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Sentencia de unificación: CE SIII E 36408 DE 2011

26-01-2011
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La capacidad jurídica es un requisito habilitante que no es susceptible de ser subsanado dentro de un proceso de selección -- (Unificación jurisprudencial: la capacidad jurídica en la contratación estatal está integrada por la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades)

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 36408 DE 2011

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 36408 DE 2011

Caso

ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA  EL ARTÍCULO 10 (PARCIAL) DEL DECRETO REGLAMENTARIO NO. 2474 DEL 7 DE JULIO DE 2008

Disposición Jurídica

 DECRETO NÚMERO 2474 DE 2008  

“(…) Artículo 10. Reglas de Subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto.

“(…)

En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente de la República, por medio de un decreto reglamentario, impedir que dentro de un proceso de selección la falta de capacidad sea subsanada, cuando la Ley 1150 de 2007 establece que este requisito habilitante se encuentra sujeto a verificación para acceder al proceso de selección y no otorga ningún puntaje, sin desbordar su potestad reglamentaria, y vulnerar la seguridad jurídica, la división de poderes y el debido proceso?

Regla ampliada

Capacidad jurídica en la Contratación Estatal. « (…) celebrar un negocio jurídico, en el derecho privado como en el ámbito de la contratación estatal, requiere que la parte o partes negociantes existan y que tengan aptitud para ejercer por sí mismas los derechos, o, lo que es lo mismo, que, además de tener capacidad de goce o jurídica, ostenten la de obrar o de ejercicio.

 

Esta la razón para que el artículo 6° de la Ley 80 de 1993 disponga que “pueden celebrar contratos con las entidades estatales las personas consideradas legalmente capaces en las disposiciones vigentes.”

 

Sin embargo, debe precisarse que en sede de la contratación estatal la ley emplea la expresión “capacidad jurídica” con un sentido mucho más amplio que el que tiene en el derecho privado.

 

En efecto, habida cuenta de la satisfacción del interés público que persigue la contratación pública y del imperio de los principios de igualdad, moralidad, transparencia, imparcialidad, economía, eficacia y celeridad, la “capacidad jurídica” en la contratación estatal se integra por otro elemento como lo es el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

 

El deber de selección objetiva es desarrollado por la ley mediante el señalamiento de los criterios que deben ser tenidos en cuenta por las entidades estatales, entre los que se encuentra aquel que indica que “la capacidad jurídica y las condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización de los proponentes serán objeto de verificación de cumplimiento como requisitos habilitantes para la participación en el proceso de selección y no otorgarán puntaje…”

 

Con otras palabras, según esta disposición sólo estará habilitado para participar en el proceso de selección aquel proponente que tenga capacidad jurídica y las calidades suficientes para la ejecución del objeto contractual, tales como experiencia, capacidad financiera, capacidad de organización y capacidad técnica.

 

Y es que si lo que se persigue mediante la actividad contractual del estado es la pronta y eficaz prestación del servicio público, resulta obvio que es trascendente para este propósito exigir que quien ofrezca colaborar contractualmente con la entidad estatal, no solamente tenga capacidad jurídica sino que también ostente la experiencia y las condiciones técnicas, financieras y de organización administrativa suficientes para ello, pues así, y sólo así, podrá ser satisfecho plenamente el interés general que envuelve la prestación de los servicios públicos.

 

Ahora, como todas estas son condiciones que se refieren a la persona del oferente y que determinan si puede concurrir al proceso de escogencia, es por lo que precisamente no conceden puntaje, exceptuada, por supuesto, la hipótesis prevista en el numeral 4º del artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. (…)»

 

(…)

 

« (…) Corolario de todo lo anterior es que la capacidad jurídica en la contratación estatal se integra no solamente por la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio del proponente sino también por la ausencia de inhabilidades o incompatibilidades de su parte. En otros términos, en la actividad negocial de la administración tiene capacidad jurídica el proponente que existe, que tiene plena capacidad de ejercicio o de obrar y que no tiene inhabilidad o impedimento alguno para intervenir en el iter contractual. (…)»

Razones de la decisión

«(...)Pues bien, se debe concluir entonces que, aún en estos casos excepcionales en que las entidades estatales son las llamadas a verificar documentalmente las condiciones de los proponentes,  la capacidad jurídica del proponente debe existir y se debe demostrar al momento de presentar la oferta porque es un requisito habilitante para poder participar en el proceso de selección y por ende tampoco puede postergarse en este caso, hasta el momento de la adjudicación, la existencia y la prueba de esa calidad.


2.9. En síntesis, tanto en los eventos en que los proponentes deben inscribirse en el RUP como en aquellos en que excepcionalmente no tienen esa obligación, la capacidad jurídica del proponente debe tenerse al momento de presentar la propuesta por ser un requisito habilitante para participar en el correspondiente proceso de selección.


(…)


El inciso final de aquella norma, y que contiene la disposición impugnada, señala que las entidades estatales no pueden permitir en ningún caso que se subsane la “falta de capacidad para presentar la oferta ”, lo que por el verbo empleado implica referirse a la existencia de la capacidad jurídica.

Luego, lo que está expresando el decreto reglamentario es que la falta de capacidad jurídica no puede ser subsanada y que la falta de los requisitos o documentos relacionados con las condiciones del proponente pueden ser solicitados por la entidad hasta la adjudicación.


(…)


Pues bien, de acuerdo con lo antes mencionado, resulta claro que, según la Ley 1150 de 2007, lo atinente a la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe existir al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada  ulteriormente, ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente.


3.4. Y si esto es lo que está ordenando la Ley 1150 de 2007, es evidente que cuando el inciso final del artículo 10º del Decreto Reglamentario 2474 de 2008 expresa que en ningún caso la entidad estatal puede “permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta”, no contradice de ninguna manera lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007. (…)»

Regla

El Presidente de la República puede, por medio de un decreto reglamentario, impedir que dentro de un proceso de selección la falta de capacidad sea subsanada, de conformidad con la Ley 1150 de 2007 que establece que este requisito habilitante se encuentra sujeto a verificación para acceder al proceso de selección y no otorga ningún puntaje, sin desbordar su potestad reglamentaria y como consecuencia de ello vulnerar la seguridad jurídica, la división de poderes y el debido proceso, teniendo en cuenta las siguientes razones:   1. La capacidad jurídica del proponente debe existir y se debe demostrar al momento de presentar la oferta porque es un requisito habilitante para poder participar en el proceso de selección y por ende tampoco puede postergarse, hasta el momento de la adjudicación, la existencia y la prueba de calidad.   2. Lo que está expresando el decreto reglamentario es que la falta de capacidad jurídica no puede ser subsanada y que la falta de los requisitos o documentos relacionados con las condiciones del proponente pueden ser solicitados por la entidad hasta la adjudicación.   3. La capacidad jurídica no es susceptible de ser saneada ulteriormente, ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente.   Nota del Editor: De acuerdo a información suministrada por la Secretaría de la Sección Tercera esta sentencia es de unificación y abarca el tema de la capacidad jurídica dentro de la contratación estatal, la cual se encuentra integrada por la capacidad de goce, la capacidad de ejercicio y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades.

Decisión

PRIMERO: Negar la nulidad de la expresión “…ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta…” contenida en el inciso final del artículo 10 del Decreto Reglamentario 2474 del 7 de julio de 2008.

Marco jurídico

Ley 1150 de 2007. Artículo 5 y 6. 

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Capacidad jurídica del proponente para la presentación de la oferta

Tipo de Documento

Sentencia

Documento

CE SIII E 36408 DE 2011

Identificadores

Entidad

Sentencia

CE SIII E 36408 DE 2011

Caso

ACCIÓN DE NULIDAD CONTRA UN APARTE DEL ÚLTIMO INCISO DEL ARTÍCULO 10 DEL DECRETO REGLAMENTARIO 2474 DEL 7 DE JULIO DE 2008

Disposición Jurídica

Decreto No. 2474 de 2008 «por el cual se reglamentan parcialmente la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007 sobre las modalidades de selección, publicidad, selección objetiva, y se dictan otras disposiciones.   (…)  

“Artículo 10. Reglas de Subsanabilidad. En todo proceso de selección de contratistas primará lo sustancial sobre lo formal. En consecuencia no podrá rechazarse una propuesta por la ausencia de requisitos o la falta de documentos que verifiquen las condiciones del proponente o soporten el contenido de la oferta, y que no constituyan los factores de escogencia establecidos por la entidad en el pliego de condiciones, de conformidad con lo previsto en los numerales 2, 3 y 4 del articulo 5° de la Ley 1150 de 2007 y en el presente decreto.   (…)  

En ningún caso la entidad podrá señalar taxativamente los requisitos o documentos subsanables o no subsanables en el pliego de condiciones, ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta, ni que se acrediten circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso»

Problema Jurídico

¿Puede el Presidente la República, mediante un decreto reglamentario, prohibir a las entidades públicas que permitan la subsanación de la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, sin exceder la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución Política en su artículo 189?

Razones de la decisión

«Pues bien, de acuerdo con lo antes mencionado, resulta claro que, según la Ley 1150 de 2007, lo atinente a la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe existir al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada  ulteriormente, ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente.   3.4. Y si esto es lo que está ordenando la Ley 1150 de 2007, es evidente que cuando el inciso final del artículo 10º del Decreto Reglamentario 2474 de 2008 expresa que en ningún caso la entidad estatal puede “permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta”, no contradice de ninguna manera lo preceptuado por el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007.   3.5. No habiendo contradicción alguna entre el aparte reglamentario que se impugna y la ley reglamentada, resulta claro que no se ha violado el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007 ni los artículos 150 y 189 de la Constitución Política, razón por la cual es válida la expresión reglamentaria aquí acusada y en consecuencia se negará la demanda de nulidad».

Regla

Presidente la República puede, mediante un decreto reglamentario, prohibir a las entidades públicas que permitan la subsanación de la falta de capacidad jurídica para presentar la oferta, sin exceder la potestad reglamentaria otorgada por la Constitución Política en su artículo 189 porque, tal reglamentación coincide con lo dispuesto en la Ley 1150 de 2007, según la cual, la capacidad jurídica del proponente es una condición que debe existir al momento de la oferta y que, por lo mismo, no es susceptible de ser saneada  ulteriormente, ni por solicitud de la entidad estatal ni por iniciativa del oferente.   Por lo tanto, al no haber contradicción alguna entre la reglamentación hecha por el Presidente y la ley reglamentada (Ley 1150), no se excede la potestad reglamentaria contenida en el artículo 189 de la Constitución Política.

Decisión

Negar la nulidad de la expresión “…ni permitir que se subsane la falta de capacidad para presentar la oferta…” contenida en el inciso final del artículo 10 del Decreto Reglamentario 2474 del 7 de julio de 2008.

Conceptualizaciones

Capacidad. «(...)referida a las personas, tiene dos calificaciones con connotaciones diferentes: la primera, “capacidad jurídica” o “capacidad de goce”, hace referencia a la idoneidad para ser titular de derechos y como quiera que todas las personas tienen esa capacidad por el hecho de serlo, según se desprende del artículo 14 de la Constitución Política, ésta se erige en un atributo de la personalidad; la segunda, “capacidad de ejercicio” o “de obrar” (o “legal” como la denomina el Código Civil en el inciso final del artículo 1502), indica la aptitud que tienen las personas para ejercer por sí mismas los derechos de que son titulares, sin necesidad de la autorización o mediación de otras, pero como no todas pueden ejercitar por sí mismas tales derechos, ésta no se constituye en un atributo de la personalidad. (...)»

La metodología utilizada para la elaboración de esta ficha es de Fundación Derecho Justo quien la licenció a Colombia Compra Eficiente.

Documento: CE SIII E 36408 DE 2011
Síntesis
1. PRINCIPIOS CONTRACTUALES
ETAPA PRECONTRACTUAL - CCE 
Fichas
Identificadores
  • Legalidad
  • Contratación estatal
  • Capacidad de contratación
  • Requisitos habilitantes
  • Etapa precontractual
  • Potestad reglamentaria
  • Identificadores
  • Prohibición legal
  • Potestad reglamentaria
  • Etapa precontractual
  • Ley 1150 de 2007
  • Contratación estatal
  • Oferta
  • Requisitos habilitantes
  • Prohibición legal
  • Potestad reglamentaria
  • Etapa precontractual
  • Ley 1150 de 2007
  • Contratación estatal
  • Oferta
  • Requisitos habilitantes
  • Documentos
    Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera
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