligaciones contractuales y de las acciones y omisiones antijurídicas en que incurran en la celebración y ejecución de los correspondientes contratos. Por tanto, se justifica su responsabilidad bajo el entendido que éstos deberán responder civil y penalmente por las conductas dolosas o culposas en que comentan dentro del actuar contractual.
  3. A dichos sujetos no se les está elevando a la categoría de servidores públicos, ni desconociendo su condición de particulares. Tal tratamiento lo que pretende garantizar es el cumplimiento de los fines de la contratación administrativa y los principios constitucionales.

 

Decisión

Declarar EXEQUIBLES los artículo 52, 53 y 56 de la ley 80 de 1993.

Marco jurídico

Artículos 6, 123 y 124  de la Constitución Política

Conceptualizaciones

Noción amplia y restringida de la función pública. «(…) En sentido amplio la noción de función pública atañe al conjunto de las actividades que realiza el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113)  y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines. En un sentido restringido se habla de función pública, referida al conjunto de principios y reglas que se aplican a quienes tienen vínculo laboral subordinado con los distintos organismos del Estado. Por lo mismo, empleado, funcionario o trabajador es el servidor público que esta investido regularmente de una función, que desarrolla dentro del radio de competencia que le asigna la Constitución, la ley o el reglamento. (…)»

 

Servidor público. «(…) toda persona que ejerce a cualquier título una función pública y, en tal virtud, ostentan dicha condición los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios, asi como las personas vinculadas al Estado mediante relaciones laborales especiales, según lo determine el legislador(…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: C-563-1998
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Bienes públicos
  • Contratación estatal
  • Peculado
  • Particular
  • Servidor público
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Bienes públicos
  • Contratación estatal
  • Peculado
  • Particular
  • Servidor público
  • Servidor público
  • Particular
  • Peculado
  • Bienes públicos
  • Etapa precontractual
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Responsabilidad
  • Contratación estatal
  • Servidor público
  • Contratista
  • Consultoría
  • Interventoría
  • Asesores externos
  • Función pública
  • Celebración de contrato
  • Ejecución del contrato
  • Particular
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Responsabilidad
  • Contratación estatal
  • Servidor público
  • Contratista
  • Consultoría
  • Interventoría
  • Asesores externos
  • Función pública
  • Celebración de contrato
  • Ejecución del contrato
  • Particular
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Responsabilidad
  • Contratación estatal
  • Servidor público
  • Contratista
  • Consultoría
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