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En los contratos estatales las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-154-1996

Identificadores

Monopolio
Riesgos contractuales
Propiedad
Contrato de seguro
Garantía
Etapa precontractual
Contratación estatal
Monopolio
Riesgos contractuales
Propiedad
Contrato de seguro
Garantía
Etapa precontractual
Contratación estatal
Propiedad
Riesgos contractuales
Monopolio
Contratación estatal
Contrato de seguro
Etapa precontractual
Garantía

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-154-1996

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LOS INCISOS 2° Y 4° NUMERAL 19 DEL ARTÍCULO 25 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993

Artículo 25.- DEL PRINCIPIO DE ECONOMIA. En virtud de este principio:

 

19. El contratista prestará garantía única con la que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida y liquidación y se ajustará a los límites, existencias y extensión del riesgo amparado. Igualmente, los proponentes prestarán garantía de seriedad de los ofrecimientos hechos.

 

Las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias.

 

La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado y la prolongación de sus efectos y, tratándose de pólizas, no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito, interadministrativos y en los de seguros.

 

Las entidades estatales podrán exonerar a las organizaciones cooperativas nacionales de trabajo asociado legalmente constituidas del otorgamiento de garantías en los contratos que celebren con ellas, siempre y cuando el objeto, cuantía y modalidad de los mismos, así como las características específicas de la organización de que se trate, lo justifiquen. La decisión en este sentido se adoptará mediante resolución motivada.

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias y que no serán obligatorias en los contratos de seguros que celebre el Estado, sin vulnerar los derechos a la igualdad, al trabajo, a la propiedad ni a la prohibición de monopolios?

Regla ampliada

Criterio de proporcionalidad.«(...) Los medios escogidos por el legislador no sólo deben guardar proporcionalidad con los fines buscados por la norma, sino compartir su carácter de legitimidad. El principio de proporcionalidad busca que la medida no sólo tenga un fundamento legal, sino que sea aplicada de tal manera que los intereses jurídicos de otras personas no se vean afectados, o que ello suceda en grado mínimo"[1].(...)»  
[1] . Sentencia C-410/94.

Razones de la decisión

«(...)En la formulación del juicio de igualdad debe tenerse en cuenta que la garantía por los riesgos contractuales debe ofrecer un alto grado de confiabilidad al organismo beneficiario, que resulta antes que todo de la solvencia económica e idoneidad del garante, que son condiciones que no puede ofrecer cualquier persona y ni siquiera el propio contratista porque resultaría imprevisivo y carente de toda técnica en el manejo de  riesgos admitir que el eventual asegurado garantice el reconocimiento del daño con ocasión del siniestro.

 

Cuando el legislador escogió a los bancos y a las compañías de seguro como posibles garantes de los riesgos contractuales, medió un juicio de valoración que se juzga razonable y proporcionado, donde aquél tuvo en cuenta la solidez de tales entidades, que resulta de las exigencias y condicionamientos para su constitución, funcionamiento y operación (aporte mínimo de capital y de respaldo patrimonial, condiciones o márgenes especiales de solvencia, restricciones cuidadosas para la realización de sus inversiones, etc.) y, además, la circunstancia de que el propio Estado ejerce sobre ellas un sistema de inspección, control y vigilancia por intermedio de la Superintendencia Bancaria.

 

Adicionalmente debe tenerse en cuenta que el legislador escogió como garantes de las obligaciones contractuales del contratista con las entidades estatales, a los bancos y compañías de seguros, porque dentro del nuevo diseño de la contratación surge la posibilidad de que dichas entidades puedan exigir "la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado" no sólo a aquél sino al garante, lo cual demanda que éste sea igualmente una persona calificada desde el punto de vista técnico y profesional y, además, de una reconocida solvencia económica para poder asumir el cumplimiento del contrato en sustitución del contratista garantizado (arts. 4, ordinal 1o., 17 y 18 de la Ley 80 de 1993).

(…)

En el caso sub-lite, la eventual restricción al derecho al trabajo responde a la necesidad de proteger los intereses del Estado vinculados a sus operaciones contractuales, lo cual se logra con el diseño de un adecuado sistema de garantías, en la forma como ha quedado reseñado anteriormente.

 

Son justamente los bancos y las compañías de seguros los garantes escogidos por el legislador, por razones de interés público, plenamente justificadas, que se estiman válidas, para respaldar las obligaciones de los contratistas frente a las entidades estatales, las cuales prevalecen sobre las que puedan esgrimir los particulares en defensa de su pretendido derecho al trabajo.

(…)

Por la circunstancia de que las normas acusadas hayan regulado la forma de garantizar las obligaciones de los contratistas, en el sentido de admitir únicamente como garantes a los bancos y a las compañías de seguro, no se viola el derecho de propiedad, porque sus titulares, ni se ven desposeídos arbitrariamente del mismo ni se les limita en su ejercicio de uso, goce y disposición.

(…)

Las normas acusadas, como bien lo anotan los intervinientes, no configuran monopolio en favor de los bancos y las compañías de seguros, porque, en primer lugar, la ley permite la constitución de estas entidades por las personas que cumplan determinados requisitos, en cuyo caso, automáticamente quedan facultados para otorgar las referidas garantías; en segundo lugar, porque dichas normas no limitan a ciertos bancos o compañías de seguros la posibilidad de ofrecer el servicio de otorgamiento de las garantías ni imponen la obligación de contratar específicamente con uno de ellos.

(…)

Cuando la norma acusada exonera al contratista en el contrato de seguro, de otorgar la garantía única, lo mismo que a los contratistas en los contratos de empréstitos e interadministrativos, tiene en cuenta las condiciones relevantes que presentan los garantes, ya puestas de manifiesto anteriormente, las cuales no se dan en relación con los contratistas de otros contratos y que llevó al legislador a darles un trato diferencial que es objetivo, razonable y proporcionado.(...)»

Regla

El Congreso de la República puede establecer que las garantías consistirán en pólizas expedidas por compañías de seguros legalmente autorizadas para funcionar en Colombia o en garantías bancarias y que no serán obligatorias en los contratos de seguros que celebre el Estado, sin vulnerar los derechos a la igualdad, al trabajo, a la propiedad ni a la prohibición de monopolios, porque:
  1. La garantía por los riesgos contractuales debe ofrecer un alto grado de confiabilidad al organismo beneficiario, que resulta antes que todo de la solvencia económica e idoneidad del garante.
  2.  Los bancos y las compañías de seguros son los entes idóneos para ser los posibles garantes de los riesgos contractuales por su solidez, la cual resulta de las exigencias y condicionamientos para su constitución, funcionamiento y operación, como el aporte mínimo de capital y su respaldo patrimonial y la supervisión estatal.
  3. Es válido que a los bancos y compañías de seguros respaldaren las obligaciones del contratista frente a las entidades estatales por razones de interés público.
  4. El hecho que los únicos garantes sean los bancos, no viola el derecho de propiedad de nadie.
  5. En la medida en que la Ley establece los requisitos para la constitución de bancos y compañías de seguros, no hay normas que limiten la posibilidad que tienen estas entidades para ofrecer el servicio de otorgamiento de garantías ni que impongan la obligación de contratar con solo uno de ellos.
  6. En el caso de contratos de seguros celebrados por entidades estatales los contratistas o garantes gozan de condiciones relevantes  que no se dan con los contratistas de otros contratos, por lo cual el trato diferenciado es justificado.

Decisión

  Declarar exequibles los apartes demandados del numeral 19 del artículo 25 de la ley 80 de 1993.

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencia C-410 de 1994.

Marco jurídico

Artículos 13, 25, 58 y 336 de la Constitución

Conceptualizaciones

El monopolio. «(...) [D]esde el punto de vista económico se describe como la situación que se da cuando una empresa o un individuo es el único oferente de un determinado producto o servicio[1]. Por lo mismo, la figura puede constituirse tanto de la órbita de las relaciones económicas privadas como públicas (...)»  
[1] . Congdon-Mcwilliams, Diccionario de Economía, Grijalbo, 1985, p.136.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: C-154-1996
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Monopolio
  • Riesgos contractuales
  • Propiedad
  • Contrato de seguro
  • Garantía
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Monopolio
  • Riesgos contractuales
  • Propiedad
  • Contrato de seguro
  • Garantía
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Propiedad
  • Riesgos contractuales
  • Monopolio
  • Contratación estatal
  • Contrato de seguro
  • Etapa precontractual
  • Garantía
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