A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

No procede ningún recurso contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-259-2008

Identificadores

Oferta
Pliego de condiciones
Jefes o representantes de las entidades estatales
Jurisdicción de lo contencioso administrativo
Actos administrativos
Desconcentración
Debido proceso
Etapa precontractual
Recursos
Contratación estatal
Oferta
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Jefes o representantes de las entidades estatales
Jurisdicción de lo contencioso administrativo
Actos administrativos
Desconcentración
Debido proceso
Etapa precontractual
Recursos
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Jefes o representantes de las entidades estatales
Jurisdicción de lo contencioso administrativo
Actos administrativos
Desconcentración
Debido proceso
Etapa precontractual
Recursos
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-259-2008

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 1150 DE 2007

Disposición Jurídica

LEY 1150 DE 2007

"Artículo 21. De la delegación y la desconcentración para contratar. El artículo 12 de la Ley 80 de 1993, tendrá un inciso 2° y un parágrafo del siguiente tenor:

(...)

En ningún caso, los jefes y representantes legales de las entidades estatales quedarán exonerados por virtud de la delegación de sus deberes de control y vigilancia de la actividad precontractual y contractual.

 

Parágrafo. Para los efectos de esta ley, se entiende por desconcentración la distribución adecuada del trabajo que realiza el jefe o representante legal de la entidad, sin que ello implique autonomía administrativa en su ejercicio. En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso”.

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que no procede ningún recurso contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa, sin vulnerar el derecho al debido proceso?

Regla ampliada

Características y efectos de la desconcentración y la delegación. «(...) En este orden de ideas, las características particulares de la desconcentración son: (i) es una atribución de la competencia realizada por el mismo ordenamiento jurídico; (ii) tal atribución es realizada a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía; (iii) la competencia desconcentrada se confiere de forma exclusiva al órgano designado por el ordenamiento; (iv) la responsabilidad del superior jerárquico se circunscribe al ámbito de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y; (v) el superior sólo puede reasumir la competencia previa una nueva atribución legal que así lo determine.[1]

Los efectos de la desconcentración, entonces, se distinguen de los de la delegación, en tanto estos tienen que ver con (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro, realizada por un acto del titular de la función; (ii) la necesidad de previa autorización legal para efectuar la delegación y; (iii) la posibilidad que el órgano delegante pueda, en cualquier momento, reasumir la competencia, siguiendo para ello el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico.

Igualmente, no puede perderse de vista que conforme a lo dispuesto en el artículo 211 Superior, la delegación exime de responsabilidad al delegante, adscribiéndose únicamente en el delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquél, reasumiendo la responsabilidad correspondiente.  Esta consecuencia jurídica no es predicable de la desconcentración, caso en el cual la autoridad administrativa que transfiere la competencia conserva la responsabilidad respecto del ejercicio de las funciones atribuidas.

Por último, el precedente constitucional citado ha contemplado que la aplicación de las figuras de la desconcentración y la delegación no son excluyentes, a pesar de sus efectos diversos. Ello en la medida que “estos dos mecanismos es el mismo: descongestionar los órganos superiores de la administración, para facilitar y agilizar la gestión de los asuntos administrativos, que se encuentran al servicio de los intereses generales de los ciudadanos (...)»


[1] [1] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-024/96.

Razones de la decisión

«(...) Como se observa, la intención del legislador fue permitir que las autoridades públicas facultadas para contratar en nombre del Estado, bien originariamente o en virtud de acto de delegación, puedan desconcentrar en instancias o funcionarios de la propia entidad el desarrollo de actividades propias del proceso precontractual, como es el caso de la elaboración de pliegos de condiciones o sus documentos equivalentes, la evaluación de propuestas, la confección de minutas de contratos, etc. 

 

La desconcentración de estas actividades, por expreso mandato legal, no implica la transferencia de autonomía administrativa en su ejercicio por lo que, contrario a como lo prevé el modelo general de desconcentración regulado por el artículo 8º de la Ley 489/98,[1] en el caso de la norma acusada no se está ante la transferencia de potestades para la toma de decisiones.  Nótese que el parágrafo demandado es explícito en establecer el carácter estipulativo de esta modalidad particular de desconcentración, en tanto señala que “ 

Debe insistirse en que el apartado acusado refiere a la desconcentración de las actividades pertenecientes al proceso precontractual, que son aquellas relacionadas con la elaboración de licitaciones y concursos públicos, casos en los cuales el jefe o representante legal de la entidad estatal, podrá desconcentrar esas tareas en servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo del mismo ente.  Este acto de desconcentración, en los términos del artículo 8º de la Ley 489/98, no implica la delegación de funciones, por lo que la responsabilidad administrativa continúa en cabeza del jefe o representante legal de la entidad correspondiente.

(…)

 

En ese sentido, la desconcentración de actividades en el proceso precontractual de que trata el artículo 21 de la Ley 1150/07 es un modo específico de distribución racional del trabajo propio de los procedimientos de contratación administrativa al interior de las entidades del Estado, que de ninguna manera involucra la delegación y, por ende, la exención de la responsabilidad administrativa del jefe o representante legal de la entidad de que se trate.  En ese orden de ideas, resulta apenas lógico que el legislador haya dispuesto que contra esas actividades no procedan recursos en vía gubernativa, pues ello equivaldría, en la práctica, a que la actuación volvería al superior quien, como se dijo, conserva la responsabilidad administrativa en relación con las actividades desconcentradas.

 

Además, esta prohibición carece del efecto que le endilga el demandante, puesto que la improcedencia de recursos contra esas actividades no es incompatible con la posibilidad que, a través de los recursos y acciones ante la jurisdicción contenciosa, los interesados cuestionen la legalidad de dichas actividades, a través de la impugnación de los actos administrativos  que ponen fin al proceso contractual.  En ese escenario, por supuesto, operarán las instancias sustantivas y procesales que garanticen los derechos constitucionales, en especial el debido proceso (...)»


[1] Ley 489/98. Artículo 8º: Desconcentración administrativa. La desconcentración es la radicación de competencias y funciones en dependencias ubicadas fuera de la sede principal del organismo o entidad administrativa, sin perjuicio de las potestades y deberes de orientación e instrucción que corresponde ejercer a los jefes superiores de la administración, la cual no implica delegación y podrá hacerse por territorio y por funciones.   Parágrafo: En el acto correspondiente se determinarán los medios necesarios para su adecuado cumplimiento.   Los actos cumplidos por las autoridades en virtud de desconcentración administrativa sólo serán susceptibles del recurso de reposición en los términos establecidos en las normas pertinentes.

Regla

El Congreso de la República puede establecer que no procede ningún recurso contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa, sin vulnerar el debido proceso porque dicha improcedencia no es incompatible con la facultad que tienen los interesados de controvertir la legalidad de los actos administrativos ante la jurisdicción contenciosa, a través de la impugnación de éstos. Por consiguiente:  
  1. Las autoridades públicas pueden desconcentrar en instancias o funcionarios de la misma entidad el desarrollo de actividades propias del proceso precontractual, como la elaboración de pliegos de condiciones, evaluación de propuestas, confección de minutas de contratos.
  2. El jefe o representante legal de las entidades públicas puede desconcentrar las tareas de las actividades de la etapa precontractual (elaboración de licitaciones y concursos públicos) en servidores públicos del nivel directivo o ejecutivo del mismo ente.
  3. Por expreso mandato legal la desconcentración de actividades en el proceso precontractual no implica transferencia de la autonomía administrativa en su ejercicio, y la responsabilidad administrativa sigue en cabeza del jefe o representante legal de la entidad, por lo que no proceden recursos en vía gubernativa.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE la expresión “En consecuencia, contra las actividades cumplidas en virtud de la desconcentración administrativa no procederá ningún recurso.” contenida en el artículo 21 de la Ley 1150 de 2007.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia T-024 de 1996.

Marco jurídico

Artículos  29, 209 de la Constitución Política

Conceptualizaciones

La descentralización. «(...)es un principio organizacional que tiene por objeto distribuir funciones entre la administración central y los territorios (descentralización territorial), o entre la primera y entidades que cumplen con labores especializadas (descentralización por servicios), de manera que el ejercicio de determinadas funciones administrativas sea realizado en un marco de autonomía por las entidades territoriales o las instituciones especializadas[1] (...)»

[2](...)»

 

Desconcentración. «(...) es un instituto jurídico que hace relación a la transferencia de potestades para la toma de decisiones, a instancias o agencias que se encuentran subordinadas al ente central, sin que necesariamente, gocen de personería jurídica, ni presupuesto, ni reglamento administrativo propio. El propósito de esta figura, es el de descongestionar la gran cantidad de tareas que corresponden a las autoridades administrativas y, en ese orden de ideas, contribuir a un rápido y eficaz diligenciamiento de los asuntos administrativos. (...)»

 

Características particulares de la desconcentración. «(...)(i) es una atribución de la competencia realizada por el mismo ordenamiento jurídico; (ii) tal atribución es realizada a un órgano medio o inferior dentro de la jerarquía; (iii) la competencia desconcentrada se confiere de forma exclusiva al órgano designado por el ordenamiento; (iv) la responsabilidad del superior jerárquico se circunscribe al ámbito de los poderes de supervisión propios de la relación jerárquica y; (v) el superior sólo puede reasumir la competencia previa una nueva atribución legal que así lo determine.[3] 

Los efectos de la desconcentración, entonces, se distinguen de los de la delegación, en tanto estos tienen que ver con (i) la transferencia de funciones de un órgano a otro, realizada por un acto del titular de la función; (ii) la necesidad de previa autorización legal para efectuar la delegación y; (iii) la posibilidad que el órgano delegante pueda, en cualquier momento, reasumir la competencia, siguiendo para ello el procedimiento establecido por el ordenamiento jurídico. [4] (....)»  


[1] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-496/98.  A su vez, este fallo recoge la diferenciación conceptual que entre las figuras de delegación y descentralización contiene la Sentencia T-024/96, M.P. Alejandro Martínez Caballero. [2] Ibídem. [3] [3] Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-024/96. [4] La Corte ha desarrollado reglas adicionales sobre los elementos de la delegación administrativa, en especial sobre su finalidad, objeto, eventos de improcedencia, condiciones del delegante, la discrecionalidad para delegar, las características del acto de delegación, la subordinación del delegatario, los tipos de decisiones que éste puede adoptar, las clases de decisión en la delegación y la naturaleza del vínculo entre delegante y delegatario.  Sobre este particular, Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-372/02, M.P. Jaime Córdoba Triviño.  Además, en lo que tiene que ver con la obligación de reasumir la competencia de conformidad con el procedimiento legal, pueden consultarse las sentencias C-727/00, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-1190/00, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

El Congreso de la República no puede facultar al Gobierno Nacional para que por medio de decretos compile las normas de contratación estatal

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-259-2008

Identificadores

Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Código
Seguridad jurídica
Reserva
Decreto con fuerza de ley
Contratación estatal
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Código
Seguridad jurídica
Reserva
Decreto con fuerza de ley
Contratación estatal
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Código
Seguridad jurídica
Reserva
Decreto con fuerza de ley
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-259-2008

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY 1150 DE 2007

Disposición Jurídica

LEY 1150 DE 2007

"Artículo 30. De la compilación de normas. Autorízase al Gobierno Nacional para que pueda compilar las normas de esta ley y la Ley 80 de 1993, sin cambiar su redacción ni contenido, pudiendo ordenar su numeración. Esta compilación será el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública".

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República  facultar  al Gobierno Nacional para que por medio de decretos legislativos compile las normas de contratación estatal, sin variar su contenido y con la posibilidad de ordenar su numeración, a efectos de establecer el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, sin vulnerar la reserva de ley para la promulgación de códigos?

Regla ampliada

La condición de código se adquiere a partir de criterios materiales. «(...)19.3.  Conforme a la jurisprudencia, no todo orden sistemático de normas debe recibir la calificación de código, por lo que es posible diferenciar estas disposiciones de las compilaciones.   Así, mientras “que el código como se ha indicado, tiene la pretensión de sistematizar de manera integral, plena y coherente, en un nuevo cuerpo normativo, una rama específica del derecho, la compilación implica “agrupar o recopilar en un solo texto, disposiciones jurídicas sobre un tema específico, sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo. Esta tarea, no involucra en estricto sentido ejercicio de actividad legislativa”.[3] y que se limitan exclusivamente a la sistematización, referencia y consulta de normas. (...)»

 

La delegación de funciones administrativas a particulares se puede encauzar a través de tres vías diferenciadas   «(...)La primera, a través de la atribución directa por la ley de funciones administrativas a una organización de origen privado.  En este supuesto el legislador para cada caso señala las condiciones de ejercicio de la función, lo relativo a los recursos económicos, la necesidad o no de un contrato con la entidad respectiva y el contenido del mismo, su duración, las características y destino de los recursos y bienes que con aquellos se adquieran al final del contrato, los mecanismos de control específico, etc. La segunda alternativa, consiste en la previsión legal, por vía general de autorización a las entidades o autoridades públicas titulares de las funciones administrativas para atribuir a particulares (personas Jurídicas  o personas naturales) mediante convenio, precedido de acto administrativo el directo ejercicio de aquellas; debe tenerse en cuenta como lo ha señalado la Corte que la mencionada atribución tiene como límite la imposibilidad de vaciar de contenido la competencia de la autoridad que las otorga. Por último, la delegación de funciones públicas también puede producirse a través de la constitución de órganos en que concurren autoridades públicas y particulares, en especial las asociaciones y fundaciones de participación mixta. (...)»

 

La desconcentración de actividades en el proceso precontractual « (...)es un modo específico de distribución racional del trabajo propio de los procedimientos de contratación administrativa al interior de las entidades del Estado, que de ninguna manera involucra la delegación y, por ende, la exención de la responsabilidad administrativa del jefe o representante legal de la entidad de que se trate.  En ese orden de ideas, resulta apenas lógico que el legislador haya dispuesto que contra esas actividades no procedan recursos en vía gubernativa, pues ello equivaldría a que la actuación volvería al superior quien, como se dijo, conserva la responsabilidad administrativa en relación con las actividades desconcentradas. Además, la improcedencia de recursos contra esas actividades no es incompatible con la posibilidad que, a través de los recursos y acciones ante la jurisdicción contenciosa, los interesados cuestionen la legalidad de dichas actividades (...)»


[1] Sentencia C-340 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño. Ver igualmente la sentencia C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería. [2] Ver las sentencias C-340 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería; C 397 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C- 129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras. [3] Corte Suprema de Justicia, sentencia del primero de marzo de mil novecientos noventa. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. Proceso número 1970 Actor: Carlos Alfredo Ramírez Guerrero.

Razones de la decisión

«(...) (i) la ley habilitante no debe conferir al Gobierno la facultad de eliminar, en la tarea de recopilación o conciliación normas repetidas o superfluas, pues esta función hace parte de la promulgación de códigos; (ii) la facultad de compilar ““no puede conllevar la expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente pues ello equivale a expedir un código”.[3]”; y (iv) la tarea de subsanar fallas en la armonía dentro de un código es un asunto que también hace parte de la reserva de ley.

 

19.4. No toda modificación de las disposiciones pertenecientes a un código, por parte de un Decreto Ley, es inconstitucional.  Ello en tanto esta “Corporación ha señalado[7] forma parte de la prohibición constitucional del artículo 150-10.”

(…)

Por ende, la delegación que hace el Congreso para efectuar compilación de normas a través de simples decretos ejecutivos es inconstitucional.  Ello debido a dos razones diferenciadas.  La primera tiene que ver con los problemas que estos decretos generan en relación con la competencia material para su control constitucional, lo que genera inseguridad jurídica ante la potencial indefinición sobre la autoridad judicial a cargo de dicho control.  Esto se genera en la medida que los decretos ejecutivos son normas que prima facie corresponden al control en sede judicial por parte del contencioso.  Empero, el contenido material de un decreto ejecutivo que compila normas de rango legal debe ser controlado por esta Corporación, so pena de desarticular el modelo de control de constitucionalidad previsto en el artículo 241 C.P. [8] 

 

La segunda razón está relacionada con el hecho que la posición que tienen los decretos ejecutivos en el ordenamiento, “ya que lo que se exige de ellos en materia de compilación, generalmente desborda las facultades que el Ejecutivo puede ejercer al dictar un acto administrativo de jerarquía inferior a las normas compiladas que no puede eliminar normas con rango de ley, ni suplir vacíos, ni cambiar su ubicación mediante una renumeración que las saque de su contexto original.”[9]  (...)»  


[1] Sentencia C-129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. [2] Sentencia C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería. [3] Sentencia C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería.        [4] Las sentencias C-395 de 1996 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C-077 de 1997. M.P. Antonio Barrera Carbonell, [5] Sentencia C-140 de 2001. M.P. Alejandro Martínez Caballero. C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería. [6] Sentencia C-577 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. [7] En la sentencia C-712 de 2001. M.P. Jaime Córdoba Triviño, [8] Sobre este particular, la sentencia C-655/07 remite a las reglas fijadas por la Corte en el fallo C-508/96. [9] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-655/07. Fundamento jurídico 4.1.5.

Regla

El Congreso de la República no puede facultar al Gobierno Nacional para que por medio de decreto legislativo compile las normas de contratación estatal sin variar su contenido y con la posibilidad de ordenar su numeración, sin vulnerar la reserva legal para la promulgación de códigos, siempre y cuando:

 

  1. En la tarea de compilación no se puede facultar al Gobierno Nacional para que elimine normas repetidas o superfluas; la compilación no puede conllevar la expedición de un nuevo texto jurídico con numeración y titulación propia. La potestad de colocar en orden la numeración de los artículos, libros, títulos, capítulos, artículos y la subsanación de fallas dentro de un código hacen parte de reserva legal.
  2. Está prohibido que mediante Decreto Ley se hagan modificaciones o adiciones que afecten la estructura normativa o general de los estatutos  o la esencia de la materia regulada en el código o impliquen una regulación que son propias de los códigos.
  3. La delegación que hace el Congreso para efectuar compilación de normas a través de decretos leyes es inconstitucional, ya que estos decretos generan una relación de competencia material para su control constitucional, lo que genera inseguridad jurídica sobre la autoridad judicial a cargo de dicho control.

Decisión

Declarar INEXEQUIBLE el artículo 30 de la Ley 1150 de 2007

Citas de precedentes en ratio decidendi

Sentencias C-655 de 2007, C-129 de 1995 ¸ C-582 de 2001, C-395 de 1996, C-140 de 2001¸ C-577 de 2006¸ C-712 de 2001, C-655 de 2007, C-655 de 2007.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencias C-582 de 2001, C-340 de 2006, C 397 de 1995, C- 129 de 1995

Marco jurídico

Artículo 150-10 de la Constitución Política

Conceptualizaciones

Conjunto de disposiciones «(...) configura un código cuando es “(i) un cuerpo jurídico único con fuerza obligatoria; (ii) que envuelve una regulación metódica, sistemática, armónica y coordinada de las instituciones constitutivas de una rama del derecho o de una materia, de modo pleno, integral y total[2]”.  No obstante, la condición de código se adquiere a partir de criterios materiales, razón por la cual no tiene incidencia alguna que el legislador habilite al Gobierno Nacional para que profiera un cuerpo normativo que, aunque nominalmente no sea identificado como “código”, posea las características enunciadas.  En ese caso, la norma habilitante resultará contraria a lo dispuesto en el artículo 150-2 C.P.

(…)

la labor de compilación supone, en criterio de la Corte, (i) recopilar en un solo texto, disposiciones jurídicas sobre un tema específico, (ii) sin variar en nada su naturaleza y contenido normativo, - por lo que el compilador no las puede modificar, sustituir, ni retirar del sistema jurídico, así se las estime innecesarias, superfluas o repetidas-, ya que tal agrupación, (iii) no es una tarea legislativa, ni tiene trascendencia en el contenido de las normas que integran el ordenamiento jurídico. Los efectos de la compilación, en consecuencia, no conllevan la  expedición de un nuevo texto jurídico con una numeración y una titulación propia e independiente,[4] y que se limitan exclusivamente a la sistematización, referencia y consulta de normas. (...)»     


[1] Cfr. Sentencia C-340 de 2006.  M.P. Jaime Córdoba Triviño. [2] En la sentencia C-362 de 1996. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, C-186 de 2003. M.P. Clara Inés Vargas; C-340 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño y C-577 de 2006. M.P. Humberto Sierra Porto. [3] Ver las sentencias C-340 de 2006. M.P. Jaime Córdoba Triviño; C-582 de 2001. M.P. Jaime Araujo Rentería; C 397 de 1995 M.P. José Gregorio Hernández Galindo y C- 129 de 1995 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, entre otras. [4] Corte Suprema de Justicia, sentencia del primero de marzo de mil novecientos noventa. M.P. Jaime Sanín Greiffenstein. Proceso número 1970 Actor: Carlos Alfredo Ramírez Guerrero.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

El Gobierno Nacional establecerá los mecanismos e instrumentos a través de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-259-2008

Identificadores

Etapa precontractual
Contratación estatal
Etapa contractual
Etapa postcontractual
Función administrativa
Publicidad
Medios electrónicos
Eficiencia
Principio de transparencia
SECOP
Etapa precontractual
Contratación estatal
Etapa contractual
Etapa postcontractual
Función administrativa
Publicidad
Medios electrónicos
Eficiencia
Principio de transparencia
SECOP
Etapa precontractual
Contratación estatal
Etapa contractual
Etapa postcontractual
Función administrativa
Publicidad
Medios electrónicos
Eficiencia
Principio de transparencia
SECOP

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-259-2008

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 3° DE LA LEY 1150 DE 2007

Disposición Jurídica

LEY 1150 DE 2007

"Artículo 3°. De la contratación pública electrónica. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional.

 

Lo anterior, sin perjuicio de las publicaciones previstas en el numeral 3 del artículo 30 de la Ley 80 de 1993.

 

Con el fin de materializar los objetivos a que se refiere el inciso anterior, el Gobierno Nacional desarrollará el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, el cual:

 

a) Dispondrá de las funcionalidades tecnológicas para realizar procesos de contratación electrónicos bajo los métodos de selección señalados en el artículo 2° de la presente ley según lo defina el reglamento;

 

b) Servirá de punto único de ingreso de información y de generación de reportes para las entidades estatales y la ciudadanía;

 

c) Contará con la información oficial de la contratación realizada con dineros públicos, para lo cual establecerá los patrones a que haya lugar y se encargará de su difusión a través de canales electrónicos y;

 

d) Integrará el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, el Diario Único de Contratación Estatal y los demás sistemas que involucren la gestión contractual pública. Así mismo, se articulará con el Sistema de Información para la Vigilancia de la Contratación Estatal, SICE, creado por la Ley 598 de 2000, sin que este pierda su autonomía para el ejercicio del control fiscal a la contratación pública.

 

Parágrafo 1°. En ningún caso la administración del Secop supondrá la creación de una nueva entidad.

 

El Secop será administrado por el organismo que designe el Gobierno Nacional, sin perjuicio de la autonomía que respecto del SICE confiere la Ley 598 de 2000 a la Contraloría General de la República.

 

Parágrafo 2°. En el marco de lo dispuesto en los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 los recursos que se generen por el pago de los derechos de publicación de los contratos se destinarán en un diez por ciento (10%) a la operación del Sistema de que trata el presente artículo."

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República facultar al Gobierno Nacional para que establezca los mecanismos e instrumentos a través de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual, en el marco de contratación pública electrónica, sin vulnerar el principio de publicidad de la función administrativa?

Regla ampliada

Elementos que deben garantizar las instancias tecnologías del sistema automatizado de información sobre la contratación estatal. «(...) (i)  la imparcialidad y la transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la participación oportuna y suficiente de los interesados en el proceso contractual, al igual que los organismos de control; y (iii) el conocimiento oportuno de la información atinente en la contratación estatal, a fin de garantizar los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos, al igual que la preservación del principio de seguridad jurídica>>

 

6. Sobre la materia objeto de análisis es importante anotar, en primer lugar, que decisiones anteriores de esta Corporación han determinado la legitimidad constitucional, en especial desde la perspectiva de la eficacia de los principios de la función administrativa, de la posibilidad que el legislador confiera validez a los mecanismos electrónicos para el cumplimiento de las funciones estatales. 

 

Ejemplo de este precedente es la sentencia C-662/00, en la que la Corte estudió la constitucionalidad de la Ley 527/99, “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones”. Este fallo hizo hincapié en que las normas que regulen el intercambio electrónico de informaciones a través de sistemas electrónicos, responden a la necesidad ineludible de actualizar los regímenes jurídicos al avance de las tecnologías de la información.  Así, la incorporación de sistemas automatizados de información en las diferentes instancias de la actuación del Estado y de los particulares, exige un marco normativo que responda eficazmente “a las exigencias planteadas por la creciente globalización de los asuntos pues, es indudable que los avances tecnológicos en materia de intercambio electrónico de datos ha propiciado el desarrollo de esta tendencia en todos los órdenes, lo cual, desde luego, implica hacer las adecuaciones en los regímenes que sean necesarias para que estén acordes con las transformaciones que han tenido lugar en la organización social, económica y empresarial, a nivel mundial, regional, local, nacional, social y aún personal. (...)»

Razones de la decisión

«(...)La finalidad principal de la Ley 1150/07 es la estipulación de instituciones y procedimientos que aseguren la eficiencia y la transparencia en la contratación administrativa. En armonía con este propósito, el artículo 3º ejusdem, prevé la posibilidad que los actos administrativos, los documentos, contratos y demás actos derivados de la actividad precontractual y contractual puedan ejecutarse a través de medios electrónicos. Para cumplir esta finalidad, el legislador prevé la creación del Sistema Electrónico de Contratación Pública – Secop, cuyo desarrollo se adscribe en cabeza del Gobierno Nacional, de acuerdo con los parámetros previstos en la misma norma, los cuales versan sobre (i) la aptitud del Secop para realizar procesos de contratación pública, tanto licitatorios como de selección abreviada; (ii) la unificación en el Secop para la publicación de reportes de las entidades y la consulta de los mismos por los ciudadanos; (iii)  la obligación que la información oficial sobre el gasto público fruto de la contratación administrativa sea publicada en el Secop; y (iv) la integración al Secop de otros sistemas de información relacionados con la contratación estatal, entre ellos el Registro Único Empresarial de las Cámaras de Comercio, al igual que la articulación con el Sistema de Información para la Vigilancia del Control Estatal – SICE, administrado por la Contraloría General de la República. (…) Precisamente, como se tuvo oportunidad de anotar, el artículo 6º de la Ley 1150/07 determinó los requisitos que debe cumplir la implementación del Secop, condiciones que constituyen el marco normativo para que el Gobierno Nacional, en ejercicio de la facultad reglamentaria, establezca el contenido específico de dichos mecanismos e instrumentos.  Por ende, no es válido admitir que esta regulación subsiguiente quede al libre arbitrio del Ejecutivo. (…) La Sala comparte el argumento planteado por algunos intervinientes en el sentido que, merced del carácter en extremo dinámico de las tecnologías de la información, resulte adecuado y razonable que el Gobierno Nacional determine el contenido concreto de los mecanismos e instrumentos del Secop.  En efecto, no se está en el presente caso ante una violación de la reserva de ley, en tanto ha sido el Congreso quien ha creado el Sistema de Contratación Pública Electrónica y ha previsto las condiciones que deben cumplirse para que sea compatible con el principio de publicidad de la función administrativa.  Una comprensión contraria, basada en el entendimiento maximalista del principio de reserva de ley, que obligue a que el Congreso regule íntegramente la materia, se mostraría problemática.  Ello debido a que vaciaría la competencia reglamentaria del Ejecutivo (Art. 189-11 C.P.) e, igualmente, haría inoperante el Secop, en tanto sus modificaciones más marginales, relacionadas con aspectos técnicos del Sistema, deberían ser promulgadas luego del complejo procedimiento legislativo ordinario. (...)»

Regla

El Congreso de la República facultar al Gobierno Nacional para que establezca los mecanismos e instrumentos a través de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual, sin vulnerar el principio de publicidad, porque:  
  1. Los actos administrativos, documentos, contratos y demás actos derivados de la actividad contractual pueden ejecutarse a través de medios electrónicos, para cumplir con la finalidad de la ley referente a dotar de eficiencia y transparencia la actividad contractual.
  2. El Gobierno Nacional en ejercicio de su facultad reglamentaria debe establecer el contenido específico de dichos mecanismos e instrumentos de acuerdo a los requisitos que se deben cumplir en la implementación del SECOP, consagrados en el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007.
  3. Es adecuado y razonable que el Gobierno Nacional determine el contenido de los instrumentos del SECOP, de acuerdo al carácter dinámico de las tecnologías de la información.

Decisión

PRIMERO: Declarar EXEQUIBLE la expresión “Los mecanismos e instrumentos por medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional”, contenida en el artículo 3º de la Ley 1150 de 2007.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Sentencia C-831 de 2001, C-802 de 2006.

Marco jurídico

Artículos 123, 209 de la Constitución Política

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Las Cámaras de Comercio tienen a cargo el Registro Único de Proponentes

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-259-2008

Identificadores

Etapa precontractual
Función administrativa
Particular
Función pública
Cámaras de Comercio
Registro único de proponentes
Contratación estatal
Etapa precontractual
Función administrativa
Particular
Función pública
Cámaras de Comercio
Registro único de proponentes
Contratación estatal
Etapa precontractual
Función administrativa
Particular
Función pública
Cámaras de Comercio
Registro único de proponentes
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-259-2008

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALDIAD CONTRA EL ARTÍCULO 6 DE LA LEY 1150 DE 2008

Disposición Jurídica

LEY 1150 DE 2007

"Artículo 6°. De la verificación de las condiciones de los proponentes. Todas las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia, que aspiren a celebrar contratos con las entidades estatales, se inscribirán en el Registro único de Proponentes del Registro Único Empresarial de la Cámara de Comercio con jurisdicción en su domicilio principal.

 

No se requerirá de este registro, ni de calificación ni de clasificación, en los casos de contratación directa; contratos para la prestación de servicios de salud; contratos cuyo valor no supere el diez por ciento (10%) de la menor cuantía de la respectiva entidad; enajenación de bienes del Estado; contratos que tengan por objeto la adquisición de productos de origen o destinación agropecuaria que se ofrezcan en bolsas de productos legalmente constituidas; los actos y contratos que tengan por objeto directo las actividades comerciales e industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta y los contratos de concesión de cualquier índole. En los casos anteriormente señalados, corresponderá a las entidades contratantes cumplir con la labor de verificación de las condiciones de los proponentes.

 

En dicho registro constará la información relacionada con la experiencia, capacidad jurídica, financiera y de organización del proponente, que se establecerá de conformidad con los factores de calificación y clasificación que defina el reglamento. El puntaje resultante de la calificación de estos factores se entenderá como la capacidad máxima de contratación del inscrito.

 

6.1. De la calificación y clasificación de los inscritos. Corresponderá a los proponentes calificarse y clasificarse en el registro de conformidad con los documentos aportados. Las cámaras de comercio harán la verificación documental de la información presentada por los interesados al momento de inscribirse en el registro.

 

La calificación y clasificación certificada de conformidad con el presente artículo será plena prueba de las circunstancias que en ella se hagan constar. En tal sentido, la verificación de las condiciones establecidas en el numeral 1 del artículo 5° de la presente ley, se demostrará exclusivamente con el respectivo certificado del RUP en donde deberán constar dichas condiciones. En consecuencia, las entidades estatales en los procesos de contratación no podrán exigir, ni los proponentes aportar documentación que deba utilizarse para efectuar la inscripción en el registro.

 

No obstante lo anterior, sólo en aquellos casos en que por las características del objeto a contratar se requiera la verificación de requisitos del proponente adicionales a los contenidos en el Registro, la entidad podrá hacer tal verificación en forma directa.

 

Cuando la información presentada ante la Cámara de Comercio no sea suficiente, sea inconsistente o no contenga la totalidad de los elementos señalados en el reglamento para su existencia y validez, esta se abstendrá de realizar la inscripción, renovación o modificación que corresponda, sin perjuicio de las acciones legales a que haya lugar.

 

La información deberá mantenerse actualizada y renovarse en la forma y con la periodicidad que señale el reglamento.

 

6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las entidades estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los ejecutados.

 

Las condiciones de remisión de la información y los plazos de permanencia de la misma en el registro serán señalados por el Gobierno Nacional.

 

El servidor público encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de mala conducta.

 

6.3. De la impugnación de la calificación y clasificación. Realizada la verificación a que se refiere el numeral 6.1 del presente artículo, la Cámara publicará el acto de inscripción, contra el cual cualquier persona podrá interponer recurso de reposición ante la respectiva Cámara de Comercio, durante los treinta (30) días siguientes a la publicación, sin que para ello requiera demostrar interés alguno. Para que la impugnación sea admisible deberá prestarse caución bancaria o de compañía de seguros para garantizar los perjuicios que se puedan causar al inscrito.

 

Contra la decisión que resuelva el recurso de reposición, no procederá apelación.

 

En firme la calificación y clasificación del inscrito, cualquier persona podrá demandar su nulidad en desarrollo de la acción prevista en el artículo 84 del Código Contencioso Administrativo. Para el efecto será competente el Juez de lo Contencioso Administrativo en única instancia.

 

La presentación de la demanda no suspenderá la calificación y clasificación del inscrito, ni será causal de suspensión de los procesos de selección en curso en los que el proponente sea parte. El proceso se tramitará por el procedimiento ordinario a que se refiere el Código Contencioso Administrativo. Adoptada la decisión, la misma solo tendrá efectos hacia el futuro.

 

Cuando en desarrollo de un proceso de selección una entidad estatal advierta la existencia de posibles irregularidades en el contenido de la información del Registro, que puedan afectar el cumplimiento de los requisitos exigidos al proponente dentro del proceso de que se trate, podrá suspender el proceso de selección e impugnar ante la Cámara de Comercio la clasificación y calificación del inscrito, para lo cual no estarán obligadas a prestar caución. Para el trámite y adopción de la decisión las Cámaras de Comercio tendrán un plazo de treinta (30) días. De no haberse adoptado una decisión en el término anterior, la entidad reanudará el proceso de selección de acuerdo con la información certificada en el RUP.

 

En el evento en que la Cámara de Comercio establezca la existencia de graves inconsistencias que hayan alterado en su favor la calificación y clasificación del inscrito, se le cancelará la inscripción en el registro quedando en tal caso inhabilitado para contratar con las entidades estatales por el término de cinco (5) años, sin perjuicio de las acciones penales a que haya lugar. En caso de reincidencia la inhabilidad será permanente.

 

Las mismas sanciones previstas en el inciso anterior se predicarán en el evento en que el Juez de lo Contencioso Administrativo declare la nulidad del acto de inscripción.

 

La información contenida en el registro es pública y su consulta será gratuita.

 

Parágrafo 1°. Para poder participar en los procesos de selección de los contratos de obra y demás que señale el reglamento, la capacidad residual del proponente o K de contratación deberá ser igual o superior al que la entidad haya establecido para el efecto en los pliegos de condiciones.

 

Para establecer la capacidad residual del proponente o K de contratación, se deberán considerar todos los contratos que tenga en ejecución el proponente al momento de presentar la oferta. El desarrollo y ejecución del contrato podrá dar lugar a que los valores que sean cancelados al contratista se consideren para establecer el real K de contratación, en cada oportunidad. El Gobierno Nacional reglamentará la materia.

 

Parágrafo 2°. El reglamento señalará las condiciones de verificación de la información a que se refiere el numeral 1 del artículo 5°, a cargo de cada entidad contratante, para el caso de personas naturales extranjeras sin domicilio en el país o de personas jurídicas extranjeras que no tengan establecida sucursal en Colombia, o en aquellos casos en que en el proceso de selección, se hayan utilizado sistemas de precalificación.

 

El reglamento señalará de manera taxativa los documentos objeto de la verificación a que se refiere el numeral 1, del artículo 6°.

 

Parágrafo 3°. El Gobierno Nacional fijará el monto de las tarifas que deban sufragarse en favor de las cámaras de comercio por concepto de la inscripción en el registro, así como por su renovación, modificación y actualización, y por las certificaciones que le sean solicitadas en relación con el mismo. Para tal efecto, el Gobierno deberá tener en cuenta el costo en que incurran las cámaras de comercio para la operación del registro, la expedición de certificados, y los trámites de impugnación."

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República otorgar a las cámaras de comercio la administración del registro único de proponentes, sin vulnerar el mandato constitucional que consagra que le compete a la ley establecer el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas?

Regla ampliada

Desempeño de funciones administrativas por parte de los particulares. «(...) Ahora bien, establecida como queda la naturaleza jurídica de las Cámaras de Comercio, a juicio de la Corte, es oportuno abordar el tema relativo al cumplimiento de funciones administrativas por entidades privadas. Al respecto debe puntualizarse que el acrecentamiento de las tareas que el estado moderno debe asumir, y en particular de aquellas que el poder ejecutivo desempeña, condujo al afianzamiento progresivo de una tendencia, que tuvo sus manifestaciones iniciales en el derecho público francés, y que justamente estriba en autorizar el ejercicio de funciones administrativas a particulares más allá del marco de la concesión, pues, rebasando ese ámbito limitado y tradicional, se buscó el concurso de sectores no estatales mediante modalidades novedosas de acción que en algunos eventos pretenden la integración de personas particulares a las estructuras administrativas, y en otros, favorecen la existencia de entidades pertenecientes al sector privado a las que el Estado les asigna determinadas funciones públicas, con el objeto de satisfacer, por ese medio, intereses de carácter general.

 

La presencia de organizaciones de naturaleza privada en la realización de actividades administrativas,  de las cuales el Estado es titular originario, doctrinariamente es concebida como una especie de la denominada descentralización por colaboración, lo que permite afirmar sin lugar a dudas, que la función administrativa no atañe de manera exclusiva al poder público sino que también incumbe a personas privadas, aspecto este último que se inscribe dentro de la perspectiva, más amplia, de la participación de los administrados "en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación", que el artículo 2o. de la Constitución colombiana consagra como uno de los fines prevalentes del Estado. (se subraya)

(…)

Así las cosas, de las consideraciones anteriores se desprende con meridiana claridad que el desempeño de funciones administrativas por particulares, es una posibilidad reconocida y avalada constitucional y legalmente, y que esa atribución prevista en el artículo 210 de la Carta opera por ministerio de la ley y, en el caso de las personas jurídicas, no implica mutación en la naturaleza de la entidad a la que se le atribuye la función, que conserva inalterada su condición de sujeto privado sometido al régimen de derecho privado en lo atinente a la organización y desarrollo de las actividades anejas a su específica finalidad.

 

Empero, resulta ineludible precisar que las personas jurídicas privadas aunque se hallan esencialmente orientadas a la consecución de fines igualmente privados, en la medida en que hayan sido investidas de la facultad de ejercer funciones administrativas, participan de la naturaleza administrativa, en cuanto toca con el ejercicio de esas funciones, en cuyo desempeño ocupan la posición de la autoridad estatal gozando, por ende, de las prerrogativas del poder público y encontrándose, en consecuencia, sometidas a la disciplina del derecho público; de modo que los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad que, según el artículo 209 Superior, guían el desarrollo de la función administrativa, les son por completo aplicables. (...)»

 

Razones de la decisión

«(...) Este tribunal ha partido de considerar que junto con lo previsto en el artículo 123 C.P., coexisten en el ordenamiento constitucional otras disposiciones que confieren funciones públicas a particulares, con carácter permanente, “tales son los casos de los notarios (artículo 131 C.P.), de las autoridades indígenas en ejercicio de funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial (artículo 246 C.P.), y de la prestación de servicios públicos (artículo 365 C.P.) entre otros”.[1] De esta manera, la condición de temporalidad fijada por el artículo 123 C.P., carece de carácter absoluto, por lo que resulta ajustado a la Constitución que en determinados eventos, que en todo caso deben constituir la excepción y no la regla, el legislador decida delegar funciones administrativas a particulares con vocación de permanencia.

 

14. Es importante destacar, igualmente, que la delegación de funciones administrativas a particulares se puede encauzar a través de tres vías diferenciadas[5]  Por último, la delegación de funciones públicas también puede producirse a través de la constitución de órganos en que concurren autoridades públicas y particulares, en especial las asociaciones y fundaciones de participación mixta.

 

15.  Esta diferenciación entre las modalidades de delegación de funciones públicas a particulares permite dilucidar el cargo en contra del inciso primero del artículo 6º de la Ley 1150/07.  Así, la adscripción de competencias a las cámaras de comercio para administrar el RUP se deriva de una atribución directa de la ley, a través de las disposiciones que regulan las potestades que tienen las cámaras en relación con el registro de proponentes, los procedimientos que deben aplicarse para los actos de registro, clasificación y calificación, los recursos que pueden interponer los interesados en contra de dichos actos, los derechos de las personas naturales y jurídicas inscritas, los deberes de las cámaras en relación con el mantenimiento del RUP, entre otros asuntos. Igualmente, en consideración a que las cámaras de comercio ejercerán por habilitación legal funciones de naturaleza pública, se han previsto mandatos  precisos en el sentido de someter la actividad relacionada con la administración del RUP a los principios tanto de la función administrativa, previstos en el artículo 209 C.P., como de la contratación estatal, definidos en la Ley 80/93 y en la Ley 1150/07. 

 

El legislador ha dispuesto, del mismo modo, que el ejercicio de funciones administrativas por parte de las cámaras de comercio tengan carácter permanente, habida cuenta la necesidad que una entidad gremial, que agrupa a los comerciantes, sirva de intermediario entre los distintos oferentes y el Estado, a propósito del cumplimiento de los fines de la contratación pública, mostrándose de este modo como una excepción legítima a la regla general de temporalidad prevista en el artículo 123. 

16. Como se observa, la delegación de funciones públicas a las cámaras de comercio no depende de la suscripción de convenios entre la entidad delegante y los particulares, razón por la cual no resultan en este caso aplicables las condiciones previstas en los artículos 110 y 111 de la Ley 489/98, entre ellas el carácter temporal de la delegación.  Se trata, entonces, de una concesión de facultades de carácter enteramente legislativo, en el que a través de normas con rango de ley se le confieren a una entidad gremial y de naturaleza privada, el ejercicio permanente de la función pública de administración del registro único de proponentes.  Esta delegación, contrario a lo que supone el actor, no supone la privatización de la citada función administrativa ni la ausencia de sujeción de las cámaras de comercio a los principios previstos en el artículo 209 Superior.  En contrario, existen previsiones legislativas expresas en el EGCAP que prevén estas condiciones jurídicas, como tuvo oportunidad de expresarse en apartados precedentes.  En consecuencia, el cargo de inconstitucionalidad dirigido en contra del inciso primero del artículo 6º de la Ley 1150/07 no está llamado a prosperar. (...)»


[1] Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-282/96.

[2] Sobre este particular, Cfr. Corte Constitucional C-543/01.  En esta sentencia, la Corte declaró la exequibilidad de algunas normas de la Ley 9ª de 1991, que otorgaban funciones administrativas a la Federación Nacional de Cafeteros.

[3] Sentencia C-866 de 1999. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[4] Sentencias  C- 702 de 1999 M.P. Fabio Morón Díaz  y C-866  de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[5] Las condiciones que debe cumplir la delegación a través de convenios entre la entidad delegante y el organismo de iniciativa privada, han sido estudiadas por la Corte en las sentencias C-866/99 y C-776/03.  Sobre el particular, la segunda de estas decisiones consideró:

De acuerdo con lo anterior, en la Sentencia C-866 de 1999 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), se declaró la exequibilidad de los artículos 110 y 111 de la Ley 489 de 1998 relativos al ejercicio de funciones administrativas por particulares. La Corte puso de presente que "resulta claro que la atribución de funciones administrativas a particulares debe hacerse delimitando expresamente la función atribuida, acudiendo para ello a criterios materiales, espaciales, temporales, circunstanciales, procedimentales o cualesquiera otros que resulten útiles para precisar el campo de acción de los particulares, en forma tal que la atribución no llegue a devenir en una invasión o usurpación de funciones no concedidas, a un vaciamiento del contenido de la competencia de la autoridad atribuyente o a la privatización indirecta del patrimonio público". Adicionalmente, la atribución de funciones administrativas a particulares debe realizarse en las condiciones que señale la ley (arts. 123 y 210 de la C.P.) principalmente en los artículos a los que se hará referencia posteriormente. En la sentencia citada, la Corte señaló varias condiciones que han de reunirse para que los particulares puedan ejercer funciones administrativas. Esta Corporación sostuvo en esa oportunidad que es en el "campo de las funciones propiamente administrativas es en donde cabe la posible atribución de ellas a particulares, y no en aquellas otras de contenido político o gubernamental, como tampoco en las de contenido materialmente legislativo o jurisdiccional que ocasionalmente ejercen las autoridades administrativas, pues a la atribución de las mismas a particulares no se refieren las normas constitucionales pertinentes". Señaló además que "la propia Constitución prohíbe la asignación de ciertas funciones a particulares, al considerarlas 'exclusivas' de las autoridades administrativas […] por ejemplo, las funciones que ejerce la Fuerza Pública". En tercer lugar, "[e]xiste otra limitación que se deduce de las reglas constitucionales, en especial del artículo 6° de la Carta, y que, según el conocido aforismo jurídico nemo dat quod non habet, indica que las autoridades administrativas solamente pueden atribuir a los particulares las funciones que son de su competencia. Por lo cual las autoridades administrativas sólo pueden atribuir a los particulares el ejercicio de funciones jurídicamente suyas, no las de otros funcionarios". Cuarto, "la atribución de funciones administrativas tiene otro límite: la imposibilidad de vaciar de contenido la competencia de la autoridad que las otorga. En efecto, la atribución conferida al particular no puede llegar al extremo de que éste reemplace totalmente a la autoridad pública en el ejercicio de las funciones que le son propias. Si, en los términos del artículo 2° de la Constitución, las autoridades de la República están instituidas para asegurar el cumplimiento de los fines del Estado, el despojo absoluto de la materia de su competencia redundaría en la falta de causa final que justificara su investidura, con lo cual ella –la investidura– perdería sustento jurídico". Quinto, "resulta particularmente importante que las funciones que se encomendarán a los particulares sean específicamente determinadas, como perentoriamente lo prescribe el literal a) del artículo 111 acusado, el cual se aviene a la Carta si es interpretado conforme a las anteriores precisiones". Sexto, "para conferir funciones administrativas a personas privadas mediante acto administrativo de carácter particular, no basta la expedición de dicho acto conforme a lo prescrito por la ley bajo examen,  sino que es necesario, adicionalmente, que en todos los casos se suscriba con ellos un convenio mediante el cual expresamente se acepte la asignación de dicho ejercicio de funciones. Sólo de esta manera se preserva el principio de equidad, puesto que la autonomía de la voluntad particular es libre para aceptar la atribución individual de funciones administrativas, aun cuando ella resulte onerosa para el ciudadano. Así, no se imponen entonces cargas exorbitantes a determinadas personas privadas en particular". Por último, "[e]n lo concerniente a la frase “cuyo plazo de ejecución será de cinco (5) años”, la cual subsiste en el ordenamiento jurídico con posterioridad a la  mencionada Sentencia C-702 de 1999, la Corte debe precisar que una vez retirada del ordenamiento jurídico la expresión 'prorrogables', la norma señala actualmente como término legal de cualquier convenio de atribución de funciones a particulares el de cinco años; sin embargo, la recta interpretación de esta norma, según la naturaleza de las cosas y el principio hermenéutico del efecto útil de las disposiciones, lleva a concluir que este es un plazo máximo de duración del respectivo convenio, pues otra cosa haría imposible la celebración del mismo en aquellos casos en los cuales la naturaleza de la función implica su realización en un plazo menor".

Regla

El Congreso de la República puede otorgar a las cámaras de comercio la administración del registro único de proponentes, sin vulnerar el principio constitucional que consagra que le compete a la ley establecer el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas, de acuerdo a lo siguiente:  
  1. La condición de temporalidad no es absoluta, ya que, existen otras disposiciones constitucionales que le permiten al legislador delegar funciones administrativas a particulares de manera permanente.
  2. La delegación de funciones administrativas a particulares se debe encauzar mediante tres vías: la atribución directa de la ley de funciones administrativas a una organización privada; autorización legal a las entidades o autoridades públicas con funciones administrativas atribuir a particulares mediante convenio precedido de un acto administrativo el directo ejercicio de éstas; constitución de órganos en que concurren autoridades públicas y privadas.
  3. La adscripción de competencias referentes a la administración del RUP (Registro Único de Proponentes) a las cámaras de comercio se da mediante atribución directa de la ley.
  4. El ejercicio de funciones administrativas por parte de las cámaras de comercio tienen carácter permanente debido a la necesidad de una entidad gremial que agrupa a los comerciantes y sirva de intermedio entre los distintos oferentes y el Estado.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE el inciso primero del artículo 6º de la Ley 1150 de 2007.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Sentencias C-166 de 1995, C-282 de 1996¸ C-543 de 2001¸ C-866 de 1999¸ C- 702 de 1999¸ C-776 de 2003.  

Marco jurídico

Artículos 1, 123, 189-25, 150, 209 de la Constitución Política

Conceptualizaciones

Cámaras de comercio. «(...) Se concluye que (i) las cámaras de comercio son organizaciones privadas, de carácter gremial, las cuales conservan su carácter al margen que se les adscriban, por mandato legal, el ejercicio de actividades propias de la función administrativa; (ii) la delegación de la administración del registro de proponentes a las cámaras de comercio es una modalidad de descentralización por colaboración que encuentra sustento constitucional suficiente, en la medida en que la Carta Política adscribe al legislador la competencia para determinar el régimen en que los particulares pueden cumplir funciones administrativas (Art. 210 C.P.), mandato constitucional en el que se inscribe la delegación mencionada; y (iii) en tanto las cámaras de comercio ejercen por disposición legal, actividades propias de la función pública, quedan sometidas a los principios que regulan la actividad administrativa, contenidos en el artículo 209 Superior (...)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: C-259-2008
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Oferta
  • Pliego de condiciones
  • Jefes o representantes de las entidades estatales
  • Jurisdicción de lo contencioso administrativo
  • Actos administrativos
  • Desconcentración
  • Debido proceso
  • Etapa precontractual
  • Recursos
  • Contratación estatal
  • Oferta
  • Pliego de condiciones
  • Jefes o representantes de las entidades estatales
  • Jurisdicción de lo contencioso administrativo
  • Actos administrativos
  • Desconcentración
  • Debido proceso
  • Etapa precontractual
  • Recursos
  • Contratación estatal
  • Oferta
  • Pliego de condiciones
  • Jefes o representantes de las entidades estatales
  • Jurisdicción de lo contencioso administrativo
  • Actos administrativos
  • Desconcentración
  • Debido proceso
  • Etapa precontractual
  • Recursos
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Código
  • Seguridad jurídica
  • Reserva
  • Decreto con fuerza de ley
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Código
  • Seguridad jurídica
  • Reserva
  • Decreto con fuerza de ley
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Código
  • Seguridad jurídica
  • Reserva
  • Decreto con fuerza de ley
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa postcontractual
  • Función administrativa
  • Publicidad
  • Medios electrónicos
  • Eficiencia
  • Principio de transparencia
  • SECOP
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa postcontractual
  • Función administrativa
  • Publicidad
  • Medios electrónicos
  • Eficiencia
  • Principio de transparencia
  • SECOP
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Etapa postcontractual
  • Función administrativa
  • Publicidad
  • Medios electrónicos
  • Eficiencia
  • Principio de transparencia
  • SECOP
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Función administrativa
  • Particular
  • Función pública
  • Cámaras de Comercio
  • Registro único de proponentes
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Función administrativa
  • Particular
  • Función pública
  • Cámaras de Comercio
  • Registro único de proponentes
  • Contratación estatal
  • Etapa precontractual
  • Función administrativa
  • Particular
  • Función pública
  • Cámaras de Comercio
  • Registro único de proponentes
  • Contratación estatal
  • Documentos
    Corte Constitucional
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