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Plazo para ejercer la facultad de reglamentar la contratación directa

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-508-2002

Identificadores

Contratación directa
Etapa precontractual
Reserva
Contratación estatal
Potestad reglamentaria
Principios de la contratación pública
Contratación directa
Etapa precontractual
Reserva
Contratación estatal
Potestad reglamentaria
Principios de la contratación pública
Contratación directa
Etapa precontractual
Reserva
Contratación estatal
Potestad reglamentaria
Principios de la contratación pública

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-508-2002

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993 "Artículo 24 (...) Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella.   Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de nulidad”. 

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República ordenar al Presidente de la República expedir la reglamentación de la figura  de contratación directa, sin violar la reserva legal que le otorga el artículo 150 de la Constitución Política al legislativo?

Regla ampliada

Competencia del Congreso para expedir el Estatuto de la Contratación Administrativa Pública. «(…) Esta Corporación, fijando el sentido y alcance de la competencia del Congreso para expedir el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, expresó:

 

“(...) tampoco es válido considerar que el precepto constitucional obliga al legislador a dictar un estatuto contractual que desarrolle la materia en forma integral y casuística, por cuanto una concepción de esa naturaleza significa que el constituyente quiso desconocer el campo de acción que le corresponde a la administración respecto de los contenidos normativos, que al estar expuestos a las cambiantes circunstancias, demandan una regulación ágil y expedita que permita lograr la debida ejecución de la ley.

 

Menos aún del precepto superior puede inferirse la obligación para el legislador de incorporar en un solo cuerpo normativo toda la legislación existente en materia contractual, pues si esta hubiera sido la voluntad del constituyente, en el artículo 150 Fundamental se habría autorizado al Congreso de la República para expedir un estatuto único de contratación para el Estado y no un estatuto general como finalmente quedó redactada la aludida competencia legislativa”[1](…)» 

 

Excepcionalmente se puede prescindir del procedimiento licitatorio. «(…)[F]inalmente cabe advertir que aún cuando en la Constitución Política no existe un precepto que en particular le imponga a la administración este sistema de selección objetiva, su aplicación práctica está avalada por el artículo 273 Superior, al ordenar que el acto de adjudicación de una licitación tenga lugar en audiencia pública cuando así lo disponga el Contralor General de la República a solicitud de cualquiera de los proponentes. Con todo, de la norma superior no se desprende que este sea el único mecanismo de selección objetiva del contratista, porque en la praxis pueden darse situaciones que ameriten una respuesta ágil de la administración, cuando por ejemplo militen razones de economía, de imposibilidad legal, de conveniencia administrativa o de simple seguridad pública que justifiquen plenamente prescindir del procedimiento licitatorio”[2].(…)»  


[1] C-949/01. M.P. Clara Inés Vargas [2] Cfr. C-400/99 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, C-949/01 M.P. Clara Inés Vargas

Razones de la decisión

«(…) 4.8.  Resulta claro para la Corte que el legislador en ejercicio de la cláusula general de competencia expidió la Ley 80 de 1993 y, como se vio, definió en ella los aspectos generales y básicos de la contratación directa y, con el fin de efectivizar los principios en ella contenidos, dispuso en el parágrafo acusado que el Gobierno Nacional en ejercicio de la facultad que le confiere el numeral 11 del artículo 189 superior, reglamentara los aspectos atinentes a esa forma o manera de contratar, como parte de la función inherente a la administración, cual es la de ejecutar las leyes para su efectivo cumplimiento.  

Se observa por la Corte, al punto, que fue el legislador, de manera específica, quien señaló que uno de los modos de contratar la administración, es el de la contratación directa, pero no en todos los casos sino únicamente en aquellos que señaló de manera específica en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, a los cuales le son aplicables los principios generales que rigen la contratación pública, pues así lo dispuso la propia ley desde su artículo primero y lo señaló, además, en el artículo 23. Agrégase, además, que el marco para la expedición del reglamento respectivo se encuentra circunscrito, como ya se dijo, por la Constitución y las leyes, lo que indica a las claras que no se trata de que el legislador se haya desprendido de su función de hacer la ley en esa materia, sino que, al regularla como lo hizo dejó un margen de acción al reglamento, pero desde luego en los precisos términos que al efecto señala el artículo 189, numeral 11 de la Carta Política.  

 4.9.  Aunque la potestad reglamentaria, como lo tiene establecido esta Corporación, la tiene el Presidente de la República en forma permanente y como atribución constitucional propia, es decir que no se requiere para su ejercicio de ninguna autorización por parte del legislador, el hecho de que en el parágrafo acusado se haya hecho mención a esa posibilidad de reglamentación de la contratación directa, no lo hace inconstitucional, porque el Congreso no se limitó a enunciar el asunto a tratar como lo señala el actor, delegando en el Presidente la labor legislativa que le es propia, sino, se repite, estableció los parámetros generales y básicos de esa forma de contratar.   No le asiste entonces razón al demandante cuando afirma que se atribuye al Ejecutivo una competencia que es exclusiva del Congreso al regular la contratación directa, pues resulta clara la existencia de un elemento esencial para ejercer la facultad reglamentaria, como es la preexistencia de un contenido material legislativo. Con todo, esa potestad reglamentaria del Gobierno Nacional se encuentra sujeta a los parámetros establecidos expresamente en el parágrafo referido que no son otros que los de garantizar y desarrollar los principios de economía, transparencia, selección objetiva y responsabilidad, definidos plenamente en el Estatuto General de la Contratación Pública, en armonía con los principios que orientan la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Carta, pues en ejercicio de dicha facultad, el Presidente no puede ir más allá, sin violar la Constitución, de lo previsto en la ley ni de las pautas generales que ella señala. (…)»

Regla

El Congreso de la República ordenar al Presidente de la República expedir la reglamentación de la figura  de contratación directa, sin violar la reserva legal que le otorga el artículo 150 de la Constitución Política al legislativo, de acuerdo a lo siguiente:  

  1. El legislador al expedir la Ley 80 de 1993 definió los aspectos generales y básicos de la contratación directa, y con el fin de garantizar los principios en ella contenidos dispuso que el Gobierno Nacional reglamentara los aspectos atinentes a la contratación directa.
  2. El presidente de la República tiene potestad reglamentaria en forma permanente y como atribución constitucional propia, es decir, que no requiere para su ejercicio ninguna autorización por parte del legislador. Para ejercer dicha potestad se necesita previamente un contenido material legislativo.
  3. La potestad reglamentaria del Gobierno Nacional se encuentra sujeta a garantizar y desarrollar los principios de economía, transparencia, selección objetiva y responsabilidad.

Decisión

Primero:  Declarase  INHIBIDA para proferir fallo de fondo en relación con los vicios de forma que aduce el actor en cuanto a la expedición de la Ley 80 de 1993 (art. 24), por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.  

 

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendido que el plazo de seis meses fijado al Gobierno Nacional para la expedición del reglamento de contratación directa, no limita el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, como ha quedado expuesto en los fundamentos de esta providencia. 

Citas de precedentes en obiter dictum

Sentencias C-949 de 2001, C-400 de 1999

Marco jurídico

Artículos 150  y  209 de la Constitución Política

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Plazo para ejercer facultad de reglamentar la contratación directa

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-508-2002

Identificadores

Etapa precontractual
Contratación estatal
Contratación directa
Potestad reglamentaria
Etapa precontractual
Contratación estatal
Contratación directa
Potestad reglamentaria
Etapa precontractual
Contratación estatal
Contratación directa
Potestad reglamentaria

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-508-2002

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL PARÁGRAFO 2° DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993 "Artículo 24.(...) Parágrafo 2°. El Gobierno Nacional expedirá, dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de esta ley, un reglamento de contratación directa, cuyas disposiciones garanticen y desarrollen los principios de economía, transparencia y selección objetiva previstos en ella.   Si el Gobierno no expidiere el reglamento respectivo, no podrá celebrarse directamente contrato alguno por ninguna entidad estatal so pena de nulidad”. 

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer un plazo de 6 meses para que el Presidente de la República, en ejercicio de su facultad reglamentaria, expida un reglamento de contratación directa, sin vulnerar el numeral 11 del artículo 189, que establece que dicha facultad no tiene plazo y puede ejercerse en cualquier tiempo?

Regla ampliada

Plazos para ejercer facultad reglamentaria. «(…) Esta Corporación en reciente providencia manifestó en relación con el asunto que se analiza lo siguiente:

 

“[T]al potestad, como atribución constitucional del Presidente de la República, puede ejercerse por éste en cualquier tiempo, sin que sea posible que por ley se introduzca en esta materia limitación temporal alguna. Ello no quiere decir, sin embargo, que el legislador no pueda, para lograr la efectividad de una ley, disponer que el Gobierno deba reglamentarla dentro de un tiempo determinado. Tal mandato del legislador no impide que el Presidente expida la reglamentación antes del término previsto, ni lo inhabilita para el ejercicio de la potestad reglamentaria vencido ese plazo. Tampoco implica que expedida una reglamentación dentro del plazo fijado por el legislador el Presidente pierda competencia para expedir nuevos reglamentos o para modificar, adicionar o derogar sus propios reglamentos. La única consecuencia normativa del término establecido por el legislador es la de imponerle al Presidente de la República el deber de reglamentar la ley dentro de dicho plazo.

 

Esta interpretación, que en su aspecto central guarda armonía con lo expresado por la Corte en Sentencia C-066 de 1999, en cuanto que en aquella oportunidad se dijo que la potestad reglamentaria no es susceptible de limitarse en el tiempo por el legislador, se aparta, sin embargo de dicha providencia en el alcance de tal restricción para el legislador, puesto que entiende ahora la Corte que no es contrario a la Constitución que la ley señale un término dentro del cual el Presidente deba expedir un determinado reglamento. Esta posibilidad es congruente con una serie de disposiciones y principios constitucionales, en particular con aquellos que se orientan a lograr la efectividad de la legislación, tales como los numerales 10 y 11 del artículo 189, en cuanto que establecen para el Presidente de la República el deber de velar por el estricto cumplimiento de la ley, así como el de ejercer la potestad reglamentaria para la cumplida ejecución de las leyes. Así mismo, el artículo 2 de la Carta establece para las autoridades del Estado el deber de garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, y el artículo 87 habilita a toda persona para acudir ante cualquier autoridad judicial para hacer efectivo el cumplimiento de una ley.

 

Dentro de ese contexto resulta claro para la Corte que en determinadas leyes, para cuya aplicación sea imprescindible la expedición de un reglamento, no puede reputarse contrario a la Constitución que el legislador, para lograr la efectividad de una ley dentro de un límite temporal, establezca un plazo para la reglamentación de la misma”[1] (…)»  


[1] Sent. C-805/01 M.P. Rodrigo Escobar Gil

Razones de la decisión

«(…) Si bien es cierto, el artículo 189, numeral 11 de la Carta, no contiene ninguna limitación temporal al Presidente de la República para el ejercicio de la potestad reglamentaria, ya que la cumplida ejecución de la ley como finalidad de dicha potestad, requiere que ella sea permanente, que pueda adaptarse a las circunstancias sociales de suyo cambiantes, y, en consecuencia que permanezca en el Presidente de la República mientras dure la vigencia de la ley sin que se extinga por su ejercicio, pues el reglamento inicial puede ser objeto de variación posterior cuando ello se requiera; cuando el legislador fija un plazo para que el Gobierno ejerza su facultad de reglamentar una ley, dicho término puede ser considerado como impulsor[1] con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de las leyes, en caso que el legislador considere que por la materia de que se trata se requiere de una pronta y urgente reglamentación. Pero dicho plazo, en todo caso no limita ni agota la posibilidad de que el Presidente de la República reglamente la ley en cualquier tiempo durante su vigencia. (…) De conformidad con lo expuesto, considera la Corte que el plazo fijado por el legislador al Presidente de la República para la expedición de un reglamento de  contratación directa, no viola el artículo 189, numeral 11 superior, bajo el entendido de que dicho término no se convierte en una limitación temporal para el ejercicio de dicha facultad constitucional, pues como ha quedado establecido esa potestad no se agota y, en consecuencia puede ser ejercida en cualquier tiempo. Adicionalmente, la fijación de ese plazo en el caso sub examine, resulta congruente con el artículo 209 de la Constitución, si se tiene en cuenta que el inciso segundo del parágrafo acusado dispone que si el Gobierno no expide el reglamento a que se ha hecho referencia, no podrá celebrase directamente contrato alguno por ninguna entidad del Estado, so pena de nulidad, circunstancia que llevaría a la parálisis de la administración en detrimento de los intereses generales, en los eventos en que por ministerio de la ley se imponga la celebración de un contrato estatal a través de esa forma o manera de contratar. (…)»


[1] Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 10.158

Regla

El Congreso de la República puede establecer un plazo de 6 meses para que el Presidente de la República, en ejercicio de su facultad reglamentaria, expida un reglamento de contratación directa, sin vulnerar el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política, porque dicho término no se convierte en una limitación temporal para el ejercicio de la facultad reglamentaria, ya que ésta puede ser ejercida en cualquier tiempo. La fijación de un plazo máximo para reglamentar tiene como razón lo imprescindible de expedir un reglamento para evitar la parálisis de la actividad de la administración.  

Decisión

Primero:  Declarase  INHIBIDA para proferir fallo de fondo en relación con los vicios de forma que aduce el actor en cuanto a la expedición de la Ley 80 de 1993 (art. 24), por haber operado el fenómeno jurídico de la caducidad de la acción.  

 

Segundo: Declarar EXEQUIBLE el parágrafo 2° del artículo 24 de la Ley 80 de 1993, bajo el entendido que el plazo de seis meses fijado al Gobierno Nacional para la expedición del reglamento de contratación directa, no limita el ejercicio de la facultad reglamentaria del Presidente de la República, como ha quedado expuesto en los fundamentos de esta providencia. 

Citas de precedentes en ratio decidendi

CEs SIII E 10.158

Citas de precedentes en obiter dictum

C-949 de 2001, C-400 de 1999, C-066 de 1999

Marco jurídico

Artículo 150, 209, 189 numerales 10 y 11 de la Constitución Política.

Conceptualizaciones

La contratación directa.  «(…)[E]ntendida como la facultad que tiene el jefe de una entidad del Estado para escoger a la persona que ha de celebrar el contrato con la entidad, prescindiendo del procedimiento de licitación pública o concurso, pero sujeto en todo caso al principio de transparencia y al ejercicio del control de esa forma o manera de contratar por parte de las autoridades competentes (…)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: C-508-2002
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Contratación directa
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  • Contratación estatal
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  • Contratación directa
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