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Las entidades públicas que se rigen por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, sólo pueden celebrar contratos aplicando normas de derecho privado, cuando estos corresponden a giro ordinario de las actividades propias de su objeto social

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SII E 2941-05 DE 2008

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SII E 2941-05 DE 2008

Caso

JOSÉ LIBARDO BLACKBURN CORTES VS. PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Hechos relevantes

Una empresa pública de servicios públicos domiciliarios celebró un contrato de prestación de servicios para el seguimiento de los procesos legislativos del Congreso relacionados con los temas que se manejan en la entidad. Este contrato se celebró directamente con una persona natural y sin ningún procedimiento previo para su selección, argumentando que a los contratos de las empresas de servicios públicos domiciliarios no les aplica el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. 

Problema Jurídico

¿Puede una empresa pública de servicios públicos domiciliarios celebrar un contrato de prestación de servicios sin aplicar el Estatuto de Contratación Pública?

Regla ampliada

Naturaleza jurídica de las empresas de telecomunicaciones y su régimen aplicable. «(...) La Empresa Nacional de Telecomunicaciones es una entidad descentralizada por servicios, constituida como empresa industrial y comercial del Estado del orden nacional, vinculada al Ministerio de Comunicaciones, con personalidad jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio e independiente, según lo previsto en el  Decreto 2123 de 1992[1].


De acuerdo con sus estatutos (Dcto.0666/93), le corresponde a dicha empresa atender y explotar los servicios que demanda el ejercicio de su objeto social, esto es, la prestación de servicios de telecomunicaciones en (i) telefonía pública básica conmutada local, (ii) telefonía móvil rural y (iii) larga distancia nacional e internacional, conforme a los principios que informan la actividad industrial y comercial en ese sector, y en atención a lo dispuesto en la Ley 142 de 1994.

 

En materia de contratación, las entidades estatales prestadoras de servicios públicos se regirán, por autorización o habilitación expresa del artículo 31[1] de la Ley 142 de 1994,  por el parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

 

Dispone el citado artículo 32 que los contratos que sean celebrados por entidades prestadoras de servicios públicos - aplicable por remisión, se repite -, y que corresponda al giro ordinario de las actividades propias de su objeto social, no estarán sujetos a las disposiciones contenidas en dicho estatuto general de contratación y se regirán por normas legales y reglamentarias aplicables a las señaladas actividades.

 

Obsérvese cómo, la disposición anterior, maneja un criterio objetivo y funcional en materia de contratación, en cuanto al régimen jurídico aplicable a las empresas prestadoras de servicios públicos.

 

En efecto, si el objeto del contrato a celebrar corresponde al giro ordinario de las actividades propias del objeto social de la empresa, las normas que le resultan aplicables son las del derecho privado, con lo cual se pretende garantizar la libre competencia dentro del correspondiente sector industrial y comercial. Pero si el objeto del contrato resulta extraño a las actividades propias para el cual ha sido concebida la empresa[3]. (...)»


[1] Disposición modificada por el artículo 3º de la Ley 689 de 2001. [2] Como las que se describen en el artículo 3º del Decreto 0666/93. [3] Posteriormente, el Acuerdo JD-015 del 21 de abril de 1997, por el cual se expide el reglamento general para los contratos de que trata el artículo 31 de la Ley 142/94, siguió los lineamientos de la Ley 80/93, al consagrar en su mayoría las causales de contratación directa previstas en su art. 24, admitiendo que puede prescindirse de la solicitud de varias cotizaciones en los siguientes eventos: (i) cuando se trate de contratos que sólo puedan celebrarse con determinada persona; (ii) cuando se hayan solicitado tres (3) o más cotizaciones y no hubiere sido posible contratar; (iii) cuando se trate de contratos interadministrativos; (iv) cuando se relacione con una urgencia manifiesta; (v) cuando el precio haya sido fijado por autoridad competente; (vi) cuando se relacione con el objeto social de la empresa; y    (vii) cuando el presidente de la empresa lo considere necesario, en relación con el servicio que se presta o con el interés público, caso en el cual deberá sustentarse la decisión en razones de orden técnico y económico.  
[1] Telecom es creada y organizada a partir de las leyes 6ª/43 y 84/45 y los decretos 1684/47, 1233/50, 1184/54, 1635/60 y 1362/63. 

Razones de la decisión

«(...) Como puede advertirse fácilmente, el objeto contractual contenido en esa orden de servicio nada tiene que ver con el giro ordinario de las actividades propias del objeto social de Telecom, pues no se halla relacionado con una actividad industrial o comercial concerniente a la prestación de un servicio de telecomunicación, en las modalidades ya señaladas, sino a la prestación de servicios profesionales para el seguimiento de procesos legislativos que no es propio de su área misional.

 

Siendo así, la presente orden de servicio debió regirse por lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993 y su Decreto Reglamentario 855 de 1994, caso en el cual la empresa estaba obligada a observar previamente el principio de selección objetiva y por lo tanto ha debido exigir, por lo menos, dos (2) ofertas o cotizaciones (art. 3º ibídem). No obstante, podía prescindirse de tal exigencia y convenir directamente con la persona natural o jurídica con capacidad de ejecución del objeto contractual (i) cuando se hubiese solicitado las cotizaciones y sólo se haya recibido una; (ii) cuando no existieren en el lugar varias personas que puedan proveer los bienes o servicios requeridos; (iii) cuando se tratare de contratos intuito personae, en consideración a las calidades personales del contratista; y (iv) cuando la necesidad inminente del bien o servicio no permitiese solicitar varias ofertas. En cualquiera de tales eventualidades, resultaba forzoso dejar constancia escrita de la opción tomada por la administración, esto es, de la ocurrencia objetiva de una de tales  situaciones (parágrafo ib.). (...)»

Regla

Una empresa pública de servicios públicos domiciliarios no puede celebrar un contrato de prestación de servicios sin aplicar el Estatuto de Contratación Pública (Ley 80 de 1993), debido a que el artículo 31 de la Ley 142 de 1994 y el parágrafo 1° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, establecen que estas entidades pueden celebrar contratos que correspondan al giro ordinario de las actividades propias del objeto social aplicando normas de derecho privado, pero frente al resto de actividades sí se deben ajustar a la Ley 80 citada.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SII E 2941-05 DE 2008
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Servicios Públicos
  • Etapa precontractual
  • Régimen jurídico aplicable
  • Celebración de contrato
  • Empresa pública
  • Telecomunicaciones
  • Régimen de derecho privado
  • Servicios Públicos
  • Etapa precontractual
  • Régimen jurídico aplicable
  • Celebración de contrato
  • Empresa pública
  • Telecomunicaciones
  • Régimen de derecho privado
  • Servicios Públicos
  • Etapa precontractual
  • Régimen jurídico aplicable
  • Celebración de contrato
  • Empresa pública
  • Telecomunicaciones
  • Régimen de derecho privado
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