A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Los contratos estatales se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-711-2012

Identificadores

Contratación estatal
Publicidad
Etapa precontractual
Etapa contractual
Diario único de contratación
Decreto con fuerza de ley
SECOP
Ley de facultades extraordinarias
Contratación estatal
Publicidad
Etapa precontractual
Etapa contractual
Diario único de contratación
Decreto con fuerza de ley
SECOP
Ley de facultades extraordinarias
Contratación estatal
Publicidad
Etapa precontractual
Etapa contractual
Diario único de contratación
Decreto con fuerza de ley
SECOP
Ley de facultades extraordinarias

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-711-2012

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 223 DEL DECRETO-LEY 019 DE 2012

Disposición Jurídica

DECRETO-LEY 019 DE 2012   "ARTÍCULO 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007."

Problema Jurídico

¿Podía el Presidente de la República, en desarrollo de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación y ordenar que los contratos estatales se publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, sin violar el alcance de las facultades extraordinarias que recibió?

Regla ampliada

El otorgamiento de facultades extraordinarias al Ejecutivo, consiste en una delegación de precisas competencias que le permite expedir decretos con fuerza de ley. «(...)5.2.2. Del texto constitucional se deduce que el otorgamiento de las facultades extraordinarias al Ejecutivo, se apoya en las siguientes consideraciones constitucionales: (i) consisten en la delegación de “precisas” competencias legislativas del Congreso, por su propio titular; (ii) tal habilitación legislativa faculta al Presidente de la Republica  para expedir decretos con fuerza de ley; (iii) están condicionadas a que la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje; (iv) deben ser solicitadas al Congreso de la Republica, por el Gobierno Nacional;( v) para su aprobación se requiere de la mayoría absoluta de los miembros de las dos cámaras; (vi) tienen una limitación temporal, pudiéndose otorgar hasta por un término de seis (6) meses; y (vii) no se pueden conferir para la expedición de códigos, leyes estatutarias, orgánicas, decretar impuestos, ni para la creación de los servicios administrativos y técnicos de las cámaras. (Art. 150, núm. 10 y 20). (...)»   El ejecutivo no puede emplear la delegación para fines  distintos a los previstos en la norma habilitante. «(...)Así, pues, mediante este expediente el Congreso delega en el Ejecutivo su competencia legislativa para que éste último expida normas con el mismo valor y jerarquía normativa que las emanadas del propio órgano legislativo.
(...)”  Al regular la institución de la delegación legislativa, el artículo 150-10 de la Constitución Política establece una serie de cautelas que están orientadas a impedir que el legislador al autorizar extraordinariamente el Ejecutivo se desprenda definitivamente de su competencia legislativa mediante una habilitación en blanco, o lo que es lo mismo, una entrega de plenos poderes; y, obviamente, también esos parámetros están destinados a evitar que el Ejecutivo pueda emplear la delegación para fines distintos de los previstos en la norma habilitante. La norma superior en comento establece unos límites que deben ser observados por el Congreso en la ley habilitante, so pena de la inconstitucionalidad del otorgamiento de la delegación. La primera de estas exigencias consiste en que la delegación legislativa deba hacerse en forma expresa, y en concreto.
(...) La segunda exigencia se refiere a que la delegación legislativa esté sujeta a un tiempo de duración, es decir, que no puede ser perpetua, sino que debe estar sometida a un plazo o término.
(...) Pero además, es indispensable que la delegación legislativa que efectúa el Congreso en la respectiva ley de facultades se haga para una materia concreta, específica. Al efecto, en dicha ley no sólo se debe señalar la intensidad de las facultades que se otorgan sino que, además, se ha de fijar su extensión determinando con precisión cuál es el objeto sobre el cual el Presidente ejercerá la facultad legislativa extraordinaria que se le confiere, lo cual no significa que el legislador en la norma habilitante necesariamente deba entrar a regular en forma detallada la materia sobre la cual versan dichas facultades, pues como bien lo ha advertido la jurisprudencia tal habilitación.”[1](subrayas fuera del original) (...)»   [1] Sentencia C-1028/02

Razones de la decisión

«(...) La Corte ha señalado que las facultades extraordinarias deben ser expresas y precisas, nunca implícitas, y no admiten analogías, ni interpretaciones extensivas, de manera que se aparta de la Constitución Política toda interpretación que entienda que cierta facultad incorpora o incluye otras que no se encuentran expresamente contenidas en la norma de facultades[1]. 5.3.3.3. Finalmente, condiciona el objeto de las facultades extraordinarias a que se trate de regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios, esto es, no indispensables o que no hacen falta. 5.3.3.4. De las anteriores consideraciones podemos concluir que el legislador extraordinario estaba facultado para dictar las normas con fuerza de ley   tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública. (…) 7.2.1. La competencia asignada al Legislativo para expedición del estatuto general de la contratación -inciso final del artículo 150 constitucional-, no constituye una reserva de legislación ordinaria, estando facultado el Congreso de la República para otorgarle al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias en tal materia. 7.2.2. Las normas legales que forman el Estatuto General de la Contratación estatal no corresponden al tipo de leyes previstas en el artículo 152 constitucional, no existiendo reserva estatutaria para la expedición de aquellas y estando habilitado el Ejecutivo para dictarlas como legislador extraordinario mediante decretos con fuerza de ley. (...)»   [1] Sentencia C-498/95.

Regla

El Presidente de la República en  virtud de las facultades extraordinarias legislativas, que recibió de la Ley 1474 de 2011 podía eliminar el Diario Único de Contratación y ordenar que los contratos estatales se publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-, sin violar el alcance de las facultades extraordinarias que recibió, porque: 

  1. El Congreso de la República confirió facultades extraordinarias al Presidente de la República para que emitiera decretos con fuerza de ley tendientes a eliminar o alternativamente modificar reglas, métodos de ejecución o diligencias no indispensables en la Administración Pública.
  2. Las normas legales que forman el Estatuto General de la Contratación Estatal no tienen reserva estatutaria, estando habilitado el Ejecutivo para dictarlas como legislador extraordinario mediante decretos con fuerza de ley.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, por los cargos examinados en la presente providencia.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Sentencia C-498 de 1995

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia C-1028 de 2002

Marco jurídico

Artículos 1º, 2º, 13, 29, 150.1, 150.7, 150.10, 150.25, 209 y 210, inc. 2º de la Constitución Política.

Conceptualizaciones

Suprimir. «(...) 5.3.3.1. La expresión “suprimir”, en cuanto hacer cesar o desaparecer algo, se entiende jurídicamente como sinónimo de abrogar normas o abolir un aspecto sustancial o procedimental regulado en ellas. Y la voz “reformar”, entendida como volver a formar, rehacer, por lo general con la intención de mejorarlo, hace referencia a modificaciones introducidas en los supuestos fácticos o jurídicos contenidas en las reglas de derecho. (...)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Los contratos estatales se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-711-2012

Identificadores

Principio de transparencia
Etapa contractual
Contratación estatal
Publicidad
Acceso a la información
Imparcialidad
Medios electrónicos
SECOP
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Diario único de contratación
Principio de transparencia
Etapa contractual
Contratación estatal
Publicidad
Acceso a la información
Imparcialidad
Medios electrónicos
SECOP
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Diario único de contratación
Principio de transparencia
Etapa contractual
Contratación estatal
Publicidad
Acceso a la información
Imparcialidad
Medios electrónicos
SECOP
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Diario único de contratación

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-711-2012

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 223 DEL DECRETO-LEY 019 DE 2012

Disposición Jurídica

DECRETO-LEY 019 DE 2012

"ARTÍCULO 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007."

Problema Jurídico

¿Podía el Presidente de la República, en desarrollo de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación y ordenar que los contratos estatales se publiquen en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP-,  sin violar el principio de la publicidad de los contratos?

Regla ampliada

La aplicación del principio de publicidad permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración. «(...El principio de publicidad de la función administrativa resulta en un alto grado pertinente a la aplicación de sistemas electrónicos de información dentro de la actividad de las autoridades públicas, en el asunto bajo análisis referida a la contratación pública. Ello en tanto la aplicación de dicho principio permite que los ciudadanos conozcan y observen las actuaciones de la administración y estén por ende capacitados para impugnarlas, a través de los recursos y acciones correspondientes, ubicándose de esta manera en el ámbito expansivo del principio democrático participativo.[1] (...)»


[1] Sentencia C-957/99.

Razones de la decisión

« (...) 6.2.4. De conformidad con lo antes expuesto, encuentra la Corte, que en cumplimiento del principio de publicidad de las actuaciones de la administración publica (sic), la sustitución de medios físicos por electrónicos, para la publicación y difusión de la información relativa a los procesos de contratación, se ajusta a la Carta Política, en tanto se cumplan las condiciones que permitan: (i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos. Así, el Legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, puede estipular diversos medios a través de los cuales dichas condiciones se cumplan, sean estos escritos o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, sistemas estos últimos que han sido avalados en pronunciamientos de esta Corporación[1] como aptos para el cumplimiento del principio de publicidad.

(…)

6.3.2. Para la Corte, la publicación de los contratos estatales en el SECOP cumple cabalmente con las exigencias constitucionales de publicidad administrativa. En efecto, permite la presentación de la totalidad del contenido aludido, en un medio al que puede tener acceso al público en general, facilitando a los ciudadanos el conocimiento de las actuaciones de la administración y de los particulares en los procesos de contratación estatal y facilitando su participación en las decisiones que les afectan. Y, de conteras, suple algunas de las limitaciones de las que adolecía el Diario Unico(sic) de Contratación, en términos de cobertura geográfica, de cantidad de ejemplares y de posibilidad de acceso por parte de la ciudadanía.

(…)

Considera esta Corporación que la norma acusada, al suprimir la publicación de los contratos en medio físico en el Diario Unico (sic) de Contratación - Diario Oficial y ordenar que se continúe con la publicación electrónica  de los mismos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra Eficiente, no vulnera el principio de publicidad de las actuaciones de la administración publica(sic), contenido en el artículo 209 constitucional, en tanto dicho postulado no prescribe una forma única para su cumplimiento y los medios electrónicos dispuestos para cumplir esta finalidad han sido considerados aptos por esta Corporación en diversos pronunciamientos. (...)»


[1] Ver entre otras, las Sentencias C- 259/08, C-957/99, C-384/03, T-945/09. 

Regla

El Presidente de la República podía, en virtud de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación sin violar el principio de la publicidad de los contratos, porque:
  1. La sustitución de medios físicos por electrónicos debe cumplir con las siguientes requisitos para que se cumpla el principio de publicidad: (i) la imparcialidad y transparencia en el manejo y publicación de la información, en especial de las decisiones adoptadas por la administración; (ii) la oportuna y suficiente posibilidad de participación de los interesados en el proceso contractual, así como los órganos de control y (iii) el conocimiento oportuno de la información relativa a la contratación estatal, que garantice los derechos constitucionales a la defensa, el debido proceso y el acceso a los documentos públicos. En este entendido, el legislador puede estipular diversos medios, ya sean escritos o mediante el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, como aptos para el cumplimiento del principio de publicidad.
  2. La publicación en el SECOP permite la presentación de la totalidad del contenido del contrato estatal, el público en general puede tener acceso a esa información y facilita la participación de la ciudadanía.
De esta manera, no se vulnera el principio de publicidad ya que los medios electrónicos dispuestos para cumplir con dicha finalidad se han considerado aptos por la Corte Constitucional.

Decisión

  Declarar EXEQUIBLE el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, por los cargos examinados en la presente providencia.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Sentencias C- 259 de 2008, C-957 de 1999, C-384/03, T-945 de 2009.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia C-957 de 1999, C-646 de 2000.

Marco jurídico

Artículos 1º, 2º, 13, 29, 150.1, 150.7, 150.10, 150.25, 209 y 210, inc. 2º de la Constitución Política.

Conceptualizaciones

La publicidad. «(...) [E]s una garantía constitucional para la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de la seguridad jurídica, y el respeto de los derechos fundamentales de los asociados, que se constituye en uno de los pilares del ejercicio de la función pública y del afianzamiento del Estado Social de Derecho (C.P. Art. 209). Dicho principio, permite exteriorizar la voluntad de las autoridades en el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, y además brinda la oportunidad a los ciudadanos de conocer tales decisiones, los derechos que les asisten, y las obligaciones y cargas que les imponen las diferentes ramas del poder público.»

«...el principio de publicidad es una garantía constitucional que da seguridad a las relaciones jurídicas[1]; facilita el control ciudadano de las decisiones de las autoridades; permite el ejercicio de varios derechos fundamentales y contribuye de manera esencial al adecuado desarrollo y realización de los fines del Estado. La materialización de este principio compete primordialmente al legislador, - salvo en los casos en que la Carta consagra exigencias puntuales respecto de la publicidad de ciertos actos-, por lo que es al Congreso a quien corresponde en principio establecer o diseñar los mecanismos que considere pertinentes para lograr la adecuada publicación de las decisiones de las autoridades. La jurisprudencia constitucional ha reconocido en este sentido, que la publicidad “admite diversas formas de realización, que le corresponde definir y establecer al legislador.(...)»


[1] Sentencia C-646/00.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Los contratos estatales se publicarán en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-711-2012

Identificadores

Etapa postcontractual
Etapa contractual
Etapa precontractual
Legislativo
Medios electrónicos
Agencia Nacional de Contratación
Publicidad
Ley de facultades extraordinarias
Diario único de contratación
Contratación estatal
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Etapa precontractual
Legislativo
Medios electrónicos
Agencia Nacional de Contratación
Publicidad
Ley de facultades extraordinarias
Diario único de contratación
Contratación estatal
Etapa postcontractual
Etapa contractual
Etapa precontractual
Legislativo
Medios electrónicos
Agencia Nacional de Contratación
Publicidad
Ley de facultades extraordinarias
Diario único de contratación
Contratación estatal

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-711-2012

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 223 DEL DECRETO-LEY 019 DE 2012

Disposición Jurídica

DECRETO-LEY 019 DE 2012
"ARTÍCULO 223. ELIMINACIÓN DEL DIARIO UNICO DE CONTRATACIÓN. A partir del primero de junio de 2012, los contratos estatales sólo se publicaran en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP- que administra la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra Eficiente. En consecuencia, a partir de dicha fecha los contratos estatales no requerirán de publicación en el Diario Único de Contratación y quedarán derogados el parágrafo 3 del artículo 41 de la Ley 80 de 1993, los artículos 59, 60, 61 y 62 de la Ley 190 de 1995 y el parágrafo 2 del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007"

Problema Jurídico

¿Podía el Presidente de la República, en desarrollo de sus facultades extraordinarias legislativas, eliminar el Diario Único de Contratación sin violar la facultad extraordinaria legislativa?

Razones de la decisión

«(...) La disposición acusada no suprime el deber de publicar el contrato estatal, sino que suprime una forma de realizarlo, eliminando la publicación en un medio escrito como el Diario Unico [SIC] de Contratación y optando por un medio electrónico, no impreso -Sistema Electrónico de Contratación Estatal, SECOP-, que cumple la misma finalidad de hacer público el conocimiento de dichos actos de la actuación contractual de la administración.

(…)

5.4.3. En cuanto a que la supresión de la publicación en el Diario Único de Contratación fuese necesaria, y en consecuencia ajena al ámbito de las facultades extraordinarias conferidas, se concluye que, si bien la publicación de los contratos estatales puede tenerse como requisito esencial para la ejecución y control público de los contratos oficiales, no así su inclusión en una forma específica de divulgación, como el DUC. Por el contrario, al disponerse que sea publicado en un medio electrónico, al cargo y cuidado de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se asegura la regularidad de este tipo de trámite, en manos de una entidad responsable de realizarlo; y, simultáneamente, se cumple la finalidad de la publicación, que no otra distinta de brindarle al público la posibilidad de acceso fácil, oportuno, idóneo y eficaz a los términos de la contratación estatal. 

(…)

La eliminación de la divulgación de los contratos estatales en el Diario Único de Contratación y su reemplazo por su publicación exclusiva en el SECOP -Sistema Electrónico de Contratación Estatal-, no excede el ámbito material de las facultades extraordinarias conferidas en la Ley 1474/11 -artículo 75-, ya que no se aprecia como indispensable que tal acto de publicidad contractual tuviera que realizarse necesariamente en el medio conocido como el DUC.

(…)

7.2.3. El principio de publicidad de las actuaciones de la administración publica,[sic] contenido en el artículo 209 de la Constitución, admite su realización en cualquier medio de difusión y consulta que disponga el Legislador ordinario o extraordinario, en cuanto garantice fidelidad, imparcialidad, transparencia, cobertura y oportunidad respecto del contenido publicado.(...)»

Regla

El Presidente de la República en virtud de sus facultades extraordinarias legislativas podía suprimir el Diario Único de Contratación, sin violar la ley que lo faculta, porque:  
  1. No se suprimió el deber de publicar el contrato estatal, sino que se modificó la forma de  realizar la publicación, la cual se debe hacer en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
  2. Al disponerse que sea publicado en un medio electrónico al cargo y cuidado de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente-, se asegura la regularidad de este tipo de trámite y simultáneamente, se cumple la finalidad de la publicación al brindarle al público la posibilidad de acceso fácil, oportuno, idóneo y eficaz a los términos de la contratación estatal. 
  3. El principio de publicidad de las actuaciones de la administración pública admite su realización en cualquier medio de difusión y consulta, que disponga el legislador ordinario o extraordinario, siempre que garantice fidelidad, imparcialidad, transparencia, cobertura y oportunidad respecto del contenido publicado.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE el artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012, por los cargos examinados en la presente providencia.

Marco jurídico

Artículos 1º, 2º, 13, 29, 150.1, 150.7, 150.10, 150.25, 209 y 210, inc. 2º de la Constitución Política.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: C-711-2012
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Contratación estatal
  • Publicidad
  • Etapa precontractual
  • Etapa contractual
  • Diario único de contratación
  • Decreto con fuerza de ley
  • SECOP
  • Ley de facultades extraordinarias
  • Contratación estatal
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  • Decreto con fuerza de ley
  • SECOP
  • Ley de facultades extraordinarias
  • Contratación estatal
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  • Etapa contractual
  • Diario único de contratación
  • Decreto con fuerza de ley
  • SECOP
  • Ley de facultades extraordinarias
  • Identificadores
  • Principio de transparencia
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
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  • Imparcialidad
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  • Principio de transparencia
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  • Imparcialidad
  • Medios electrónicos
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  • Principio de transparencia
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    Corte Constitucional - MP Mauricio Gonzáles - 12 de Septiembre de 2012
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