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Suspensión provisional al servidor público imputado o sindicado.

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

C-004-1996

Identificadores

Medida de aseguramiento
Contratación estatal
Suspensión provisional
Etapa precontractual
Debido proceso
Pliego de cargos
Buena fe
Medida de aseguramiento
Contratación estatal
Suspensión provisional
Etapa precontractual
Debido proceso
Pliego de cargos
Buena fe
Contratación estatal
Debido proceso
Etapa precontractual
Medida de aseguramiento
Suspensión provisional
Buena fe
Pliego de cargos

Entidad

Corte Constitucional

Sentencia

C-004-1996

Caso

ACCIÓN PÚBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA EL ORDINAL 4° DEL ARTÍCULO 58 DE LA LEY 80 DE 1993

Disposición Jurídica

LEY 80 DE 1993 "Artículo 58. 4°. En los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme, o elevado pliego de cargos, la autoridad competente podrá, con el propósito de salvaguardar la recta administración pública suspender provisionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria"

Problema Jurídico

¿Puede el Congreso de la República establecer que en los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme o elevado pliego de cargos, la autoridad competente tenga la posibilidad de decidir si suspende provisionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria, sin vulnerar el derecho al debido proceso y la presunción de buena fe de las autoridades públicas? 

Regla ampliada

La consagración del principio de responsabilidad contractual «(…)  obedece a la necesaria articulación y armonía que debe existir para garantizar la efectividad y vigencia de los principios de transparencia, economía, de mantenimiento del equilibrio económico financiero del contrato y de selección objetiva que igualmente se establecen en el estatuto contractual, asi como a la necesidad de asegurar un equilibrio o balance entre la mayor autonomía y libertad de gestión contractual que se otorga a las entidades estatales, las potestades o privilegios que se les reconocen, y la finalidad de interés público o social a que debe apuntar la actividad contractual de dichas entidades, cual es la de procurarse la satisfacción de los objetos contractuales, (obras, bienes, servicios etc.), bajo una gestión signada por la eficiencia, la economía, la celeridad y la moralidad, en los términos del art. 209 de la C.P., que garantice no sólo los intereses de la administración sino de los contratistas que intervienen en la actividad contractual.  (…)»

 

Suspensión provisional. «(…)Como lo expresó esta Corte en la sentencia C-108/95[1] '....la suspensión provisional, fundada en el hecho de adelantarse contra el empleado una investigación disciplinaria, por conductas merecedoras de destitución, no implica que se le estén vulnerando sus derechos al buen nombre -por cuanto no hay imputación definitiva y además es una medida provisional que no genera una pérdida de empleo ni hay aseveración alguna sobre la honra- ni al debido proceso, ya que en el curso de la investigación el empleado cuenta con el derecho de desvirtuar los cargos en su contra. Como acertadamente lo sostiene la vista fiscal, al ser la suspensión provisional decretada mediante auto admisorio motivado, esta decisión no puede producirse sin que exista causa para decretarla. (…)».

 

 

Presunción de inocencia. «(…)La presunción de inocencia es uno de los derechos más importantes con que cuenta todo individuo; para desvirtuarla es necesario demostrar la culpabilidad de la persona con apoyo en pruebas fehacientes debidamente controvertidas, dentro de un esquema que asegure la plenitud de las garantías procesales sobre la imparcialidad del juzgador y la íntegra observancia de las reglas predeterminadas en la ley para la indagación y esclarecimiento de los hechos, la práctica, discusión y valoración de las pruebas y la definición de responsabilidades y sanciones"[2](…)».

 

Suspensión provisional del servidor público. «(…)El régimen disciplinario general para los empleados y funcionarios de la rama ejecutiva a nivel nacional estaba previsto en la ley 13 de 1984 y en el decreto reglamentario 482 de 1985. En relación con la suspensión provisional del servidor público se establecían las siguientes reglas:

 

a) La autoridad nominadora, una vez abierta la investigación disciplinaria, podía decretar la suspensión provisional del investigado, hasta por un término que no podía exceder de 30 días calendario, prorrogable por un término igual, cuando se trataba de hechos o actos que pudieran ser constitutivos de las faltas disciplinarias señaladas en el art. 15 de dicha ley, sancionables con suspensión o destitución del cargo, (art. 21, ley 13/84, 26 decreto 482/85).

 

b) La investigación, cuando el empleado investigado era suspendido provisionalmente, debía adelantarse y culminar dentro del término perentorio de 60 días calendario (parágrafo 2 art. 23, decreto 482/85).

 

c) El funcionario suspendido provisionalmente debía ser reintegrado a su empleo, con derecho al pago de la remuneración dejada de percibir durante el período de suspensión, cuando no había lugar a la imposición de sanción, por la expiración del término máximo de 60 días calendario sin que se hubiese terminado la investigación, por la expiración del término de suspensión provisional ordenada por la entidad cuando la investigación la había iniciado o asumido la Procuraduría General de la Nación y no hubiera proferido decisión alguna dentro de dicho término, y cuando la sanción impuesta era diferente a la destitución o suspensión. Cuando ésta era superior a la suspensión provisional tenía derecho al pago de la remuneración correspondiente, por el término que excediera el tiempo señalado en la sanción (arts. 21 ley 13/84, 40 y 46 decreto 482/85). 

 

Es de anotar, que la ley 13 de 1984 y el decreto reglamentario 482 de 1985 eran aplicables para el nivel municipal por mandato de las leyes 49 de 1987 y 136 de 1994, y para el departamental, según la ley 4a. de 1990.

 

El régimen disciplinario especial de los empleados de la Contraloría General de la República contenía una regulación similar en el artículo 60 del decreto 937 de 1976.

 

Ni la ley 25 de 1974 ni su decreto reglamentario 3404 de 1983, contentivos del procedimiento disciplinario aplicable por la Procuraduría General de la Nación, regulaban lo relativo a la suspensión provisional del inculpado. Dicho procedimiento se encontraba regulado de la siguiente manera:

 

El investigador tenía un término de treinta (30) días para perfeccionar la averiguación, vencido el cual dentro de los cinco  (5) días siguientes, si había mérito formulaba los cargos; el imputado disponía de un término de ocho (8) días para presentar sus descargos y aportar pruebas; vencido dicho término, el investigador tenía veinte (20) días para diligenciar las pruebas solicitadas por el acusado; practicadas las pruebas o vencido el término de ocho (8) días, dentro de los 10 días siguientes se tomaba la decisión de fondo; la averiguación podía ser ampliada hasta por 15 días más; el fallo, consultable ante el superior si no era impugnado, era apelable en el efecto suspensivo dentro de los tres (3) días siguientes a su notificación (arts. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 25 ley 25/74)

(…)

 

El Código Disciplinario Unico, en punto a la suspensión provisional en la investigación disciplinaria prescribe que cuando la investigación verse sobre faltas gravísimas o graves el funcionario competente podrá "...ordenar la suspensión provisional del investigado por el término de tres (3) meses, prorrogables hasta por otros tres (3) meses..." (art. 115 ibídem); el disciplinado suspendido provisionalmente será reintegrado a su cargo con el pago de los emolumentos dejados de percibir, entre otros casos, por la expiración del término de suspensión sin que hubiere terminado la investigación, salvo que esta circunstancia haya sido determinada  por el comportamiento dilatorio del investigado o apoderado (art. 116 ibídem).

 

Según las normas de dicho código, la indagación preliminar no podrá prolongarse por más de seis (6) meses (art. 141 ibídem); si en ésta encuentra establecida la existencia de una falta disciplinaria y su autoría, se ordenará la investigación disciplinaria por el término de nueve (9) meses si la falta es grave, y hasta de doce (12) meses si es gravísima, prorrogable por doce (12) meses más, contados a partir de la notificación de los cargos (art. 146 ibídem).

 

Las conclusiones que se obtienen, luego de revisar los procedimientos disciplinarios mencionados, anteriores a la ley 200, son las siguientes:

 

1) Las normas de la ley 13 de 1984 y del decreto 482 de 1985, preveían términos precisos para la suspensión provisional del inculpado y para adelantar y concluir la investigación correspondiente.

 

2) La suspensión provisional del inculpado por hechos o actos constitutivos de faltas disciplinarias, según el régimen contractual, se regía por las normas pertinentes de los referidos ley y decreto, en cuanto a la forma en que debía ser decretada y el término de su duración que no podía exceder del de la investigación, es decir, 60 días calendario.

  3) En el caso de las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, por violación de dicho régimen contractual, es obvio que tampoco el término de la suspensión, que en todo caso debía ser expreso, podía superar el término de la investigación que claramente se encontraba previsto en la ley 25 de 1974 y en el decreto 3404 de 1983, que obviamente no podía confundirse con el del período del juzgamiento ni el de la consulta o los recursos contra los actos administrativos que imponían la sanción(…)».


[1] . M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.

[2]. Corte Constitucional, Sentencia C-176 de 1994, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

Razones de la decisión

«(…) La medida de suspensión provisional no se opone al reconocimiento constitucional de la presunción de inocencia; ésta permanece incólume y sólo se destruye en el momento en que en la decisión de fondo se determina que el inculpado es responsable disciplinariamente y se le impone la correspondiente sanción. Pero para que la suspensión resulte compatible con dicha presunción, es necesario que la respectiva decisión consulte las normas sustanciales y procesales, en cuanto a que sea expedida por funcionario competente, la autorice la naturaleza de la falta, y a la justificación, necesidad, proporcionalidad y finalidad de la medida, según las circunstancias fácticas que medien en la investigación. Es decir, que aun cuando la adopción de la medida no comporta el ejercicio de una facultad estrictamente reglada, sin embargo debe obedecer a un juicio de razonabilidad que la justifique, atendidas las circunstancias anotadas, pues una medida desproporcionada o inmoderada no sería propiamente provisional o preventiva, sino que tendría un carácter netamente punitivo. (…)

Las circunstancias anotadas, obligan al legislador a establecer unos términos razonables y perentorios para adelantar la investigación, transcurridos los cuales la suspensión debe levantarse. Dichos términos no pueden ser indefinidos o inciertos o manejables según el criterio discrecional de la autoridad que adelanta la investigación, pues de lo contrario la medida deja de ser provisoria, pierde su justificación como mecanismo para lograr la celeridad y eficacia de la instrucción y desarrollo del proceso, y llega a convertirse o a confundirse con la sanción definitiva, es decir que la medida se torna en una sanción encubierta y por ende violatoria del artículo 29 de la Constitución, al sancionarse anticipadamente al inculpado sin la observancia plena de las reglas del debido proceso y sin haberse desvirtuado la presunción de inocencia que haga posible la imposición de la sanción. (…) De lo dicho se infiere, que entendida la norma acusada, debidamente integrada con la normatividad vigente sobre la materia con anterioridad a la ley 200, en el sentido de que el término de la investigación provisional del investigado no puede ser superior al término legal previsto específicamente en la ley para adelantar la investigación, se ajusta plenamente a los mandatos constitucionales. Por lo tanto, no resultan válidos los cargos de la demanda en el sentido de que el término de la suspensión es indefinido o incierto, porque en la realidad, las investigaciones, como sucede en la Procuraduría, se prolonguen mas allá del término legal, pues el incumplimiento de la ley por quien debe aplicarla no constituye motivo para que la Corte fundamente una decisión de inexequibilidad. Y, evidentemente, lo que se deduce del concepto de la Procuraduría, es que en algunas de las investigaciones disciplinarias que se adelantan en esta entidad se incumplen, por razones que no vienen al caso, los términos prescritos en la ley para adelantarlas. (…)». 

Regla

El Congreso de la República puede establecer que en los casos en que se hubiere proferido medida de aseguramiento en firme o elevado pliego de cargos, la autoridad competente tenga la posibilidad de decidir si suspende provisionalmente al servidor público imputado o sindicado hasta por el término de duración de la medida de aseguramiento o de la investigación disciplinaria, sin vulnerar el derecho al debido proceso y la presunción de buena fe de las autoridades públicas, porque:

 

  1.  La presunción de buena fe sigue intacta hasta que se declare la responsabilidad disciplinaria y se  imponga la correspondiente sanción al inculpado.
  2.  La suspensión sea ordenada por el funcionario competente, autorizada por la naturaleza de la falta, y  la justificación, necesidad, proporcionalidad y finalidad de la medida, según las circunstancias fácticas que medien la investigación.
  3.  Los términos para adelantar la investigación deben ser perentorios y razonables, previamente definidos por el legislador, trascurridos los cuales la suspensión debe levantarse, porque de lo contrario la medida podría confundirse con la sanción definitiva vulnerando el derecho al debido proceso.
  4. El término de la investigación provisional no puede ser superior al término legal previsto por el legislador para adelantar dicha investigación.

Decisión

Declarar EXEQUIBLE la norma acusada, correspondiente al ordinal 4o.del art. 58 de la Ley 80 de 1993.

Citas de precedentes en obiter dictum

C-108 de 1995, C-176 de 1994

Marco jurídico

Artículos 29 y 83 de la Constitución Política

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: C-004-1996
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Medida de aseguramiento
  • Contratación estatal
  • Suspensión provisional
  • Etapa precontractual
  • Debido proceso
  • Pliego de cargos
  • Buena fe
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  • Documentos
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