A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Se pueden imponer multas en los contratos celebrados antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24639 DE 2009

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 24639 DE 2009

Caso

BANCO GRANAHORRAR Vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISS- 

Hechos relevantes

Una entidad pública (contratante) celebró un contrato interadministrativo con una entidad bancaria de carácter estatal (contratista). En una clausula del contrato se pactó la posibilidad de impone sanciones al contratista cuando se generara incumplimiento o retraso de algunas obligaciones. Durante la ejecución del contrato, la entidad contratista se retrasó en la entrega de unos reportes, por lo que la entidad contratante decidió imponerle una multa ya que se trataba de un contrato de derecho público. 

Problema Jurídico

Bajo la vigencia de la Ley 1150 de 2007, ¿puede una entidad pública imponer multas en contratos que se suscribieron antes de su entrada en vigencia?

Razones de la decisión

«(...) Cabe resaltar otro aspecto importante en relación con los mandatos contenidos en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, en cuyo Parágrafo Transitorio extendió la facultad de imponer las multas, incluso a aquellos contratos celebrados con anterioridad a su expedición, siempre y cuando hubieren sido pactadas y por voluntad de las partes se hubiese previsto la competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.

 

Opera aquí la aplicación de la norma expedida con posterioridad a la celebración del contrato para efecto de la imposición y cobro de las multas siempre que convencionalmente las partes las hubieren previsto, pero además hubieren aceptado la competencia de la entidad estatal contratante para aplicarlas por acto administrativo, fenómeno que ha sido entendido por la doctrina como “retrospectividad” de la norma.[1] (...)» 

 


[1] Gonzalo Suarez Beltrán en su obra Reforma al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, explica el fenómeno de la “retrospectividad” citando a Jaime Giraldo Ángel quien afirma lo siguiente: “En materia civil es principio general y casi absoluto que la ley no es retroactiva en virtud de que se considera que los derechos legítimamente adquiridos no pueden ser conculcados porque, de lo contrario, los ciudadano vivirán en un permanente estado de inseguridad, sujetos siempre al capricho del legislador de turno: “Encontramos, sin embargo un fenómeno que pudiera considerarse como una forma de retroactividad, la retrospección, en cuanto que una norma puede variar las situaciones jurídicas constituidas de acuerdo con normas anteriores. Se diferencian la retrospectividad de la retroactividad en que ésta actúa sobre la causa generadora de un derecho, mientras que la retrospectividad actúa sobre los efectos que todavía no se han producido”. (Metodología y técnica de la investigación jurídica, 3ª edición, Ediciones Librería del Profesional, Bogotá 1985, Pág. 226)

Regla

Bajo la vigencia de la Ley 1150 de 2007, una entidad pública sí puede imponer multas en contratos que se suscribieron antes de su entrada en vigencia, siempre y cuando hubieren sido pactadas por las partes. A partir de la expedición de la mencionada ley, las entidades pueden imponer multas en los contratos que se celebren bajo su vigencia, contrario a lo establecido en la Ley 80 de 1993. Además, en el parágrafo transitorio del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, se establece que se pueden aplicar multas a contratos celebrados antes, siempre y cuando en estas hubiesen sido pactadas y dado competencia a las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

En los contratos públicos interadministrativos no se pueden aplicar cláusulas o estipulaciones excepcionales como son las multas

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24639 DE 2009

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 24639 DE 2009

Caso

BANCO GRANAHORRAR Vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISSS-

Hechos relevantes

Una entidad pública (contratante) celebró un contrato interadministrativo con una entidad bancaria de carácter estatal (contratista). En una cláusula del contrato se pactó la posibilidad de impone sanciones al contratista cuando se generara incumplimiento o retraso de algunas obligaciones. Durante la ejecución del contrato, la entidad contratista se retrasó en la entrega de unos reportes, por lo que la entidad contratante decidió imponerle una multa ya que se trataba de un contrato de derecho público. La entidad multada afirmó que no podía aplicarse esa multa, debido a que en los contratos interadministrativos no se pueden aplicar cláusulas o estipulaciones excepcionales, como son las multas.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública aplicar multas en contratos interadministrativos?

Razones de la decisión

«(...) Quiere decir que en aquellos contratos que celebren las entidades de derecho público, cuyo régimen jurídico aplicable son las normas de derecho privado, las partes actúan en una relación de igualdad, no obstante que estos negocios jurídicos detenten la naturaleza de contratos estatales, por lo tanto, aunque en virtud del principio de la autonomía de la voluntad, en las cláusulas contractuales se haya pactado la imposición de multas y aunque se hubiere estipulado su efectividad de manera unilateral, mediante la expedición de un acto administrativo, ninguna de las partes podrá ejercer dicha potestad, en tanto que la ley no las ha facultado para ello y las competencias, como es sabido provienen de la ley y no del pacto contractual.

 

A lo anterior se agrega que cuando las dos partes de la relación contractual representan al Estado y actúan en nombre de él, la Ley 80 de 1993, en su artículo 14 ha previsto la prescindencia de las cláusulas o estipulaciones excepcionales, por tratarse de contratos inter-administrativos y a no dudar el Convenio 4129-D de 30 de enero de 1995, es un contrato que cumple tales características, en consecuencia en esta clase de contratos no es posible estipular cláusulas excepcionales al derecho común y aunque la cláusula de multas no se encuentra consagrada como una facultad excepcional por la Ley 80 de 1993, circunstancia que permitía pactarla bien en los contratos interadministrativos o en aquellos regidos por el régimen del derecho privado, lo cierto es que ninguna de las partes está facultada para imponerlas unilateralmente, mediante acto administrativo, so pena de que el acto así expedido se encuentre afectado por vicio de incompetencia. Hoy con la Ley 1150 de 1993 (sic), si se encuentran prevista la competencia de la Administración para imponer multas al contratista, de manera unilateral, pero no en los contratos interadministrativos.(...)» 

 

Regla

Una entidad pública no puede aplicar multas en contratos interadministrativos, debido a que el parágrafo del artículo 14 de la Ley 80 de 1993 establece que para este tipo de contrato se debe prescindir de cláusulas o estipulaciones excepcionales, como es la estipulación de multas o sanciones de manera unilateral. Por lo tanto este tipo de sanciones no son aplicables a los contratos interadministrativos.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

En los contratos que celebran entidades públicas y que se rigen por derecho privado, no se pueden imponer multas por el principio de legalidad

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24639 DE 2009

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 24639 DE 2009

Caso

BANCO GRANAHORRAR Vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISSS- 

Hechos relevantes

Una entidad pública (contratante) celebró un contrato interadministrativo con una entidad bancaria de carácter estatal (contratista). En una clausula del contrato se pactó la posibilidad de impone sanciones al contratista cuando se generara incumplimiento o retraso de algunas obligaciones. Durante la ejecución del contrato, la entidad contratista se retrasó en la entrega de unos reportes, por lo que la entidad contratante decidió imponerle una multa ya que se trataba de un contrato de derecho público. La entidad multada afirmó que no podía aplicarse esa multa, debido a que el contrato se regía por derecho privado.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública aplicar una multa en un contrato que se rige por normas de derecho privado? 

Razones de la decisión

«(...) En virtud del principio de legalidad[1], principio básico en un Estado de derecho, las competencias de cada uno de los órganos y autoridades de la Administración Pública deben encontrarse asignadas por la Constitución Política o la ley de manera expresa, tal como lo ordena la Carta en sus artículos 4, 6, 121 y 122, lo cual impone que toda actuación de dichos órganos se encuentre sometida al imperio del derecho, presupuesto indispensable para la validez de los actos administrativos.[2]

 

La jurisprudencia de la Sección Tercera[5], consagrados en la Constitución Política, esenciales en un estado de derecho.  

 

(…)

 

La actividad en materia contractual desplegada por la Administración también se encuentra supeditada al principio de legalidad en cuanto que sus decisiones deben encontrarse sometidas a las atribuciones y competencias determinadas expresamente por la ley, normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, más aún cuando se trata del ejercicio de prerrogativas que son propias del ente estatal en su calidad de contratante. Ello significa que cuando las entidades del Estado se relacionan con los particulares, mediante el vínculo contractual, el ejercicio de facultades requiere de definición legal previa y expresa, en tanto que es la propia ley la que establece límites a la autonomía de la voluntad.

 

 Significa que cuando el ISS decidió imponer la sanción de multa a la Corporación GRANAHORRAR, mediante la expedición de la Resolución 0400 de 15 de febrero de 2000, debía encontrarse autorizada por la ley, pero como las normas del derecho privado no consagran competencia alguna a las entidades del Estado para imponer multas mediante acto administrativo unilateral y la Ley 80 de 1993, Estatuto Contractual vigente para la época en que se celebró el contrato, tampoco atribuía dicha competencia a las entidades públicas, resulta claro que actuó sin competencia funcional y, por lo tanto, el acto administrativo que impuso la sanción y aquel que confirmó la decisión, se encuentran afectados de nulidad por vicio de incompetencia, la cual será declarada; en consecuencia, se revocará el numeral segundo de la sentencia que denegó las pretensiones de la demanda.(...)» 

 


[1] Georges Vedel define la legalidad como “la cualidad de lo que es conforme a la ley. La legalidad expresa así la conformidad al derecho y es sinónimo de regularidad jurídica” (Derecho Administrativo, .Biblioteca Jurídica Aguilar Traducción de la sexta edición francesa, 1980, Madrid, Pág. 219.

[2] Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 29 de agosto de 2007, Exp. 15324.

[3] Sentencia de 16 de febrero de 2006, Exp. 13414.

[4] Artículo 29 de la Constitución Política.

[5] Artículo 121 constitucional.

Regla

Una entidad pública no puede aplicar una multa en un contrato que se rige por normas de derecho privado, debido a que en estas no se encuentra una autorización expresa que faculte la entidad para ello. Las facultades de las entidades públicas se rigen estrictamente bajo el principio de legalidad, de forma que estas solamente están facultadas a hacer  lo que la Constitución y las leyes de manera expresa dicten. Por lo que a falta de autorización expresa, las entidades públicas no pueden imponer multas en contratos que se rigen por derecho privado.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Los contratos que se celebren con entidades financieras del Estado se rigen por las normas de derecho privado

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 24639 DE 2009

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 24639 DE 2009

Caso

BANCO GRANAHORRAR Vs. INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES -ISSS-

Hechos relevantes

Una entidad pública (contratante) celebró un contrato interadministrativo con una entidad bancaria de carácter estatal (contratista). En una cláusula del contrato se pactó la posibilidad de imponer sanciones al contratista cuando se generara incumplimiento o retraso de algunas obligaciones. Durante la ejecución del contrato, la entidad contratista se retrasó en la entrega de unos reportes, por lo que la contratante decidió imponerle una multa ya que se trataba de un contrato de derecho público. La entidad multada afirmó que no podía aplicarse esa multa, debido a que el contrato se regía por derecho privado.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública aplicar el régimen de contratación estatal a un contrato que se celebra con una entidad bancaria de carácter estatal?

Razones de la decisión

«(...) según lo prescrito por el Parágrafo 1º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 a cuyo tenor:

 

“Los Contratos que celebren los Establecimientos de Crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal, no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y se regirán por las disposiciones legales y reglamentarias aplicables a dichas actividades. 

En todo caso, su actividad contractual se someterá a lo dispuesto en el artículo 13567 de la presente ley.”

 

Del contenido de la norma transcrita, se infiere que todos los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros, así sean estas de naturaleza estatal y las entidades financieras estatales, están exentas del régimen previsto en el Estatuto de Contratación Administrativa, en consecuencia, se encuentran sometidas al régimen de derecho privado, que impone a las partes del contrato actuar en igualdad de condiciones, sin que alguna de ellas esté investida de potestades, así se trate de una entidad del sector público lo cual se confirma con lo prescrito por el artículo 14 de la Ley 80 de 1993, norma según la cual, en los contratos que tengan por objeto actividades industriales y comerciales del Estado se prescindirá de la utilización de cláusulas o estipulaciones excepcionales e igualmente en virtud de lo consagrado en el artículo 22 del C. de Co., en cuanto que consagra que si el acto es mercantil para una de las partes, se regirá por las disposiciones de la ley comercial. (...)»

 

Regla

Una entidad pública no puede aplicar el régimen de contratación estatal a un contrato que se celebra con una entidad bancaría de carácter estatal, debido a que el parágrafo 1° del artículo 32 de la ley 80 de 1993[1] establece que los contratos que celebren los establecimientos de crédito, las compañías de seguros y las demás entidades financieras de carácter estatal no se rigen por el Estatuto de Contratación Estatal sino por las normas de derecho privado.  
[1] A pesar de que este artículo fue modificado por el artículo 15 de la Ley 1150 de 2007,  lo referente al régimen aplicable para las entidades financieras persiste.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.
Documento: CE SIII E 24639 DE 2009
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
1. GENERALIDADES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
Fichas
Identificadores
  • Multas
  • Ley 1150 de 2007
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
  • Multas
  • Ley 1150 de 2007
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
  • Multas
  • Ley 1150 de 2007
  • Poder sancionatorio
  • Etapa contractual
  • Contratación estatal
  • Vigencia de las normas
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Cláusulas excepcionales
  • Poder sancionatorio
  • Contrato interadministrativo
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Cláusulas excepcionales
  • Poder sancionatorio
  • Contrato interadministrativo
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Multas
  • Cláusulas excepcionales
  • Poder sancionatorio
  • Contrato interadministrativo
  • Identificadores
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Cláusulas excepcionales
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Cláusulas excepcionales
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Contratos de Derecho Privado
  • Etapa contractual
  • Régimen de derecho privado
  • Cláusulas excepcionales
  • Multas
  • Contratación estatal
  • Identificadores
  • Contratación estatal
  • Régimen de derecho privado
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Régimen de derecho privado
  • Etapa precontractual
  • Contratación estatal
  • Régimen de derecho privado
  • Etapa precontractual
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Myriam Guerrer
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