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Ley aplicable a los contratos celebrados en el exterior

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-249-2004

Identificadores

Etapa contractual
Soberanía
Contratación estatal
Ley de ejecución del contrato
Etapa contractual
Soberanía
Contratación estatal
Ley de ejecución del contrato
Etapa contractual
Soberanía
Contratación estatal
Ley de ejecución del contrato

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-249-2004

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 13, INCISO SEGUNDO, DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993   Artículo 13 (...) "Los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia." 

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia, sin violar el deber de los nacionales y extranjeros de acatar la Constitución y las leyes colombianas?

Regla ampliada

El principio de soberanía debe entenderse ligado a la inalienable y permanente autonomía de los pueblos para darse su propio ordenamiento jurídico interno. «(…) Así las cosas, el proceso evolutivo del principio de soberanía de las naciones en el concierto internacional debe entenderse ligado a la inalienable y permanente autonomía de los pueblos para darse su propio ordenamiento jurídico interno, para disponer y resolver sobre sus propios asuntos y, en general, para actuar libremente en todo aquello que no altere o lesione los legítimos derechos e intereses de otros Estados.  Contexto en el cual la soberanía de Colombia debe salvaguardarse con arreglo a los presupuestos constitucionales vistos, concediendo especial atención a la adecuada articulación de los compromisos internacionales con el ejercicio de las competencias propias de nuestro Estado Social de Derecho, el cual propende tanto por la realización de los intereses nacionales como por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.    

(…)

A manera de conclusión se tiene que las reglas de conflicto[1] están contenidas en el ordenamiento nacional en los artículos 18, 19, 20, 21 del Código Civil y 38 de la ley 153 de 1887.  En este sentido:


El artículo 18 del Código Civil, con base en el criterio de la residencia, consagra el principio de la territorialidad absoluta de la ley colombiana, como obligatoria para nacionales y extranjeros.


El artículo 19 del Código Civil, con base en el criterio de la nacionalidad, consagra el principio de la extraterritorialidad de la ley colombiana, en relación con los colombianos, residentes o domiciliados, en país extranjero, respecto del estado civil, de la capacidad para efectuar ciertos actos que hayan de tener efecto en el territorio colombiano y de obligaciones y derechos provenientes de las relaciones de familia.


El artículo 20 inciso 1º del Código Civil, con base en el criterio del lugar de ubicación (lex rei sitae), consagra el principio de la territorialidad absoluta de la ley colombiana en relación con los bienes muebles e inmuebles, sean de propiedad de nacionales o extranjeros y respecto de lo cual tenga interés o derecho la nación.


El artículo 20 inciso 2º del Código Civil, con base en el criterio del lugar de celebración de los contratos (lex loci contractus) permite la aplicación de la ley extranjera a los contratos celebrados válidamente en país extraño, en cuanto no versen sobre bienes situados en Colombia.


El artículo 20 inciso 3º del Código Civil, con base en el criterio del lugar de ejecución del contrato (lex loci solutionis), señala que si el contrato se debe cumplir en el territorio colombiano o genera efectos que le sean inherentes a los derechos e intereses de la nación, se aplicará la ley colombiana.

 

El artículo 21 del Código Civil y el artículo 38 de la ley 153 de 1887, con base en el principio del lugar de celebración (locus regit actum), remite la solución de fondo respecto de la forma de los instrumentos públicos a la ley del país en los que éstos hayan sido otorgados.[2]  Por lo tanto, conforme al primer inciso del artículo acusado le corresponde al operador jurídico realizar una labor de interpretación sistemática en orden a la aplicación de las reglas pertinentes, que bien pueden corresponder simultáneamente a las de la ley 80 de 1993 y a las de los códigos de comercio y civil;  sin que por otra parte ello pueda llegar a propiciar algún tipo de intangibilidad o dispensa frente a los controles estatales que la Constitución y la ley estipulan en torno al gasto público.  Consecuentemente, cada hipótesis contractual del Estado es susceptible de gobernarse por principios y reglas tanto de orden público como de orden privado, donde la intensidad de la preeminencia del primero sobre el segundo dependerá del grado de regulación normativa que el Estatuto Contractual Estatal establezca para el respectivo caso.  Y al decir Estatuto Contractual Estatal debe entenderse la ley 80 de 1993 junto con todas las demás disposiciones que válidamente la complementan, modifican y derogan.(…)»


[1] Ramón Mantilla Rey, Apuntes de Derecho Internacional Privado, editorial Temis, 1982, Bogotá.  Según el autor:  “La regla de conflicto es una norma jurídica indirecta cuya tarea práctica consiste en identificar un sector social, circunstanciarlo y, como consecuencia de esa identificación histórica, escogerle un régimen jurídico apropiado entre varios posibles”.  Pág. 55.

[2] Luis Fernando Álvarez Londoño, S.J. Diego Ricardo Galán Barrera, Derecho Internacional Privado, Pontificia Universidad Javeriana, 2001, Bogotá.  Págs. 189 y 190. 

Razones de la decisión

«(…) En consonancia con el criterio del lugar de celebración de los contratos (lex loci contractus), el inciso se erige sobre el respeto a la aplicación de la norma extranjera en relación con los contratos celebrados en el exterior por representantes del Estado Colombiano, lo cual entraña clara armonía con el principio de soberanía nacional que a cada Estado le corresponde, pues, siendo Colombia un Estado Social de Derecho, lo lógico y jurídico es que la soberanía que legítimamente invoca para expedir y aplicar sus normas de contratación no se la puede negar a otros Estados.  Asimismo, con apoyo en el criterio del lugar de ejecución de los contratos (lex loci solutionis), la norma deja al arbitrio de las partes la aplicación del régimen extranjero en la ejecución de los contratos suscritos en el exterior, siempre que tal ejecución no se realice en Colombia.  Por lo mismo, cuando el contrato suscrito en el extranjero deba ejecutarse en Colombia, forzoso será darle aplicación a la legislación colombiana, de conformidad con el criterio del lugar de ejecución del contrato.  Lo cual no atenta contra ningún canon constitucional, antes bien, reivindica la primacía de la normatividad contractual interna en la ejecución en Colombia de contratos celebrados en el exterior.  Por contraposición, la preceptiva extranjera sólo es aplicable en la ejecución que se haga en el exterior de un contrato celebrado también en el exterior (…)»

Regla

El Congreso de la República puede establecer que “los contratos celebrados en el exterior se podrán regir en su ejecución por las reglas del país en donde se hayan suscrito, a menos que deban cumplirse en Colombia”, sin violar el deber de los nacionales y extranjeros de acatar la Constitución y las leyes colombianas, porque:  

  1. El respeto a la aplicación de la norma extranjera cuando se celebran contratos en el exterior por representantes del Estado Colombiano  está basado en el principio de soberanía nacional que a cada Estado le corresponde.
  2. Cuando el contrato sea suscrito en el exterior para ser ejecutado en Colombia se debe aplicar la legislación colombiana.
  3. La perspectiva extranjera sólo se aplica cuando el contrato es celebrado en el exterior y se debe ejecutar en el exterior.

Decisión

1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del segundo inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993.

 

2. Declarar la EXEQUIBILIDAD del tercer inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el entendido de que tanto la celebración como la parte de la ejecución que se haga en Colombia se someten a la ley colombiana.

 

3. Declarar la EXEQUIBILIDAD del cuarto inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el entendido de que la discrecionalidad allí prevista sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales. 

Citas de precedentes en obiter dictum

sentencia C-418 de 1995, T-1157-2000, C-395-2002

Marco jurídico

Artículos 2, 4, 13, 25, 100, 150 y 226 de la Constitución Política

Conceptualizaciones

Regla en conflicto. «(…) La regla de conflicto es una norma jurídica indirecta cuya tarea práctica consiste en identificar un sector social, circunstanciarlo y, como consecuencia de esa identificación histórica, escogerle un régimen jurídico apropiado entre varios posibles (…)»


El principio de la territorialidad de la ley«(…)es consustancial con la soberanía que ejercen los Estados dentro de su territorio; de este modo cada Estado puede expedir normas y hacerlas aplicar dentro de los confines de su territorio. El mencionado principio se encuentra morigerado con las siguientes excepciones: i) los colombianos residentes o domiciliados en el extranjero permanecerán sujetos a la ley colombiana, en lo relativo al estado civil, a su capacidad, a la determinación de derechos y obligaciones de familias, en la medida que se trate de ejecutar actos que deban tener efectos en Colombia; ii) todo lo concerniente a los bienes, en razón de que hacen parte del territorio nacional y se vinculan con los derechos de soberanía, se rigen por la ley colombiana, a partir de la norma contenida en el art. 20 del Código Civil, que aun cuando referida a los bienes en cuya propiedad tiene interés o derecho la Nación es aplicable, en general, a toda relación jurídica referida a los bienes ubicados dentro del territorio nacional; iii) la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados (…)»

 

El principio de la aplicación territorial de la ley. «(…)tiene un doble contenido: i) positivo, según el cual los hechos, actos, bienes y personas localizados en un territorio están sometidos a la ley de ese territorio; ii) negativo, según el cual los hechos, actos, bienes y personas no localizados en un territorio no están sometidos a la ley de este territorio. Dicho principio es expresión de la soberanía del Estado con referencia al elemento territorial o espacial del mismo.

En el  campo del Derecho Internacional Privado rige el principio de la aplicación de la ley personal a los nacionales de un Estado,  con un doble contenido: i) positivo, según el cual al estado civil y a la capacidad de una persona natural nacional de un Estado se le aplican las leyes de ese Estado; ii) negativo, según el cual al estado civil y a la capacidad de una persona natural que no es nacional de un Estado no se le puede aplicar la ley de ese Estado. Este principio es expresión de la soberanía del Estado con referencia al elemento personal, humano o poblacional del mismo. (…)»  

El principio de la territorialidad de la ley«(…)reviste un sentido absoluto en varios artículos del Código Civil, a saber:  (i) por virtud de su artículo 18 la ley colombiana es obligatoria tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en este país;  (ii) conforme al primer inciso del artículo 20 los bienes situados en territorio colombiano (lex rei sitae) se sujetan a las disposiciones de este código; (iii) la misma regla opera en relación con los contratos celebrados en país extraño sobre bienes situados en Colombia o que deban ejecutarse o producir efectos en el territorio nacional (lex loci solutionis); (iv) igualmente se sujetan a este código los actos jurídicos celebrados en Colombia (locus regit actum), en cuanto a sus formalidades, contenido, validez y naturaleza, según el artículo 21 ibídem. (…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Ley aplicable a los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse en el extranjero 

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-249-2004

Identificadores

Etapa contractual
Contratación estatal
Ley de celebración del contrato
Ley de ejecución del contrato
Principio de ley nacional
Territorialidad de la ley
Etapa contractual
Contratación estatal
Ley de celebración del contrato
Ley de ejecución del contrato
Principio de ley nacional
Territorialidad de la ley
Etapa contractual
Contratación estatal
Ley de celebración del contrato
Ley de ejecución del contrato
Principio de ley nacional
Territorialidad de la ley

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-249-2004

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 13, INCISO 3° DE LA LEY 80 DE 1993

Hechos relevantes

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993 "Artículo 13 (...) Los contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera." 

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que [l]os contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera sin violar el derecho a la igualdad de derechos civiles, garantías y el sometimiento a la ley entre nacionales y extranjeros?

Regla ampliada

Los contratos se rigen por la ley imperante en el lugar de su cumplimiento. «(…)De otra parte, a título de antecedente jurisprudencial resulta pertinente traer a colación los argumentos expuestos por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de octubre 30 de 1986, donde, a propósito de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 239 del decreto 222 de 1983, se afirmó:  

En el caso que ahora se examina, lo único que  ha hecho el legislador ha sido reconocer principios del Derecho Internacional privado, fundados en tesis de Savigny y aceptados universalmente, a cuyo tenor los contratos celebrados entre personas de distintos Estados deben regirse por la ley imperante en el lugar de su cumplimiento (“lex loci executionis”) y los conflictos jurídicos que surjan habrán de resolverse por los jueces del lugar (“lex fori”).   Esos principios con arreglo a los cuales se dirimen los conflictos de regímenes y jurisdicciones que necesariamente se plantearían y que serían insolubles si tales postulados no existieran, lo que conduciría al caos en las relaciones de Derecho Internacional Privado, fueron acogidos en el Tratado de Montevideo de 1888, aprobado por la ley 40 de 1933 y vueltos a consagrar en el de 1940 en cuya elaboración participó Colombia (…)»  

Razones de la decisión

«(…) Con fundamento en el articulo 4 de la Constitución Política todas las conductas, hechos y acontecimientos que ocurran en Colombia deben someterse al imperio de la Constitución y la ley de nuestro país, en consonancia con el respeto y acatamiento que los nacionales y extranjeros le deben profesar a las autoridades.  Así entonces, por principio todo acto jurídico, todo contrato que se celebre en Colombia, debe sujetarse a la normatividad nacional.  Por donde, al tenor del prenotado inciso se impone entender que “Los contratos que se celebren en Colombia”, deben someterse al régimen contractual nacional.

 

Asimismo, la ejecución en el extranjero de los contratos celebrados en Colombia, en principio debe sujetarse a la preceptiva nacional, a menos que las partes acuerden la aplicación del régimen jurídico extranjero a dicha ejecución contractual.  Con igual criterio, si la ejecución en el extranjero sólo ocurre en forma parcial, en esa misma proporción se puede aplicar la ley extranjera en su ejecución.  Inteligencia jurídica ésta que a su vez no atenta contra el  derecho a la igualdad de los colombianos frente a los extranjeros, y por supuesto, frente al derecho al trabajo.   

Como bien se aprecia, en ejercicio de su soberanía el Estado Colombiano reconoció la existencia de un elemento extranjero para regular mediante ley la norma de conflicto aplicable a la ejecución –en   país extraño- de un contrato celebrado en Colombia, destacándose, además, que la aplicación del derecho extranjero en tal evento no es forzosa.  Por el contrario, ella queda al arbitrio de las partes, correspondiéndole por tanto a los representantes de Colombia celebrar los respectivos contratos estatales con cabal respeto y acatamiento hacia los imperativos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, según se ha visto.  Para lo cual deberán atenderse las circunstancias y posibilidades de cada objeto contractual en orden a la realización de las tareas públicas en condiciones de viabilidad financiera, tecnológica y operativa.

  En concordancia con lo expresado la Corte acoge los planteamientos de la Vista Fiscal, quien al referirse al inciso en comento concluye que tampoco se quebrantan los artículos 13, 25 y 100 de la Carta, en la medida en que no se privilegia a los extranjeros, pues según se ha visto, la eventual remisión a las normas extranjeras –para la ejecución en el extranjero- sólo puede tener lugar después de perfeccionado el contrato en Colombia bajo la ley nacional; lo cual engloba el proceso de selección, que al amparo de la legislación colombiana, frente a la igualdad para contratar, prefiere la oferta de bienes y servicios de origen nacional, según voces del inciso cuarto del artículo 21 de la ley 80 de 1993, aspectos que en modo alguno son desconocidos por las disposiciones demandadas (…)»

Regla

El Congreso de la República puede establecer que “[l]os contratos que se celebren en Colombia y deban ejecutarse o cumplirse en el extranjero, podrán someterse a la ley extranjera” sin violar el derecho a la igualdad de derechos civiles, garantías y el sometimiento a la ley colombiana entre nacionales y extranjeros, debido a que:  
  1. Los contratos que se celebren en Colombia deben someterse a la ley contractual nacional.
  2. Los contratos que se celebran en Colombia y deban ejecutarse en el extranjero se someten en principio a la ley nacional, excepto cuando las partes acuerden aplicar la ley extranjera a dicha ejecución contractual. Cuando la ejecución en el extranjero ocurre de forma parcial, la ley extranjera se aplicará en esa proporción.
  3.  Aun cuando la ejecución sea en el extranjero y sea aplicable la del régimen jurídico de otro país, los representantes de Colombia deben celebrar los contratos estatales con respeto y acatamiento a los imperativos de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.
  4. No se privilegia a los extranjeros, ya que la remisión a las normas extranjeras se da con posterioridad al perfeccionamiento del contrato en Colombia bajo la ley nacional, la cual engloba en los procesos de selección la preferencia de los bienes y servicios de origen nacional. 

Decisión

1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del segundo inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993.

 

2. Declarar la EXEQUIBILIDAD del tercer inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el entendido de que tanto la celebración como la parte de la ejecución que se haga en Colombia se someten a la ley colombiana.

  3. Declarar la EXEQUIBILIDAD del cuarto inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el entendido de que la discrecionalidad allí prevista sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales.

Citas de precedentes en ratio decidendi

Citas de precedentes en obiter dictum

Salvamento de voto - sentido

Aclaración de voto - sentido

Marco jurídico

Artículos 2, 4, 13, 25, 100, 150 y 226 de la Constitución Política

Doctrina relacionada



La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Contratos financiados con fondos de los  organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-249-2004

Identificadores

Personas extranjeras de derecho público
Organismos de cooperación internacional
Etapa contractual
Donación
Reglamento
Pago
Ejecución del contrato
Adjudicación del contrato
Contratación estatal
Organismos multilaterales
Etapa postcontractual
Etapa precontractual
Personas extranjeras de derecho público
Organismos de cooperación internacional
Etapa contractual
Donación
Reglamento
Pago
Ejecución del contrato
Adjudicación del contrato
Contratación estatal
Organismos multilaterales
Etapa postcontractual
Etapa precontractual
Reglamento
Organismos de cooperación internacional
Ejecución del contrato
Personas extranjeras de derecho público
Etapa contractual
Pago
Organismos multilaterales
Etapa precontractual
Etapa postcontractual
Adjudicación del contrato
Contratación estatal
Donación

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-249-2004

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ARTÍCULO 13 INCISO 4° DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993 "Artículo 13 (...) Los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. "

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes sin violar los fines estatales ni el deber de aplicar el Estatuto de la Contratación Pública?

Regla ampliada

Evolución del principio de soberanía «(...) el proceso evolutivo del principio de soberanía de las naciones en el concierto internacional debe entenderse ligado a la inalienable y permanente autonomía de los pueblos para darse su propio ordenamiento jurídico interno, para disponer y resolver sobre sus propios asuntos y, en general, para actuar libremente en todo aquello que no altere o lesione los legítimos derechos e intereses de otros Estados.  Contexto en el cual la soberanía de Colombia debe salvaguardarse con arreglo a los presupuestos constitucionales vistos, concediendo especial atención a la adecuada articulación de los compromisos internacionales con el ejercicio de las competencias propias de nuestro Estado Social de Derecho, el cual propende tanto por la realización de los intereses nacionales como por la internacionalización de las relaciones políticas, económicas, sociales y ecológicas sobre bases de equidad, reciprocidad y conveniencia nacional.   (...)»

Razones de la decisión

«(…) Como bien se puede inferir, desde el punto de vista de los recursos vinculados a la contratación estatal, este inciso se refiere con exclusividad a los ingresos percibidos por el Tesoro Público de parte de entes u organismos internacionales.  Por lo mismo, este inciso es enteramente inaplicable en relación con aquellos contratos relativos a recursos del presupuesto general de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan a donaciones o empréstitos.  Así por ejemplo, este inciso resulta inaplicable en relación con los contratos de administración de recursos estatales que las autoridades competentes no hayan aforado legalmente a título de donación o empréstito.  Por lo tanto, al decir la norma que los respectivos contratos, “(...) podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y ejecución y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes”.  Tal discrecionalidad sólo puede asumirse, y por ende, ejercerse válidamente, dentro de los precisos linderos de los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, lo cual usualmente ocurre a título de empréstito o de donación.  Por ello mismo, toda interpretación en contrario del inciso en comento, únicamente podría propiciar una ejecución presupuestal extraña a la realización de los fines del Estado.   Ahora bien, como acertadamente lo expresa la Vista Fiscal, el inciso cuarto del artículo impugnado entraña un precepto especial de contratación, que por virtud de la misma ley 80 de 1993 permite la inaplicación del Estatuto de Contratación Pública en la hipótesis de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacionales.  Lo cual encuentra justificación en el hecho de que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, como por ejemplo el FMI o el BID, y al hacer parte de ellos puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación en cumplimiento de convenios, tratados y resoluciones de entidades supranacionales en los que el país ha participado activamente, como la ONU y la OEA, con sus filiales. (…)»

Regla

El Congreso de la República puede establecer que los contratos financiados con fondos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes” sin violar los fines estatales ni el deber de aplicar el Estatuto de la Contratación Pública, debido a lo siguiente:

  1. Este inciso se refiere con exclusividad a los recursos percibidos por el Tesoro Público de entes u organismos internacionales. Por lo que, es inaplicable en relación con los contratos relativos a recursos del presupuesto general de la Nación o de los presupuestos territoriales, cuando tales recursos no correspondan a donaciones o empréstitos.
  2. La discrecionalidad de este inciso solo puede ejercerse dentro de los contratos relativos a los recursos que se perciben de entes u organismos internacionales, que ocurre usualmente a título de empréstito o donación.
  3. Se permite la inaplicación del Estatuto de la Contratación Pública cuando se trate de los contratos relativos a fondos percibidos de los organismos multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacionales, debido a que Colombia hace parte de esos organismos internacionales, por lo que puede aceptar sus estatutos y régimen de contratación.

Decisión

1. Declarar la EXEQUIBILIDAD del segundo inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993.

 

2. Declarar la EXEQUIBILIDAD del tercer inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el entendido de que tanto la celebración como la parte de la ejecución que se haga en Colombia se someten a la ley colombiana.

 

3. Declarar la EXEQUIBILIDAD del cuarto inciso del artículo 13 de la ley 80 de 1993, en el entendido de que la discrecionalidad allí prevista sólo puede ejercerse válidamente, en relación con los contratos relativos a recursos percibidos de entes u organismos internacionales, esto es, en relación con contratos de empréstito, donación, asistencia técnica o cooperación celebrados por las respectivas entidades estatales con entes u organismos internacionales.

Marco jurídico

Artículos 2, 4, 13, 25, 100, 150 y 226 de la Constitución Política

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: C-249-2004
Síntesis
1. ATRIBUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN EN CASO DE INCUMPLIMIENTO
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Etapa contractual
  • Soberanía
  • Contratación estatal
  • Ley de ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Soberanía
  • Contratación estatal
  • Ley de ejecución del contrato
  • Etapa contractual
  • Soberanía
  • Contratación estatal
  • Ley de ejecución del contrato
  • Identificadores
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Ley de celebración del contrato
  • Ley de ejecución del contrato
  • Principio de ley nacional
  • Territorialidad de la ley
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Ley de celebración del contrato
  • Ley de ejecución del contrato
  • Principio de ley nacional
  • Territorialidad de la ley
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Ley de celebración del contrato
  • Ley de ejecución del contrato
  • Principio de ley nacional
  • Territorialidad de la ley
  • Identificadores
  • Personas extranjeras de derecho público
  • Organismos de cooperación internacional
  • Etapa contractual
  • Donación
  • Reglamento
  • Pago
  • Ejecución del contrato
  • Adjudicación del contrato
  • Contratación estatal
  • Organismos multilaterales
  • Etapa postcontractual
  • Etapa precontractual
  • Personas extranjeras de derecho público
  • Organismos de cooperación internacional
  • Etapa contractual
  • Donación
  • Reglamento
  • Pago
  • Ejecución del contrato
  • Adjudicación del contrato
  • Contratación estatal
  • Organismos multilaterales
  • Etapa postcontractual
  • Etapa precontractual
  • Reglamento
  • Organismos de cooperación internacional
  • Ejecución del contrato
  • Personas extranjeras de derecho público
  • Etapa contractual
  • Pago
  • Organismos multilaterales
  • Etapa precontractual
  • Etapa postcontractual
  • Adjudicación del contrato
  • Contratación estatal
  • Donación
  • Documentos
    Corte Constitucional. M.P. Jaime Araujo Rentería.16 de marzo de 2004.
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