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Las entidades estatales pueden hacer traslados presupuestales internos

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-772-1998

Identificadores

Entidades estatales
Urgencia manifiesta
Contratación estatal
Traslado presupuestal
Presupuesto General de la Nación
Presupuesto de la entidad
Etapa contractual
Entidades estatales
Urgencia manifiesta
Contratación estatal
Traslado presupuestal
Presupuesto General de la Nación
Presupuesto de la entidad
Etapa contractual
Entidades estatales
Urgencia manifiesta
Contratación estatal
Traslado presupuestal
Presupuesto General de la Nación
Presupuesto de la entidad
Etapa contractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-772-1998

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

Artículo 42. DE LA URGENCIA MANIFIESTA. Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro; cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y, en general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a procedimientos de selección o concursos públicos.

 

“La urgencia manifiesta se declarará mediante acto administrativo motivado.

 

“Parágrafo. Con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, se podrán hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente".

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República autorizar a las entidades estatales para que hagan traslados presupuestales internos, con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, sin violar el artículo 345 de la Constitución Política, el cual establece que no se podrá transferir crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto?   

Regla ampliada

Alcance de la declaratoria de urgencia manifiesta. «(…) a. Que la “urgencia manifiesta” es una situación que puede decretar directamente cualquier autoridad administrativa, sin que medie autorización previa, a través de acto debidamente motivado.

 

b. Que ella  existe o se configura cuando se acredite la existencia de uno de los siguientes presupuestos:

 

- Cuando la continuidad del servicio exija el suministro de bienes, o la prestación de servicios, o la ejecución de obras en el inmediato futuro.

- Cuando se presenten situaciones relacionadas con los estados de excepción.

- Cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas con hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones inmediatas y,

-  En general, cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten  acudir a los procedimientos de selección o concurso públicos.

 

c. Que la declaratoria de “urgencia manifiesta” le permite a la correspondiente autoridad administrativa:

 

- Realizar de manera directa, en sus propios presupuestos, los ajustes o modificaciones presupuestales a que haya lugar, de conformidad con lo previsto en la ley orgánica de presupuesto. (Parágrafo 1o. artículo 41 Ley 80 de 1993)

- Hacer los traslados presupuestales internos que se requieran dentro del presupuesto del organismo o entidad estatal correspondiente. (Parágrafo único artículo 42 Ley 80 de 1993)

 

d. Que dada la mayor autonomía con que se dota a las autoridades administrativas, para afrontar situaciones de urgencia y excepción, la vigilancia sobre las actuaciones que se deriven de su declaratoria, deberá ejercerla el organismo de control de manera especial e inmediata, según lo establece el artículo 43 de la Ley 80 de 1993. (…)»

Razones de la decisión

«(…) Cuando se de aplicación al parágrafo del artículo 42 del estatuto de contratación de la administración pública, es decir cuando se recurra a traslados internos en una entidad para atender necesidades y gastos derivados de la declaratoria de una urgencia manifiesta, el presupuesto general de la Nación se mantendrá incólume, pues lo que dicha norma autoriza es simplemente que algunos de los rubros que conforman el presupuesto de cada sección, valga decir de cada entidad pública, se vean afectados por una decisión de carácter administrativo, que determina aumentar unos rubros y disminuir otros, en situaciones calificadas y declaradas como de urgencia manifiesta.

 

Ese tipo de traslados internos, que sólo afectan el Anexo del Decreto de liquidación del presupuesto, el cual como se dijo es el que contiene el presupuesto de cada entidad (sección), no modifican o alteran el monto total de sus apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio de la deuda de la respectiva entidad, por lo que habilitar a las autoridades administrativas de las mismas para efectuarlos, tal como lo hizo el legislador a través de la norma impugnada, en nada contraría el ordenamiento superior.

(…)

Se trata pues de una norma de carácter presupuestal contenida en una ley ordinaria de temática específica, la ley general de contratación administrativa, que como tal está supeditada a las disposiciones del Estatuto Orgánico de Presupuesto y a sus normas reglamentarias, según lo establece el artículo 352 superior, condición que en el caso sub-examine se cumple de manera plena, pues la facultad que atribuye el legislador a las autoridades administrativas a través del parágrafo único del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, es la misma que les reconoce a las autoridades administrativas el artículo 34 del Decreto 568 de 1996, sólo que su contenido se refiere a su aplicación en los casos de declaratoria de “urgencia manifiesta” que efectúe la respectiva entidad. No hay pues reparo de constitucionalidad que justifique que la Corte acceda a las pretensiones del actor respecto de esta norma. (…)»

Regla

El Congreso de la República puede autorizar a las entidades estatales para que hagan traslados presupuestales internos, con el fin de atender las necesidades y los gastos propios de la urgencia manifiesta, sin violar el artículo 345 de la Constitución Política, el cual establece que no se podrá transferir crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto, porque: 

  1. Estos tipos de traslados internos sólo afectan el Anexo del Decreto de liquidación del presupuesto, que contienen el presupuesto de cada entidad. El presupuesto general de la Nación se mantiene incólume, pues no modifica o altera el monto total de apropiaciones de funcionamiento, inversión y servicio del presupuesto de la respectiva entidad.
  2. La facultad otorgada a las entidades estatales para hacer traslados es la misma que les reconoce a las autoridades administrativas el artículo 34 del Decreto 568 de 1996, sólo que en este caso se refiere a su aplicación en los casos de declaratoria de urgencia manifiesta que efectúe la respectiva entidad.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE el parágrafo único del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendimiento de que los traslados presupuestales internos a que se refiere dicha norma, se efectúen afectando exclusivamente el anexo del decreto de liquidación del Presupuesto.

Marco jurídico

Artículo 345 de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Las autoridades administrativas no pueden realizar ajustes o modificaciones presupuestales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-772-1998

Identificadores

Etapa postcontractual
Etapa contractual
Etapa precontractual
Traslado presupuestal
Contratación estatal
Ley de presupuesto
Legalidad
Ley orgánica del Presupuesto
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Etapa precontractual
Traslado presupuestal
Contratación estatal
Ley de presupuesto
Legalidad
Ley orgánica del Presupuesto
Contratación estatal
Legalidad
Traslado presupuestal
Ley de presupuesto
Etapa contractual
Etapa precontractual
Ley orgánica del Presupuesto
Etapa postcontractual

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-772-1998

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO 1O. DEL ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

 

Artículo 41. DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO. Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito.

 

“Para la ejecución se requerirá de la aprobación de la garantía y de la existencia de las disponibilidades presupuestales correspondientes, salvo que se trate de la contratación con recursos de vigencias fiscales futuras de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto.

 

“En caso de situaciones de urgencia manifiesta a que se refiere el artículo 42 de esta ley que no permitan la suscripción de contrato escrito, se prescindirá de éste y aún del acuerdo acerca de la remuneración, no obstante deberá dejarse constancia escrita de la autorización impartida por la entidad estatal contratante.

 

“A falta de acuerdo previo sobre la remuneración de que trata el inciso anterior, la contraprestación económica se acordará con posterioridad al inicio de la ejecución de lo contratado. Si no se lograre el acuerdo, la contraprestación será determinada por el justiprecio objetivo de la entidad u organismo respectivo que tenga el carácter de cuerpo consultivo del Gobierno o, a falta de éste, por un perito designado por las partes.

 

“Parágrafo 1º. Para efectos de lo establecido en el presente artículo, la autoridad administrativa directamente realizará los ajustes o modificaciones presupuestales a que haya lugar de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del presupuesto." 

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República facultar a la autoridad administrativa para que directamente realice los ajustes o modificaciones presupuestales conforme a lo previsto en la ley orgánica del presupuesto, sin violar los artículos 345, que señala que no se podrá transferir crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto, y 452 de la Constitución Política, que establece, a través Estatuto Orgánico de Presupuesto, las autoridades competentes pare efectuar traslados en el presupuesto?   

Regla ampliada

Modificación del Presupuesto General de la Nación «(…) que el presupuesto general de la Nación solamente puede ser modificado por el legislador, salvo en los casos de declaratoria de estados de excepción, (arts. 213, 215 C.P.), en los cuales está habilitado para hacerlo el gobierno nacional, tal como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que equivale a señalar que en tiempos de normalidad el presupuesto sólo puede ser modificado por el Congreso, mientras que en los casos de perturbación del orden económico y social, el ejecutivo, previa la declaratoria del estado e excepción, tiene legítimas facultades para hacerlo(…)».

 

Los traslados presupuestales internos los pueden hacer el jefe del organismo o la Junta o consejo directivo  «(…) Es decir, que de acuerdo con la regulación orgánica de presupuesto, contenida en el correspondiente Estatuto y sus normas reglamentarias, cuando se trata de traslados presupuestales internos, esto es de operaciones a través de las cuales “...simplemente se varía la destinación del gasto entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), el jefe del organismo o la Junta o consejo directivo si se trata de un establecimiento público del orden nacional, están autorizados para hacerlo mediante resolución o acuerdo respectivamente”.(…)».

Razones de la decisión

«(…) Nótese que el Constituyente fue en extremo cuidadoso al brindarle, tanto al ejecutivo como al legislador, las herramientas necesarias para que en materia presupuestal se cumplan de manera rigurosa los principios rectores que él mismo determinó para ella. Entre ellos el principio de legalidad, al que ya se refirió la Sala en esta providencia y el principio de “especialización”, consagrado en el aparte final del artículo 345 de la Carta, que señala “que no se podrá transferir crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto”

 

En virtud de los mencionados principios, tal y como reiteradamente lo ha señalado esta Corporación, “...la modificación a la ley anual de presupuesto  corresponde exclusivamente al legislador, salvo el caso de las facultades que corresponden al Presidente de la república durante los estados de excepción...”[1]

(…)

Si se tiene en cuenta el contenido de las normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto arriba transcritas, que regulan lo atinente a su modificación, especialmente lo estipulado en el articulo (sic) 80 de dicho estatuto, que establece que el Gobierno Nacional deberá presentar al Congreso, los proyectos de ley sobre traslados y créditos adicionales al presupuesto, “...cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública o inversión”, y el del artículo 83, que autoriza al gobierno para hacerlos a través de decretos legislativos en los casos de declaratoria de estados de excepción, es claro que ni la Constitución ni el Estatuto Orgánico de Presupuesto, consagran o viabilizan la posibilidad de que las “autoridades administrativas” modifiquen ellas, directa y unilateralmente, los presupuestos de la entidades públicas, ni efectuando traslados ni autorizando créditos adicionales.

 

Se concluye que en lo referido a traslados presupuestales el legislador, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 352 de la Constitución, a través del estatuto orgánico, previó dos escenarios distintos que determinan la autoridad competente para efectuarlos:

 

En el primero de ellos, esto es cuando con el traslado se afecten montos asignados entre secciones (entidades públicas), entre tipos de presupuesto (funcionamiento, inversión, servicio de la deuda), o entre programas y/o subprogramas, el traslado deberá hacerse mediante ley, esto es que le corresponde efectuarlo al Congreso.

 

En el segundo, esto es cuando se trate de traslados destinados a atender los gastos ocasionados por la declaratoria de estados de excepción, el competente para efectuarlos será el Gobierno, mediante decreto, en los términos que éste señale. (…)»  


[1] Corte Constitucional, Sentencia C-581 de 1997, M.P. Dr. Vladimiro Naranjo Mesa.

Regla

El Congreso de la República no puede facultar a la autoridad administrativa para que directamente realice los ajustes o modificaciones presupuestales conforme a lo previsto en la ley orgánica del presupuesto, sin violar los artículos 345, que señala que no se podrá transferir crédito alguno a un objeto no previsto en el respectivo presupuesto, y 352 de la Constitución Política que establece, a través Estatuto Orgánico de Presupuesto, las autoridades competentes para efectuar traslados en el presupuesto. Conforme al principio de legalidad y especialización, la modificación a la ley anual de presupuesto corresponde exclusivamente al legislador, en épocas de normalidad, y en los estados de excepción, por medio de decreto legislativo, el Gobierno Nacional está facultado para reformar el presupuesto. En relación a las autoridades administrativas,  ni la Constitución ni el Estatuto Orgánico de Presupuesto, consagran o viabilizan la posibilidad de que las autoridades administrativas modifiquen los presupuestos de las entidades públicas, ni efectúen traslados ni autoricen créditos adicionales.

Decisión

Declarar INEXEQUIBLE el parágrafo 1o. del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, por la cual se expidió el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencias C-206 de 1993 y C-685 de 1996.

Marco jurídico

Artículos 345 y 352 de la Constitución Política.

Conceptualizaciones

Presupuesto. «(…)es un mecanismo de racionalización de la actividad estatal, y en esa medida cumple funciones redistributivas, de política económica, planificación y desarrollo, todo lo cual explica que la Carta ordene que el presupuesto refleje y se encuentre sujeto al plan de desarrollo (C.P. arts. 342 y 346). Pero el presupuesto es igualmente un instrumento de gobierno y de control en las sociedades democráticas, ya que es una expresión de la separación de poderes y una natural consecuencia del sometimiento del gobierno a la ley, por lo cual, en materia de gastos, el Congreso debe autorizar cómo se deben invertir los dineros del erario público...esto explica la fuerza jurídica restrictiva del presupuesto en materia de gastos, según el cual, las apropiaciones efectuadas por el Congreso por medio de esta ley son autorizaciones legislativas limitativas de la posibilidad de gasto gubernamental.”[1](…)»

 

Adición del presupuesto. «(…)“...busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación (créditos suplementales) o crear una partida de gasto que no estaba prevista en el proyecto original (créditos extraordinarios)...”(…)»

 

Traslados presupuestales. «(…) “...se disminuye el montante de una apropiación (contracrédito) con el fin de aumentar la cantidad de otra partida (crédito),...en estas operaciones simplemente se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones (entidades públicas), o entre numerales de una misma sección (rubros presupuestales de una misma entidad), lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una operación de contracréditos en la ley de apropiaciones”[2] (…)»  


[1]  Corte Constitucional, Sentencia C-685 de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

 

[2] Corte Constitucional, sentencias C-206 de 1993, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell y C-685 de 1996, M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: C-772-1998
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
Fichas
Identificadores
  • Entidades estatales
  • Urgencia manifiesta
  • Contratación estatal
  • Traslado presupuestal
  • Presupuesto General de la Nación
  • Presupuesto de la entidad
  • Etapa contractual
  • Entidades estatales
  • Urgencia manifiesta
  • Contratación estatal
  • Traslado presupuestal
  • Presupuesto General de la Nación
  • Presupuesto de la entidad
  • Etapa contractual
  • Entidades estatales
  • Urgencia manifiesta
  • Contratación estatal
  • Traslado presupuestal
  • Presupuesto General de la Nación
  • Presupuesto de la entidad
  • Etapa contractual
  • Identificadores
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Traslado presupuestal
  • Contratación estatal
  • Ley de presupuesto
  • Legalidad
  • Ley orgánica del Presupuesto
  • Etapa postcontractual
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Traslado presupuestal
  • Contratación estatal
  • Ley de presupuesto
  • Legalidad
  • Ley orgánica del Presupuesto
  • Contratación estatal
  • Legalidad
  • Traslado presupuestal
  • Ley de presupuesto
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Ley orgánica del Presupuesto
  • Etapa postcontractual
  • Documentos
    Corte Constitucional. C.P. Fabio Morón Díaz. 10 de diciembre de 1998
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