A través de este aplicativo los usuarios pueden conocer la normativa que incluye leyes y decretos con concordancias y los documentos que contienen los diferentes desarrollos jurisprudenciales de las altas cortes y tribunales de arbitramento sobre contratación estatal. Además tienen acceso a fichas de análisis que resaltan los elementos más relevantes de cada sentencia, así como las síntesis documentales en donde se consolidan las diferentes posiciones de las altas cortes a lo largo de los años sobre la materia.

Las irregularidades del proceso de selección no configuran la nulidad absoluta del numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 19993

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 14390 DE 2010

Identificadores

Nulidad del contrato
Contratación estatal
Etapa contractual
Principio de selección objetiva
Desviación de poder
Nulidad del contrato
Contratación estatal
Etapa contractual
Principio de selección objetiva
Desviación de poder
Nulidad del contrato
Contratación estatal
Etapa contractual
Principio de selección objetiva
Desviación de poder

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 14390 DE 2010

Caso

SOCIEDAD COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y PROYECTOS DE COINVERPROL LTDA VS. JUNTA ADMINISTRADORA SECCIONAL DE DEPORTES DE BOGOTÁ D.C.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con una sociedad un contrato de arrendamiento de un bien de uso público, por medio de la modalidad de contratación directa. Luego, la entidad expidió un acto administrativo en el que terminaba unilateralmente el contrato, argumentando que éste realmente era un contrato de concesión pública, en el que el contratista debía ser seleccionado por medio de un proceso de licitación. Por lo tanto, la entidad expuso que al haberse omitido este requisito,  el contrato se celebró contra expresa prohibición legal, generando la nulidad absoluta del numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública determinar la nulidad absoluta del contrato, contenida en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, porque se celebró con irregularidades en el proceso de selección del contratista?

Razones de la decisión

«(...) Del contenido y alcance del texto de esta norma se infiere que para que ésta causal de nulidad absoluta del contrato se configure, se requieren los siguientes presupuestos: i) La violación del régimen de prohibiciones consagrado en normas constitucionales o en normas legales o en cualesquiera otras con fuerza de ley; por lo tanto, la violación de otra clase de normas que no sean de rango constitucional o que carezcan de fuerza de ley no genera vicio de nulidad en el contrato, como lo ha admitido la jurisprudencia de la Sala[1] y, ii) La prohibición respectiva, establecida en la Constitución Política o en la Ley debe ser expresa,   

 

(…)

 

Bajo esta perspectiva, se tiene que si con la celebración de un contrato estatal se violan normas constitucionales o legales, ello acarrea como consecuencia la nulidad absoluta del respectivo contrato, por cuanto toda vulneración del ordenamiento jurídico en asuntos de orden público dará lugar a la ilegalidad del acto correspondiente; pero no toda violación de normas constitucionales o legales en la celebración de contratos dará lugar a que se configure la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, puesto que para ello deben concurrir los dos presupuestos que se han dejado señalados: violación del régimen de prohibiciones y que la prohibición sea expresa y explícita.

 

(…)

 

El artículo 24-8 de la Ley 80 reza así: 

  

“Las autoridades no actuarán con abuso o desviación de poder y ejercerán sus competencias exclusivamente para los fines previstos en esta ley. Igualmente les será prohibido eludir los procedimientos de selección objetiva y los demás requisitos establecidos en el presente estatuto” (subrayas fuera del texto original). 

  

Si bien es cierto que el texto legal transcrito consagra una prohibición expresa y genérica, en cuya virtud se limitó a las autoridades administrativas, de manera categórica, la posibilidad de que en materia contractual actúen con abuso o desviación de poder, para la Sala resulta evidente que en aquellos eventos en los cuales se verifique que la celebración del correspondiente contrato estatal estuviere afectada o viciada, precisamente, por abuso o desviación de poder, en realidad no se configuraría la causal de nulidad absoluta consagrada en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 sino aquella que recoge el numeral 3º de esa misma disposición legal. 

 

(…)

 

La conclusión a la cual ha arribado la Sala encuentra apoyo adicional en una consideración más, consistente en destacar que las prohibiciones expresas que, de manera imperativa, recoge el numeral 8º del artículo 24 de la Ley 80, según las cuales las autoridades administrativas no actuarán con desviación o abuso de poder y no podrán eludir los procedimiento de selección objetiva y los demás requisitos previstos en el Estatuto de Contratación Pública, por su contendido genérico y abstracto no están prohibiendo, de manera expresa y concreta, la celebración de un determinado contrato como se requeriría para su violación o desconocimiento configure la causal de nulidad absoluta establecida en el aludido numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80.(...)» 

 

 


[1] Nota original de la sentencia citada: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 16 de agosto de 2006, Exp. 31480, M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

Regla

Una entidad pública no puede determinar la nulidad absoluta del contrato, contenida en el numeral 2° del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, porque se celebró con irregularidades en el proceso de selección del contratista, debido a que, por una parte, esta causal solo se genera cuando hay una violación del régimen de prohibiciones y cuando la prohibición es expresa y explicita, lo cual no se sucede para esos hechos; y por otra parte, porque las irregularidades en el proceso de selección del contratista constituyen un abuso o desviación de poder, cumpliendo con los elementos fácticos de la 3° causal del artículo 44 de la citada ley.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

La celebración de un contrato con irregularidades en el proceso de selección del contratista no conlleva la terminación unilateral del contrato por parte de la entidad

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 14390 DE 2010

Identificadores

Cláusulas excepcionales
Etapa contractual
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal
Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
Terminación unilateral
Nulidad del contrato
Principio de selección objetiva
Celebración de contrato
Cláusulas excepcionales
Etapa contractual
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal
Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
Terminación unilateral
Nulidad del contrato
Principio de selección objetiva
Celebración de contrato
Cláusulas excepcionales
Etapa contractual
Terminación anticipada del contrato
Contratación estatal
Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
Terminación unilateral
Nulidad del contrato
Principio de selección objetiva
Celebración de contrato

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 14390 DE 2010

Caso

SOCIEDAD COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y PROYECTOS DE COINVERPROL LTDA VS. JUNTA ADMINISTRADORA SECCIONAL DE DEPORTES DE BOGOTÁ DC

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con una sociedad un contrato de arrendamiento de un bien de uso público, por medio de la modalidad de contratación directa. Luego, la entidad expidió un acto administrativo en el que terminaba unilateralmente el contrato, argumentando que este realmente era un contrato de concesión pública, en el que el contratista debía ser seleccionado por medio de un proceso de licitación. Por lo tanto, la entidad expuso que al haberse omitido este requisito,  el contrato se celebró contra expresa prohibición legal, generando la nulidad absoluta del mismo, y obligando a la entidad a terminarlo unilateralmente, a partir de lo expuesto en el inciso segundo del artículo 45 de la Ley 80 de 1993.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública terminar unilateralmente un contrato que se celebró con irregularidades en el proceso de selección del contratista, aplicando el artículo 45 de la Ley 80 de 1993?

Razones de la decisión

«(...)Desde esta perspectiva resulta claro que el jefe o representante de la entidad estatal contratante se encuentra en el deber legal de declarar la terminación unilateral del contrato, mediante acto administrativo, con el fin de preservar el orden jurídico y el interés público, cuando quiera que se compruebe la existencia de alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en los numerales 1º, 2º y 4º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, sin embargo, no podrá ejercer esta facultad, aunque existiere un vicio de nulidad absoluta que afectare la legalidad del contrato, cuando la situación irregular no corresponda a alguno de los supuestos establecidos en los tres numerales antes referidos, sencillamente porque la ley no le ha otorgado competencia para ello y, por tanto, en esos otros eventos la única opción que tendría la entidad sería la de demandar judicialmente la declaratoria de nulidad del contrato. 

 

(…) 

 

 

2.6.4 Conclusión: la omisión del procedimiento legalmente previsto para la selección del contratista vicia de nulidad el contrato estatal, más no encuadra en la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el artículo 44-2 de la Ley 80 de 1993; en consecuencia, las resoluciones demandadas son ilegales.

 

(…)

 

Las reflexiones precedentemente efectuadas por la Sala en relación con los alcances de la causal de nulidad absoluta del contrato prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80 de 1993, así como respecto de la incidencia que en la validez del negocio tiene la omisión del procedimiento de selección del contratista previsto en la ley, obligan a concluir que si bien es cierto que en la celebración del aludido contrato No. 0002 de 1994 se pretermitió el procedimiento de selección objetiva y ello dio lugar a la violación de los principios de transparencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, planeación y selección objetiva que deben orientar la contratación estatal ?irregularidad que determina la nulidad absoluta del contrato por violación de normas de orden público y de obligatorio cumplimiento?, no resulta menos verídico que la entidad pública accionada carecía de la facultad consagrada en el segundo inciso del artículo 45 de la Ley 80 de 1993 para declarar la terminación unilateral del contrato, pues por las razones que ya se han explicado, la pretermisión del procedimiento de selección objetiva de los contratistas no es constitutivo de la causal de nulidad absoluta prevista en el numeral 2 del artículo 44 de la Ley 80, comoquiera que la prohibición contenida en el artículo 24-8 ejusdem no reúne los requisitos para ser catalogada como una “expresa prohibición legal”.(...)»

Regla

Una entidad pública no puede terminar unilateralmente un contrato que se celebró con irregularidades en el proceso de selección del contratista, aplicando el artículo 45 de la Ley 80 de 1993, debido a que en éste se establece que la terminación unilateral cuando se compruebe la existencia de alguna de las causales de nulidad absoluta previstas en los numerales 1°, 2° y 4° del artículo 44 de la misma ley,  y las irregularidades en el proceso de selección del contratista se enmarcan en la causal del numeral 3° dicho artículo.

Decisión

PRIMERO: Revócase la sentencia apelada, esto es la proferida el 11 de septiembre de 1997 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

 

Declárase infundada la objeción que por error grave formuló la entidad demandada en contra del dictamen pericial practicado dentro del presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

 

Declárase inhibida la Sala para proferir pronunciamiento de fondo en relación con la pretensión de anulación del oficio número 0739 de fecha abril 7 de 1994, expedido por el Director Ejecutivo de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, por las razones expuestas en el presente proveído.

 

Declárase la nulidad de las resoluciones Nº 0089 del 23 de febrero de 1994 y 0183 del 29 de marzo de 1994, proferidas por el Director Ejecutivo de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, por las razones explicadas en la parte considerativa del presente pronunciamiento.

 

Declárase la nulidad absoluta del contrato estatal número 002 de 1994, celebrado entre la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá y Coinverpro Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento.

 

Ordénase la  restitución inmediata, a la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, en caso de no haberse producido aún, del coliseo cubierto “El Campín”, por parte de la sociedad Coinverpro Ltda.

 

SEGUNDO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.  

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Características del contrato de concesión pública en la Ley 80 de 1993

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 14390 DE 2010

Identificadores

Riesgos contractuales
Contratación estatal
Etapa contractual
Contrato de concesión
Servicio público
Riesgos contractuales
Contratación estatal
Etapa contractual
Contrato de concesión
Servicio público
Riesgos contractuales
Contratación estatal
Etapa contractual
Contrato de concesión
Servicio público

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 14390 DE 2010

Caso

SOCIEDAD COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y PROYECTOS DE COINVERPROL LTDA VS. JUNTA ADMINISTRADORA SECCIONAL DE DEPORTES DE BOGOTÁ D.C.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con una sociedad un contrato de arrendamiento de un bien de uso público, por medio de la modalidad de contratación directa. En el contrato se estipuló, entre otros aspectos, lo siguiente: 1) que el contratista asumiría la obligación de llevar a cabo la adecuación y explotación del bien por su cuenta y riesgo; 2) que la entidad supervisaría y vigilaría la adecuación física y la explotación del bien; 3) que con el producido de la explotación del bien, se recuperaría el dinero invertido en la readecuación del bien; 4) que el contratista regresaría el bien a la entidad una vez se finalizara el contrato. Luego, la entidad expidió un acto administrativo en el que terminaba unilateralmente el contrato, argumentando que por las características del mismo, éste consistía realmente en un contrato de concesión pública.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública establecer que un contrato en el que estipuló que 1) el contratista asume la obligación de llevar a cabo la adecuación y explotación del bien por su cuenta y riesgo; 2) que la entidad supervisa y vigila la adecuación el desarrollo del contrato; 3) que con el producido de la explotación del bien, se recupera el dinero invertido; 4) que al final de contrato se debe regresar el bien; es realmente un contrato de concesión pública?

Razones de la decisión

«(...) Esta Corporación se ha ocupado, en multiplicidad de ocasiones, de señalar cuáles son las principales características del contrato de concesión y, en tal sentido, ha indicado que las mismas son: (I) su celebración por parte de una entidad estatal, que actúa con el carácter de concedente y por una persona natural o jurídica que toma el nombre de concesionario (II) es el concesionario quien asume los riesgos derivados de la explotación o de la prestación del servicio público, a quien le corresponde participar, por ende, en las utilidades y pérdidas a las que hubiere lugar; (III) hay siempre lugar a una remuneración o contraprestación, la cual se pacta, de diversas maneras, en favor de quien construye la obra o asume la prestación del servicio público[1]; de forma más esquemática, se ha efectuado la siguiente caracterización del tipo contractual en comento, con base en la definición del mismo contenida en el antes citado artículo 32-4 de la Ley 80:   «a. La entidad estatal asume el carácter de cedente y otorga a un particular quien ostenta la calidad de concesionario, la operación, explotación, gestión, total o parcial de un servicio público, o la construcción, explotación o conservación total o parcial de una obra pública.   b. El particular asume la gestión de un servicio público que corresponde al Estado sustituyendo a este en el cumplimiento de dicha carga.     c. El particular asume la construcción y/o mantenimiento de una obra pública.     d. El particular obtiene autorización para explotar un bien destinado al servicio o uso público.     e. La entidad pública mantiene durante la ejecución del contrato la inspección vigilancia y control de la labor a ejecutar por parte del concesionario.    f. El particular a cambio de la operación, explotación, construcción o mantenimiento de la actividad concedida recibe una remuneración que puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien o en general en cualquier otra modalidad de contraprestación.   g. El concesionario asume la condición de colaborador de la administración en el cumplimiento de los fines estatales, para la continua y eficiente prestación de los servicios públicos o la debida ejecución de las obras públicas.   (…)   En suma, los elementos que permiten identificar la naturaleza jurídica o la especial función económico-social que está llamado a cumplir el tipo contractual de la concesión ?sin olvidar que la Ley 80 de 1993 concibió tres especies de dicho género contractual, lo cual, además, no es óbice para que en la práctica puedan existir concesiones atípicas, de suerte que los elementos esenciales del contrato de concesión variarán según la modalidad de la cual se trate, aunque sin duda participando de elementos comunes? son los siguientes: (I) la concesión se estructura como un negocio financiero en el cual el concesionario ejecuta el objeto contractual por su cuenta y riesgo, en línea de principio; (II) el cumplimiento del objeto contractual por parte del concesionario debe llevarse a cabo con la continua y especial vigilancia y control ejercidos por la entidad concedente respecto de la correcta ejecución de la obra o del adecuado mantenimiento o funcionamiento del bien o servicio concesionado; (III) el concesionario recuperará la inversión realizada y obtendrá la ganancia esperada con los ingresos que produzca la obra, el bien público o el servicio concedido, los cuales regularmente podrá explotar de manera exclusiva, durante los plazos y en las condiciones fijados en el contrato; la remuneración, entonces, “puede consistir en derechos, tarifas, tasas, valorización, o en la participación que se le otorgue en la explotación del bien, o en una suma periódica, única o porcentual y, en general, en cualquier otra modalidad de contraprestación que las partes acuerden” ?artículo 32-4 de la Ley 80 de 1993? y (IV) los bienes construidos o adecuados durante la concesión deben revertirse al Estado, aunque ello no se pacte expresamente en el contrato.(...)»  
[1] Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del cinco de mayo de mil novecientos noventa y nueve; Consejero ponente: Javier Henao Hidrón; Radicación número: 1190. Actor: Ministro de Hacienda y Crédito Público.

Regla

Una entidad pública puede establecer que un contrato en el que estipuló que 1) el contratista asume la obligación de llevar a cabo la adecuación y explotación del bien por su cuenta y riesgo; 2) que la entidad supervisa y vigila la adecuación el desarrollo del contrato; 3) que con el producido de la explotación del bien, se recupera el dinero invertido; 4) que al final de contrato se debe regresar el bien; es un contrato de concesión pública debido a que reúne las  características propias de este tipo de contrato, a partir de lo establecido en el numeral 4° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, a saber:   1. Una entidad pública otorga la explotación de un servicio público. 2. El concesionario asume los riesgos derivados de la explotación del bien. Y por lo tanto participa de las utilidades y pérdidas a las que hubiera lugar. 3. Hay siempre una contraprestación a favor de quien explota el bien.

Decisión

PRIMERO: Revócase la sentencia apelada, esto es la proferida el 11 de septiembre de 1997 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

 

Declárase infundada la objeción que por error grave formuló la entidad demandada en contra del dictamen pericial practicado dentro del presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

 

Declárase inhibida la Sala para proferir pronunciamiento de fondo en relación con la pretensión de anulación del oficio número 0739 de fecha abril 7 de 1994, expedido por el Director Ejecutivo de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, por las razones expuestas en el presente proveído.

 

Declárase la nulidad de las resoluciones Nº 0089 del 23 de febrero de 1994 y 0183 del 29 de marzo de 1994, proferidas por el Director Ejecutivo de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, por las razones explicadas en la parte considerativa del presente pronunciamiento.

 

Declárase la nulidad absoluta del contrato estatal número 002 de 1994, celebrado entre la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá y Coinverpro Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento.

 

Ordénase la  restitución inmediata, a la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, en caso de no haberse producido aún, del coliseo cubierto “El Campín”, por parte de la sociedad Coinverpro Ltda.

 

SEGUNDO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

 

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Los bienes de uso público no pueden ser arrendados

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 14390 DE 2010

Identificadores

Etapa precontractual
Bienes de uso público
Contratación estatal
Contrato de arrendamiento
Celebración de contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Bienes de uso público
Contratación estatal
Contrato de arrendamiento
Celebración de contrato
Etapa contractual
Etapa precontractual
Bienes de uso público
Contratación estatal
Contrato de arrendamiento
Celebración de contrato
Etapa contractual

Entidad

Consejo de Estado

Sentencia

CE SIII E 14390 DE 2010

Caso

SOCIEDAD COMPAÑÍA DE INVERSIONES Y PROYECTOS DE COINVERPROL LTDA VS. JUNTA ADMINISTRADORA SECCIONAL DE DEPORTES DE BOGOTÁ DC.

Hechos relevantes

Una entidad pública celebró con una sociedad un contrato de arrendamiento de un bien de uso público, por medio de la modalidad de contratación directa. Luego, la entidad expidió un acto administrativo en el que terminaba unilateralmente el contrato, argumentando que éste realmente era un contrato de concesión pública, debido a que los bienes de uso público no pueden ser arrendados.

Problema Jurídico

¿Puede una entidad pública celebrar un contrato de arrendamiento de un bien de uso público?

Razones de la decisión

«(...)Admitir la posibilidad de que los bienes de uso público puedan ser susceptibles de convertirse en objeto material de un contrato de arrendamiento supondría soslayar el mandato contenido en el artículo 63 de la Carta, el cual determina que los bienes de uso público son inalienables, imprescriptibles e inembargables y si, como ya se dijo, tal inalienabilidad comporta el que los aludidos bienes se encuentren fuera del tráfico civil y mercantil, resulta censurable la celebración de negocios jurídicos en contravía de tal disposición; tales negocios se encuentran prohibidos y, en caso de ser celebrados, resultarían violatorios de normas de orden público, con lo cual quedarían afectados de nulidad absoluta por objeto ilícito, en los términos de los artículos 1519 y 1523 del Código Civil, además de que transgredirían lo preceptuado por el artículo 6º de la Ley 9ª de 1989, en la medida en que conllevarían una desafectación velada del respectivo bien de uso público, pretermitiendo así los requisitos y el procedimiento que a tal efecto prevé la citada disposición. 

 

(…)

 

“Estas premisas sirven de fundamento a la Sala para concluir que los bienes de uso público no son susceptibles de ser arrendados por las razones siguientes: 

  

Por disposición constitucional dichos bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables, vale decir, se encuentran fuera del comercio[2]. 

  

Si bien el contrato de arrendamiento conlleva actos de administración y no de disposición[3], por cuanto quien arrienda no transfiere el dominio del bien, dicho acuerdo se caracteriza porque confiere al arrendatario el derecho de uso y goce exclusivo, el cual se encuentra amparado por la ley frente a cualquier clase de perturbación o impedimento, de conformidad con los arts. 1988, 1989 y 1990 del Código Civil. De manera que no es posible conferir a una persona el uso y goce exclusivo de un bien de uso público, porque es contrario a su propia naturaleza y finalidad, toda vez que por disposiciones constitucionales y legales, los derechos a su uso y goce pertenecen a toda la comunidad. 

 

(…)

 

En conclusión, las particularidades propias de los bienes de uso público impiden que ellos puedan constituirse en objetos materiales de un contrato de arrendamiento, pues la prohibición constitucional y legal consistente en que respecto de bienes de esta naturaleza se configuren situaciones jurídicas en provecho exclusivo de determinadas personas ?menos aún situaciones jurídicas de carácter real y más claramente proscrito todavía, derechos reales de titularidad de particulares? torna jurídicamente imposible que concurra uno de los elementos que determina la función económico-social del contrato de arrendamiento, cual es el referido a que el precio que paga el arrendatario lo entrega al arrendador a cambio de que se le conceda el uso y goce exclusivo de la cosa arrendada. En la medida en que esa exclusividad resulta insostenible jurídicamente cuando se trata de bienes de uso público, es evidente que éstos no pueden constituirse en objeto material de contratos de arrendamiento. (...)» 

 


[1] Nota original de la sentencia citada: Según el profesor JOSE J. GOMEZ “los bienes de uso público se caracterizan por hallarse fuera del comercio, lo que quiere decir que no puede celebrarse sobre ellos acto jurídico alguno.” Cf. Bienes. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 1981, p. 98.

[2] Nota original de la sentencia citada: Quedan a salvo las facultades legales de cobro de derechos de uso, tal como precisó la Sección Primera en la sentencia de agosto 18 de 1995, Exp. 3237, antes referida.

[3] En relación con esta aseveración, quizás valdría la pena precisar, en línea con cuanto se explicó en su momento, que en determinadas circunstancias el contrato de arrendamiento no constituye un negocio jurídico de mera administración, por cuanto en casos como los de los contratos de larga duración ?más de cinco años en inmuebles urbanos, de acuerdo con lo normado por el artículo 496 del Código Civil?, realmente se está en presencia de negocios de disposición, que requieren de autorización judicial cuando son realizados por gestores de intereses ajenos y que dan lugar a situaciones jurídicas de carácter real entre el arrendatario y la cosa arrendada, que podrían catalogarse, incluso, como derechos reales.

Regla

 Una entidad pública no puede celebrar un contrato de arrendamiento de un bien de uso público debido a que esto contrariaría la naturaleza misma de este tipo de bienes que es el ser usados por toda la comunidad, pues al ser arrendados su uso y goce le correspondería exclusivamente a una persona y no a toda la comunidad.

Decisión

PRIMERO: Revócase la sentencia apelada, esto es la proferida el 11 de septiembre de 1997 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y, en su lugar, dispónese lo siguiente:

 

Declárase infundada la objeción que por error grave formuló la entidad demandada en contra del dictamen pericial practicado dentro del presente proceso, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.

 

Declárase inhibida la Sala para proferir pronunciamiento de fondo en relación con la pretensión de anulación del oficio número 0739 de fecha abril 7 de 1994, expedido por el Director Ejecutivo de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, por las razones expuestas en el presente proveído.

 

Declárase la nulidad de las resoluciones Nº 0089 del 23 de febrero de 1994 y 0183 del 29 de marzo de 1994, proferidas por el Director Ejecutivo de la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, por las razones explicadas en la parte considerativa del presente pronunciamiento.

 

Declárase la nulidad absoluta del contrato estatal número 002 de 1994, celebrado entre la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá y Coinverpro Ltda., por las razones expuestas en la parte motiva de este pronunciamiento.

 

Ordénase la  restitución inmediata, a la Junta Administradora Seccional de Deportes de Bogotá, en caso de no haberse producido aún, del coliseo cubierto “El Campín”, por parte de la sociedad Coinverpro Ltda.

 

SEGUNDO: Deniéganse las demás pretensiones de la demanda.

 

Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen para su cumplimiento.

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 14390 DE 2010
Síntesis
 1. GENERALIDADES
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
SÍNTESIS ETAPA CONTRACTUAL
1. GENERALIDADES
Fichas
Identificadores
  • Nulidad del contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Desviación de poder
  • Nulidad del contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Desviación de poder
  • Nulidad del contrato
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Principio de selección objetiva
  • Desviación de poder
  • Identificadores
  • Cláusulas excepcionales
  • Etapa contractual
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación unilateral
  • Nulidad del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Celebración de contrato
  • Cláusulas excepcionales
  • Etapa contractual
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación unilateral
  • Nulidad del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Celebración de contrato
  • Cláusulas excepcionales
  • Etapa contractual
  • Terminación anticipada del contrato
  • Contratación estatal
  • Ejercicio arbitrario de poderes exorbitantes
  • Terminación unilateral
  • Nulidad del contrato
  • Principio de selección objetiva
  • Celebración de contrato
  • Identificadores
  • Riesgos contractuales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Servicio público
  • Riesgos contractuales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Servicio público
  • Riesgos contractuales
  • Contratación estatal
  • Etapa contractual
  • Contrato de concesión
  • Servicio público
  • Identificadores
  • Etapa precontractual
  • Bienes de uso público
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Bienes de uso público
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
  • Etapa precontractual
  • Bienes de uso público
  • Contratación estatal
  • Contrato de arrendamiento
  • Celebración de contrato
  • Etapa contractual
  • Documentos
    Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. C.P. Mauricio Fajar
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